La órbita
del narcotráfico, en el sistema
capitalista determinista globalizado/hegemónico.
Por Dr. Adalberto Santana/académico y analista internacional, Universidad Autónoma de México/UNAM
El grueso de ellas (las ganancias) más del 90 por ciento
generado por las drogas ilícitas introducidas al mercado estadounidense queda
en los mismos centros financieros de los Estados Unidos
En la presente tercera década del siglo XXI el fenómeno del
narcotráfico es uno de mayores problemas de México y de algunos países
latinoamericanos. Sin embargo, ese problema es más complejo en su desarrollo y
funcionamiento en la sociedad y en la economía de los Estados Unidos (EU). Las
detenciones y condenas a los llamados narco-empresarios de las drogas ilícitas,
como son los casos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, Ismael “el Mayo” Zambada ambos
del llamado cartel de Sinaloa y del “super policía” Gerardo García Luna, ex
Secretario de Seguridad en el narco-gobierno del expresidente mexicano, Felipe
Calderón Hinojosa. Es una situación que ha puesto en clara evidencia los nexos
entre narcotraficantes y los políticos de claro corte conservador/fascista
ligados al Partido Acción Nacional.
Gerardo García Luna como alto funcionario en los gobiernos
de los expresidentes neoconservadores mexicanos, Vicente Fox Quezada y Felipe
Calderón Hinojosa, puso de relieve la doble moral que ha predominado en la
administración de esos mandatarios mexicanos. Situación que también es muy
recurrente en la política gubernamental estadounidense. Ya sea en la Casa
Blanca, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Agencia Central
de Inteligencia (CIA). Formalmente la DEA tiene como misión: “hacer cumplir
las leyes y reglamentos sobre sustancias controladas de los Estados Unidos y
llevar ante el sistema de justicia penal y civil de los Estados Unidos, o de
cualquier otra jurisdicción competente, a aquellas organizaciones y miembros
principales de organizaciones, implicados en el cultivo, fabricación o
distribución de sustancias controladas que aparezcan o estén destinadas al
tráfico ilícito en los Estados Unidos; y recomendar y apoyar programas no
relacionados con la aplicación de la ley con meta de reducir la disponibilidad
de sustancias controladas ilícitas en los mercados nacionales e
internacionales” (https://www.dea.gov/es/quienes-somos/sobre-la-DEA). Por
ejemplo, en los años ochenta la CIA enviaba en sus aviones armas a la
contrarrevolución nicaragüense para combatir al gobierno sandinista y
retornaban a los EU cargados de drogas.
Señalábamos que en la vida real, diversos son los efectivos
de esas corporaciones estadounidenses que han colaborado con los
narcopolíticos, como es el caso con García Luna o con los hijos del “el Chapo”
Guzmán. Otro ejemplo, en esa llamada actividad del tráfico ilícito de drogas,
también figura el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) de Honduras. Hoy en
día también extraditado a EU y condenado en Nueva York, junto con su hermano
“Tony” Hernández y los capos mexicanos. Recordemos que el narcogobierno
catracho de JOH estuvo fuertemente vinculado con organizaciones y actividades
empresariales del narcotráfico hondureño y mexicano, pero también de la
DEA. En Honduras se apoyó al cartel de los “Cachiros”
(https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-honduras/cachiros-perfil/).
Haciendo memoria histórica sobre la producción y tráfico de drogas, pensemos
que no es exclusivamente una actividad criminal. Es esencialmente una industria
transnacional que incluye procesos de producción y distribución de drogas
ilícitas (marihuana, cocaína, heroína, morfina, drogas de diseño, fentanilo,
etc). Así, cuando esa variedad de productos llega a su fase de consumo, el
valor de esas mercancías se eleva en la misma medida en que el centro de
consunción se encuentra lo más alejado del centro de producción. De tal manera
que la dinámica del mercado de drogas ilícitas, se inserta en una relación
económica estructural: centro – periferia. Véase mi libro: El narcotráfico
en América Latina (México, Editorial Siglo XXI).
Puede interpretarse que esa relación de un centro de
producción periférico (latinoamericano) y un centro de consumo (en los países y
economías centrales como los Estados Unidos), expresa que por un lado se
desarrolla la producción clandestina de ese tipo específico y por el otro se
desarrolla el consumo. Así, en las naciones centrales, donde la consunción
adquiere su máxima expresión y por tanto es mayor el valor de la acumulación de
ganancias. Mercancías que circulan necesariamente en una economía
subterránea. Así, la ganancia de esos productos genera un gran valor
agregado. Dado que la adquisición de esos productos opera en un mercado
clandestino, que no se encuentra regulado formalmente (por ejemplo, no paga
impuestos) y esto hace que su valor se eleve y genere mayores ganancias. Claro
que esto se da en aquellos productos que por su proceso de producción es más
complejo, y su valor en el mercado adquiere un mayor costo. Tales son los casos
de los productos más sofisticados como la cocaína, heroína y morfina.
Sustancias que adquieren un mayor valor en los centros de consumo (Estados
Unidos y Europa). En tanto que las drogas ilícitas que por su enorme
volumen de producción industrial y su bajo valor en el mercado, como la
marihuana, el fentanilo, etc. adquieren una gran tasa de ganancia en virtud de
detentar un mayor número de consumidores. Sin embargo, esos mismos consumidores
de estos productos, por lo regular se ubican en los sectores más pobres y
marginados de la economía estadounidense.
Así, los narcotraficantes
latinoamericanos (Joaquín “el Chapo” Guzmán, Ismael “el Mayo” Zambada, Juan
Orlando Hernández, entre otros), y el “super policía” Gerardo García Luna,
obtenían y lograron marginalmente con sus socios de la narcopolítica, acumular
un máximo del 10 por ciento de las ganancias. El grueso de ellas más del 90 por
ciento generado por las drogas ilícitas introducidas al mercado estadounidense
queda en los mismos centros financieros de los Estados Unidos. Por
ejemplo, se reconoce que en el condado de Dade, en el estado de la Florida, ahí
se ubica el mayor centro de lavado del dinero procedente del mercado de drogas.
En los grandes y medianos bancos del sistema financiero estadounidense, es
donde se depositan las enormes ganancias del mercado de drogas ilícitas. Esa es
la doble moral de la economía del narcotráfico. En ese espacio de poder de los Estados
Unidos, es donde opera desde Miami, la llamada mafia estadounidense.
Colombia:
EEUU financió la compra del software espía israelí Pegasus
Por Prof. Camilo Rengifo Marín/escritor y analista internacional:
El software espía israelí Pegasus fue adquirido por el
anterior gobierno colombiano para espionaje político, con financiación de
Estados Unidos como parte de su colaboración en la supuesta lucha contra el
narcotráfico, denunció el presidente colombiano Gustavo Petro.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron que
fue este país el que financió la compra, La transacción, que se realizó en
2021, fue parte de un acuerdo de cooperación y los fondos utilizados fueron de
origen lícito.
La compra del software, desarrollado por NSO Group, ha sido
objeto de escrutinio en Colombia, especialmente después de que el
presidente Petro solicitara una investigación al respecto. La operación
involucró un pago en efectivo de 11 millones de dólares a Israel, coincidiendo
con la llegada de dos vuelos desde Tel-Aviv a la base Antinarcóticos de la
Policía en Bogotá en junio y setiembre de 2021.
Petro alertó que «no es lo mismo tener un software para
cazar mafiosos que hacerlo sin orden judicial, a menos que la Constitución del
91 no sirva para nada«. «No es lo mismo ciberdefensa que espionaje», insistió
el mandatario colombiano, para agregar: «Nuestra soberanía no es solamente
alzar una bandera, sino que las principales decisiones que se toman en Colombia
las toman las y los colombianos. Si las toman otro tipo de personas, cualesquiera
que sean sus móviles, entonces hemos perdido soberanía».
El software Pegasus, conocido por sus capacidades de
espionaje y vigilancia, habría sido adquirido con fondos del gobierno de Joe
Biden para ser utilizado en operaciones críticas contra el narcotráfico en
Colombia. Durante una reunión, los funcionarios estadounidenses habrían
detallado a Petro las operaciones llevadas a cabo con esta herramienta,
mostrando la importancia de su uso en el marco de la colaboración bilateral.
Pegasus puede facilitar escuchas telefónicas, el espionaje
de correos electrónicos y de comunicaciones de texto mediante aplicaciones como
WhatsApp y el escaneo de documentos contenidos en la memoria de los teléfonos
móviles, razones por las cuales su compra en otros países fue motivo de
controversias.
El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo solicitó una
reunión urgente con la embajada de Estados Unidos para abordar las
implicaciones de estas revelaciones. La Cancillería de Colombia considera “muy
grave” la posible influencia estadounidense en este asunto. El interés del
Congreso y la sociedad colombiana radica en la necesidad de garantizar los
derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el derecho a la
privacidad y la libertad política, sin riesgos de intromisión indebida. De allí
la importancia de abordar estos temas prioritarios con el embajador
estadounidense Francisco Palmieri.
Un aspecto destacado de esta revelación es que el entonces
presidente ultraderechista Iván Duque no fue informado sobre la supuesta
adquisición y uso de Pegasus, lo que indica que la operación se mantuvo en
estricta reserva.
Ese dato ha sido cuestionado por expertos que consideran muy
difícil de creer su desconocimiento, dada la cantidad de dinero vinculada, lo
que implica autorizaciones de parte del Ejecutivo, y por la relación tan
cercana que mantenía Duque con las Fuerzas Militares, situación que hace
difícil de creer que el presidente en pleno 2021 no supiera del regalo que
Estados Unidos le hizo a Colombia.
Los pagos se realizaron en dos partes: el primero de 5,5
millones de dólares el 27 de junio de 2021, y el segundo por la misma cantidad
el 22 de septiembre del mismo año. Las bitácoras de vuelo muestran que uno de
los aviones aterrizó en la noche del 25 de junio de 2021 en Bogotá, mientras
que la otra aeronave tipo jet de matrícula T7-CPX lo hizo el 18 de septiembre
del mismo año en la noche, poco antes de cada pago, con ejecutivos de la
israelí NSO Group.
El diario El Tiempo cita a dos fuentes del
gobierno estadounidense en Washington y otra más en Bogotá, no identificadas,
para señalar que «el gobierno de EEUU no solo estuvo al tanto de la compra del
software Pegasus en Colombia sino que, además, fue ese país el que financió su
adquisición».
Funcionarios de la administración de Joe Biden indicaron que
los planes para adquirir Pegasus se concretaron en 2020, sin informar al
entonces presidente colombiano Iván Duque. Aseguraron que el uso del software
se detuvo en 2022, antes de que Petro asumiera la presidencia.
“Como parte de esta cooperación, el Gobierno de Estados
Unidos se comprometió a proporcionar fondos a nuestros socios colombianos para
adquirir el software Pegasus con el fin de impulsar esta misión antinarcóticos
crítica”, indicó la fuente al medio citado, agregando que: “Este esfuerzo, que
implicó una estricta supervisión operativa, se llevó a cabo en el curso de
nuestros compromisos normales y continuos con el gobierno colombiano en materia
de lucha contra los estupefacientes”.
La versión de los funcionarios supone un vuelco en la
investigación exigida por Petro, quien el mes pasado pidió a la Fiscalía y a la
Procuraduría (Ministerio Público) avanzar en ese asunto. En un discurso con
motivo del aniversario 105 de la Fuerza Aérea Colombiana,
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña,
dijo a periodistas, tras reunirse con funcionarios estadounidenses, que le
aseguraron «que efectivamente fueron recursos estadounidense s
utilizados para la adquisición del software Pegasus», que fue para «una
utilización en la lucha contra el narcotráfico y que su utilización estaba
dirigida exclusivamente a los carteles de la droga de Colombia y México».
El mes pasado Petro acusó de lavado de activos a Ran Gonen,
director de seguridad global de NSO Technologies, por supuestamente recibir
cinco millones de dólares en efectivo como parte de pago del software, una
cantidad que debería haber sido declarada.
Respecto a las acusaciones de que los fondos para la compra
provinieron de incautaciones de narcotráfico, fuentes del gobierno
estadounidense reiteraron que el financiamiento fue completamente legal. La
decisión de no informar al presidente Duque se enmarcó en la rutina de
cooperación bilateral en la lucha contra el crimen transnacional, señalaron.
Según El Tiempo, los funcionarios gubernamentales de
Estados Unidos negaron cualquier información que sugiera que Pegasus fue
utilizado indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas y que para
la compra se haya hecho algún pago ilícito.
Francisco Santos, que se desempeñó como embajador de
Colombia en Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque, afirmó que no
tuvo conocimiento de la adquisición del software espía Pegasus mientras estuvo
en su cargo. Santos declaró que “eso no pasó por la embajada”, refiriéndose a
las conversaciones sobre la compra de esta herramienta de vigilancia.
Durante el tiempo en que Santos ocupó el cargo, desde el 6
de septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2021, no tuvo conocimiento de
ninguna negociación relacionada con Pegasus. Posteriormente, fue reemplazado
por Juan Carlos Pinzón, quien continuó como embajador hasta el 6 de agosto de
2022.
*Economista y docente universitario
colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Lo subrayado interpolado es nuestro
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