La increíble (y peligrosa) bicéfala democracia brasileña
Por
Prof. Boaventura de Sousa Santos* – /Escritor, filosofo, académico y
analista internacional
Brasil se encuentra en la cuerda floja entre la
democracia y el fascismo. El «funcionamiento regular de las instituciones» no
garantiza que la democracia prevalezca sobre el fascismo por la sencilla razón
de que una de las instituciones democráticas, el Congreso, no está funcionando
con normalidad. Por lo tanto, la lucha entre la democracia y el fascismo
acabará tarde o temprano librándose en las calles. Visto desde lejos, da la
impresión de que los demócratas brasileños aún no se han dado cuenta de lo que
está en juego. Existen instituciones intermedias y de la sociedad civil fuertes
que tienen el poder de despertar las conciencias, pero, aparentemente
deslumbradas por las recientes decisiones del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF),
han caído en la trampa de pensar que la democracia brasileña era más fuerte que
nunca y que podían dormir tranquilas. Ojalá no despierten demasiado tarde.
En la historia reciente, rara vez un régimen
democrático nos ofrece en el breve espacio de una semana dos imágenes tan
discrepantes como las que nos acaba de ofrecer la democracia brasileña. Por un
lado, con pleno respeto por las garantías procesales y la Constitución, el STF
castiga severamente a los autores de un golpe de Estado que por poco no habría
puesto fin a la democracia brasileña. Una semana después, la Cámara de
Diputados aprueba por amplia mayoría de 353 votos contra 134 una ley que
legaliza la total impunidad de los congresistas y prepara otra que declara la
amnistía de los condenados por el golpe de Estado. El segundo proyecto de ley
es dramático y hará sangrar a la democracia de forma espectacular. Pero el
primero es aún más peligroso porque, con él, el fascismo se viste de democracia
y seguirá paseándose pacíficamente entre los demócratas hasta que estos un día
se despierten y algo les recuerde que, al fin y al cabo, la democracia ya
terminó hace tiempo sin que se dieran cuenta.
En realidad, el proyecto de blindaje de los
congresistas va mucho más allá del llamado foro privilegiado: según sus
términos, para que el Tribunal Supremo pueda iniciar una investigación contra
un congresista por un delito común, será necesaria la autorización previa,
según los casos, de la Cámara o del Senado. Como es de esperar que funcione el
instinto corporativo que domina en estas instituciones («hoy te defiendo a ti
para que mañana me defiendas a mí»), este proyecto de ley, si se convierte en
ley, transforma al Congreso en un vasto cobertizo de impunidad, una especie de
zona especial en el ámbito político donde no rigen las leyes del país. El
órgano legislativo se convierte en el órgano de subversión de la ley.
La obsesión por eludir el control judicial de la
legislación y la actividad de los legisladores consagrada en la Constitución
(quien promulga las leyes no es quien las aplica, interpreta o ejecuta) es tal
que puede conducir a situaciones caricaturescas, además de manifiestamente
inconstitucionales y generadoras de caos político y social. Supongamos que se
comete un delito común contra otro congresista. ¿También se necesita la
autorización de la Cámara o del Senado? Si no es así, se ha creado un caos
constitucional; si es así, se ha creado un caos político y social.
Las recientes sentencias del STF y el proyecto de
blindaje no encajan en el arco de tensión dialéctica propio de la democracia.
La segunda decisión está fuera de ese arco y su objetivo es impedir que en el
futuro se produzcan decisiones del primer tipo. De hecho, imposibilita
cualquier posibilidad de supervisión judicial de todas las actividades de los
parlamentarios. La primera decisión es democrática, la segunda es
antidemocrática. La primera separa la democracia del fascismo, la segunda crea
un híbrido demofascista.
Esta afirmación se deriva de los fundamentos de la
teoría democrática. El primer fundamento es que, en democracia, quien hace las
leyes está sujeto a ellas. Este es el incentivo para legislar sin tener en
cuenta solo el interés propio, y para hacerlo en términos generales, de modo
que la ley tenga aplicación general.
De ello se derivan cuatro beneficios. En primer
lugar, la arbitrariedad, en el sentido de utilizar el poder público para fines
privados o actuar basándose en caprichos momentáneos, se sustituye por la
estabilidad de leyes relativamente fijas, abiertas, claras y prospectivas, que
se administran de manera imparcial y se elaboran para promover el bien común.
En segundo lugar, la libertad individual se promueve gracias a la capacidad
resultante de planificar en un entorno relativamente seguro y predecible. En
tercer lugar, la separación de funciones aporta ganancias de eficiencia
asociadas a la división del trabajo. En particular, la actividad del poder
legislativo se vuelve menos pesada como resultado de la delegación de más
decisiones a corto plazo a un poder ejecutivo capaz de actuar con mayor
coherencia y rapidez. En cuarto lugar, este sistema garantiza la
responsabilidad mutua de los poderes. Inicialmente, el objetivo era hacer que
el ejecutivo rindiera cuentas ante el legislativo, pero con el tiempo el
principal problema pasó a ser cómo hacer que el legislativo rindiera cuentas.
Estos cuatro beneficios se ven cuestionados por la propuesta del Congreso.
El segundo fundamento es la separación articulada
de poderes en la teoría democrática. Según la definición de Ronald Dworkin, el constitucionalismo es el sistema que
establece derechos legales que el poder legislativo no puede sustituir, violar
o descuidar. La separación articulada de poderes significa separación
funcional, institucional y prohibición de superposición. No es una cuestión
jurídica, sino política, basada en la superioridad de la Constitución. John
Locke creía que la diferencia esencial entre la sociedad política y el Estado
de naturaleza era que, en este último, no existía una separación articulada de
poderes. La gravedad de la propuesta de los 353 congresistas reside en situar a
la democracia brasileña en una pendiente resbaladiza que va de la sociedad
civil al estado de naturaleza. Con congresistas así, no hacen falta enemigos
extranjeros para destruir la frágil y fuerte democracia brasileña.
*Boaventura de Sousa Santos es una referencia
mundial en el campo de la ciencia social. Ha escrito y publicado
exhaustivamente en las áreas de sociología del derecho, sociología política,
epistemología, estudios poscoloniales, movimientos sociales, globalización,
democracia participativa, reforma del Estado y derechos humanos.
Moraes fue contundente al señalar que no existen dudas sobre
la existencia del intento golpista y calificó a Bolsonaro como el líder de una
organización criminal que buscó subvertir el resultado electoral de 2022.
Arrancó la primera de las tres jornadas de votación en
la fase decisiva del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en
la que un panel de cinco ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá
si condena a los responsables por el intento de golpe tras las elecciones de
2022.
El ministro Alexandre de Moraes, ponente del caso y
primero en votar en la sesión de este martes, aseguró que no existen dudas
sobre la existencia del intento golpista y calificó a Bolsonaro como
el líder de una organización criminal que buscó subvertir el resultado electoral
de 2022.
En su voto inaugural, Moraes validó la delación premiada
de Mauro Cid, exayudante de órdenes, rechazando los cuestionamientos de las
defensas que buscaban anular la colaboración.
Sostuvo que las supuestas contradicciones en los distintos
testimonios de Cid no invalidan la delación en su conjunto y que los episodios
relatados abarcan varios hechos distintos, no versiones contradictorias
sobre la misma maniobra.
Moraes fue contundente al señalar que no existen dudas sobre
la existencia del intento golpista y calificó a Bolsonaro como el líder de
una organización criminal que buscó subvertir el resultado electoral de 2022.
La pieza clave del caso es la declaración de Mauro Cid, cuya
cooperación ha sido presentada por la fiscalía como reveladora: según esos
testimonios, Cid vinculó a Bolsonaro con la planificación del intento de
subversión del orden constitucional y señaló reuniones en las que, según su
versión, se discutieron incluso planes para asesinar al presidente Lula, al
vicepresidente Alckmin y al propio ministro Moraes.
Con ese marco, su voto abre la puerta a la posible
condena, la primera en la historia reciente de Brasil en la que un
expresidente podría ser sentenciado por un intento de golpe de Estado, si
al menos tres de los cinco magistrados se pronuncian en ese sentido.
El veredicto se espera hacia finales de la semana, cuando
los cinco ministros hayan emitido su voto, ya que se requieren al menos
tres votos para emitir una condena final.
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