Aprobada la ley que criminaliza la protesta social Piñera Echeñique y aliados concertacionistas / nueva mayoría intentan resolver la “crisis” reduciendo derechos

Aprobada la ley que criminaliza la protesta social Piñera Echeñique y aliados concertacionistas / nueva mayoría  intentan resolver la “crisis” reduciendo derechos

El proyecto que restringe el derecho a protestar consolida el abuso y la desigualdad en la sociedad chilena, ya que la norma se aplicará a quienes no tengan redes e influencias para defenderse. Los grandes empresarios sofofos y la élite política seguirán eludiendo la justicia tal como sucede hasta hoy.

Con la aprobación definitiva culminó el trámite del proyecto de ley que tipifica como delito distintos modos de protestar, cuestión que busca mediante la coacción estatal, reducir el derecho de los movimientos sociales a manifestarse. Paradojalmente muchos de los legisladores que la aprobaron, han estado procesados por infringir la ley y lograron zafarse de una condena gracias a que forman parte de los grupos dominantes. Esta corta e ineficaz ofensiva del régimen tiene como propósito recuperar la calle, intentando reducir la extensa protesta que se desarrolla en todos las ciudades del país. Sin embargo, lo hace por el lado del síntoma y persistiendo en aplicar medidas que originaron la rebelión. En este plano sólo hay dos alternativas, o la protesta se termina ante el susto de los manifestantes por la aplicación de tales medidas punitivas o las cárceles continuarán llenándose de prisioneros políticos.

Tal como sucedió en la Cámara, no dejó de llamar la atención el voto favorable de varios senadores concertacionistas, en especial quienes han posado de progresistas, una de ellas la senadora Yasna Provoste. De los otros y otras, nadie puede sorprenderse, el caso más patético es el de José Insulza, personaje que, desde 1964, siempre se ha ligado al poder, uno de los arquitectos de la vuelta del sátrapa Pinochet desde Londres y mezclado con el alcalde de la comuna de San Ramón, acusado por sus propios camaradas de estar ligado al narcotráfico. Justificando su voto contra los movimientos sociales, Insulza declaró “había que dar una señal”. ¿A quién? Obviamente, al poder político-empresarial sofofo del cual es un disciplinado integrante.

Otra perlita de la operación es la senadora DC Carolina Goic, quien nunca ha asistido a una marcha desde el pasado 18 de octubre. La parlamentaria señaló que la ley antibarricadas “es fundamental para proteger precisamente la movilización pacífica”, señalando al mismo tiempo que “si el gobierno piensa que con estos proyectos va a resolver la crisis social está equivocado”. ¿Quién la entiende?.

En definitiva, sigue actuando un bloque político-empresarial que aparentemente tiene diferencias pero que se une férreamente cuando debe defender el modelo neoliberal capitalista salvaje y no titubea en imponer las sanciones más ilógicas cuando este peligra.

No debe sorprender que se legisle apresuradamente para restringir la legítima protesta, pero se es indiferente con los atropellos. Por supuesto a Insulza, Harboe, Provoste, Lagos Weber, Goic, Pizarro, Quintana, Girardi y otros, no se les ha ocurrido legislar para sancionar a las y los carabineros y detectives que disparan directamente a la cabeza y en especial a los ojos, de quienes se manifiestan pacíficamente. Tampoco han presentado proyectos de ley para castigar a quienes atropellan intencionadamente a jóvenes que participan en marchas o los verdaderos asaltos que fuerzas policiales efectúan en las poblaciones llenando de gases lacrimógenos las viviendas de pobladores humildes, sin atender la existencia de niños y adultos mayores.

La élite política-empresarial que lucra en el Congreso, erróneamente, cree que con represión podrá detener una crisis que no puede resolverse bajo el neoliberalismo del sistema capitalista salvaje.

Luksic y los aparatos de Inteligencia

El reconocimiento por parte del empresario Andrónico Luksic de su participación en el informe de inteligencia llamado Big Data, presentado como análisis-experto por la firma española Alto Data Analytics, ratifica la existencia de un bloque político empresarial que actúa en las sombras. Esta alianza opera abiertamente, aunque las personas comunes y corrientes no imaginan sus recovecos.

¿Qué se sabe hasta el momento? Luksic contrató a los españoles para levantar un dispositivo de inteligencia que “protegiera a sus trabajadores”, al descubrirse una bomba en la oficina de Rodrigo Hinzpeter, alto ejecutivo del grupo y ex ministro del Interior del primer gobierno de Piñera.

Al irrumpir la rebelión social, el bloque político empresarial priorizó el trabajo de inteligencia. El gobierno contrató a Alto Data, Luksic hizo el contacto, Hinzpeter fue el operador y tuvo una reunión en las oficinas de la ANI junto al ex ministro Andrés Chadwick y su subsecretario Rodrigo Ubilla.

Luksic, al igual que Ponce Lerou, nunca asume nada, dice que solo hizo los contactos, pero la facilidad con que participa en sucios asuntos no debe sorprender. Estuvo involucrado en el famoso caso de los “Vladivideos” en Perú, luego en el caso Caval junto a familiares de la ex presidenta Bachelet y  ahora en este deplorable caso de inteligencia, entre otros.

Son los dueños del país que operan con alta impunidad y que nadie se atreve, ni siquiera, a criticar.

Lo subrayado es nuestro.