¿Un nuevo ciclo en Oriente Próximo? Reconocer a Palestina como punto de partida
El gesto de Reino
Unido, Australia, Canadá y Portugal trasciende. En realidad, devuelve a la mesa
de la política internacional la pesada mochila de la Declaración Balfour y la
pregunta que el siglo XXI sigue sin responder: ¿puede existir paz en Oriente Próximo
sin un Estado Palestino?
La política internacional tiene memoria larga,
aunque los actores del presente se empeñen en fingir lo contrario. Que haya
sido precisamente Londres —la capital desde la cual se trazaron hace más de
cien años las líneas maestras del avispero que hoy es Oriente Próximo— la que
lidere ahora una cascada de reconocimientos al Estado Palestino no es un detalle
anecdótico. Es la confirmación de que, más allá de los matices, la historia
siempre vuelve al lugar donde empezó.
El anuncio del primer ministro Keir
Starmer no fue un arrebato idealista ni un gesto impulsivo. Al contrario:
responde a la lógica fría de un jurista acostumbrado a los matices y a medir
cada palabra. Sin embargo, la solemnidad de sus palabras sobre “la
responsabilidad moral de actuar” abre un nuevo capítulo en un conflicto enquistado,
donde la retórica suele pesar más que los hechos. Y, sin embargo, reconocer formalmente al Estado Palestino
no es un acto retórico: es un golpe sobre la mesa, con un simbolismo que nadie
puede ignorar.
El Reino Unido ha roto así con la tradición de esperar
a que el reconocimiento fuese el último paso de un proceso negociado entre
Israel y Palestina, un proceso que nunca llegó a consolidarse. Esa
narrativa quedó arrasada por la realidad de Gaza: los bombardeos constantes, la
hambruna, las cifras de víctimas que desbordan cualquier registro histórico
reciente. Ante ese escenario, Londres y sus aliados han decidido que esperar ya
no es una opción.
Pero no se trata solo del Reino Unido. Canadá,
Australia y Portugal se sumaron en las últimas horas, y Francia lo hará de
forma inminente. Antes lo habían hecho España, Noruega e Irlanda.El efecto
dominó empieza a tomar cuerpo, y lo que hace unos años era un gesto reservado a
gobiernos periféricos se convierte ahora en una corriente central de la
diplomacia occidental. Este viraje refleja un hartazgo acumulado: la convicción
de que Israel, en manos de un Netanyahu atrincherado en la retórica del “nunca
ocurrirá”, no ofrece más que un callejón sin salida.
La respuesta israelí, desafiante y previsible, no
sorprende: Netanyahu habla de “recompensa al terrorismo” y amenaza con la
anexión de Cisjordania con la bendición de Washington. La derecha israelí
lleva tiempo preparándose para ese escenario, y el respaldo de los ministros
ultranacionalistas no deja lugar a dudas sobre la dirección en que se mueve su
Gobierno. Para ellos, la solución de dos Estados es un espejismo, algo que debe
enterrarse cuanto antes.
Sin embargo, lo relevante no está solo en Tel Aviv.
También en Ramala, donde Mahmud Abbas aplaudió la decisión como “un paso
necesario hacia la paz justa y duradera”. Para la Autoridad Nacional Palestina,
debilitada y cuestionada, el reconocimiento internacional ofrece una bocanada
de oxígeno político. Pero la paradoja persiste: mientras los reconocimientos
diplomáticos se multiplican, la realidad sobre el terreno se deteriora cada día
más.
En este contexto, el paso de Reino Unido es, al
mismo tiempo, un acto de memoria histórica y una apuesta política. Londres no
puede borrar la huella de la Declaración Balfour, ni su papel en el origen del
conflicto, pero al menos intenta girar el timón de su propia narrativa. Si hace
un siglo la diplomacia británica impulsó la creación de un “hogar judío” sin
prever las consecuencias para los habitantes palestinos, hoy reconoce —tarde,
pero con resonancia— que el pueblo palestino tiene derecho inalienable a un
Estado.
¿Será suficiente? Difícilmente.El reconocimiento no
detiene los bombardeos ni garantiza un horizonte de paz. Lo que sí hace es
cambiar la ecuación diplomática: coloca a Netanyahu frente a un bloque
creciente de países occidentales que ya no aceptan su veto sistemático, y
presiona a Washington para que defina hasta dónde llega su respaldo
incondicional a Israel.
En el tablero internacional, los gestos cuentan, y
este es de los que pesan. Londres ha reabierto una puerta que durante décadas
se mantuvo cerrada a cal y canto. Lo que está por ver es si al otro lado hay un
camino hacia la paz o simplemente un recordatorio de que, en Oriente Próximo,
el pasado siempre vuelve.
Más de 80 alcaldías francesas izan la bandera Palestina
En un gesto simbólico de apoyo, más de 80 alcaldías de toda
Francia —entre ellas las de Lyon y Nantes— izaron este lunes la bandera palestina,
desafiando la prohibición impuesta por el ministro del Interior, Bruno
Retailleau. La acción coincide con el inminente reconocimiento oficial del Estado
Palestino por parte de Francia, que será anunciado por el presidente Emmanuel
Macron ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Según cifras del propio ministerio, al menos 86 municipios
desplegaron la enseña verde, blanca, negra y roja horas antes del
pronunciamiento presidencial.
“Nantes acompaña esta decisión histórica de la República
francesa izando, esta jornada, la bandera palestina”, señaló la alcaldesa
socialista Johanna Rolland en su cuenta de X, acompañando sus palabras con una
fotografía del edificio consistorial adornado con el símbolo palestino.
En París, la bandera alcanzó a ondear durante media hora,
luego de que representantes de fuerzas políticas de izquierda y colectivos
propalestinos la colocaran en la fachada del Ayuntamiento, pese a la negativa
de la alcaldesa Anne Hidalgo, quien ordenó retirarla poco después.
Qué esperar de la Conferencia de la ONU sobre la Cuestión de
Palestina
El reconocimiento francés no ocurre en el vacío. Este 22 de
septiembre, en la sede de la ONU en Nueva York, se llevará a cabo una
conferencia mundial de Jefes de Estado y de Gobierno sobre Palestina,
patrocinada por Francia y Arabia Saudita. El encuentro busca reactivar la
estancada “solución de dos Estados”, con un Estado israelí y otro palestino
coexistiendo en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas.
El contexto es alarmante: casi dos años de guerra en Gaza,
más de 60.000 personas palestinas asesinadas desde octubre de 2023, denuncias
de genocidio por parte de la Comisión de Investigación de la ONU, hambruna en
el norte del enclave, y la acelerada expansión de asentamientos en Cisjordania.
A pesar de la violencia, la vía diplomática intenta abrirse
paso:
El 12 de septiembre, la Asamblea General aprobó por amplia
mayoría la “Declaración de Nueva York”, que llama a una paz justa y duradera
basada en el derecho internacional y en la solución de dos Estados.
Emmanuel Macron anunciará el reconocimiento oficial de
Palestina por parte de Francia, lo que podría arrastrar a otros países
occidentales como Reino Unido, Canadá, Bélgica y Australia.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, impedido de viajar
tras el veto de EE.UU. a su visa diplomática, intervendrá de manera inédita por
videoconferencia gracias a la autorización de la Asamblea General (145 votos a
favor, 5 en contra).
El secretario general António Guterres advirtió en abril que
la solución de dos Estados “corre el riesgo de desaparecer por completo”. Sin embargo,
remarcó: “¿Cuál es la alternativa? ¿Una solución de un solo Estado en la que
los palestinos son expulsados o forzados a vivir sin derechos en su propia tierra?”
La conferencia, por tanto, representa una oportunidad
crítica para que la comunidad internacional revitalice el camino hacia dos
Estados, con Jerusalén como capital compartida, y reabra la puerta a una paz
basada en el derecho internacional.
¿Genocidio
en Gaza? España asume el reto de documentar la verdad
Por Valeria M. Rivera Rosas* – escritora, periodista y analista
internacional/ADDHEE.ONG
La decisión de la
Fiscalía General de abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en
Gaza sitúa a España en un terreno incómodo pero necesario: el de elegir entre
la indiferencia cómplice y el compromiso con el Derecho Internacional.
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, autorizada por el fiscal general Álvaro García
Ortiz, no es un gesto menor ni un mero trámite burocrático.
Es, en esencia, un pronunciamiento político y jurídico que interpela
directamente a la conciencia europea en un momento de parálisis
internacional. Hablar de “crímenes de guerra” o incluso de “genocidio” en
Gaza implica situar a España en el centro de un debate que muchos gobiernos
prefieren esquivar.
La fiscal de Derechos Humanos, Dolores Delgado, lo resumió
con crudeza: no se trata de juzgar a un jefe de Estado extranjero –competencia
exclusiva de la Corte Penal Internacional–, sino de preservar pruebas,
testimonios y hechos que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido. Esa labor,
que parece técnica y distante, es en realidad la piedra angular de cualquier
intento de justicia futura.
El peso de la memoria y
la justicia universal
España conoce bien lo que significa debatir sobre la
jurisdicción universal. Durante años, la Audiencia Nacional fue referencia
internacional en la persecución de crímenes contra la humanidad: desde el
dictador Pinochet hasta los militares argentinos o los verdugos de Ruanda.
Aquel impulso se vio cercenado por las presiones diplomáticas y las reformas
legales de 2009 y 2014, que limitaron la capacidad de los jueces españoles para
actuar fuera de nuestras fronteras.
Ahora, la investigación sobre Gaza rescata,
aunque con cautela, ese espíritu. No se trata de erigir a España en tribunal
del mundo, sino de asumir una obligación internacional derivada de tratados
firmados y de un compromiso con la Corte Penal Internacional. Es, en
definitiva, una vuelta al espejo: ¿queremos
seguir siendo un país que actúe como sujeto activo del derecho internacional o
preferimos refugiarnos en la comodidad de la neutralidad?
La incomodidad de la
política
El ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, calificó la investigación de “razonable” y “necesaria”.
Sus palabras reflejan un consenso tácito en el Gobierno, pero también dejan
entrever la incomodidad política que genera el asunto. Reconocer la posibilidad
de un genocidio
en Gaza implica señalar directamente a Israel, aliado
estratégico de Occidente, y chocar con la narrativa dominante en Washington y
Bruselas, más proclive a matizar que a condenar.
Que el Partido Popular haya guardado silencio o se haya mostrado
reticente tampoco sorprende: la política exterior española rara vez se mueve
por convicciones éticas, y casi siempre lo hace a golpe de alineamiento con los
grandes socios internacionales. Pero la opinión pública, cada vez más
sensibilizada por las imágenes de la devastación en Gaza, puede no aceptar el
silencio como respuesta.
Gaza como herida abierta
Las investigaciones parten, entre otros, de informes policiales
que documentan testimonios de testigos protegidos y posibles violaciones graves
contra la población civil. La Comisión Internacional de la ONU ya ha calificado
los hechos como genocidio, lo que añade un elemento de presión moral. Pero, más
allá de los tecnicismos jurídicos, Gaza es hoy una herida abierta en la
conciencia global: barrios arrasados, hospitales convertidos en ruinas, niños
huérfanos cuya única certeza es el miedo.
España, al abrir diligencias, no resuelve el conflicto ni cambia
el curso de la guerra. Pero lanza un mensaje: la barbarie no puede
normalizarse y la justicia, por lejana que parezca, exige que alguien comience
a recoger las piezas del puzzle.
El dilema es claro: ¿hasta dónde puede España tensar la cuerda
sin poner en riesgo sus equilibrios diplomáticos? La respuesta quizá no esté en
la política inmediata, sino en la historia. Dentro de unas décadas, cuando se
juzgue lo ocurrido en Gaza, la pregunta será quién hizo algo para documentar,
investigar y denunciar. No quién se calló para no molestar a un aliado.
La investigación no condena a Netanyahu ni a Israel –eso será
tarea de la Corte Penal Internacional si llega el momento–, pero sí compromete
a España en la preservación de la verdad. Y, en un mundo donde la verdad es
cada vez más difusa, ese gesto es ya una forma de resistencia.
Un compromiso incómodo,
pero imprescindible
La investigación sobre Gaza es, en definitiva, un recordatorio
de que el derecho internacional no es un ornamento diplomático, sino una tabla
de salvación frente a la barbarie. España, con todas sus limitaciones, ha
decidido no mirar hacia otro lado. Y esa decisión, aunque incómoda y
arriesgada, es también una forma de dignidad política.
Porque en Gaza se juega mucho más que una guerra. Se juega la
vigencia de un principio esencial: que incluso en medio del horror, la justicia
debe tener la última palabra.
Lo subrayado/interpolado es nuestro.
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