Chile: masacres de Estado e impunidad
Por Prof. Felipe Portales Cifuentes / académico, historiador y analista internacional/ADDHEE.ONG:
PROLEGOMENOS:
La Declaración de la Primera Junta de Gobierno 18/9/1810, la celebración
de la Independencia con las fiestas patrias, “un flagrante anacronismo”:
A la mayoría del
Pueblo Chileno marginada de la “Historia Oficial”, con mucho cuento y poca
historia, que impone la oligarquía empresarial, financiera-bancaria/agiotista,
terrateniente/ agrícola monopolista con la complicidad de su testaferra la
clase burguesa politicastra/castrense corrupta por más de 200 años, le
carga este flagrante anacronismo al
epígrafe señalado.
¿De qué país se
independizó la Capitanía general chilensis, del Virreinato del Perú dependiente
en lo económico y `político?. Un enclave colonial que ni siquiera era
reconocido como país. ¿De España, la
“Madre Patria” ocupada por el ejército de Napoleón con su rey Fernando VII
preso en París?. Esta vergüenza trató de
terminarla con la verdadera declaración de la independencia decretada
por el Padre de la Patria chilena general libertadora Bernardo O’Higgins
Riquelme el 12 de febrero de 1817, sancionado, en plebiscito....
- La
segunda vergüenza el Padre de la Patria
Chilena el General Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme vilipendiado,
despreciado, ninguneado, apodado “el guacho Riquelme” por la oligarquía
empresarial antes señalada, sin serlo...
- La
tercera vergüenza, ”la pacificación de
la Araucanía” por el ejército, el genocidio del Pueblo Mapuche, raíz etnológica
del Pueblo chileno...
- La
cuarta vergüenza que se le haya entregado
el premio nacional de literatura en 1951, a la profesora Gabriela
Mistral, con posterioridad al Premio Nobel 1945, que no fue iniciativa de
Chile, sino del hermano Pueblo Ecuatoriano que la presentó...
El compañero
presidente Dr. Salvador Allende Gossens, quiso romper con los moldes trillados
de la seuda democracia de la minoría
reaccionaria que imponía e impone
la oligarquía empresarial con la complicidad de la clase burguesa
politicastra/castrense corrupta y terminar
con todas las vergüenzas que cargaba su pueblo que tanto amó. Se rebeló
y, confiando en su propia personalidad, inteligencia, entregó lo mejor de sus
energías a la noble y justa causa de
la Clase Trabajadora, de los explotados,
los marginados de los campamentos, de los sin voz ni justicia, cuyo primer
desafío consistía en cambiar la arcaica
constitución a partir de lograr la mayoría en las elecciones parlamentarias de
Marzo de 1973. Con una Constitución elaborada y sancionada por el pueblo en el
marco de una asamblea legislativa constituyente iniciar la construcción de la
Segunda República con “ una sociedad donde todos seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres”. Esto le costó la vida. Fue
asesinado por la dictadura cívico militar y el país ocupado por las fuerzas
armadas, sobreviviendo entre el Estado de sitio y el estado de excepción por
más de 50 años, en el contexto de una constitución/artilugio de 1980, impuesta
por la dictadura de marras una
aberración en materia jurídica, ilegítima en su aprobación y antidemocrática en
los conceptos para destacados para expertos en derecho constitucional,
Con esperanza y
memoria que más temprano que tarde, el Pueblo Chileno, la mayoría se sacuda de
éstas vergüenzas, junto con las lacras de la oligarquía empresarial CMPC/
Sofofa y su testaferra, la clase burguesa politicastra castrense corrupta e inicie
la construcción de la Segunda
República, a partir de la Primera República del Presidente General Libertador
Bernardo O’Higgins Riquelme.
Prof. Moreno
Peralta/IWA
Secretario ejecutivo Addhee.Ong
Y no sólo en la
impunidad sino que ¡han quedado totalmente desconocidas! debido a la
sistemática ocultación que de ellas han hecho el sistema educacional, los
medios masivos de comunicación y la generalidad de nuestros “historiadores
oficiales”.
Así, casi todos los
chilenos desconocemos que entre los siglos XIX y XX hubo un parcial genocidio
del pueblo mapuche cometido por el Ejército (un 20% de acuerdo a José Bengoa) y
uno total de los pueblos indígenas australes cometido por latifundistas
extranjeros y chilenos con la complicidad del Estado.
Y que a partir de
fines del siglo XIX el Ejército –bajo órdenes del Gobierno– cometió numerosas
matanzas masivas de trabajadores y pobladores, incluyendo en ocasiones a
mujeres y niños.
Todas ellas (¡salvo
la de Iquique de 1907, gracias a la Cantata de Santa María de Iquique de Luis
Advis, popularizada por el grupo “Quilapayún”!) han quedado completamente
desconocidas hasta el día de hoy. Entre ellas las de Valparaíso (1903);
Santiago (1905); Antofagasta (1906); Punta Arenas (1920); San Gregorio (1921);
Vallenar (1931); Ranquil (1934) y Santiago (1957).
Incluso, en estos
días ¡se ha ignorado completamente el centenario de la mayor masacre (junto con
la de Iquique) de hombres, mujeres y niños de nuestra historia! La cometida a
comienzos de junio de 1925 en varias oficinas salitreras de Tarapacá, a raíz de
lo cual quedaron centenares o miles de muertos según distintas fuentes, ya que,
por cierto, las autoridades (el entonces presidente Arturo Alessandri y su
ministro Carlos Ibáñez) no sólo no investigaron los hechos sino que le enviaron
sendos telegramas de felicitación al general conductor de las masacres, el
general Florentino de la Guarda.
Por contemporáneos
como Carlos Charlín sabemos que “las matanzas de obreros de La Coruña, Alto San
Antonio, Felisa y otros lugares de esa pampa de la desgracia son páginas que
horripilarían a un escritor de novelas de terror (…)
“En La Coruña no
quedó hombre ni mujer ni niño con vida. Se les diezmó con granadas de
artillería disparadas a menos de trescientos metros y, pese a las banderas de
rendición, no se tomaron prisioneros” (Del avión rojo a la República Socialista; Quimantú, 1972; p. 118).
Y por historiadores
como Gonzalo Vial sabemos que La Coruña “fue bombardeada” y que “sobrevino
luego una severísima represión, que dio origen –incluso– a un término
siniestro… el ‘palomeo’, dispararle a un trabajador lejano, cuya cotona blanca
y salto convulsivo –cuando alcanzado por el tiro– le daban el aspecto de una
paloma en vuelo” (“Historia de Chile”, Volumen III, Zig-Zag, 1996; p. 248).
Y Vial se
preguntaba: “¿Cuántos obreros murieron? Imposible establecerlo. La
prensa popular habló de 2.000; los informes diplomáticos de Gran Bretaña, de
600 a 800; el general Guarda, de 59” (Ibid.).
A su vez, el
historiador Julio César Jobet sostiene que “los que estuvieron en
aquella zona y conocieron las peripecias de este drama, afirman que fueron
masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos oculares estiman en más de 3.000
el número de víctimas” (Ensayo crítico del desarrollo
económico-social de Chile; Universitaria, 1955; p. 172).
Así, ni la CUT, ni
partido político alguno (¡ni siquiera de “izquierda”, incluyendo el
Partido Comunista que en ese tiempo ya existía!), ni menos los medios
masivos de comunicación el Gobierno o el Congreso Nacional han expresado el más
mínimo recuerdo y, por cierto, ningún acto de conmemoración del centenario de
una de las mayores matanzas de la historia de la humanidad en tiempos de paz…
Afortunadamente,
gracias a las persistentes denuncias y búsquedas de justicia de las
agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos
no ha pasado lo mismo con las miles de víctimas de la dictadura de cívico militar
fascista de Pinochet, ¡pese a los reiterados intentos en favor del olvido
y/o de la impunidad efectuados desde 1990 por connotados políticos de “centro” y
de “izquierda”!
Así, tenemos que ya
en 1990, y luego de que se descubrieran diversas fosas comunes de asesinados
por la dictadura cívico militar, el entonces presidente del Senado,
Gabriel Valdés (PDC) llegó al extremo de querer fijar plazos para la búsqueda
de personas asesinadas:
“Pondría un
plazo corto. Uno o dos meses más, máximo y que hagamos un acto realmente
generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir
indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas
condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso
que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes:
limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades.” (Paula; Agosto de 1990).
A su vez, en 1991,
el entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo (PS)
se manifestó partidario de extender la auto-amnistía que se había concedido la
dictadura cívico militar por sus crímenes cometidos hasta 1978, a una
que cubriese sus crímenes hasta 1990, con la excepción de “los
asesinatos más graves (sic) cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso
Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de
similar magnitud” (El Mercurio; 17-12- 1991). ¡Hasta la
propia derecha se manifestó contraria a la idea, en las personas de Andrés
Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI)! (Ver ibid.).
Por otro lado, en
1995, el entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alejandro Foxley,
llegó a sostener que “no sacamos nada con estar contando muertos
indefinidamente” (Las Ultimas Noticias; 3-11-1995); lo que
generó duras críticas del historiador conservador, Gonzalo Vial:
“No podemos
seguir contando muertos, ha dicho un político. Pues en eso seguiremos,
inexorablemente, pase lo que pase, hasta que se dé una salida ética al
problema. Es obvio que, de aquí a un siglo, nadie hablará de los restos de los
detenidos-desaparecidos. Pero el país continuará en deuda –una deuda que,
entonces, ni siquiera podrá esforzarse en saldar–, moralmente manchado,
corrompido, y persistiendo en muchos el recuerdo envenenador de una gravísima y
deliberada injusticia sin corregir, y de una falta colectiva sin expiar” (La Segunda; 14-11-1995).
Incluso, el
entonces embajador en España, Álvaro Briones (Partido Socialista/Social Demócrata),
llegó al extremo ¡de postular una “amnesia” respecto de
aquellos crímenes!:
“En un proceso
de transición, en consecuencia, no puede haber culpables ni castigos. No puede
haber vindicta pública, lo que es lo mismo que decir que debe buscarse
conscientemente una suerte de amnesia pública” (La Época; 3-8-1997).
“La Justicia en la medida de lo posible,
¡Vigente!”
Además, dicha
actitud de búsqueda de “la injusticia en la medida de lo posible” (en
lo que se transformó el famoso dicho de Patricio Aylwin Azocar a inicios
de su régimen de buscar “la justicia en la medida de lo posible”)
se expresó en intentos sistemáticos de los gobiernos y parlamentarios de “centro-izquierda” de
lograr un “punto final” o una gran reducción de penas para los
crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura cívico militar.
Prueba de ello
fueron el proyecto de ley de “Acuerdo-Marco” en 1990; el
proyecto de “ley Aylwin” en 1993; el proyecto de “ley
Frei” y el Acuerdo “Figueroa-Otero” en 1995 y 1996;
un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en 1999; el
proyecto de “ley de inmunidad” de Ricardo Lagos Escobar
en 2003; el proyecto de ley de senadores concertacionistas y aliancistas en
2005; y su intento de reflotamiento en 2007. Afortunadamente todos esos
proyectos fracasaron por la fuerte oposición ética y política de las
agrupaciones de familiares de víctimas y de las ONG nacionales e
internacionales de Derechos Humanos.
Y lo más conocido y
grotesco fueron las sistemáticas defensas que los sucesivos regímenes de
la Concertación hicieron de Pinochet y su impunidad: Primero, defendiéndolo
cuando entre 1990 y 1998, como comandante en jefe del Ejército, viajaba al
extranjero a comprar armas donde se le ocurría, y era allí naturalmente
criticado.
Luego, cuando para
evitar que quedase como senador vitalicio en 1998, un grupo de diputados de
mínima consecuencia de la Concertación lo acusó constitucionalmente, y el
gobierno de Frei Ruiz-Tagle presionó fuertemente a su bancada logrando derrotar
la acusación en la Cámara de Diputados (¡y ni siquiera considerando que era
segura su posterior derrota en el Senado donde la derecha tenía mayoría!).
Posteriormente,
cuando los regimenes de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo
Lagos Escobar se jugaron “exitosamente” con todo –
utilizando incluso falsas razones de enfermedad mental de Pinochet y de que
podía ser condenado en Chile– para evitar su condena en Europa; y, finalmente,
cuando el gobierno de Lagos a través de su ministro del Interior, José Miguel
Insulza (PS), presionó públicamente a los tribunales de Justicia nacionales
para lograr finalmente la impunidad de Pinochet (Ver La Nación,
10-8-2000; Caras, 18-8-2000; Qué Pasa, 2-9-2000;
y La Nación, 16-4-2001).
Después de todo, no
podemos extrañarnos tanto de todo ello cuando vemos que el máximo ideólogo de
la Concertación y principal ministro de Aylwin, Edgardo Boeninger (PDC), en un
libro escrito en 1997 (“Democracia en Chile. Lecciones para la
gobernabilidad”, y que está en PDF) reconoció que el liderazgo de la
concertación experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con
el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente
el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p.
369).
Y convergencia que
el entonces senador Alejandro Foxley –que había sido ministro de Hacienda de
Aylwin y que sería posteriormente ministro de Relaciones Exteriores de Michelle
Bachelet– reconoció plenamente en mayo de 2000 cuando dijo:
“Pinochet
realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más
importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al
proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando
de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad
visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese régimen el
año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos
secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar –que
creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las
decisiones– de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar,
desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas
décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese
proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia
histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos
los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia,
pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no
para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile
en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se
cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la
historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).
Y esto explica que
¡luego de haberse elegido en Chile –desde 1990– seis régimen de “centro-izquierda” TODAS
las principales instituciones económicas y sociales impuestas por la dictadura cívico
militar están todavía plenamente vigentes: Laborales (Plan Laboral);
previsionales (AFP); de salud (Isapres); educacionales (escuelas y
universidades privadas con fines de lucro); mineras (Ley minera que ha
permitido la desnacionalización de más del 70% de la gran minería del cobre);
tributarias (que permiten que los más ricos puedan “eludir” impuestos);
etc.
Y que, además,
dichos regímenes hayan profundizado las privatizaciones o concesiones de
servicios públicos a grandes grupos económicos nacionales y extranjeros (agua
potable, electricidad, caminos, puertos, etc.). Y peor aún, que a través de
diversas políticas solapadas hayan virtualmente ¡exterminado TODA la prensa
escrita de centro-izquierda y establecido una televisión monocolor!
Naturalmente que
todo ello ha llevado a Chile a una desigualdad extrema. Y lo que llegado a ser
una tragedia permanente: Que todos los años mueran miles de chilenos de
sectores populares esperando su atención en hospitales públicos abarrotados…
Lo subrayado/interpolado
es nuestro.
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