“Chile un
Vietnam silencioso”...
Dr. Salvador Allende Gossens, presidente
de Chile: pensamiento y acción revolucionaria socialista marxista Chilena y latinoamericana...
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 4 de diciembre de 1972,
Nueva York, Estados Unidos.
El presidente Ho Chi Minh y el Dr. Salvador allende Gossens,
presidente del senado y de la republica de chile, dos grandes soñadores, dos
grandes luchadores sociales para dos grandes pueblos, Vietnam y Chile, el sueño
del presidente Ho Chi Ming, se hizo una feliz realidad, el sueño del compañero
presidente Dr. Salvador Allende Gossens fue traicionado.
Compañero presidente Dr. Salvador Allende Gossens, presente
hoy y siempre, Prof. Moreno Peralta CNUB/PSCH, Berlín DDR, 30/09/1980
Chile, un
Vietnam silencioso
Señor presidente, señoras y señores delegados:
Agradezco el alto honor que se me hace al invitarme a ocupar
esta tribuna, la más representativa del mundo y el foro más importante y de
mayor trascendencia en todo lo que atañe a la humanidad. Saludo al señor
secretario general de las Naciones Unidas, a quien tuvimos el agrado de recibir
en nuestra patria en las primeras semanas de su mandato, y a los representantes
de más de 130 países que integran la Asamblea.
A usted, señor presidente, proveniente de un país con el
cual nos unen lazos fraternales, y a quien personalmente apreciamos cuando
encabezó la delegación de la República Popular de Polonia a la III UNCTAD;
junto con rendir homenaje a su alta investidura, deseo agradecerle sus palabras
tan significativas y calurosas.
Vengo de Chile, un país pequeño pero donde hoy cualquier
ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia
cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene
cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical,
donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un
régimen multipartidista, con un Parlamento de actividad ininterrumpida desde su
creación hace 160 años, donde los Tribunales de Justicia son independientes del
Ejecutivo, en que desde 1833 sólo una vez se ha cambiado la Carta
Constitucional, sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada.
Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos
premios Nobel de Literatura: Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de
modestos trabajadores. Historia, tierra y hombre se funden en un gran sentido
nacional.
Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha
estado sometida, e inclusive enajenada, a empresas capitalistas extranjeras,
que ha sido conducido a un endeudamiento exterior superior a los 4.000 millones
de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30 % del valor de sus exportaciones,
con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, crónicamente
estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir
en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada.
Hoy vengo aquí, porque mi país está enfrentado a problemas que,
en su trascendencia universal, son objeto de la permanente atención de esta
Asamblea de las naciones, la lucha por la liberación social, el esfuerzo por el
bienestar y el progreso intelectual, la defensa de la personalidad y dignidad
nacionales.
La perspectiva que tenía ante sí mi patria, como tantos
otros países del Tercer Mundo, era un modelo de modernización reflejo, que los
estudios técnicos y la realidad más trágica coinciden en demostrar que está
condenado a excluir de las posibilidades de progreso, bienestar y liberación
social a más y más millones de personas, relegándolas a una vida subhumana.
Modelo que va a producir mayor escasez de viviendas, que condenará a un número
cada vez más grande de ciudadanos a la cesantía, al analfabetismo, a la
ignorancia y a la miseria fisiológica.
La misma perspectiva, en síntesis, que nos ha mantenido en una
relación de colonización o dependencia. Que nos ha explotado en tiempos de
guerra fría, pero también en tiempos de conflagración bélica y, también, en tiempos
de paz. A nosotros, los países subdesarrollados, se nos quiere condenar a ser
realidades de segunda clase, siempre subordinadas.
Este es el modelo que la clase trabajadora chilena, al
imponerse como protagonista de su propio porvenir, ha resuelto rechazar, buscando
en cambio un desarrollo acelerado, autónomo y propio, transformando
revolucionariamente las estructuras tradicionales.
El pueblo de Chile ha conquistado el gobierno tras una larga
trayectoria de generosos sacrificios, y se encuentra plenamente entregado a la
tarea de instaurar la democracia económica, para que la actividad productiva
responda a las necesidades y expectativas sociales, y no a intereses de lucro
personal. De modo programado y coherente, la vieja estructura apoyada en la
explotación de los trabajadores y en el dominio por una minoría de los
principales medios de producción, está siendo superada. En su reemplazo surge
una nueva estructura, dirigida por los trabajadores, que puesta al servicio de
los intereses de la mayoría, está sentando las bases de un crecimiento que
implica desarrollo auténtico, que involucra a todos los habitantes y no margina
a vastos sectores de conciudadanos a la miseria y a la relegación social.
Los trabajadores están desplazando a los sectores
privilegiados del poder político y económico, tanto en los centros de labor
como en las comunas y en el Estado. Este es el contenido revolucionario del
proceso que está viviendo mi país, de superación del sistema capitalista, para
dar apertura al socialismo.
La necesidad de poner al servicio de las enormes carencias
del pueblo la totalidad de nuestros recursos económicos iba a la par con la
recuperación para Chile de su dignidad. Debíamos acabar con la situación de que
nosotros, los chilenos, debatiéndonos contra la pobreza y el estancamiento,
tuviéramos que exportar enormes sumas de capital, en beneficio de la más poderosa
economía de mercado del mundo. La nacionalización de los recursos básicos constituía
una reivindicación histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo
la subordinación que implicaba tener más del 80 % de sus exportaciones en manos
de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras, que siempre han
antepuesto sus intereses a las necesidades de los países en los cuales lucran.
Tampoco podíamos aceptar la lacra del latifundio, los
monopolios industriales y comerciales, el crédito en beneficio de unos pocos, las
brutales desigualdades en la distribución del ingreso.
El cambio de la estructura del poder que estamos llevando a
cabo, el progresivo papel de dirección que en ella asumen los trabajadores, la
recuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra patria
de la subordinación a las potencias extranjeras, son la culminación de un largo
proceso histórico. De esfuerzo por imponer las libertades políticas y sociales,
de heroica lucha de varias generaciones de obreros y campesinos por organizarse
como fuerza social para conquistar el poder político y desplazar a los
capitalistas del poder económico.
Su tradición, su personalidad, su conciencia revolucionaria permiten
al pueblo chileno el proceso hacia el socialismo fortaleciendo las libertades
cívicas, colectivas e individuales, respetando el pluralismo cultural e
ideológico. El nuestro es un combate permanente por la instauración de las
libertades sociales, de la democracia económica, mediante el pleno ejercicio de
las libertades políticas.
La voluntad democrática de nuestro pueblo ha asumido el
desafío de impulsar el proceso revolucionario dentro de los marcos de un Estado
de derecho altamente institucionalizado, que ha sido flexible a los cambios y
que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad
socioeconómica.
Hemos nacionalizado las riquezas básicas.
Hemos nacionalizado el cobre.
Lo hemos hecho por decisión unánime del Parlamento, donde los
partidos del gobierno están en minoría.
Queremos que todo el mundo lo entienda claramente: no hemos confiscado
las empresas extranjeras de la gran minera del cobre.
Eso sí, de acuerdo con disposiciones constitucionales,
reparamos una injusticia histórica, al deducir de la indemnización las
utilidades por ellas percibidas más allá de un 12 % anual, a partir de 1955.
Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los
últimos quince años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan exorbitantes
que, al aplicárseles como límite de utilidad razonable el 12 % anual, esas
empresas fueron afectadas por deducciones de significación. Tal es el caso, por
ejemplo, de una filial de Anaconda Company que, entre 1955 y 1970, obtuvo en
Chile una utilidad promedio del 21,5 % anual sobre su valor de libro, mientras
las utilidades de Anaconda en otros países alcanzaban sólo un 3,6 % al año.
Esa es la situación de una filial de Kennecott Copper
Corporation que, en el mismo periodo, obtuvo en Chile una utilidad promedio del
52 % anual, llegando en algunos años a utilidades tan increíbles como el 106 %
en 1967, el 113 % en 1968, y más del 205 % en 1969. El promedio de las
utilidades de la Kennecott en otros países alcanzaba, en la misma época, menos
del 10 % anual. Sin embargo, la aplicación de la norma constitucional ha
determinado que otras empresas cupríferas no fueran objeto de descuentos por concepto
de utilidades excesivas, ya que sus beneficios no excedieron el límite
razonable del 12 % anual.
Cabe destacar que, en los años inmediatamente anteriores a
la nacionalización, las grandes empresas del cobre habían iniciado planes de
expansión, los que en gran medida han fracasado, y para los cuales no aportaron
recursos propios, no obstante las grandes utilidades que percibían, y que
financiaron a través de créditos externos.
De acuerdo con las disposiciones legales, el Estado chileno
ha debido hacerse cargo de esas deudas, las que ascienden a la enorme cifra de
más de 727 millones de dólares. Hemos empezado a pagar incluso deudas que una
de estas empresas había contratado con la Kennecott, su compañía matriz en
Estados Unidos.
Estas mismas empresas, que explotaron el cobre chileno
durante muchos años, sólo en los últimos 42 años, se llevaron en ese lapso más
de cuatro mil millones de dólares de utilidades, en circunstancia que su
inversión inicial no subió de 30 millones. Un simple y doloroso ejemplo: en
agudo contraste, en mi país hay 700.000 niños que jamás podrán gozar de la vida
en términos normalmente humanos, porque en sus primeros ocho meses de
existencia no recibieron la cantidad elemental de proteínas. Cuatro mil
millones de dólares transformarían totalmente a mi patria. Sólo parte de esta
suma aseguraría proteínas para siempre a todos los niños de mi patria.
La nacionalización del cobre se ha hecho observando
escrupulosamente el ordenamiento jurídico interno y con respeto a las normas
del Derecho Internacional, el cual no tiene por qué ser identificado con los
intereses de las grandes empresas capitalistas.
Este es, en síntesis, el proceso que mi patria vive, que he
creído conveniente presentar ante esta Asamblea, con la autoridad que nos da el
que estamos cumpliendo con rigor las recomendaciones de las Naciones Unidas, y
apoyándonos en el esfuerzo interno como base del desarrollo económico y social.
Aquí, en este foro, se ha aconsejado el cambio en las instituciones y de las
estructuras atrasadas; la movilización de los recursos nacionales —naturales y
humanos—; la redistribución del ingreso; dar prioridad a la educación y a la
salud, así como a la atención de los sectores más pobres de la población. Todo
esto es parte esencial de nuestra política y se halla en pleno proceso de
ejecución.
Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta
tribuna a denunciar que mi país es víctima de una grave agresión.
Habíamos previsto dificultades y resistencia externas para
llevar a cabo nuestro proceso de cambios, sobre todo frente a la
nacionalización de nuestros recursos naturales. El imperialismo y su crueldad
tienen un largo y ominoso historial en América Latina, y está muy cerca la
dramática y heroica experiencia de Cuba. También lo está la del Perú, que ha
debido sufrir las consecuencias de su decisión de disponer soberanamente de su
petróleo.
En plena década del 70, después de tantos acuerdos y
resoluciones de la comunidad internacional, en los que se reconoce el derecho
soberano de cada país de disponer de sus recursos naturales en beneficio de su
pueblo; después de la adopción de los Pactos Internacionales sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y de la Estrategia para el Segundo Decenio
del Desarrollo, que solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una nueva
manifestación del imperialismo. Más sutil, más artera, y terriblemente eficaz,
para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano.
Desde el momento mismo en que triunfamos electoralmente, el
4 de septiembre de 1970, estamos afectados por el desarrollo de presiones
externas de gran envergadura, que pretendió impedir la instalación de un
gobierno libremente elegido por el pueblo, y derrocarlo desde entonces. Que ha
querido aislarnos del mundo, estrangular la economía y paralizar el comercio
del principal producto de exportación: el cobre. Y privarnos del acceso a las
fuentes de financiamiento internacional.
Estamos conscientes de que, cuando denunciamos el bloqueo financiero-económico
con que se nos arremete, tal situación aparece difícil de ser comprendida con
facilidad por la opinión pública internacional, y aun por algunos de nuestros
compatriotas. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido
declarada sin esbozo ante la faz del mundo. Por el contrario, es un ataque siempre
oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile.
Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra; sin
bandera, con armas poderosas, apostadas en los más variados lugares de
influencia.
Sobre nosotros no pesa ninguna prohibición de comerciar.
Nadie ha declarado que se propone un enfrentamiento con nuestra nación.
Pareciera que no tenemos más enemigos que los propios y naturales adversarios
políticos internos. No es así. Somos víctimas de acciones imperceptibles,
disfrazadas generalmente con frases y declaraciones que ensalzan el respeto a
la soberanía y a la dignidad de nuestro país. Pero nosotros conocemos en carne
propia la enorme distancia que hay entre dichas declaraciones y las acciones
específicas que debemos soportar.
No estoy aludiendo a cuestiones vagas. Me refiero a
problemas concretos que hoy aquejan a mi pueblo, y que van a tener
repercusiones económicas aún más graves en los meses próximos.
Chile, como la mayor parte de los países del Tercer Mundo,
es muy vulnerable frente a la situación del sector externo de su economía. En
el transcurso de los últimos doce meses, el descenso de los precios
internacionales del cobre ha significado al país, cuyas exportaciones alcanzan
a poco más de mil millones de dólares, la perdida de ingresos de aproximadamente
200 millones de dólares. Mientras los productos, tanto industriales como
agropecuarios, que debemos importar, han experimentado fuertes alzas; algunos de
ellos, hasta de un 60 %.
Como casi siempre, Chile compra a precios altos y vende a
precios bajos.
Ha sido justamente en estos momentos, de por sí difíciles
para nuestra balanza de pagos, cuando hemos debido hacer frente, entre otras, a
las siguientes acciones simultáneas destinadas, al parecer, a tomar revancha
del pueblo chileno por su decisión de nacionalizar el cobre.
Hasta el momento de la iniciación de mi gobierno, Chile
percibía por concepto de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales,
tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, un monto
de recursos cercano a 80 millones de dólares al año. Violentamente, esos
financiamientos han sido interrumpidos.
En el decenio pasado, Chile recibía préstamos de la Agencia
para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos (AID), por un
valor de 50 millones de dólares.
No pretendemos que esos préstamos sean restablecidos.
Estados Unidos es soberano para otorgar ayuda externa, o no, a cualquier país.
Sólo queremos señalar que la drástica supresión de esos créditos ha significado
contracciones importantes en nuestra balanza de pagos.
Al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de
crédito a corto plazo de la banca privada norteamericana, destinadas al financiamiento
de nuestro comercio exterior, por cerca de 220 millones de dólares. En breve
plazo, se ha suspendido de estos créditos un monto de alrededor de 190 millones
de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse las respectivas
operaciones.
Como la mayor parte de los países de América Latina, Chile, por
razones tecnológicas y de otro orden, debe efectuar importantes adquisiciones
de bienes de capital en Estados Unidos. En la actualidad, tanto los
financiamientos de proveedores como los que ordinariamente otorga el Eximbank
para este tipo de operaciones, nos han sido también suspendidos, encontrándonos
en la anómala situación de tener que adquirir esta clase de bienes con pago
anticipado, lo cual presiona extraordinariamente sobre nuestra balanza de
pagos.
Los desembolsos de préstamos contratados por Chile con
anterioridad a la iniciación de mi gobierno, con agencias del sector público de
Estados Unidos, y que se encontraban entonces en ejecución, también se han
suspendido. En consecuencia, tenemos que continuar la realización de los
proyectos correspondientes, efectuando compras al contado en el mercado norteamericano,
ya que, en plena marcha de las obras, es imposible reemplazar la fuente de las
importaciones respectivas.
Para ello, se había previsto que el financiamiento
proviniera de organismos del gobierno estadounidense.
Como resultado de acciones dirigidas en contra del comercio del
cobre en los países de Europa Occidental, nuestras operaciones de corto plazo
con bancos privados de ese continente —basadas fundamentalmente en cobranzas de
ventas de este metal— se han entorpecido enormemente. Esto ha significado la no
renovación de líneas de crédito por más de 20 millones de dólares; la
suspensión de gestiones financieras que estaban a punto de concretarse por más
de 200 millones de dólares, y la creación de un clima que impide el manejo
normal de nuestras compras en tales países, así como distorsiona agudamente
todas nuestras actividades en el campo de las finanzas externas.
Esta asfixia financiera de proyecciones brutales, dadas las
características de la economía chilena, se ha traducido en una severa limitación
de nuestras posibilidades de abastecimiento de equipos, de repuestos, de
insumos, de productos alimenticios, de medicamentos. Todos los chilenos estamos
sufriendo las consecuencias de estas medidas, las que se proyectan en la vida
diaria de cada ciudadano y, naturalmente también, en la vida política interna.
Lo que he descrito significa que se ha desvirtuado la
naturaleza de los organismos internacionales, cuya utilización como
instrumentos de la política bilateral de cualquiera de sus países miembros, por
poderoso que sea, es jurídica y moralmente inaceptable. ¡Significa presionar a
un país económicamente débil! ¡Significa castigar a un pueblo por su decisión
de recuperar sus recursos básicos! ¡Significa una forma premeditada de
intervención en los asuntos internos de un país! ¡Esto es lo que denominamos
insolencia imperialista!
Señores delegados, ustedes lo saben y no pueden dejar de
recordarlo: todo esto ha sido repetidamente condenado por resoluciones de
Naciones Unidas.
No sólo sufrimos el bloqueo financiero, también somos
víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de
las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la
Internacional Telegraph & Telephone Company y la Kennecott Copper
Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política.
La ITT, gigantesca corporación cuyo capital es superior al
presupuesto internacional de varios países latinoamericanos juntos, y superior
incluso al de algunos países industrializados, inició, des de el momento mismo
en que se conoció el triunfo popular en la elección de septiembre de 1970, una
siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura.
Entre septiembre y noviembre del año mencionado, se
desarrollaron en Chile acciones terroristas planeadas fuera de nuestras fronteras,
en colusión con grupos fascistas internos, las que culminaron con el asesinato
del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, hombre
justo y gran soldado, símbolo del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas de
Chile.
En marzo del año en curso, se revelaron los documentos que denuncian
la relación entre esos tenebrosos propósitos y la ITT. Esta última ha
reconocido que incluso hizo en 1970 sugerencias al gobierno de Estados Unidos
para que interviniera en los acontecimientos políticos de Chile. Los documentos
son auténticos. Nadie ha osado desmentirlos.
Posteriormente, el mundo se enteró con estupor, en julio
último, de distintos aspectos de un nuevo plan de acción que la misma ITT
presentara al gobierno estadounidense, con el propósito de derrocar a mi
gobierno en el plazo de seis meses. Tengo en mi portafolio el documento,
fechado en octubre de 1971, que contiene los dieciocho puntos que constituían
ese plan. Proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el
desorden social, crear el pánico en la población, para que, al ser sobrepasado
el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen
democrático e imponer una dictadura.
En los mismos momentos en que la ITT proponía ese plan, sus representantes
simulaban negociar con mi gobierno una fórmula para la adquisición, por el
Estado chileno, de la participación de la ITT en la Compañía de Teléfonos de
Chile. Desde los primeros días de mi administración, habíamos iniciado
conversaciones para adquirir la empresa telefónica que controlaba la ITT, por
razones de seguridad nacional.
Personalmente, recibí en dos oportunidades a altos
ejecutivos de esa empresa. En las discusiones mi gobierno actuaba de buena fe.
La ITT, en cambio, se negaba a aceptar el pago de un precio fijado de acuerdo
con una tasación de expertos internacionales. Ponía dificultades para una
solución rápida y equitativa, mientras subterráneamente intentaba desencadenar
una situación caótica en mi país.
La negativa de la ITT a aceptar un acuerdo directo, y el
conocimiento de sus arteras maniobras, nos han obligado a enviar al Congreso un
proyecto de ley de nacionalización. La decisión del pueblo chileno de defender
el régimen democrático y el progreso de la revolución; la lealtad de las
Fuerzas Armadas hacia su patria y sus leyes, han hecho fracasar estos
siniestros intentos.
Señores delegados: Yo acuso, ante la conciencia del mundo, a
la ITT de pretender provocar en mi patria una guerra civil. Esto es lo que
nosotros calificamos de acción imperialista.
Chile está ahora ante un peligro cuya solución no depende
solamente de la voluntad nacional, sino de una vasta gama de elementos
externos. Me estoy refiriendo a la acción emprendida por la Kennecott Copper.
Acción que, como expresó la semana pasada el ministro de Minas e Hidrocarburos
del Perú en la Reunión Ministerial del Comité Intergubernamental de Países
Exportadores de Cobre (CIPEC), trae a la memoria del pueblo revolucionario del Perú
un pasado de oprobio del que fuera protagonista la Internacional Petroleum Co.,
expulsada definitivamente del país por la revolución.
Nuestra Constitución establece que las disputas originadas
por las nacionalizaciones deben ser resueltas por un tribunal que, como todos
los de mi país, es independiente y soberano en sus decisiones. La Kennecott
Copper aceptó esta jurisdicción y durante un año litigó ante este tribunal. Su
apelación fue denegada y entonces decidió utilizar su gran poder para despojarnos
de los beneficios de nuestras exportaciones de cobre y presionar contra el
gobierno de Chile. Llegó en su osadía hasta demandar, en septiembre último, el
embargo del precio de dichas exportaciones ante los tribunales de Francia, de
Holanda y de Suecia. Seguramente lo intentará también en otros países. El
fundamento de estas acciones no puede ser más inaceptable, desde cualquier
punto de vista jurídico y moral.
La Kennecott pretende que tribunales de otras naciones, que nada
tienen que ver con los problemas o negocios que existan entre el Estado chileno
y la Compañía Kennecott Copper, decidan que es nulo un acto soberano de nuestro
Estado, realizado en virtud de un mandato de la más alta jerarquía, como es el
dado por la Constitución política y refrendado por la unanimidad del pueblo
chileno.
Esa pretensión choca contra los principios esenciales del
Derecho Internacional, en virtud de los cuales los recursos naturales de un
país, sobre todo cuando se trata de aquellos que constituyen su vida, le
pertenecen y puede disponer libremente de ellos. No existe una ley
internacional aceptada por todos, o en este caso, un tratado específico que así
lo acuerde. La comunidad mundial, organizada bajo los principios de las
Naciones Unidas, no acepta una interpretación del Derecho Internacional
subordinada a los intereses del capitalismo, que lleve a los tribunales de cualquier
país extranjero a amparar una estructura de relaciones económicas al servicio
de aquél. Si así fuera, se estaría vulnerando un principio fundamental de la
vida internacional: el de no intervención en los asuntos internos de un Estado,
como expresamente lo reconoció la III UNCTAD.
Estamos regidos por el Derecho Internacional, aceptado
reiteradamente por las Naciones Unidas, en particular en la Resolución 1803 de
la Asamblea General; normas que acaba de reforzar la Junta de Comercio y
Desarrollo, precisamente teniendo como antecedente la denuncia que mi país
formuló contra la Kennecott.
La resolución respectiva, junto con reafirmar el derecho
soberano de todos los países a disponer libremente de sus recursos naturales,
declaró que “en aplicación de este principio, las nacionalizaciones que los
Estados lleven a cabo para rescatar estos recursos son expresión de una
facultad soberana, por lo que corresponde a cada Estado fijar las modalidades
de tales medidas, y las disputas que pueden suscitarse con motivo de ellas son
de recurso exclusivo de sus tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Resolución 1803 de la Asamblea General”. Esta resolución, excepcionalmente,
permite la intervención de jurisdicciones extranacionales, siempre que “exista
acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas”.
Esta es la única tesis aceptable en las Naciones Unidas. Es
la única que está conforme con su filosofía y sus principios. Es la única que
puede proteger el derecho de los débiles contra el abuso de los fuertes.
Como no podía ser de otra manera, hemos obtenido en los
tribunales de París el levantamiento del embargo que pesaba sobre el valor de
una exportación de cobre. Seguiremos defendiendo sin desmayo la exclusiva
competencia de los tribunales chilenos para conocer de cualquier diferendo relativo
a la nacionalización de nuestro recurso básico.
Para Chile, esta no es sólo una importante materia de
interpretación jurídica. Es un problema de soberanía. Señores delegados: es
mucho más, es un problema de supervivencia.
La agresión de la Kennecott causa prejuicios graves a
nuestra economía. Solamente las dificultades directas impuestas a la
comercialización del cobre han significado a Chile, en dos meses, pérdidas de
muchos millones de dólares. Pero eso no es todo. Ya me he referido a los
efectos vinculados al entorpecimiento de las operaciones financieras de mi país
con la banca de Europa Occidental.
Evidente es, también, el propósito de crear un clima de
inseguridad ante los compradores de nuestro principal producto de exportación,
lo que no se logrará.
Hacia allá se dirigen, en este momento, los designios de
esta empresa imperialista, porque no se puede esperar que, en definitiva,
ningún poder político o judicial prive a Chile de lo que legítimamente le
pertenece. Busca doblegarnos. ¡Jamás lo conseguirá!
La agresión de las grandes empresas capitalistas pretende
impedir la emancipación de las clases populares. Representa un ataque directo
contra los intereses económicos de los trabajadores.
Señores delegados: el chileno es un pueblo que ha alcanzado
la madurez política para decidir, mayoritariamente, el reemplazo del sistema
económico capitalista por el socialista. Nuestro régimen político ha contado
con instituciones suficientemente abiertas para encauzar esta voluntad
revolucionaria sin quiebres violentos.
Me hago un deber en advertir a esta Asamblea que las represalias
y el bloqueo dirigidos a producir contradicciones y deformaciones económicas
encadenadas, amenazan con repercutir sobre la paz y convivencia internas. No lo
lograrán. La inmensa mayoría de los chilenos sabrá resistirlas en actitud
patriótica y digna. Lo dije al comienzo: la historia, la tierra y el hombre
nuestro se funden en un gran sentido nacional.
Ante la III UNCTAD tuve la oportunidad de referirme al
fenómeno de las corporaciones transnacionales y destaqué el vertiginoso
crecimiento de su poder económico, influencia política y acción corruptora. De
ahí, la alarma con que la opinión mundial debe reaccionar ante semejante
realidad. El poderío de estas corporaciones es tan grande, que traspasa todas
las fronteras. Sólo las inversiones en el extranjero de las compañías
estadounidenses, que alcanzan hoy a 32.000 millones de dólares, crecieron entre
1950 y 1970 a un ritmo de un 10 % al año, mientras las exportaciones de ese
país aumentaron sólo a un 5 %. Sus utilidades son fabulosas y representan un
enorme drenaje de recursos para los países en desarrollo.
Sólo en un año, estas empresas retiraron utilidades del
Tercer Mundo que significaron transferencias netas a favor de ellas de 1.723
millones de dólares: 1.013 millones de América Latina, 280 de África, 366 del
Lejano Oriente y 64 del Medio Oriente. Su influencia y su ámbito de acción están
trastocando las prácticas tradicionales del comercio entre los Estados, de
transferencia tecnológica, de transmisión de recursos entre las naciones y las
relaciones laborales.
Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las
grandes corporaciones transnacionales y los Estados Unidos. Éstos aparecen
interferidos en sus decisiones fundamentales —políticas, económicas y
militares— por organizaciones globales que no dependen de ningún listado y que
en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún
parlamento. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que
está siendo socavada. “Los mercaderes no tienen patria. El lugar donde actúan
no constituye un vínculo. Sólo les interesa la ganancia.” Esta frase no es mía,
es de Jefferson.
Pero las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra
los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción
avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados, donde
se asientan. Ello ha sido denunciado en los últimos tiempos en Europa y Estados
Unidos, lo que ha originado una investigación en el propio Senado estadounidense.
Ante este peligro, los pueblos desarrollados no están más seguros que los subdesarrollados.
Es un fenómeno que ya ha provocado la creciente movilización de los trabajadores
organizados, incluyendo a las grandes entidades sindicales que existen en el
mundo. Una vez más, la actuación solidaria internacional de los trabajadores
deberá enfrentar a un adversario común: el imperialismo.
Fueron estos actos los que, principalmente, decidieron al
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a raíz de la denuncia
presentada por Chile, a aprobar, en julio pasado, por unanimidad, una
resolución disponiendo la convocatoria de un grupo de personalidades mundiales,
para que estudien la “Función y los efectos de las Corporaciones
Transnacionales en el proceso de Desarrollo, especialmente de los Países en
Desarrollo y sus Repercusiones en las Relaciones Internacionales”, y que
presenten recomendaciones para una Acción Internacional Apropiada.
El nuestro no es un problema aislado ni único. Es la
manifestación local de una realidad que nos desborda. Que abarca el continente
latinoamericano y el Tercer Mundo. Con intensidad variable y con peculiaridades
singulares, todos los países periféricos están expuestos a algo semejante.
El sentido de solidaridad humana que impera en los países
desarrollados debe sentir repugnancia porque el grupo de empresas llegue a
poder interferir impunemente en el engranaje más vital de la vida de una
nación, hasta perturbarlo totalmente.
El portavoz del Grupo Africano, al anunciar en la Junta de
Comercio y Desarrollo, hace algunas semanas, la posición de estos países frente
a la denuncia que hizo Chile por la agresión de la Kennecott Copper, declaró
que su grupo se solidarizaba plenamente con Chile, porque no se trataba de una
cuestión que afectara sólo a una nación, sino que afecta potencialmente a todo
el mundo en desarrollo. Esas palabras tienen un gran valor, porque significan
el reconocimiento de todo un continente de que a través del caso chileno está
planteada una nueva etapa de la batalla entre el imperialismo y los países
débiles del Tercer Mundo.
La batalla por la defensa de los recursos naturales es parte
de la que libran los países del Tercer Mundo para vencer el subdesarrollo. La
agresión que nosotros padecemos hace aparecer como ilusorio el cumplimiento de
las promesas hechas en los últimos años en cuanto a una acción de envergadura
para superar el estado de atraso y necesidad de las naciones de África, Asia y
América Latina. Hace dos años, esta Asamblea General, con ocasión del vigésimo
quinto aniversario de la creación de las Naciones Unidas, proclamó en forma
solemne la Estrategia para el Segundo Decenio del Desarrollo. Por ella, todos
los Estados miembros de la organización se comprometieron a no omitir esfuerzos
para transformar, a través de medidas concretas, la actual injusta división
internacional del trabajo y para colmar la enorme brecha económica y tecnológica
que separa a los países opulentos de los países en vías de desarrollo.
Estamos comprobando que ninguno de estos propósitos se
convierte en realidad. Al contrario, se ha retrocedido.
Así, los mercados de los países industrializados han
continuado tan cerrados como antes para los productos básicos de los países en
desarrollo, especialmente los agrícolas, y aún aumentan los indicios de
proteccionismo; los términos del intercambio se siguen deteriorando, el sistema
de preferencias generalizadas para las exportaciones de nuestras manufacturas y
semimanufacturas no ha sido puesto en vigencia por la nación cuyo mercado
ofrecía mejores perspectivas, dado su volumen, y no hay indicios de que lo sea en
un futuro inmediato.
La transferencia de recursos financieros públicos, lejos de
llegar al 0,7 % del Producto Nacional Bruto de las naciones desarrolladas, ha
bajado del 0,34 % al 0,24 %. El endeudamiento de los países en desarrollo, que
ya era enorme a principios del presente año, ha subido en pocos meses de 70 a 75
mil millones de dólares. Los cuantiosos pagos por servicios de deudas, que
representan un drenaje intolerable para esos países, han sido provocados en
gran medida por las condiciones y modalidades de los préstamos. Dichos
servicios aumentaron en un 18 % en 1970 y en un 20 % en 1971, lo que es más del
doble de la tasa media del decenio de 1960.
Este es el drama del subdesarrollo y de los países que
todavía no hemos sabido hacer valer nuestros derechos y defender, mediante una
vigorosa acción colectiva, el precio de las materias primas y productos
básicos, así como hacer frente a las amenazas y las agresiones del
neoimperialismo.
Somos países potencialmente ricos, vivimos en la pobreza.
Deambulamos de un lugar a otro pidiendo créditos, ayuda y,
sin embargo, somos —paradoja propia del sistema económico capitalista— grandes
exportadores de capitales.
América Latina, como componente del mundo en desarrollo, se integra
en el cuadro que acabo de exponer. Junto con Asia, África y los países
socialistas, ha librado, en los últimos años, muchas batallas para cambiar la
estructura de las relaciones económicas y comerciales con el mundo capitalista;
para sustituir el injusto y discriminatorio orden económico y monetario creado
en Bretton Woods, al término de la Segunda Guerra Mundial.
Cierto es que, entre muchos países de nuestra región y los
de otros continentes en desarrollo, se comprueban diferencias en el ingreso
nacional, y aún las hay dentro de aquellas donde existen varios países que
podrían ser considerados como de menor desarrollo relativo entre los
subdesarrollados.
Pero tales diferencias —que mucho se mitigan al compararlas con
el producto nacional del mundo industrializado— no marginan a Latinoamérica del
vasto sector postergado y explotado de la humanidad.
Ya el Consenso de Viña del Mar, en 1969, afirmó esas
coincidencias y tipificó, precisó y cuantificó el atraso económico y social de
la región y los factores externos que lo determinan, destacando las enormes
injusticias cometidas en su contra, bajo el disfraz de cooperación y ayuda,
porque en América Latina grandes ciudades, que muchos admiran, ocultan el drama
de cientos de miles de seres que viven en poblaciones marginales, producto de
un pavoroso desempleo y subempleo; esconden las desigualdades profundas entre
pequeños grupos privilegiados y las grandes masas, cuyos índices de nutrición y
de salud no superan a los de Asia y África, que casi no tienen acceso a la
cultura.
Es fácil comprender por qué nuestro continente
latinoamericano registra una alta mortalidad infantil y un bajo promedio de
vida, si se tiene presente que en él faltan 28 millones de viviendas, el 56 %
de su población está subalimentada, hay más de 100 millones de cesantes y más
de 50 millones con trabajos ocasionales.
Más de 20 millones de latinoamericanos no conocen la moneda,
ni siquiera como medio de intercambio.
Ningún régimen, ningún gobierno, ha sido capaz de resolver
los grandes déficit de vivienda, trabajo, alimentación y salud. Por el contrario,
éstos se acrecientan año a año con el aumento vegetativo de la población. De
continuar esta situación, ¿qué ocurrirá cuando seamos más de 600 millones de
habitantes a fines de siglo?
No siempre se percibe que el subcontinente latinoamericano, cuyas
riquezas potenciales son enormes, ha llegado a ser el principal campo de acción
del imperialismo económico en los últimos 30 años. Datos recientes del Fondo
Monetario Internacional nos informan que la cuenta de inversiones privadas de
los países desarrollados en América Latina arrojó un déficit en contra de ésta,
de 10 millones de dólares entre 1960 y 1970. En una palabra, esta suma
constituye un aporte neto de capitales de esta región al mundo opulento, en 10
años.
Chile se siente profundamente solidario con América Latina, sin
excepción alguna. Por tal razón, propicia y respeta estrictamente la Política
de No Intervención y de Autodeterminación que aplicamos en el plano mundial.
Estimulamos fervorosamente el incremento de nuestras relaciones económicas y
culturales. Somos partidarios de la complementación y de la integración de
nuestras economías. De ahí que trabajamos con entusiasmo dentro del cuadro de
la ALALC y, como primer paso, por la formación del Mercado Común de los Países
Andinos, que nos une con Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador.
América Latina deja atrás la época de las protestas, que
contribuyeron a robustecer su toma de conciencia. Han sido destruidas, por la
realidad, las fronteras ideológicas; han sido quebrados los propósitos
divisionistas y agresionistas, y surge el afán de coordinar la ofensiva de la
defensa de los intereses de los pueblos en el continente, y en los demás países
en desarrollo.
“Aquellos que imposibilitan la revolución pacífica, hacen
que la revolución violenta sea inevitable.”
La frase no es mía. ¡La comparto! Pertenece a John Kennedy.
Chile no está solo, no ha podido ser aislado ni de América
Latina ni del resto del mundo. Por el contrario, ha recibido infinitas muestras
de solidaridad y apoyo. Para derrotar los intentos de crear en torno nuestro un
cerco hostil, se conjugaron el creciente repudio al imperialismo, el respeto
que merecen los esfuerzos del pueblo chileno y la respuesta a nuestra política
de amistad con todas las naciones del mundo.
En América Latina todos los esquemas de cooperación o
integración económica y cultural de los que formamos parte, en el plano
regional y subregional, han continuado vigorizándose a ritmo acelerado y,
dentro de ellos, nuestro comercio ha crecido considerablemente, en particular
con Argentina, México y los países del Pacto Andino.
No ha sufrido trizaduras la coincidencia de los países
latinoamericanos, en foros mundiales y regionales, para sostener los principios
de libre determinación sobre los recursos naturales. Y frente a los recientes
atentados contra nuestra soberanía, hemos recibido fraternales demostraciones
de total solidaridad. A todos, nuestro reconocimiento.
Es justo mencionar las reiteraciones de solidaridad del
presidente del Perú, hechas durante la conversación que sostuve con él hace horas,
y señalar la fraternal recepción que me brindan el presidente y el pueblo
mexicanos en la grata visita que acabo de realizar a su nación.
Cuba socialista, que sufre los rigores del bloqueo, nos ha
entregado sin reservas, permanentemente, su adhesión revolucionaria.
En el plano mundial, debo destacar muy especialmente que desde
el primer momento hemos tenido a nuestro lado, en actitud ampliamente
solidaria, a los países socialistas de Europa y Asia. La gran mayoría de la comunidad
mundial nos honró con la elección de Santiago como sede de la III UNCTAD, y ha
acogido con interés nuestra invitación para albergar la Primera Conferencia
Mundial sobre el Derecho del Mar, que reitero en esta oportunidad.
La reunión a nivel ministerial de los Países No Alineados,
celebrada en Georgetown, Guyana, en septiembre último, nos expresó públicamente
su decidido respaldo frente a la agresión de que somos objeto por parte de
Kennecott Copper.
El CIPEC, organismo de coordinación establecido por los
principales exportadores de cobre —Perú, Zaire, Zambia y Chile—, reunido a
solicitud de mi gobierno, a nivel ministerial, recientemente en Santiago, para
analizar la situación de agresión en contra de mi patria creada por la
Kennecott, adoptó varias resoluciones y recomendaciones a los Estados, que
constituyen un claro apoyo a nuestra posición y un importante paso dado por
países del Tercer
Mundo para defender el comercio en sus productos básicos.
Estas resoluciones serán, seguramente, materia de importante
debate en la Segunda Comisión.
Sólo quiero citar aquí la categórica declaración de que
“todo acto que impida o entrabe el ejercicio del derecho soberano de los países
a disponer libremente de sus recursos naturales, constituye una agresión
económica”.
Y, desde luego, los actos de la empresa Kennecott contra
Chile son agresión económica; por lo tanto, acuerdan solicitar de sus gobiernos
se suspenda con ella toda relación económica y comercial; que las disputas
sobre indemnizaciones, en caso de nacionalización, son de exclusiva competencia
de los Estados que las decretan.
Pero lo más significativo es que acordó crear un mecanismo permanente
de protección y solidaridad en relación al cobre. Este mecanismo, junto a la
OPEC, que opera en el campo petrolero, es el germen de lo que debiera ser una
organización de todos los países del Tercer Mundo, para proteger y defender la
totalidad de sus productos básicos, tanto los mineros e hidrocarburos, como los
agrícolas.
La gran mayoría de los países de Europa Occidental, desde el
extremo norte con los países escandinavos, hasta el extremo sur con España, han
seguido cooperando con Chile y nos ha significado su comprensión.
Por último, hemos visto con emoción la solidaridad de la
clase trabajadora del mundo, expresada por sus grandes centrales sindicales, y
manifestada en actos de hondo significado, como fue la negativa de los obreros
portuarios de Le Havre y Rótterdam a descargar el cobre de Chile, cuyo pago ha
sido, arbitraria e injustamente, embargado.
Señor presidente, señores delegados:
He centrado mi exposición en la agresión a Chile y en los
problemas latinoamericanos y mundiales que a ella se conectan, ya sea en su origen
o en sus efectos. Quisiera ahora referirme brevemente a otras cuestiones que
interesan a la comunidad internacional.
No voy a mencionar todos los problemas mundiales que están en
el temario de esta Asamblea. No tengo la pretensión de avanzar soluciones sobre
ellos. Esta Asamblea está trabajando afanosamente, desde hace más de dos meses,
en definir y acordar medidas adecuadas.
Confiamos en que el resultado de esta labor será fructífero.
Mis observaciones serán de carácter general y reflejan preocupaciones del
pueblo chileno.
Con ritmo acelerado se transforma el cuadro de la política
internacional que hemos vivido desde la posguerra, y ello ha producido una
nueva correlación de fuerzas. Han aumentado y se han fortalecido centros de
poder político y económico. En el caso del mundo socialista, cuya influencia ha
crecido notablemente, su participación en las más importantes decisiones de
política en el campo internacional es cada vez mayor. Es mi convicción que no podrán
transformarse las relaciones comerciales y el sistema monetario internacionales
—aspiración compartida por los pueblos — si no participan plenamente en ese
proceso todos los países del mundo, y entre ellos los del área socialista. La
República Popular
China, que alberga en sus fronteras a casi un tercio de la
humanidad, ha recuperado, después de un largo e injusto ostracismo, el lugar
que es el suyo en el foro de las negociaciones multilaterales y ha entablado
nexos diplomáticos y de intercambio con la mayoría de los países del mundo.
Se ha ampliado la Comunidad Económica Europea con el ingreso
del Reino Unido de Gran Bretaña y otros países, lo que le da un peso mayor a
las decisiones, sobre todo en el campo económico. El crecimiento económico del
Japón ha alcanzado una velocidad portentosa.
El mundo en desarrollo está adquiriendo cada día mayor
conciencia de sus realidades y de sus derechos. Exige justicia y equidad en el
trato y que se reconozca el lugar que le corresponde en el escenario mundial.
Motores de esta transformación han sido, como siempre, los pueblos,
en su progresiva liberación para convertirse en sujetos de la historia. La
inteligencia del hombre ha impulsado vertiginosos procesos de la ciencia y de
la técnica. La persistencia y el vigor de la política de coexistencia pacífica,
de independencia económica y de progreso social que han promovido las naciones
socialistas, han contribuido decisivamente al alivio de las tensiones que
dividieron al mundo durante más de veinte años, y han determinado la aceptación
de nuevos valores en la sociedad y en las relaciones internacionales.
Saludamos los cambios que traen promesas de paz y de
prosperidad para muchos pueblos, pero exigimos que participe de ellos la
humanidad entera. Desgraciadamente, estos cambios han beneficiado sólo en grado
mezquino al mundo en desarrollo.
Éste sigue tan explotado como antes. Distante cada vez más
de la civilización del mundo industrializado. Dentro de él bullen nobles aspiraciones
y justas rebeldías que continuarán estallando con fuerza creciente.
Manifestamos complacencia por la superación casi completa de
la guerra fría y por el desarrollo de acontecimientos alentadores, las
negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tanto respecto al
comercio como al desarme; la concertación de tratados entre la República
Federal de Alemania, la Unión Soviética y Polonia; la inminencia de la
Conferencia de Seguridad Europea; las negociaciones entre los dos Estados
alemanes y su ingreso prácticamente asegurado a las Naciones Unidas; las
negociaciones entre los gobiernos de la República Popular Democrática de Corea y
de la República de Corea, para nombrar los más promisorios. Es innegable que en
la arena internacional hay treguas, acuerdos, disminución de la situación
explosiva.
Pero hay demasiados conflictos no resueltos, que exigen la
voluntad de concordia de las partes, o de la colaboración de la comunidad
internacional y de las grandes potencias. Continúan activas las agresiones y
disputas en diversas partes del mundo: conflicto en el Medio Oriente, el más
explosivo de todos, donde todavía no ha podido obtenerse la paz, según lo han
recomendado resoluciones de los principales órganos de las Naciones Unidas, el
asedio y la persecución contra Cuba; la explotación colonial; la ignominia del
racismo y del apartheid; el ensanchamiento de la brecha económica y tecnológica
entre países ricos y países pobres.
No hay paz para Indochina, pero tendrá que haberla. Llegará
la paz para Vietnam. Tiene que llegar porque ya nadie duda de la inutilidad de
esta guerra monstruosamente injusta, que persigue un objetivo tan irrealizable
en estos días como es imponer, a pueblos con conciencia revolucionaria, políticas
que no pueden compartir porque contrarían su interés nacional, su genio y su
personalidad.
Habrá paz. Pero ¿qué deja esta guerra tan cruel, tan
prolongada, tan desigual? El saldo, tras tantos años de lucha cruenta, es sólo
la tortura de un pueblo admirable en su dignidad, millones de muertos y de
huérfanos, ciudades enteras desaparecidas; cientos de miles de hectáreas de
tierras asoladas, sin vida vegetal posible; la destrucción ecológica. La
sociedad estadounidense conmovida, miles de hogares sumidos en el pesar
por la ausencia de los suyos.
No se siguió la ruta de Lincoln.
Esta guerra deja también muchas lecciones. Que el abuso de
la fuerza desmoraliza al que la emplea y produce profundas dudas en su propia
conciencia social. Que la convicción de un pueblo que defiende su independencia
lo lleva al heroísmo y lo hace capaz de resistir la violencia material del más
gigantesco aparato militar y económico.
El nuevo cuadro político crea condiciones favorables para
que la comunidad de naciones haga en los años venideros un gran esfuerzo
destinado a dar renovada vida y dimensión al orden internacional.
Dicho esfuerzo deberá inspirarse en los principios de la
Carta y en otros que la comunidad ha ido agregando, por ejemplo los de la
UNCTAD. Como lo hemos dicho, tres conceptos fundamentales que presiden las
responsabilidades entregadas a las Naciones Unidas debieran servirle de guía;
el de la seguridad colectiva política, el de la seguridad colectiva
económico-social y el del respeto universal a los derechos fundamentales del
hombre, incluyendo los de orden económico, social y cultural, sin
discriminación alguna.
Damos particular importancia a la tarea de afirmar la
seguridad económica colectiva, en la cual tanto han insistido recientemente
Brasil y el secretario general de las Naciones Unidas.
Como paso importante en esta dirección, la organización
mundial cuanto antes debiera hacer realidad la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, fecunda idea que llevó el
presidente de México, Luis Echeverría, a la III UNCTAD. Como el ilustre
mandatario del país hermano, creemos que no es posible un orden justo y un
mundo estable en tanto no se creen obligaciones y derechos que protejan a los
Estados débiles.
La acción futura de la colectividad de naciones debe
acentuar una política que tenga como protagonistas a todos los pueblos. La Carta
de las Naciones Unidas fue concebida y presentada en nombre de “Nosotros los
pueblos de las Naciones Unidas”.
Las acción internacional tiene que estar dirigida a servir
al hombre que no goza de privilegios sino que sufre y labora: al minero de
Cardiff, como el fellah de Egipto; al trabajador que cultiva el cacao en Ghana
o en Costa de Marfil, como al campesino del altiplano en Sudamérica; al pescador
de Java, como al cafetero de Kenia o de Colombia. Aquella debiera alcanzar a
los dos mil millones de seres postergados a los que la colectividad tiene la
obligación de incorporar al actual nivel de evolución histórica y reconocerles
el valor y la dignidad de persona humana, como lo contempla el preámbulo de la
Carta.
Es la tarea impostergable para la comunidad internacional asegurar
el cumplimiento de la Estrategia para el Segundo Decenio del Desarrollo, y
poner este instrumento a tono con las nuevas realidades del Tercer Mundo y con
la renovada conciencia de los pueblos.
La disminución de las tensiones en las relaciones entre
países, el progreso de la cooperación y el entendimiento exigen y permiten
simultáneamente reconvertir las gigantescas actividades destinadas a la guerra
en otras que impongan, como nueva frontera, atender las inconmesurables carencias
de todo orden de más de dos tercios de la humanidad. De modo tal que los países
más desarrollados aumenten su producción y empleo en asociación con los reales
intereses de los países menos desarrollados. Sólo entonces podríamos hablar de
una auténtica comunidad internacional.
La presente Asamblea deberá concretar la realización de la Conferencia
Mundial para establecer el llamado Derecho del Mar, es decir, un conjunto de
normas que reglen, de modo global, todo lo referente al uso y explotación del
vasto espacio marino, comprendiendo su subsuelo. Es esta una tarea grandiosa y promisoria
para las Naciones Unidas, porque estamos frente aun problema del cual recién la
humanidad, como un todo, adquiere conciencia y aun muchas situaciones
establecidas pueden conciliarse perfectamente con el interés general. Quiero
recordar que cupo a los países del extremo sur de América Latina —Ecuador, Perú
y Chile— iniciar, hace justo veinte años, esta toma de conciencia, que
culminará con la adopción de un tratado sobre el Derecho del Mar. Es imperativo
que ese tratado incluya el principio aprobado por la III UNCTAD sobre los
derechos de los Estados ribereños a los recursos dentro de su mar
jurisdiccional y, al mismo tiempo, cree los instrumentos y los mecanismos para
que el espacio extrajurisdiccional sea patrimonio común de la humanidad y sea
explotado en beneficio de todos por una autoridad internacional.
Reafirmo nuestra esperanza en la misión de las Naciones Unidas.
Sabemos que sus éxitos o sus fracasos dependen de la voluntad política de los
Estados y de su capacidad para interpretar los anhelos de la inmensa mayoría de
la raza humana. De ellos depende que Naciones Unidas pueda ser un foro
meramente convencional o un instrumento eficaz.
He traído hasta aquí la voz de mi patria, unida frente a las
presiones externas. Un país que pide comprensión, que reclama justicia. La
merece, porque siempre ha respetado el principio de autodeterminación y ha
observado estrictamente el de no intervención en los asuntos internos de otros
Estados. Nunca se ha apartado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales
y ahora cultiva relaciones amistosas con todos los países del orbe. Cierto es
que con algunos tenemos diferencias, pero no hay ninguna que no estemos
dispuestos a discutir, utilizando para ellos los instrumentos multilaterales o
bilaterales que hemos suscrito.
Nuestro respeto a los tratados es invariable.
Señores delegados: he querido reafirmar, así, enfáticamente,
que la voluntad de paz y cooperación universal es una de las características
dominantes del pueblo chileno. De ahí la resuelta firmeza con que defenderá su
independencia política y económica, y el cumplimiento de sus obligaciones
colectivas, democráticamente adoptadas en el ejercicio de su soberanía.
En menos de una semana, acaban de ocurrir hechos que
convierten en certeza nuestra confianza de que venceremos pronto en la lucha
entablada para alcanzar dichos objetivos. La franca, directa y cálida
conversación sostenida con el distinguido presidente del Perú, general Juan
Velasco Alvarado, quien reiteró públicamente la solidaridad plena de su país
con Chile ante los atentados que acabamos de denunciar ante ustedes; los
acuerdos del CIPEC, que ya cité, y mi visita a México.
Es difícil, casi imposible, describir la profundidad, la
firmeza, el afecto del apoyo que nos fue brindado por el gobierno y el pueblo mexicano.
Recibí tales demostraciones de adhesión del presidente Echeverría, del
Parlamento, de las universidades y, sobre todo, de pueblo, expresándose en
forma multitudinaria, que la emoción todavía me embarga y me abruma por su
infinita generosidad.
Vengo reconfortado, porque después de esa experiencia sé
ahora, con certidumbre absoluta, que la conciencia de los pueblos latinoamericanos
acerca de los peligros que nos amenazan a todos adquiere una nueva dimensión, y
que ellos están convencidos de que la unidad es la única manera de defenderse
de este grave peligro.
Cuando se siente el fervor de cientos de miles de hombres y
mujeres, apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza:
Estamos con ustedes, no cejen, vencerán, toda duda se disipa, toda angustia se
desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del Río Bravo, que se yerguen
para decir: ¡Basta! ¡Basta a la dependencia! ¡Basta a las presiones! ¡Basta a
la intervención! Para afirmar el derecho soberano de todos los países en
desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales. Existe una
realidad, hecha voluntad y conciencia. Son más de 250 millones de seres que
exigen ser oídos y respetados.
Cientos de miles de chilenos me despidieron con fervor al
salir de mi patria, y me entregaron el mensaje que he traído a esta asamblea
mundial. Estoy seguro de que ustedes, representantes de las naciones de la
Tierra, sabrán comprender mis palabras. Es vuestra confianza en nosotros lo que
incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de
que esos valores tendrán que prevalecer. ¡No podrán ser destruidos!
