Reflexiones Sobre la Crisis Política y Social en Perú

Por Dr. Marcelo Solervicens.

Escritor, Analista internacional/ADDHEE.ONG:

Las manifestaciones contra el Golpe de Estado Institucional del 8 de enero en Perú no se han aplacado pese al estado de excepción, toques de queda y una sangrienta represión que ya acumula cincuenta (50) muertos y centenas de heridos por bala. Las manifestaciones arrecian en las regiones y se extienden hasta Lima sin visos de disminución. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte y del Congreso; la convocatoria inmediata a elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

La cruenta represión incluye los 17 manifestantes asesinados por fuerzas de seguridad en Juliaca el 9 de enero, de enormes repercusiones. Por ella, la Fiscalía peruana abrió una investigación por genocidio, precarizando al gobierno de facto. La represión ha sido condenada, entre otros, por la Conferencia Episcopal; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las agencias de las Naciones Unidas en Perú (OACNUDH) y Amnesty. Hasta quienes apoyaron inicialmente al gobierno de Dina Boluarte, porque consideraron que ella se ajustaba al Estado de Derecho, como la Unión Europea (UE) y la CIDH, condenan el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.

Es evidente que el Golpe de Estado institucional del Congreso, que terminó con el inopinado gobierno progresista del Presidente Pedro Castillo - que apenas duró quince (15) meses -, se inscribe en la lógica de los golpes “institucionales”, como aquel contra Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012), y Dilma Roussef en Brasil (2016).

Sin embargo, el contexto creado por el descontento popular frente a la destitución de Pedro Castillo, es distinto del que acompañó las destituciones de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2018, y de los presidentes interinos subsecuentes: Martín Viscarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Todo indica que esta vez la destitución del maestro rural transformado en presidente, Pedro Castillo, no será una nueva pugna de palacio alejada de la ciudadanía.

Cuáles Reflexiones ante un Escenario Complejo

Este artículo no pretende agotar un tema de gran complejidad. Busca suscitar una reflexión sobre tres aspectos. En primer lugar, ¿En qué medida corresponde a un éxito del acoso constante de la derecha contra el maestro rural transformado en presidente con el apoyo de un movimiento social fundamentalmente rural? Un presidente, que, para sobrevivir en el poder terminó alejado de su base social, atrapado en los laberintos de un Estado de Derecho capitalista/Neoliberal atávico.
En segundo lugar, ¿Es realmente inesperada la caída del ejecutivo, o bien, era plenamente predecible si se observa la política peruana de las últimas décadas? ¿En qué medida su destitución es consustancial al sistema político peruano actual, por el marco de funcionamiento del sistema político instaurado por la constitución neoliberal fujimorista adoptada en los noventa. Más aún, en un país con serios problemas estructurales, catalogado como una democracia “imperfecta”, e incluso como un Estado fallido ?

En tercer lugar, que aunque el Golpe fue un éxito de la derecha peruana que controla el parlamento: ¿En qué medida la masiva resistencia ante el Golpe de Estado Institucional del Congreso revela como error fundamental de Pedro Castillo, la postergación las transformaciones y avances prometidos, para sobrevivir y su alejamiento de su base social?

Se trata de aspectos fundamentales para las izquierdas cuando las sociedades latinoamericanas exigen gobiernos con agendas transformadoras para enfrentar los desafíos del siglo 21 ¿Cuáles deben ser las estrategias para transformar Estados de Derecho que corresponden a democracias restringidas de corte neoliberal que separan la política de la economía y desconocen incluso, como en el caso de Perú, la plurinacionalidad existente en sus territorios?

Un Golpe de Estado Institucional Predecible

La compleja y trágica coyuntura peruana del 8 de diciembre era predecible. Desde el primer día, el 28 de julio de 2021, la derecha, liderada por el fujimorismo, atacó el gobierno de Pedro Castillo, buscando destituirlo, a como diera lugar, mediante un Congreso, altamente desprestigiado de acuerdo a las encuestas.
La tercera moción para destituir a Pedro Castillo (NYTimes), por ser parte de una “organización criminal” ó mediante la extensión de la interpretación del artículo 117 de la constitución (ElComercio), debía ser votada en el Congreso el 8 de diciembre.

Es así como el Ejecutivo intentó defenderse, sorpresivamente, disolviendo el Congreso e instalando un Estado de Excepción, invocando el artículo 134º de la Constitución política. Un artículo que le permite efectivamente disolver el congreso de acuerdo al Estado de Derecho peruano.

Sin embargo, más allá del debate de juristas, su acción terminó apareciendo como un Autogolpe Inconstitucional, porque la interpretación que prevaleció fue la de quienes querían destituirlo (CNN).

De hecho, se adoptó la versión de que el presidente no podía recurrir al artículo 134º, puesto que el Congreso no le habría negado aún su confianza en dos oportunidades, sino que sólo en una (Infobae). No fructificó el argumento de que se trataba de una tercera negación de confianza, se terminó descartando la negativa a la moción de confianza presentada por Aníbal Torres en noviembre de 2022 (Swissinfo).
Se ha especulado mucho sobre las razones que llevaron a Pedro Castillo a intentar lo que apareció como una salida desesperada. Apareció mal asesorado su intentó de disolver el Congreso e instalar un Estado de Excepción sin tener piso. Algunos lo explican por su aislamiento e inexperiencia. Otros lo atribuyen al desgaste resultante del permanente acoso, hostigamiento y desembozado racismo en su contra. Por una equivocada percepción de relaciones de fuerza atribuible a su ensimismamiento en el juego político y su creciente aislamiento por no cumplir sus promesas de campaña (ElPopular).

Lo cierto es que su “autogolpe” terminó como un paso en falso al no contar con la variable de las Fuerzas Armadas (Lissardi, G). Ello, a pesar de que circulan informaciones que afirman que Castillo si esperaba contar con el apoyo de las FFAA, con la nominación de su recién instalado ministro de defensa, el ex general de brigada Emilio Gustavo Bobbio Rosas, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Bobbio que solo duró tres días en el cargo (LaRepública), habría decidido abandonar a Castillo, por presiones de la ex agente de la CIA, embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna. El ministro de defensa se reunió efectivamente con Kenna, un día antes del Golpe de Estado (LaJornada). De acuerdo  a esas versiones, con la falta de apoyo a Castillo de parte de las Fuerzas Armadas, la derecha tenía luz verde para proceder al golpe de Estado del Congreso (ANNUR)

Más allá de esas especulaciones, la movida constitucional de Pedro Castillo el 7 de diciembre, se transformó en un “error”, una “torpeza” de proporciones que justificó el Golpe de Estado Institucional para responder a un Golpe de Estado “inconstitucional” de Castillo (ElPaís).

El Congreso declaró la vacancia presidencial bajo la nueva acusación de “quebrantar el orden constitucional” (BBC) y Castillo fue encarcelado. No se debe olvidar sin embargo, que muy oportunamente, el 5 de diciembre, una comisión del Congreso archivó las acusaciones constitucionales que pesaban contra la vicepresidenta Dina Boluarte, lo que la habilitaba para asumir la presidencia en caso de destitución del presidente (Gestión).

La caída de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte fueron reconocidos como democráticos y respetuosos del Estado de Derecho, entre otros. por los gobiernos de  EE.UU., Canadá, la Unión Europea (UE), Reino Unido, mientras en la región fue apoyada por los gobiernos de Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Chile, Panamá, e instituciones como la CIDH, la ONU, entre otros.

Por su parte, el nuevo presidente brasileño lamentó la destitución de Castillo y deseo suerte a Boluarte en su tarea de reconciliar el país. México expresó su apoyo al depuesto presidente, esperando que prevalezca una salida democrática. Lo mismo los gobiernos de Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Cuba, entre otros. La asunción a la presidencia por Dina Boluarte el 8 de diciembre en reemplazo de su compañero de fórmula de Perú Libre, debiera haber cerrado el periodo “Castillo” de la política peruana, como ocurriera con la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

Sin embargo las amplias movilizaciones de resistencia contra el Golpe de Estado y el Gobierno de facto de Dina Boluarte, por parte de sindicatos (CGTP); de indígenas (AIDESEP) y organizaciones de agricultores pobres, entre otros, abrieron una crisis social (Infobae). La represión llevó a una crisis humanitaria (Celag).

Una Crisis Consustancial al Sistema Político Peruano

La presente es una crisis consustancial al sistema político peruano. Es la mera repetición de la ya tradicional pugna entre el poder ejecutivo y el Parlamento. La diferencia es que esta vez aunque el gobierno de Castillo, no buscó apoyarse en su base social, demostró tener más apoyo social que anteriores presidentes peruanos. Por ello es que las destituciones recientes de presidentes terminaron como riñas de palacio.

En esa medida, a pesar de que el juicio contra Castillo, por “pertenecer a una organización criminal”, no tuvo lugar y que realizó un “autogolpe”, es evidente que su destitución por “quebrantar la constitución” fue la culminación de un “juegos de poderes” propios de la restringida democracia peruana, que son crecientemente resistidos por la ciudadanía.

En contexto más amplio, la inestabilidad política peruana de las últimas décadas, termina siendo consustancial, inherente, intrínseca, a la actual constitución fujimorista impuesta en los años noventa (Ochoa, S). Ella refuerza complejos juegos de poder entre fuerzas políticas crecientemente separadas de la ciudadanía.

Y es que la estricta separación entre política y economía de la constitución fujimorista no es inocente. Es la base de una constitución neoliberal, que favorece la economía de mercado, el gamonalismo y las multinacionales, que funcionan de acuerdo a reglas propias (DW). En palabras del politólogo español, Manolo Monereo: “Perú es una democracia de las “buenas”, de las que respetan la economía de mercado, que garantizan y dan seguridad a las inversiones extranjeras, que favorecen los grandes beneficios empresariales y, lo mejor de lo mejor, poco controladas y gravadas”. Una economía que sigue creciendo a pesar de las constantes crisis políticas (BBC).

Se trata de acuerdo a Héctor Béjar, ministro de relaciones exteriores de Castillo por un breve periodo, de “Una Constitución, de origen non sancto, que tutela y blinda lo que realmente importa: el aparentemente intocable modelo económico neoliberal” (LaHaine).

Por su parte, José Llerena concluye que el modelo político impuesto en la Constitución de 1993, no solo no proporciona alternativas de salida a la crisis, sino que las agrava. El periodista César Hildebrandt, va más lejos y constata que Perú se está transformando en un Estado Fallido.

La fuerte movilización social actual aparece ligada al rechazo de un modo de acumulación neoliberal que aumenta las desigualdades, agravadas por la pandemia del Covid-19 y las consecuencias inflacionarias de la guerra en Ucrania (BancoMundial). Son vientos de cambio que ya se percibían tras la victoria desde afuera del sistema político del maestro rural (LabGRIMA).

En esa medida el Golpe de Estado Institucional expresó la oposición de la oligarquía peruana, de las élites políticas y de las multinacionales a las exigencias de cambio provenientes de la sociedad.

Algunos ligan el Golpe de Estado Institucional con los crecientes temores de intereses privados nacionales y extranjeros interesados en la explotación del litio peruano; ante el anuncio del gobierno de Pedro Castillo en octubre pasado en Pichari, de avanzar en la industrialización del litio (DFSUD). Otros lo atribuyen a la inminente firma de un contrato con la República Popular China para la construcción de una línea de ferrocarril de Tumbes a Tacna, Puno, Argentina y Brasil y conectada con el puerto de Chancay. Un proyecto que aseguraría una presencia estratégica del país asiático en América Latina (Ponce, D).

La crisis peruana es compleja. Sus perspectivas aparecen menos claras que lo ocurrido con el Golpe de Estado institucional contra el gobierno de Evo Morales en la vecina Bolivia. Allí Evo Morales, no cayó en juegos políticos, respetó rigurosamente el orden institucional, dejando a la derecha y la OEA al desnudo, frente a sus propias reglas.

Atrapado en los Laberintos de un Estado de Derecho capitalista/Neoliberal Atávico

Finalmente, una tercera reflexión, es sobre un tema que no es menor, pero que no puede soslayarse: La crisis actual reveló que el Gobierno de Pedro Castillo terminó como un progresismo atrapado en los laberintos de un Estado de Derecho capitalista/Neoliberal atávico.

Lo particular de Perú, es que el distanciamiento del poder ejecutivo con su base social, se expuso de manera más evidente que nunca. Puso al desnudó el profundo fraccionamiento de la sociedad peruana entre la gran metrópolis limeña y los territorios. Es así como otro aspecto clave del aislamiento de Pedro Castillo es que la izquierda urbana se alejó del mandatario calificándolo como un gobierno sin rumbo (Glave, M).

Paradojalmente la destitución de Pedro Castillo ocurre a pesar de abandonar sus promesas de cambios y luego de realizar repetidos intentos de acercamiento con Washington y los dueños del Perú (Saba, P). Un creciente distanciamiento con su base social, que pasó por cinco gabinetes para apaciguar los sectores empresariales, cediendo cada vez más.

El ex maestro de escuela rural, Pedro Castillo, no cumplió – o no alcanzó a cumplir - sus promesas de mejorar la distribución de ingresos y desarrollar las regiones olvidadas del Perú. Tampoco avanzó en el cambio constitucional porque su proyecto de Asamblea Constituyente, presentado en el Congreso en abril pasado, no tenía perspectivas de concreción, ante un Congreso hostil (CNN).
Por ello es que la enorme reacción social ante su destitución tiene componentes culturales e identitarios. Por un lado expresa el desembozado racismo y elitismo de selectas minorías económicas, políticas y comunicacionales. Su caída aparece como una furiosa venganza oligárquica (Ollantay, I), contra un maestro de escuela transformado en presidente y asumido por la oligarquía como un sacrilegio…, paradojalmente en un país donde representa a las grandes mayorías (Lajornada).
Por otro lado, la actual resistencia al Golpe de Estado Institucional del Congreso, se nutre esta vez del imaginario contrario a las élites, ligándose a la representatividad de los postergados, encarnada en el gobierno de Pedro Castillo. Ello explica que sean estos sectores sociales postergados quienes lideran la resistencia y que transformaron lo que debía terminar como una pugna de palacio en una aguda crisis social y política.

Coincidentemente, las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte no tienen visos de disminuir, pese a la represión (Telesur). El profundo descontento social comenzó inicialmente fuera de Lima, en las regiones del país como Apurímac, Arequipa e Ica y en ciudades como Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco, Puno, Andahuaylas, pero se acerca ahora a la capital, obligando al gobierno a imponer el Estado de Excepción.

Más de un mes después de la instalación del gobierno legal, de acuerdo al Estado de Derecho peruano, el Gobierno de Dina Boluarte es percibido como ilegítimo, como una traición al progresismo y como el retorno de las elites limeñas y lo que representan.

Se trata de un amplio movimiento ciudadano que exige elecciones generales inmediatas, cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y asamblea constituyente. Exigencias que se radicalizan exigiendo “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista” (LaRazón). Demandas que, desde el escenario tradicional peruano, son consideradas demandas maximalistas por el nuevo primer ministro Alberto Otárola.

La creciente ruptura con el Gobierno de facto se ve en que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se restó del Acuerdo Nacional y llamó a participar en el nuevo paro nacional del 9 de enero, convocado por los Frentes de Defensa y organizaciones sociales en siete regiones del sur de Perú. La movilización engloba los pueblos indígenas de la Amazonía (AIDESEP), el Gobierno territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), los Frentes de defensa y organizaciones sociales (Telesur).

Las movilizaciones interpelan el inconcluso proceso de construcción de la identidad diversa de la sociedad peruana, mayoritariamente indígena, y un Estado de Derecho que consagra el persistente dominio de la metrópolis europeizante y ligada a la economía mundial. Se repiten elementos sobre los que José Carlos Mariátegui reflexionó en sus “Seis ensayos de interpretación de la realidad peruana”. Una cuestión relevante, cuando está en boga el proyecto del “buen vivir”, mientras el socialismo sólo aparece como una referencia abstracta.

Reflexiones Sobre la Crisis Política y Social en Perú

Estas reflexiones sobre la crisis política y social en Perú, recuerdan la importancia de considerar el contexto particular y la historia de la mal llamada América Latina. Los pies de barro del llamado Estado de Derecho capitalista/Neoliberal peruano y en general el de las democracias restringidas de la región, sigue siendo la sobrerrepresentación de las oligarquías y la exclusión de vastas mayorías, incluido el actor indígena, mestizo y los territorios.

La conexión de los progresismos con su base social es clave para realizar las transformaciones necesarias del siglo XXI (Quiroz, R). Por ello, la experiencia peruana no interpela sólo a las izquierdas peruanas. También interpela a las izquierdas latinoamericanas del siglo 21 en cuanto a la necesidad de identificar los actores políticos y sociales portadores de las transformaciones. La experiencia peruana confirma la perogrullada de la imposibilidad en liderar un proceso de cambios sin forjar la unidad del movimiento popular, sin organizar las masas y politizarlas, apoyándose en sus luchas para mejorar las relaciones de fuerza con las oligarquías reaccionarias (Espinoza, G).

La experiencia peruana debe incitar a una seria reflexión sobre el error de ciertos progresismos que privilegian el diálogo con las oligarquías en el escenario de un Estado de Derecho capitalista/Neoliberal atávico, a costa de una creciente distanciación con su base social, lo que les termina debilitando. Sobre la necesidad de apelar a su base social para mejorar las relaciones de fuerza y así avanzar en los prometidos objetivos transformadores.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

El Caribe como nuevo centro de poder en la Cela

Saludamos fraternalmente y agradecemos el envió del articulo adjunto por el compañero Nils Castro, escritor Panameño.

El Caribe como nuevo centro de poder en la Celac

Por Daniel Kersffeld/ escritor y analista internacional/ADDHEE.ONG:

El Caribe como un área geoestratégica ha sido generalmente relegada por los países del Cono Sur. La amplia distancia geográfica, pero sobre todo en términos históricos, culturales y políticos, ha tendido a ver a ese conjunto de islas sólo como sinónimo de vacaciones exclusivas o de paraísos fiscales.

Sin embargo, y como históricamente ha estado concebido desde Washington a partir de teóricos de la geopolítica como Alfred Mahan (1814-1914), las Antillas representan un muro de contención frente cualquier intento de asedio proveniente desde el sur o desde el Atlántico. El Mar Caribe, de hecho, fue representado como una especie de Mar Mediterráneo como lo fue en la antigüedad para el imperio romano, un auténtico Mare Nostrum.

Pese a la presencia de otras potencias coloniales como el Reino Unido, Francia y Holanda, la influencia de Estados Unidos allí fue decisiva en los tiempos de la Guerra Fría con la instalación de bases militares y navales en Bermudas, Cuba (Guantánamo), Puerto Rico y Honduras.

En las últimas décadas --y con las preocupaciones de EE.UU. situadas en otros territorios del planeta, las Antillas se convirtieron en una arena de disputa en la que inicialmente México tuvo una presencia fluctuante. Sin embargo, comenzó a redefinirse con la Venezuela/Bolivariana, especialmente, desde la llegada al poder de comandante Hugo Chávez Frías, en lo que fue un lento proceso de conversión política.

Con la elección de San Vicente y Las Granadinas en la Presidencia pro Tempore, la CELAC asume el desafío de que una nación de mínimas dimensiones, gobierne un bloque de amplísima extensión territorial. Este bloque tiene fuertes tensiones internas entre sus socios, a lo que se le suman las complejidades de su relación con EE.UU. y otros polos de poder en ascenso, como China y Rusia.

El país que estará al frente de la CELAC tiene sus particularidades: lo habitan 110 mil personas en 387km2 distribuidos en 32 islas. San Vicente es la de mayor tamaño y población: el resto del territorio se extiende en el archipiélago de Granadinas, que agrupa más de 600 islas e islotes.

Como varias de las islas caribeñas, San Vicente fue, sucesivamente, colonia española, luego francesa y, desde 1796, también británica. Su independencia fue tardía, en 1979. Aunque es una nación soberana “a medias”: por ahora continúa formando parte del imperio británico con un grado importante de autonomía.

Desde 2001 el país está bajo la conducción de Ralph Gonsalves, Primer Ministro por el Unity Labour Party, partido de izquierda creado en 1994 y que desde hace más de dos décadas, integra el Foro de Sao Paulo.

Más allá de los logros sociales y educativos, Gonsalves --el “Camarada Ralph”-- ha impulsado una activa política exterior. El país es protagonista del bloque de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y es considerado un aliado del grupo de países bolivarianos: es uno de los socios fundadores del ALBA-TCP, el bloque regional que Venezuela y Cuba establecieron en buena parte de centro y Sudamérica.

Pero uno de los mayores logros en la política exterior de Gonsalves fue convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2021. Así, San Vicente y las Granadinas se impuso ampliamente al otro candidato latinoamericano, El Salvador, apadrinado por el gobierno estadounidense.

Desde el año pasado, San Vicente se ha constituido en uno de los focos más rebeldes de la Commonwealth caribeña, en busca de su propio futuro como un régimen democrático y republicano. Es claro su creciente rechazo a la familia real británica y, sobre todo, al nuevo monarca Carlos III.

Durante la gira caribeña de los condes Eduardo y Sofía de Wessex a fines de abril de 2022 por el jubileo de Isabel II, hubo en San Vicente protestas por la falta de reconocimiento del daño causado por el tráfico de esclavos en la región. En medio de la agitación en la isla, Gonsalves propuso en octubre pasado la realización de un próximo referéndum para definir el destino del país.

Pese a sus limitaciones territoriales, San Vicente y las Granadinas se ha caracterizado en términos estratégicos en la OEA, por sus posiciones contrarias al intervencionismo y al gobierno estadounidense en su bloqueo a Cuba.

Es esperable que la actuación de San Vicente al frente de la CELAC no se desarrolle en solitario: aprovechará sus extensas vinculaciones políticas para moverse en bloque como ocurre en la OEA, donde la decena de votos del conjunto caribeño puede ayudar a promover iniciativas o contribuir a rechazarlas de manera decisiva.

En la presidencia del bloque, Ralph Gonsalves seguramente recibirá el apoyo de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y quizá también de los países del ALBA. Y en situaciones adversas, es esperable que el conjunto de gobiernos progresistas de la región contribuya a su sostenimiento.

El principal eje de su gestión probablemente estará atravesado por la mayor preocupación de San Vicente en la actualidad: el cambio climático que origina frecuentes y cada vez más violentos huracanes en la región y atentan contra el turismo, una de las pocas actividades redituables hoy para las naciones caribeñas.

La elección de San Vicente y las Granadinas como titular de la CELAC da cuenta de un saludable reacomodamiento del eje de poder dentro de la organización, en la que además de Brasil, México y Argentina, ahora también cobrarán mayor relevancia un conjunto de islas que podrían resultar claves para la construcción de una renovada agenda política en la región.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

Occidente/USA/OTAN une sus ramas políticas tras la hegemonía.

Occidente/USA/OTAN une sus ramas políticas tras la hegemonía.
El canciller Ruso Serguéi Víktorovich Lavrov destaca las relaciones con América Latina: “Estas se basan en el respeto mutuo. No tenemos ninguna doctrina Monroe, cuando vamos a la región, nuestra presencia no supone un riesgo”…

Rómulo Pardo Silva.

Escritor, periodista/ADDHEE.ONG:

De izquierda a derecha los partidos políticos y sus electores occidentales defienden en bloque el bienestar que les ha dado históricamente el sistema.  

La era del poder fáctico global de los mega empresarios occidentales da señales de término arrastrando a sus poblaciones.

El canciller alemán Olaf Scholtz dijo que se acabaron los tiempos felices en los que los europeos y los norteamericanos podían disfrutar de un crecimiento estable, baja inflación y altas tasas de empleo. RT

El poder industrial, comercial, financiero de Occidente pierde terreno.

El año anterior a la pandemia de covid-19, el PIB de los países avanzados creció menos del 2 %. Para el año 2027 se prevé que este indicador per cápita en promedio se ubique por debajo del 1,5 % para ese grupo de países. En algunas naciones, como Canadá y Suiza, el crecimiento se aproximará a cero, según los pronósticos citados por The Economist. RT

EEUU sigue siendo la economía más grande, con un peso del 26,6% del PIB global. China sigue recortando distancias a un paso acelerado y alcanza el 20,5%, afianzando aún más su posición como la segunda economía más grande, alejándose de la zona del euro (16,8%), que ocupa el tercer lugar. Cubadebate

Empresas alemanas prevén menos producción y empleo en 2023. Dentro de la industria el pesimismo es especialmente fuerte en sectores con alto consumo de energía para la producción. DW

El crecimiento del PIB chino en 2021 fue de 8,4%. La inversión extranjera directa en China aumenta 9,9 % entre enero y noviembre; la directa no financiera de China en el exterior sube 7,4 % en primeros once meses. Xinhua

El instrumento tradicional militar de Occidente para imponer sus intereses a otros países también se ha debilitado pasando de capacidad de guerra mundial directa al fomento y apoyo indirecto de conflictos localizados.

Estados Unidos indemne en las dos guerras mundiales ya no tiene esa seguridad para su territorio.

El expresidente ruso Dmitri Medvédev asevera que lo único que impide que Occidente busque una guerra total con Rusia es el arsenal nuclear del país euroasiático. Hispantv

Putin ratifica que la fabricación de cuatro submarinos nucleares rusos de la clase Borei-A asegura la seguridad de Rusia para las próximas décadas”. Hispantv

Las agrias disputas de partidos y sectores sociales occidentales tienen un objetivo común implícito: conservar la hegemonía que los enriquece. 

Socialdemócratas alemanes, laboristas ingleses, verdes alemanes, demócratas y republicanos estadounidenses, conservadores ingleses, democristianos alemanes, fascistas italianos, progresistas sistémicos van a la guerra híbrida con sus variados discursos.

El poder fáctico dispone de apéndices unilateralistas frente a Rusia-China. 

El canciller Lavrov señalo que fue creado un mecanismo a nivel ministerial para coordinar los planteamientos entre Rusia y la CELAC

Destaco que las relaciones entre Rusia y América Latina tienen tendencias a aumentar. Estos vínculos se encuentras basados en el respeto mutuo. Durante un balance sobre los resultados de la política exterior rusa en el año pasado, el ministro Lavrov afirmo que las relaciones con América Latina están en auge, hemos creado mecanismos de creación de enfoques. Hemos creado un mecanismo a nivel ministerial para coordinar nuestros planteamientos entre Rusia y la CELAC.

Finalmente el diplomático Ruso preciso que, debido a las restricciones por el covid-19 hubo un pequeño retraso pero vamos a reanudar y profundizar esta cooperación

Lo subrayado interpolado es nuestro.

 

Un nuevo Plan Cóndor, con nuevos grupos de tareas

Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano/ADDHEE.ONG:

Se conoce como Plan Cóndor a la coordinación de regímenes latinoamericanos, promovida por Estados Unidos, para enfrentar en la década del 70 a distintas experiencias revolucionarias que se desarrollaban en el continente, compartiendo informes de inteligencia y realizando acciones conjuntas, para desestabilizar gobiernos populares y para asesinar, hacer desaparecer y encarcelar militantes de izquierda.

En el plan Cóndor participaron los regímenes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en coordinación con Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Quien han investigado esta iniciativa, mencionan como inspirador al entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. La participación de Argentina se inicia con un regímenes civiles, el de Isabel Martínez, y se continúa con la dictadura instaurada en 1976.

En el Plan Cóndor tuvieran especial preponderancia los servicios de inteligencia y las fuerzas militares mandatadas para exterminar lo que calificaban como enemigo interno. Según los llamados archivos del terror, descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en 1992, el plan Cóndor dejaron un saldo de 50 mil muertos, alrededor de 30 mil desaparecidos y 400 mil preso, A estos resultados deben agregarse las torturas, el traslado de detenidos a otros países y el constante seguimiento y vigilancia a quienes caracterizaban como “subversivos”/terroristas..

El nuevo Plan Cóndor que en los últimos años se ha puesto en marcha se inscribe en otro contexto político mundial. En primer lugar debe contemplarse la existencia de una aguda crisis del capitalismo mundial donde los activos financieros, el dinero expresado en papeles, han perdido toda relación con la producción y los activos físicos. La crisis iniciada en 2008, aún en curso, no puede terminar sino con la evaporación o licuación del capital ficticio, lo que trae como consecuencia una feroz disputa por los bienes naturales como el agua, la tierra, los minerales y un incremento de las políticas de saqueo y despojo hacia los países que los poseen. Sobre el mapa del saqueo, resistencias populares y ubicación de bases militares, es muy ilustrativo el trabajo realizado desde hace años por la investigadora mexicana Ana Ester Ceceña. En segundo lugar debe contemplarse el agravamiento de la pugna intercapitalista entre las potencias hegemónicas en declinación: Estados Unidos, La Unión Europea y Japón, y las nuevas potencias emergentes (China, Rusia, India, Irán). En esa pugna y ante la posibilidad de una tercera guerra mundial, el control de los combustibles y los alimentos, adquiere carácter estratégico.

Lo novedoso en el Nuevo Plan Cóndor empieza a perfilarse hacia el interior de los países dominados una suerte de Estado de Excepción, que plantea la aparente paradoja de fuerzas políticas que tienen un mandato de origen constitucional-democrático, pero que actúan de modo dictatorial.

En el plano latinoamericano se advierte la aparición de nuevas fuerzas de tareas, que empiezan a jugar un papel decisivo en el apaciguamiento no solo de las experiencias revolucionarias en curso sino de rebeldía o autodeterminación de los pueblos, o cualquier intento de recuperación de soberanía política frente a las políticas imperiales.

Entre estas nuevas fuerzas de tareas podemos identificar en primer lugar a las que actúan en el terreno de la información y la propaganda. Estos son los monopolios mediáticos concentrados (diarios, radios y televisión basura/internet), y los ejércitos de comunicadores panelistas, opinologos, productores de Trolls, que operan en las redes sociales. Esta nueva fuerza de tarea es capaz de instalar noticias falsas (como la existencia de armas químicas de Irak, o su empleo por el gobierno sirio en la ciudad de Daza) de demonizar, aislar y justificar la intervención militar directa contra gobiernos y movimientos considerados enemigos, y de generar, contra toda evidencia, nuevas posverdades, como por ejemplo: “No existe el cambio climático, se trata de una campaña para perjudicar los intereses de Estados Unidos”.

La otra nueva fuerza de tarea actúa en el ámbito de la aplicación de la justicia, donde aplican las leyes antiterroristas contra los trabajadores y para criminalizar la protesta social, utilizando las figura de asociación ilícita, de arrepentidos y de la ampliación de facultades para imponer prisiones preventivas. Aunque resulta paradójico, estas mismas leyes están siendo aplicadas a referentes de gobiernos neodesarrollistas que las aprobaron (Caso Lula y dirigentes peronistas kirchneristas) apuntando a uno de sus puntos mas vulnerables, como son la financiación irregular de la política. (Con respecto a los procedimientos utilizados para la recaudación de fondos para sustentar millonarias campañas electorales, a quien tiene acceso Netflick, le recomiendo ver El Mecanismo) Lo que aquí esta en juego, no es la batalla contra la corrupción (parece una broma que a Estados Unidos,a Temer o Macri le pudiera preocupar la corrupcion), sino el castigo a cualquier iniciativa, aun dentro de proyectos capitalistas, que plantee algún nivel de autonomía con respecto a las políticas imperiales.

Me parece necesario precisar que no todos los países y gobiernos agredidos por las políticas imperialistas de saqueo y apropiación de sus bienes naturales, constituyen modelos de avance civilizatorio, ni se convierten, por su condición de víctimas, en proyectos revolucionarios. La denuncia de las guerras imperialistas en curso, la demonización mediatica, el acoso judicial, los bloqueos economicos, los bombardeos, las masacres, afectan principios básicos como son la autodeterminación de los pueblos, pero no invalidan que podamos caracterizar los caminos elegidos, precisando además que los mas vulnerables son quienes menos han apostado a la construcción de poder popular. Basta repasar el mapa de Latinoamérica y advertir quienes han resistido y quienes no, para que resuene la advertencia del Comandante Chávez Frías “No hay Patria, sin socialismo” . Por las dudas, la referencia al Socialismo se refiere a la orientación estratégicas y a las experiencias y poder acumulado en procesos de transición con sus idas y vueltas, no ha caracterizar que alguno de esos países se ha completado la transición al socialismo.

La ofensiva imperial capitalista contra los pueblos, su juventud, y los trabajadores que promueve el saqueo de los bienes naturales y una incrementación de la super explotación de las fuerzas de trabajo, va acompañada de una profunda campaña ideológica y cultural que trata de esconder bajo la alfombra las cuestiones nacionales (las luchas antiimperialistas) y de clases (la lucha de clases), y que limita los posibles avances de la humanidad a los derechos transversales (que trascienden las clases y las naciones). Desde la nueva cultura política que ha promovido el neoliberalismo y la globalización capitalista la consigna “Patria o muerte”, con que el Comandante Ernesto Guevara de la Serna culminó su discurso en las Naciones Unidas, parece arcaico, poco radical. Sin embargo consignas como estas son la última frontera que explica la resistencia de pueblos sometidos a condiciones de acoso y al hambre y la miseria como los que padecen el Pueblo Palestino y el Venezolano (y las que padeció el Pueblo Cubano, durante el Período Especial). Como ya lo advertía Mariategui, en países como los nuestros el patriotismo es una cuestión de clase, y solo puede asumirlo quien se ha despojado de sus anteojos coloniales, de su enajenación.

Como ocurrió con el primer Plan Cóndor, quienes son identificados como enemigos son todos aquellos no son metabolizables por la dominación capitalista mundial en su actual etapa porque se han convertido en un obstáculo para la apropiación inmediata de bienes naturales y el aumento de la superexplotación de la mano de obra, o porque constituyen proyectos de poder que cuestionan esa hegemonía. Resumiendo, es enemigo y objetivo a aniquilar lo que le quita el sueño al nuevo orden capitalista mundial, como amenaza inmediata o estratégica. Me parece conveniente reservar el concepto de radicalidad para esas manifestaciones de resistencia no metabolizables por el sistema y no para expresiones que solo alarman a los de abajo y provocan ataques de risa de los que mandan. Pensando en revoluciones que solo podrán protagonizar los pueblos, la palabra radicalidad esta asociada a dialogo, a la escucha, a la relación horizontal, a la preocupación por expresar nuestras propuestas mas avanzadas en una clave popular, y a la búsqueda permanente de construir puentes para la unidad de los de abajo. Nunca a la provocación, a lastimar los sentimientos populares, al sectarismo, a ningunear los esfuerzos por liberarnos expresados en la historia nacional y de nuestro continente.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

 

Del ALCA a la CELAC, la injerencia estadounidense no se detiene.

“Los Pueblos sin memoria histórica nada significan ni nada valen” Dr. Salvador Allende Gossens, Presidente de Chile: “Alca, Alca, Alca, ¡Vallansen al carajo yanquis de mierda!” Comandante de la esperanza Hugo Chávez Frías, Presidente de la Republica Venezolana Bolivariana.

Por Katu Arkonada/Bolivia.

Escritor y analista internacional/Addhee.ong:

El 24 de enero se celebra en Buenos Aires la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), encuentro al que asistirán alrededor de 15 presidentes de la región, entre ellos Lula da Silva, y que será presidido por el anfitrión Alberto Fernández.

Es obvio la importancia que tiene para el gobierno argentino que la Cumbre de la CELAC sea exitosa, pues en medio de la delicada situación política interna que atraviesa el país, con una elección presidencial el 22 de octubre, que la cumbre y el traspaso de la presidencia pro tempore (a San Vicente y las Granadinas, país miembro de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) salgan bien, ayudarían a mejorar la imagen de la Argentina en todo America Latina y el Caribe.

Pero la derecha latinoamericana, de la mano del Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia, conspiran para impedir el desarrollo de la CELAC, que se fortalece con la incorporación al eje progresista de los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, y Xiomara Castro en Honduras, país que pronto se incorporará a otro instrumento de integración regional como es el ALBA-TCP.

La apuesta de la derecha regional y Estados Unidos, que en su momento fue el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), derrotada precisamente en la Argentina, en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, es la OEA (más allá de que pronto dejarán caer a una marioneta llamada Luis Almagro).

Y así como en pleno auge del ciclo progresista conspiraron para imponer el “libre comercio” en todo América desde Canadá a la Patagonia, ahora lo hacen para derrotar el “marxismo cultural” y la “ideología de género”. Para idear un plan de acción contra la “expansión socialista” en América Latina hace poco se reunió en México la organización de ultraderecha más grande del mundo, la Conferencia Política de Acción Conservadora (CEPAC), con el exjefe de gabinete de Donald Trump, Steve Bannon, a la cabeza.

Sus resultados no se han hecho esperar. Varios de sus participantes han tenido un rol destacado en el golpe parlamentario contra Pedro Castillo en Perú, la segunda parte del golpismo boliviano liderado por Luis Fernando Camacho en Bolivia, o el golpe a la democracia del pasado 8 de enero cuando seguidores de Jair Bolsonaro tomaron en Brasilia el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional, y el Supremo Tribunal Federal.

Ahora, la derecha latinoamericana en general y la argentina particular, que está demostrando fuerza, especialmente al interior del sistema de justicia, conspiran para golpear la imagen de Alberto Fernández, y por extensión debilitar a la CELAC. Además, se suma el interés de la derecha cubano americana de Miami que tiene como objetivo golpear la presencia de las delegaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de los gobiernos que ellos consideran socialistas como Bolivia, Honduras, México, y Brasil, ahora que ha anunciado su reincorporación a la CELAC.

Entre los extremistas de Miami que se están reuniendo para conspirar contra la CELAC destacan:

Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático Cubano (DDC) que se ha caracterizado por su permanente accionar de provocación contra las delegaciones cubanas en cumbres iberoamericanas y otros foros internacionales.

Tomás Pedro Regalado y Valdez, exalcalde de Miami, militante del Partido Republicano y fiel seguidor de Trump, actual presidente del Instituto Interamericano para la Democracia.

Luis Manuel de la Caridad Zuñiga Rey, exagente de la CIA y exdirectivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), de la que fue responsable de su grupo paramilitar.

Rosa María Payá, respaldada por Marcos Rubio y Luis Almagro, su misión es la campaña anticubana en el exterior, siendo recibida por miembros del Parlamento Europeo a solicitud del Departamento de Estado.

Las personas mencionadas tienen en común el recibir un generoso financiamiento de agencias federales estadounidenses, apoyar cualquier medida que refuerce el bloqueo, y haber pedido públicamente una intervención militar contra Cuba y Venezuela.

Pero cualquier acción en esta Cumbre de la CELAC no puede llevarse a cabo sin colaboración local, y para ello están reuniéndose y conspirando con las siguientes personas de nacionalidad argentina:

Gabriel Salvia, Presidente de la fundación Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL), financiada por USAID y el Departamento de Estado.

Gerardo Bongiovanni, directivo de la Fundación Libertad, financiada por la NED y USAID, y vinculado también con las fundaciones ATLAS, FUPAD, RELIAL, CATO Institute, Friedrich Neuman y Konrad Adenauer, todas ellas en permanente campaña contra los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Leandro Querido, con estrechas relaciones con Rosa María Payá, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral.

Agustín Antonetti, coordinador del grupo joven de la Fundación Libertad, articulador mediático de la Red Atlas y principal operador en Twitter de la campaña anticubana en julio de 2021 y 2022.

Micaela Hierro Dori, fundadora y presidenta de la asociación Cultura Democrática, utilizada por la NED como intermediaria para financiar organizaciones como el Movimiento San Isidro.

Todas las personas anteriormente mencionadas, estadounidenses, cubanas y argentinas, trabajan en las siguientes acciones:

Iniciar una fuerte campaña en medios y redes sociales contra las delegaciones de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y México, utilizando medios regionales y también nacionales, para que brinden una cobertura negativa sobre la Cumbre de la CELAC.

Utilizar fondos de agencias federales de Estados Unidos, y fondos destinados a proyectos sociales de la OEA para financiar el traslado a Buenos Aires de elementos de la ultraderecha latinoamericana, con el fin de realizar acciones en el marco de la CELAC.

Ante la compleja situación por la que atraviesa la aerolínea oficial de Cuba y la posibilidad de que se recurra a una aeronave rusa o venezolana, exploran una maniobra legal para retener el avión, tal y como sucedió recientemente con el avión de carga venezolanoiraní de la empresa Emtrasur.

Movilizar en Buenos Aires a cubanos contrarrevolucionarios, amigos argentinos y de otras nacionalidades, para manifestarse frente a las embajadas de los países anteriormente mencionados.

Utilizar los contactos de Rosa María Payá con el Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou para reeditar durante la CELAC los ataques contra Cuba, al igual que sucedió en la anterior cumbre en México.

Realizar gestiones con las delegaciones de Paraguay y Ecuador para que en el contexto de la Cumbre realicen declaraciones contra los gobiernos calificados de “dictatoriales”.

Al igual que sucedió en 2005 en Mar del Plata, es indispensable que en 2023 en Buenos Aires sea rechazado este nuevo ataque contra la integración latinoamericana y caribeña.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.