jueves, 5 de marzo de 2020

Estados Unidos exige 175 años de cárcel para Assange



Estados Unidos exige 175 años de cárcel para Assange

Por Sergio Ortiz/ escritor, comunicador social, analista internacional/Barómetro Latinoamericano/ADDHEE.ONG:

Exigimos la libertad del fundador de Wikileaks, Julián Paul Assange.

 El 24 de febrero comenzó en Londres el juicio para saber si se extradita o no a Julián Assange a Estados Unidos, donde lo aguardan 18 causas penales y riesgo de 175 años de cárcel.

El lunes 24 empezó en la corte de Woolwich Crown, cercana a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, el juicio donde se resolverá si el Reino Unido acepta o no extraditar al fundador de WikiLeaks hacia Estados Unidos, tal como lo reclamó en la primera audiencia el fiscal estadounidense, James Lewis. El enviado judicial de la administración Trump declaró que Washington aplicará la misma persecución judicial que sufre el líder de WikiLeaks contra cualquier periodista que revele secretos de Estado.

El detalle que Lewis omitió es que lo divulgado en 2010 por el australiano en su sitio son pruebas sobre crímenes de guerra cometidos por militares de Estados Unidos que la justicia estadounidense no ha investigado. Ésta es una de las grandes paradojas de este infame proceso: los generales estadounidenses masacraron a población civil en Irak y Afganistán, torturaron prisioneros en Abu Ghraib (Irak) y Guantánamo, etc., pero están libres, percibiendo sus salarios y ostentando sus condecoraciones. En cambio, el medio que denunció esas atrocidades fue demonizado como si fuera parte del enemigo terrorista. Su director vio negada su condición de periodista y debió padecer en vida mil calvarios.

Su supuesto delito fue publicar hace diez años 250.000 cables diplomáticos cruzados entre el Departamento de Estado y las embajadas estadounidenses (incluyendo la de Argentina, como ya se verá) y unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en sus invasiones de Irak y Afganistán.

El primer cargo que le hicieron fue ayudar a la analista militar Chelsea Manning a extraer de computadoras los cables referidos a esos dos teatros de agresión. Por esa acusación la pena máxima era relativamente menor, 5 años de cárcel. Casi una invitación a aceptar la acusación y entregarse mansito porque en poco tiempo recuperaría la libertad. Luego le adosaron otros 17 cargos basados en una ley de Espionaje de 1917, de tiempos de la Primera Guerra Mundial, agravándose la eventual condena.

La condena de 175 años exigía por el régimen capitalista salvaje de los Estados Unidos, significan dos penas de muerte para el fundador de Wikileaks.

Si la jueza británica Vanessa Baraitser que dirige el juicio en Woolwich fallara a favor de la extradición, al australiano podrían condenarlo a un total de 175 años por esos 18 cargos. Como ya tiene 48 años de edad, sería una condena de más de dos penas de muerte.

Eso supondría una tremenda injusticia y virtual condena a perpetua, a morir en prisión. Pero hay algo peor aún: sería una condena para todo el periodismo, sobre todo el de investigación, el que escudriña en los secretos del poder imperial y los ventila para conocimiento de millones de personas. Washington estaría condenando al periodismo todo, no sólo al prisionero australiano. ¿Quién se animaría luego a repetir las hazañas del fundador de WikiLeaks o del estadounidense Edward Snowden, que también sacó a relucir las miserias de las agencias de espionaje estadounidense? A pesar de todo es posible que aparecieran nuevos Assange y Snowden, en un clima aún más peligroso que el que se respiraba entre 2010 y 2020.

A Chelsea Manning la condenaron a 35 años de cárcel acusada de pasar esos datos a WikiLeaks; estuvo presa 7 años y en 2017 fue indultada por Barack Obama. Entre marzo y mayo de 2019 fue nuevamente detenida para presionarla a declarar en contra de Assange, a lo que ella se negó.

Muchos años sufriendo

Para tratar de llevarlo detenido a yaquilandia, a Assange le inventaron una doble denuncia por abuso sexual formulada por dos mujeres en Suecia; la justicia de ese país decidió cerrar esas causas tras muchos años sin elementos para sustentarla.

Esa denuncia sirvió para que la justicia inglesa, donde Assange vivía, dispusiera juzgarlo y tenerlo 50 semanas bajo arresto domiciliario. Cuando venció ese lapso, se asiló en la embajada de Ecuador en Londres, con permiso del entonces presidente Rafael Correa, entre el 17 de junio de 2012 y el 11 de abril de 2019. Ese día el traidor “Kautsky” Moreno le quitó la protección y permitió que la policía inglesa lo llevara preso a Belmarsh. Desde entonces pasaron otros 315 días en prisión, esperando el juicio de extradición.

Si los números no fallan, el creador de WikiLeaks ha estado 3.154 días entre preso y asilado en un pequeño ambiente, sin poder cuidar su salud ni sus afectos, sometido a aislamiento, espionaje, campaña de demonización y sin poder armar su defensa. Eso ya suma 8,7 años de una detención arbitraria y como equivalente a tortura, como la calificó desde 2016 el relator el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer.
El juicio actual tiene dos fases previstas. Una durará esta semana y luego se reanudará entre el 18 de mayo y el 5 de junio próximo, cuando se emitirá el fallo.
Éstos son meses claves para la libertad y la vida de Assange, motivo por el cual no sólo los comunicadores del mundo deberían tomar posición pública. El cronista ya firmó la solicitada de 1.348 periodistas de 99 países (https://desinformemonos.org/periodistas-alzan-la-voz-en-defensa-de-julian-assange/ ; este es el link para realizar la firma).

Una razón extra para ser agradecidos con esa víctima del imperio militarista yanqui es que gracias a WikiLeaks se pudieron conocer los enjuagues de la embajada estadounidense, en tiempos de Vilma Martínez y de Earl Wayne con políticos como Mauricio Macri y Sergio Massa, el fiscal Alberto Nisman, los dueños de Clarín y operadores como Joaquín Morales Solá, Eduardo van der Kooy y Jorge Lanata.

De los miles de cables develados, 2.510 eran de la embajada yanqui en Buenos Aires, analizados por Santiago O’Donnell en “ArgenLeaks” (Ed. Sudamericana). Uno del 7 de mayo de 2007 informaba: “tenemos una fuerte relación de trabajo. Nos comunicamos de arriba a abajo con la línea gerencial, involucrándonos en conversaciones diarias con editores y periodistas de Clarín de Buenos Aires, sobre la relación bilateral, y rutinariamente los incluimos en programas de entrenamiento en los Estados Unidos” (pág. 99).

En noviembre de 2009 Massa, en reunión con la embajadora Martínez, “llamó a Néstor ‘psicópata y cobarde’ y dijo que su actitud de matón en la política esconde una profunda sensación de inseguridad e inferioridad” (pág. 213).

Una pena que los cables de WikiLeaks hayan sido olvidados por quien volvió a cultivar una amistosa relación con Héctor Magnetto y puso a Massa como titular de Diputados. Esas páginas les dio vuelta.

Lo subrayado es nuestro.




Memorial Assange por la defensa de la libertad de expresión.
Telesur/ADDHEE.ONG/Latinoamérica un Pueblo Continente Mr.:
El juicio a Julián Assange, fundador de WikiLeaks, es una metáfora perfecta de cómo opera hoy el imperialismo estadounidense en el mundo. Son las fuerzas armadas, el Departamento de Estado y la CIA quienes causaron miles de muertos en Afganistán, Irak, Libia o Siria, pero es a quien mostró al mundo esos crímenes a quien se quiere condenar a 175 años de cárcel por 18 delitos (17 de ellos tipificados por la Ley de Espionaje de 1917, aprobada con motivo de la I Guerra Mundial).
Lo ha expresado Rafael Correa de manera contundente. Si las revelaciones de Assange hubiesen sido sobre China o Rusia, en Washington ya se hubiera construido el Memorial Assange en defensa de la libertad de expresión y contra los crímenes de guerra de lesa humanidad.
Pero en esta era digital se mata al mensajero, sea este australiano, como Assange, o estadounidense, como Chelsea Manning, que pasó 7 años en prisión (de una condena de 35 años conmutada por Obama). Exactamente 7 años más que cualquier analista de inteligencia estadounidense que haya torturado civiles afganos o iraquíes.
También 7 años (2.487 días) fueron los que Julian Assange pasó refugiado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido tras la retirada de su condición de asilado político por un Kautsky Moreno subordinado a los intereses de Estados Unidos.
Si de algo es culpable Assange es de habernos abierto los ojos ante los crímenes de guerra de lesa humanidad estadounidenses, de ponernos delante los manuales de tortura de Guantánamo, o el video Collateral Murder, donde helicópteros AH-64 Apache abrían fuego en las calles de Bagdad y masacraban a 11 civiles (entre ellos 2 colaboradores de la agencia de noticias Reuters). Manuales e imágenes que hacían difícil mirar para otro lado ante los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y sus aliados a lo largo y ancho del planeta.
Pero torturas y masacres de civiles son solo la punta del iceberg de una nueva era digital donde ya no existe privacidad, y aunque hay una libertad de comunicación aparente gracias al internet, nuestras comunicaciones son espiadas y se ha militarizado el ciberespacio y la vida civil en general.
¿Qué es SIPRnet?
WikiLeaks hizo emerger el iceberg y de repente se convirtió en un elefante que estaba ante nosotros y no nos permitía mirar hacia otro lado. Gracias a WikiLeaks conocemos qué es SIPRNet, un protocolo secreto de redes de enrutado de internet que opera el Departamento de Defensa para alojar información confidencial.
Las filtraciones de Collateral Murder o Irak War Logs en abril y octubre de 2010, abrieron el camino para que en 2013 Edward Snowden filtrara la información sobre los programas PRISM y Xkeyscore de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense. Programas que servían para obtener y analizar de forma masiva datos y metadatos recogidos de compañías como Google, Facebook o Apple.
Es por mostrarnos como operan el imperio de la vigilancia y el imperialismo en la era digital, una alianza entre los aparatos militares de seguridad y las grandes empresas de internet, que Snowden está refugiado en Rusia, y a Assange se le retiene en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Londres, mientras se le juzga con el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos en un juicio que será retomado entre el 18 de mayo y el 5 de junio. Mientras tanto, la primera semana de juicio a Snowden se ha convertido también en una metáfora de lo que le espera al fundador de WikiLeaks en caso de ser extraditado: el primer día de juicio fue desnudado dos veces, retenido en cinco celdas diferentes, y esposado once veces.
Más allá de lo que dictamine un tribunal de un aliado estratégico de Estados Unidos en la Organización Tratado Atlántico norte (OTAN), tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han calificado de detención arbitraria la situación de Snowden, he insistido en la necesidad de garantizar el asilo. Por no hablar de la condena mundial al intento de censurar la libertad de expresión, en un caso amparado por la propia Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Resulta paradójico que en 2020 estemos debatiendo recorte de derechos que si se hubiesen producido hace 50 años, hubiesen imposibilitado el escándalo de Watergate y la renuncia de Nixon.
Es por ello, que el juicio al fundador de WikiLeaks es un juicio contra la libertad de expresión, porque como dijo el propio Assange: “Cada vez que somos testigos de una injusticia y no actuamos somos más pasivos ante su presencia y con ello podemos llegar a perder toda habilidad para defendernos y para defender a quienes queremos”.
Pero además, el juicio a Assange es la posibilidad de manifestarnos contra el imperialismo de la era digital y el imperio de la vigilancia que construye. Lo dijo el propio Snowden: “No quiero vivir en un mundo donde todo lo que yo diga o haga, toda persona con quien yo hable, toda expresión de creatividad, amor o amistad sea grabada”.
No queremos que los regímenes vigilen de forma indiscriminada a sus ciudadanos y ciudadanas, pero sí queremos una ciudadanía que mantenga observada a las cloacas del poder para que respondan por los crímenes cometidos en guerras de despojo por los recursos naturales del planeta.


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