miércoles, 25 de marzo de 2020

30 AÑOS DEL ACIAGO CONTUBERNIO


30 AÑOS DEL ACIAGO CONTUBERNIO

Por Eduardo Contreras Mella: Escritor, Abogado de los Derechos Humanos/ Comunicador social Barómetro Latinoamericano/Addhee.Ong:
Hasta un acto central realizaron  hace poco los partidos de Derecha  junto a los de la Concertación, para celebrar los “30 años de democracia” que se habrían iniciado en 1990 con la Presidencia de Patricio Aylwin y su abrazo con el dictador augusto Pinochet, Comandante en Jefe del Ejército.

No es posible dejar pasar este acto porque en un momento político especial  como el que vive el país, resulta indispensable contar  con todos los antecedentes y elementos que permitan estructurar correlaciones de fuerzas que hagan posible que de verdad se produzca  cambios de fondo reales  en la organización del Estado de Chile que debiera surgir como consecuencia de una Nueva Constitución Política/ Plurinacional/ paritaria/ soberanamente sancionada por el Pueblo chileno.

Ello implica poner fin al modelo ultraderechista  y capitalista salvaje impuesto por la dictadura  cívico militar y consagrado y mantenido con mínimas modificaciones que rige en nuestro país y que es  la causa de fonde para que el Pueblo  el 18 de octubre  pasado haya gritado “¡Basta!” y echado andar por el camino del cambio. Cuando se habló de la protesta por el alza en 30 pesos del pasaje del Metro, las gentes gritaron “No son 30 pesos, son 30 años”. Si eso es. Treinta años  con un Estado paralizado en materia de logros para el pueblo, un país manejado por los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, que controlan  los medios mediáticos de comunicación y los institutos armados. Es decir, una Constitución que entregó el poder absoluto a los poderosos empresarios sofofos y sus clases testaferras, castrenses, politicastras, corruptas.

Los que firmaron  el llamado “Acuerdo por la Paz” de noviembre del 2019 son los mismos sectores  que en 1990 ante el avance y radicalización de la lucha del Pueblo Chileno y el temor a una salida  realmente democrática, negociaron el fin de la  dictadura cívico militar, sin derrotarla, sino simplemente vistiendo el mismo modelo con un ropaje supuestamente democrático. Sin soltar las llaves del poder real.  Son los que mantuvieron al sátrapa Pinochet como Comandante en jefe, los que más  tarde fueron a buscarlo a Londres para salvarlo de la condena que le esperaba en España, son los que han mantenido la misma institucionalidad, las mismas reglas del juego, los mismos institutos armados  con vínculos con el poder económico y con los conocidos niveles de corrupción de sus mandos.

Hoy resulta indispensable traer a la memoria  el histórico acto del Teatro “Caupolicán” aquel 27 de agosto de 1980 en donde el orador fue el ex mandatario Eduardo Frei Montalva. El mismo que, habiendo apoyado a los golpistas del 73, sin embargo reaccionó ante la realidad vivida en esos años hasta llegar a transformarse en la principal figura pública opositora a la dictadura cívico militar. No por nada es que,  como se ha probado judicialmente, Frei fue asesinado por la dictadura  cívico militar. 

En ese histórico acto, Frei Montalva se refirió expresamente a la Constitución pinochetista, la misma que, con cambios cosméticos, nos rige hasta hoy. Y dijo entonces “Aprobar esta Constitución es una opción que contradice toda la historia de Chile. Es la anti-historia”. Y agregó “Su contenido revela una confianza ilimitada en los mecanismos de concentración del poder y una desconfianza igualmente ilimitada  en el pueblo, en el parlamento, en los partidos políticos, en los organismos de base y en los municipios. Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, es un caso de ciencia ficción o una burla”. Cabe entonces preguntarse  si fue ético celebrar esos 30 años desde el aciago contubernio entre la dictadura  cívico militar  y la Concertación.  Es como si los partícipes no hubieran tomado nota de la masiva protesta precisamente en contra de esos 30 años en favor del gran empresariado sofofos y en contra del pueblo.

En la ominosa ceremonia estuvo presente  el ex mandatario Ricardo Lagos, aquel que en 1971 escribió “La Concentración del Poder Económico”, libro en el que aboga por la propiedad estatal de todos los medios de producción. Es el mismo que pocos años más tarde renegó de su propio pensamiento. Por supuesto estaba el  ministro Hernán Larraín, el amigo de Paul Schaeffer y defensor del centro de torturas de los nazis en Chile conocido como Colonia Dignidad (¿?) Con razón se suman hoy a la Derecha grupos de raigambre nazi como los del “Capitalismo Revolucionario” en tiempos en que se suceden los asaltos a locales del Partido Comunista.

Y Piñera habla al paso del “respeto al Estado de Derecho” y del rechazo a la ilegalidad y a la corrupción, olvidándose de si propia historia personal, como por ejemplo aquella causa penal en su contra Rol N° 99.971 del Segundo Juzgado del Crimen en la que el 27 de agosto de 1982 el Magistrado Luis Correa Bulo decretó su detención como autor del delito de Estafa al Banco de Talca. Francamente no hay nada que celebrar por aquellos 30 años. Los partidos políticos de derecha y de centro, supuestamente democráticos, negociaron con la dictadura y mantuvieron su antidemocrática Constitución y el mismo modelo económico.

Quienes festejan los 30 años no llevan en cuenta los que piensan las bases de sus partidos, que no comparten el actual modelo de sociedad de nuestro país y están por los cambios. Más bien, tienen presente las ideas centrales del histórico discurso de Frei Montalva cuando la antidemocrática Constitución vigente recién aparecía. Esta y no otra es la realidad.

eduardocontreras2@gmail.com


PORQUE PIÑERA ECHEÑIQUE DEBE IRSE



PORQUE PIÑERA ECHEÑIQUE DEBE IRSE

Por Juan Pablo Cárdenas S./ Escritor, comunicador social, analista internacional/ Barómetro latinoamericano/ ADDHEE.ONG:


(en memoria de Mariano Puga, el cura obrero)



 “¿Qué se vaya! Tituló en una de sus más exitosas ediciones la revista Análisis cuando el país demandaba la salida de Pinochet. La irreverente portada causó la furia del Dictador y de allí se sucedieron todo tipo de amedrentamientos a la prensa disidente, como aquellos requerimientos ante los tribunales y las fiscalías militares en contra de los periodistas y colaboradores de  ésta y otras publicaciones. Hoy son cientos de miles las pancartas, rayados murales y diversas formas de demanda popular ara que Sebastián Piñera cese en su cargo de La Moneda  en medio de la mayor  crisis de nuestra historia.




Ciertamente que el escuálido respaldo popular del actual presidente, la protesta incesante de la población  y los altos y peligrosos grados de confrontación social en cualquier democracia en serio  ya habrán ocasionado la renuncia o la destitución del primer mandatario. Sin embargo, lo que tenemos en Chile  no es un régimen de soberanía popular sino una postdictadura todavía regida por los rasgos autoritarios de la  Constitución de 1980, el poder económico y una clase política insensible a las demandas de la población, además de devenir en corrupta.




Es cosa de leer las encuestas y recorrer las calles para apreciar el balance que el Pueblo hace de la gestión  de un jefe de Estado obstinado que fue elegido por mucho menos de la mitad de los ciudadanos y que, para colmo, hoy recibe la rechifla mundial por sus espeluznantes acciones contra los derechos humanos de nuestros habitantes.




El Ministro de Interior ha declarado recién que “la democracia se basa en el respeto a las reglas del juego”, haciendo caso omiso  que la principal característica de éste régimen es su fidelidad a la voluntad soberana del pueblo, frente al cual el gobierno, el parlamento,  y las instituciones del Estado deben direccionar sus propósitos y acciones. Tarea  en que las Fuerzas Armadas y policiales deben estar encomendadas a proteger su población y velar por el orden público, muy contrariamente a lo que está sucediendo con una represión criminal  que se ejerce cotidianamente contra los chilenos que protestan y se movilizan contra un sistema profundamente desigual. Bajo el impero de la concentración de la riqueza, el trabajo precario y la expoliación de nuestras materias primas y riquezas en manos  del capital buitre foráneo.




Más de cuatro meses de continua insurrección, caos, víctimas fatales y miles de presos políticos constatan el descontento popular y el fracaso  de todas las autoridades en ofrecer soluciones a ese despertar irrefrenable de un país ya harto de abusos de todo tipo y de esperar por más de treinta años que se consolidara la democracia y la justicia social. Porque, a excepción de unas pocas voces del Parlamento, el conjunto de los legisladores, los partidos políticos  y los medios  mediáticos mercuriales de comunicación hegemónicos se escandalizan de lo que parece realmente más prudente  antes que la crisis siga profundizándose. Esto es que Piñera decida irse para que la violencia no conduzca al país  a una  de lamentables ocasiones ya vividas, como la guerra civil, las asonadas militares y los miles de muertos y desaparecidos.




Desgraciadamente, lo que aparece más razonable es tildado como una propuesta extremista y un atentado contra nuestra supuesta democracia. Incluso la clase política opositora, y consciente  del daño  que le significa al país el régimen de Piñera, ha sacado del sarcófago a varios políticos para que propicien, otra vez, una salida negociada con el régimen. Esto es esos mismos acuerdos que entonces fueron impuestos y financiados por el Departamento de Estado estadounidense para evitar el derrumbe de la dictadura cívico militar, garantizar la impunidad de Pinochet y darle continuidad a su régimen económico y social.  Lo que ahora ha terminado por crispar al país.




Un grupo de ex concertacionistas, ebrios de figuración pública, conspiran de nuevo con la oligarquía empresarial sofofa, los grandes empresarios  sofofos y empiezan  a golpear las puertas de los cuarteles para hacerle frente al estallido social y desbaratar la posibilidad de que, con o sin plebiscito y asamblea constituyente, el país apruebe una nueva Carta Fundamental, seguido de terminar con los privilegios que goza menos del 0,5 por ciento de la población. Es decir, se le de ejecución a una agenda social que le ponga término al sistema previsional, la educación discriminatoria, la salud elitista y la represión de los derechos de nuestros pueblos autóctonos, entre otras justas demandas.




Ante la presión social, el Poder Legislativo discurrió proponerle al país un itinerario institucional  con la esperanza de apaciguar el malestar, pero sin convicción política alguna  en cuanto a que, por fin, prosperará un régimen democrático de mínima solvencia. Pero lo que no lograron percibir estos legisladores  es la posibilidad  de que en consulta electoral los millones de chilenos puedan  constituir una convención constituyente que arrase  con las pretensiones de quienes quieren darle continuidad al régimen actual, incluso recurriendo al poder de veto que tendría cualquier reforma  si ésta no reúne los dos tercios; según  el abusivo quorum convenido por los defensores y encantados del legado pinochetista. Recién se dan cuenta que la explosión social  no solo es contra el Ejecutivo, sino el conjunto de una casta política que durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría se hicieron los sordos frente al mandato popular e incumplieron flagrantemente sus propias promesas electorales.




De esta forma  es que ahora se proponen amarar a Pinera en su cargo y ver la forma de interrumpir  el proceso constituyente, aunque sea a pretexto de la pandemia del Coronavirus, fenómeno ampliamente manipulado por las autoridades y que les ofrece infundirle pánico a la población a la posibilidad de contraer este mal  en los lugares de votación, las concentraciones públicas, las universidades y los medos de transporte. Como si en todo el mundo y en Chile no fueran inmensamente más los  que a diario padecen y mueren por las epidemias del hambre, de los virus mucho más letales, las fatídicas esperas por atención médica hospitalaria, los conflictos armados y la criminalidad.




Esperamos que el pueblo no se deje engañar. Más bien confiamos  en que los chilenos saben que la violencia callejera y el vandalismo son hábilmente tolerados y estimulados  por los que quieren oponerse a los cambios. Que como en otros momentos de nuestra historia, las policías no se proponen neutralizar a los delincuentes o a los narcotraficantes, sino a los que protestan pacíficamente. Así, como infiltrar a los incautos de la política, estimular las divisiones políticas y alentar lo que mejor saben hacer: los cruentos golpes de Estado y sus posteriores campos de concentración y exterminio, así como la venta de nuestra soberanía territorial al capital foráneo.




No deja de ser extraño que, en su última desfachatez, Piñera  haya reconocido  que su régimen tenía pleno conocimiento que durante el estallido de octubre pasado se iba a atacar algunas estaciones del Metro de Santiago. Curioso, ¿no?




juanpablo,cardenas.s@gmail.com