A cinco años de la Rebelión social en Chile: ¿transformación o desencanto?
“Los jóvenes de la plaza de la dignidad Gabriela Mistral, exigen para las
víctimas de la rebelión social justicia y reparación digna”...
Lisandro Concatti – El Salto
El 18 de octubre de 2019, Chile vivió uno de los eventos más
trascendentales de su historia reciente: la Rebelión social, una
movilización masiva que puso en evidencia profundas desigualdades sociales,
económicas y políticas que habían estado latentes durante décadas. Lo que
comenzó como una protesta por el alza en la tarifa del transporte público
rápidamente se transformó en un movimiento nacional que cuestionaba el modelo
económico y la estructura institucional del país, ambos heredados en gran parte
de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Lo que me impulsó a
salir a las calles en 2019 fue la rabia acumulada por vivir en un sistema que
no nos escucha. Desde la educación hasta la salud, todo está privatizado”,
relata Camila, que pidió no publicar su nombre completo, a El Salto.
Durante semanas, millones de personas -en su mayoría jóvenes-
salieron a las calles para expresar su descontento. Las manifestaciones, que
incluyeron marchas multitudinarias, cacerolazos y tomas de espacios públicos,
reflejaron un agotamiento generalizado con el sistema neoliberal chileno. Según
datos del Centro de Estudios Públicos (CEP), en diciembre de 2019, un 55% de
los chilenos respaldaba las manifestaciones, lo que evidenciaba el amplio apoyo
social que tenía el movimiento.
Entre las demandas más urgentes se encontraban la reforma al
sistema de pensiones y la salud/ISAPRES, la mejora del acceso y calidad
de la educación y la salud, así como la redacción de una nueva Constitución que
dejara atrás el legado institucional de la dictadura. En respuesta a la presión
ciudadana, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a tomar medidas,
entre ellas, el acuerdo para iniciar un proceso constituyente.
El proceso constituyente iniciado en 2020 representó una de
las mayores esperanzas de la Rebelión, con el objetivo de reemplazar la
Constitución de 1980, vista por muchos como una pieza clave para perpetuar las
desigualdades. En octubre de 2020, el 78% de los votantes aprobó en un
plebiscito la creación de una nueva Carta Magna.
Sin embargo, el camino hacia la transformación no fue
sencillo. A lo largo de los cinco años desde la Rebelión, Chile
experimentó una serie de reveses y desencantos. El rechazo a dos propuestas de
nueva Constitución -la primera en septiembre de 2022, con un 62% de los votos
en contra, y la segunda en diciembre de 2023- generó una sensación de
frustración en la ciudadanía, que ve cómo los cambios prometidos no terminan de
concretarse.
Jorge Saavedra, académico de la Universidad Diego Portales y
doctor en comunicación política de la Universidad de Londres, en diálogo con El
Salto, realiza una evaluación general sobre los cambios que este proceso
desencadenó en el ámbito político y social. Según Saavedra, a pesar del impacto
inicial, los cambios son, en su mayoría, inciertos. “Yo creo que no hay nada
consolidado en términos de cambio o no cambio, respecto a lo que ocurre en la
Rebelión”, afirma.
En su análisis, Chile es un país con una estructura
institucional tan robusta que una Rebelión social no logró generar
grandes avances en áreas clave como pensiones, salud, educación y el
reconocimiento de los pueblos originarios, que fueron algunas de las
principales demandas del movimiento. “En ese sentido, lo que cambió en términos
concretos es muy poco”, señala, agregando que lo que se profundizó es la
sensación de que los cambios deben ser institucionales, aunque “son lentos y
cuestan mucho”.
18 O,
cuando comenzó la Rebelión social
La Rebelión social en Chile no surgió de la noche a la
mañana. Fue el resultado de años de tensiones acumuladas en torno a un modelo
económico que, si bien había generado crecimiento, profundizó las
desigualdades. “En ese momento, sentí que no había otra opción que protestar.
Era una lucha no solo por mis derechos, sino también por los de todos los que
estaban siendo ignorados por el sistema”, cuenta Camila.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019, Chile era uno de los países más
desiguales de la región. Además, según el informe World Inequality Report de
2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país.
“Desde el retorno a la democracia -en 1990- todos los años
hubo una cantidad de protestas enorme. Hay ciertos momentos, como en 2006 con
la movilización estudiantil secundaria, el 2011 movilización estudiantil
universitaria. Finalmente, en 2019 se destapa esta olla a presión donde se
reúnen muchas causas”, señala Saavedra.
Entre los factores que alimentaron el descontento social se
encontraban el sistema de pensiones, basado en cuentas individuales y
gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que deja a
muchos jubilados con pensiones muy por debajo del salario mínimo, y la
privatización de servicios básicos como el agua, la salud y la educación. En
particular, el alto costo de la educación superior fue una de las principales
quejas, dado que gran parte de los estudiantes debían endeudarse para poder
acceder a la universidad.
“Fuimos las víctimas indirectas de la dictadura, no sufrimos
la represión y persecución como tal, pero sí las consecuencias posteriores”,
señala a este medio Tomás, un jóven chileno que participó en las
manifestaciones durante la Rebelión social.
La rebelión social
no fue por los 30 pesos, fueron los 30 años
La chispa que encendió la movilización fue el aumento de 30
pesos chilenos (lo que representan unos 0.030 Euros) en la tarifa del Metro de
Santiago, lo que, a primera vista, parecía un motivo menor para una protesta de
tal magnitud. Sin embargo, este incremento fue percibido como el símbolo de un
sistema económico y político que favorecía a las élites a expensas de la
mayoría.
Las primeras manifestaciones, lideradas por estudiantes secundarios
que evadían el pago del metro en señal de protesta, rápidamente escalaron en
intensidad y cobertura. A los estudiantes se les unieron otros grupos sociales,
trabajadores y ciudadanos comunes que veían reflejadas en esa lucha sus propias
frustraciones.
“Siento que mi generación fue la que más sufrió las
consecuencias de un sistema que nunca fue pensado para nosotros, y la
Rebelión fue la oportunidad de alzar
la voz y exigir dignidad para todos”, reflexiona Carla, quién en 2019 era
estudiante secundaria y participó de las protestas en Santiago de Chile.
Los jóvenes jugaron un papel crucial en la organización y
expansión del movimiento. Fueron ellos quienes inicialmente convocaron a las
protestas y quienes lograron movilizar a millones de personas en todo el país.
A través de redes sociales, los jóvenes coordinaron acciones, organizaron
manifestaciones y documentaron la represión policial.
Un informe de Naciones Unidas reveló que hubo “razones
fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un
elevado número de violaciones graves a los derechos humanos“. Y agrega: ”Estas
violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron
en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos,
la violencia sexual y las detenciones arbitrarias». La represión policial dejó
más de 30 muertos durante las protestas y alrededor de 400 víctimas con
mutilación en el rostro y traumas oculares.
Uno de los lemas más repetidos durante las manifestaciones
fue “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia a las tres décadas que habían
pasado desde el retorno de la democracia, en las cuales muchas de las promesas
de justicia social y equidad habían quedado incumplidas. Este lema resumía el
sentir de una generación que, a pesar de haber nacido después de la dictadura,
sentía que las estructuras heredadas de ese periodo seguían limitando sus
oportunidades y derechos.
En una encuesta realizada por el CEP en 2019, el 80% de los
jóvenes de entre 18 y 29 años afirmó que las manifestaciones eran una expresión
legítima del descontento social, lo que demuestra la importancia de este grupo
en la movilización. “Las manifestaciones de 2019 fueron una oportunidad para
gritar que ya no aguantábamos más, que era hora de cambiar un sistema que nos
estaba matando”, cuenta Gustavo a El Salto.
La Rebelión también evidenció una desconexión entre la
clase política y las demandas de la ciudadanía. A pesar de la magnitud de las
protestas, muchos sectores políticos tardaron en comprender la profundidad del
malestar. Sin embargo, la presión en las calles fue tal que, en noviembre de
2019, el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y la mayoría de los partidos
políticos firmaron un “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, lo que
abrió las puertas a un proceso constituyente.
Los logros y fracasos de dos procesos constituyentes
Uno de los hitos más importantes que emergió dla Rebelión
social de 2019 fue la apertura de un
proceso constituyente para redactar una nueva Constitución que reemplazara la
impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este proceso
representó la esperanza de un cambio estructural profundo para Chile.
El primer gran paso hacia la redacción de una nueva
Constitución se dio en octubre de 2020, cuando el 78% de los chilenos votó a
favor de iniciar el proceso constituyente en un plebiscito histórico. Este fue
un momento clave, ya que reflejaba un amplio consenso sobre la necesidad de
cambiar la Carta Magna, vista por muchos como un obstáculo para resolver las
desigualdades del país. La Constitución de 1980, aunque reformada en varias
ocasiones, mantenía aspectos que limitaban la participación ciudadana y
concentraban el poder en manos de las élites económicas.
En mayo de 2021, se celebraron elecciones para elegir a los
155 miembros de la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva
Carta Magna. Este organismo fue un reflejo de la diversidad social y política
de Chile, con una fuerte presencia de independientes y representantes de
movimientos sociales, además de ser paritaria en términos de género.
Sin embargo, desde el inicio, el trabajo de la Convención
estuvo rodeado de tensiones y críticas, tanto por parte de sectores
conservadores como de algunos grupos que consideraban que el proceso no estaba
avanzando con la rapidez o profundidad esperada.
El 4 de septiembre de 2022, la primera propuesta de
Constitución fue sometida a un plebiscito para su aprobación. La propuesta
contenía importantes cambios estructurales, como la creación de un Estado
plurinacional que reconocía los derechos de los pueblos originarios, la
consagración de derechos sociales en áreas como salud, educación y vivienda, y
el fortalecimiento del rol del Estado en la economía. Sin embargo, esta
propuesta fue rechazada por el 62% de los votantes, en un giro inesperado que
reflejó una creciente polarización en la sociedad chilena.
Saavedra subraya que el fracaso no reside en el deseo de los
chilenos de tener una nueva Carta Magna, sino en la forma en que se gestionó
dicho proceso. “El fracaso de la Constitución no es el fracaso de las ganas de
tener una nueva Constitución, sino que yo diría de manera muy clara es el
proceso que lleva eso”, explica el académico.
Uno de los factores que, según Saavedra, contribuyó a este
resultado fue la cobertura mediática. En su opinión, la concentración de medios
en Chile y su enfoque en el proceso constituyente no contribuyeron a una
discusión adecuada. “No necesariamente por razones ideológicas, sino también de
formato de cobertura”, aclara.
Además, el experto destaca el papel de las fake news, que
alimentaron el miedo entre la población sobre temas como la posibilidad de que
la nueva Constitución eliminara los fondos de pensiones privados o expropiara
segundas viviendas. Saavedra también critica la rapidez con la que se
desarrolló la campaña para socializar el borrador de la Constitución, lo que
dificultó que la población comprendiera en profundidad los cambios propuestos.
“Un mes para socializar un texto largo, denso, pesado… lo que hizo fue que las
personas se quedaran con ciertas percepciones muy básicas”, señala, lo que,
sumado a la desinformación, selló el destino de la propuesta constitucional
incluso antes de que comenzara la campaña oficial.
A pesar de este revés, el proceso constituyente continuó. En
2023, se lanzó un segundo intento para redactar una nueva Constitución, pero
esta vez el panorama cambió significativamente, ya que la elección de los
redactores resultó en una victoria para miembros de partidos de derecha y
sectores conservadores.
Sin embargo, esta segunda propuesta también fue rechazada.
De acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de octubre de
2024, sólo el 23% de los chilenos apoya actualmente las movilizaciones que
impulsaron el proceso constituyente, una caída significativa respecto al 55%
registrado en 2019.
El fracaso de las dos propuestas constitucionales llevó a
una sensación de estancamiento en el proceso de cambio estructural que la
Rebelión social parecía haber
iniciado. Aunque la apertura del debate constitucional fue vista como una
victoria para los movimientos sociales, el hecho de que ninguna de las
propuestas haya sido aprobada alimentó el escepticismo y la frustración en
amplios sectores de la población. En este sentido, el CEP también indica que el
50% de los chilenos considera que la Rebelión social fue “muy malo o malo” para el país, lo
que sugiere un cambio de percepción sobre el impacto del movimiento.
La presidencia de Gabriel Boric, quien asumió el cargo en
marzo de 2022 con una plataforma basada en las promesas dla Rebelión social, está marcada por la dificultad de
cumplir con las expectativas generadas. Aunque Boric está impulsando reformas
sociales, como el aumento del salario mínimo y mejoras en el sistema de
pensiones, su gobierno enfrenta obstáculos significativos, tanto en el Congreso
como en la opinión pública.
Para Saavedra, esto se debe a que, a pesar de la magnitud y
diversidad del movimiento social, las personas perciben que no se lograron
resultados concretos. “Si no se consigue nada concreto, las personas de alguna
manera dicen: ‘Mira, no tiene mucho sentido protestar así’”, explica.
Este desencanto llevó a una disminución en las
manifestaciones y un cambio en la cultura de protesta. “Hoy día la sociedad
chilena es una sociedad que no protesta”, afirma, sugiriendo que la Rebelión
agotó gran parte de la energía movilizadora
sin obtener resultados tangibles. Además, menciona que la presencia de un
gobierno de izquierda, con raíces en la movilización estudiantil, también ha
contribuido a la disminución de las protestas, ya sea por una mayor
sensibilidad del gobierno hacia estos temas o por la percepción de que aún no
se han alcanzado las metas propuestas.
El futuro de Chile: ¿un nuevo ciclo de reformas o la
consolidación del desencanto?
El panorama político y social que enfrenta Chile en 2024 es
complejo y plantea interrogantes sobre el futuro del país. A cinco años dla
Rebelión social que exigió un cambio
profundo en el modelo político y económico, el camino hacia las reformas
estructurales sigue sin materializarse de manera significativa, mientras que la
desconfianza en las instituciones continúa creciendo. “Seguimos teniendo el
mismo sistema educativo, el mismo sistema de salud, el mismo sistema
provisional”, señala Tomás.
El futuro de las reformas en Chile también está vinculado a
la capacidad del gobierno de Gabriel Boric para sortear los desafíos políticos
y económicos. Elegido en 2022 con una plataforma de cambios progresistas en
áreas como la salud, las pensiones y la educación, Boric enfrenta dificultades
para avanzar con su agenda reformista. Las divisiones internas dentro de su
coalición y la falta de apoyo en el Congreso bloquearon varias de sus
propuestas. Sin embargo, el presidente intenta mantener el discurso del cambio,
aunque tiene que moderar algunas de sus expectativas iniciales.
“A cinco años de la Rebelión, siento que poco ha
cambiado en lo estructural. Los gobiernos prometieron mucho, pero al final
seguimos con los mismos problemas”, comenta con frustración Camila.
En cuanto al legado de la Rebelión social, Saavedra
sostiene que, aunque se intentó demonizar el movimiento, este dejó importantes
lecciones sobre las desigualdades estructurales del país. “Hoy día, como que
este quinto aniversario de la Rebelión se observa desde una mirada muy
condescendiente con el estatus quo”, comenta. Sin embargo, insiste en que la
Rebelión puso de manifiesto las
profundas desigualdades que aún persisten en Chile y que estas seguirán siendo
un motor para futuras reformas.
Saavedra cree que la falta de respuesta efectiva a estas
demandas sociales puede llevar a nuevas movilizaciones en el futuro. Aunque el
proceso de reforma constitucional fracasó dos veces, tanto con una propuesta de
izquierda como con una de derecha, el académico considera que las demandas de la
Rebelión siguen vigentes. “Algunas
personas plantean que esto puede volver a suceder. Finalmente, Chile es un país
que no ha resuelto esta materia”, concluye, subrayando que, mientras no se
aborden estas desigualdades, las tensiones sociales seguirán latentes.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro.
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