Senado decadente aprueba el neocolonial Tratado Chile-Unión Europea: ¡Una impudicia!

Nuestro Prolegómeno:

“Cuando los intereses venales se sobreponen al ideal de los espíritus educados, cultos y patriotas que constituyen el alma de una Nación, el sentimiento nacional degenera y se corrompe. La patria es explotada, saqueada en sus riquezas naturales y en sus arcas fiscales y el Pueblo enajenado. Cuando las miserias morales asolan a un país, como en el Chile Virtual, la culpa es de todos los que por falta de educación/cultura, y de ideales no han sabido amarlo como patria. De todos los que han sobrevivido y sobreviven de ella sin trabajar por y para ella: levántate Chile.

En votación prácticamente unánime, el Senado de Chile aprobó el 13 de noviembre el Tratado Chile-Unión Europea, bajo la suma urgencia impuesta por el gobierno del Presidente Boric y por Ursula von der Leyen de la Comisión Europea. Se trata de un claro indicador del sometimiento neocolonial de Senado y gobierno, impulsores de una tramitación escandalosa por su carácter antidemocrático, frívolo y superficial. Esta votación express o de fast track se permitió ceder la soberanía del país y alinear a Chile tras la OTAN y una Europa decadente.

El tratado asegura la transición energética europea regalando el litio, el agua y energía en forma de hidrógeno verde, e ignorando la destrucción de la naturaleza, y la generación de nuevas zonas de sacrificio. Las políticas públicas quedan subordinadas a la inversión, y se pone en riesgo la soberanía alimentaria y la autonomía energética de nuestro país. Los senadores votaron por perpetuar y profundizar el modelo extractivista y neoliberal vigente que no da respuesta a las demandas sociales, sindicales y ambientales, y genera más cesantía y dependencia, como se ve en el reciente cierre de Huachipato.

Sólo el calor de la rebelión social popular permitió en otros tiempos que las organizaciones movilizadas pusiéramos en jaque el Senado y detuviéramos por dos años la aprobación del TPP. Como rescoldo de aquello, en 2023 hubo diez votos en contra, de senadores que hoy cambiaron de bando. La aprobación del Tratado con la Unión Europea tiene lugar en momentos de profundo descreimiento de los ciudadanos y ciudadanas agobiados por las alzas, los incendios, las leyes de gatillo fácil, la falta de vivienda, los hospitales sin medicamentos, y los liceos sin condiciones mínimas para la educación. Es un hito que marca y profundiza la distancia entre la clase política, y las y los trabajadores y las comunidades, que no lo olvidarán a la hora de votar.

Al examinar los pasos de esta tramitación, se revela claramente que el senado está secuestrado por los intereses del gran capital y de las corporaciones nacionales y transnacionales, y sus intereses geopolíticos y comerciales. Concluimos que el senado es una institución que debió desaparecer en 2022, tiene la peor evaluación ciudadana, y quedó en pie sólo por la campaña mediática y financiera levantada por el rechazo a la convención constitucional ese año. Pero los días del senado y de estos políticos están contados aunque ellos nuevamente no lo vean venir... Representan una institucionalidad elitista, privilegiada y descompuesta, sorda a la voluntad ciudadana e indiferente a los reales problemas de las comunidades. Ninguno de sus partidos puede ser alternativa al fascismo ya que precisamente fortalecen esas tendencias al ignorar las demandas de los sectores populares por salarios y previsión justa, por vivienda, educación, por agua, salud y respeto a los seres vivos y su entorno. El Partido Comunista no escapa a ese secuestro neocolonial, ya que en el senado sus representantes optaron por abstenerse o ausentarse, como hicieron en la Cámara de Diputados, donde sí hubo algunos votos dignos de diputados.

Esta elite gobernante habita el país de los privilegios, con "izquierda" y derecha unidos como facilitadores de los intereses empresariales. Están desconectados de la realidad, sosteniendo que tenemos valores compartidos con una Unión Europea que está en recesión y se prepara para la guerra. Este "socio" ha dejado de lado los derechos humanos y es cómplice del genocidio contra Palestina que lleva adelante Israel apoyado por Estados Unidos.

Junto a las y los trabajadores y los movimientos sociales, Chile Mejor sin TLC seguirá demostrando que los tratados operan como un pilar del modelo implantado por los poderosos, y buscando nuevos caminos para dificultar su avance, siempre atentos a las necesidades de los pueblos.

Son tiempos de crisis ecológica planetaria y de profundas disputas por la hegemonía global. Las clases dominantes han elegido un camino contrario a nuestra historia, pero las y los trabajadores y las comunidades no hemos votado en favor de ese tratado que carece de toda legitimidad democrática. Seguiremos denunciándolos y exigiendo se auditen con seriedad los impactos que generan estos mecanismos de dominación.

¡Nuestros acuerdos son con las organizaciones de América Latina y el Caribe!

¡A fortalecer las economías populares!

A fortalecer la soberanía alimentaria y una economía productiva con propiedad social!

¡A defender los derechos de las comunidades y la naturaleza!

¡El agua, la vida y la paz valen más que los negocios!

Lo subrayado interpolado es nuestro

La imputación de los altos mandos de Carabineros: Un precedente histórico para Chile y la región

“Las victimas merecen Justicia y la sociedad merece garantía que estos hechos no volverán a repetirse”...

“sin el respeto, ni la certeza del Derecho y la igualdad de todos ante la ley, no hay Justicia no Estado de Derecho”...

Por Bernardita Boock, presidenta de Amnistía Internacional Chile

Chile fue testigo de graves y masivas violaciones de derechos humanos en octubre de 2019 y también de la impunidad de estos hechos a manos de agentes estatales durante los últimos cinco años. Sin embargo, hoy, con la reciente formalización de tres ex altos mandos de Carabineros, estamos ante un momento histórico que podría transformar esa realidad, no solo en Chile, sino en toda la región. Este hecho marca un antes y un después en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo.

El proceso judicial iniciado contra Mario Rozas, Ricardo Yáñez y Diego Olate, las máximas autoridades de Carabineros en ese momento, comenzó con la formalización por la imputación por el delito de apremios ilegítimos con figura omisiva, es decir, cuando un funcionario policial, abusando de sus atribuciones y sin cumplir las formalidades indicadas por la ley, priva a un tercero su libertad personal o incluso realiza vejámenes o tormentos en medio de la situación y, además, siendo personas con cargos de alta responsabilidad y teniendo conocimiento de aquello no tomaron las medidas necesarias para evitarlo y sancionarlo como corresponde.

Durante las recientes audiencias, se manifestó que los altos mandos habrían incumplido con su deber en al menos cuatro áreas: en el control y reglamentación del uso de armamento y municiones, en la promoción y cumplimiento de los derechos humanos, en la supervisión de sus subordinados y en el mantenimiento de la disciplina dentro de la institución, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía en su formalización.

En cuanto al control del uso de armamento, la falta de reglamentación adecuada y el uso indiscriminado de la fuerza llevaron a miles de personas a sufrir lesiones irreparables. Los informes técnicos y las advertencias previas, como la del Colegio Médico el 20 de octubre de 2019, no fueron suficientes para que las autoridades tomaran medidas efectivas. En lugar de proteger a la ciudadanía, se habría permitido el uso masivo de municiones peligrosas, como los 114.073 cartuchos disparados solo en octubre de ese año. Si este cálculo se reduce a las horas de manifestaciones durante las jornadas, hablamos de 680 cartuchos por hora y 11 cartuchos cada minuto. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía cuando un jefe policial intentó restringir el uso de las escopetas antidisturbios, Mario Rozas habría anulado esa decisión.

Por otra parte, los espacios formativos sobre derechos humanos, que deberían ser una prioridad en cualquier fuerza de seguridad, no cuentan con ningún registro de asistencia ni evaluación. 

En relación al deber de supervisión, como parte de la obligación y responsabilidad de un alto mando de esta institución, consta que, a pesar de que las autoridades de Carabineros tenían la obligación de vigilar la conducta de sus subordinados, no lo habrían hecho. La Circular 1.832, que establece que cualquier uso indebido de la fuerza genera responsabilidad en los mandos superiores, no fue aplicada con rigor. Incluso cuando finalmente se adoptaron medidas para registrar las acciones policiales, como el uso de cámaras corporales, no se establecieron mecanismos para revisar y sancionar los abusos registrados en video, según se desprende de la formalización.

Por último, el deber de disciplina, esencial para mantener el orden y la responsabilidad dentro de la fuerza policial, también habría sido incumplido. A pesar de que los informes de contingencia mostraban cifras alarmantes de civiles heridos, los altos mandos no habrían tomado medidas suficientemente eficaces para investigar ni sancionar los abusos. En el periodo, 1.794 querellas fueron interpuestas contra Carabineros. Sin embargo, los procesos administrativos por el mismo período fueron sólo 1.460. Apenas un 7,7% de los 517 sumarios y un 5,6% de las 943 investigaciones sumarias terminaron con sanciones.

Lo que sucedió en Chile durante el la rebelión social no fue un hecho aislado. A lo largo de las Américas hemos sido testigos de manifestaciones donde los derechos humanos son violados de manera reiterada por las fuerzas de seguridad como ocurrió en Perú en las marchas en diciembre de 2022 o en Colombia en mayo de 2021 donde la represión policial a manifestantes fue desproporcionada y brutal. 

Chile tiene la oportunidad de sentar un precedente que sirva en el camino hacia la justicia a otros países de la región. La impunidad no puede seguir siendo la norma y esta imputación lo demuestra. El camino hacia la justicia es largo y, como hemos visto, todavía queda mucho por recorrer. Actualmente, los tres imputados deberán permanecer en el país con arraigo nacional y firmar quincenalmente en la Fiscalía hasta que el periodo investigativo concluya. Los 120 días de investigación que se han acordado son solo el comienzo, pero es posible que la investigación se extienda, teniendo como plazo legal de dos años. Las víctimas merecen justicia y la sociedad merece garantías de que estos hechos no volverán a repetirse.

La lucha por la justicia no termina con la imputación de los responsables, pero es un gran paso y muy necesario para construir un futuro donde las fuerzas de seguridad estén al servicio de la ciudadanía y no en su contra

Lo subrayado interpolado es nuestro.