Michelle Bachelet radiografía de una impostora
Por Franklin Ledezma Candanedo/ Barómetro Latinoamericano/ADDHEE.ONG:
“Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la
repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye
además un inquietante factor de desestabilización regional”, dijo Bachelet, sin
aclarar el nombre del autor principal de esa crisis, que no otro que la bestia
(666) imperialista genocida e intervencionista y los siervos del patio que
siguen sus mandatos, aglutinados en el grupo de Lima.
El reconocido abogado estadounidense experto en el campo de los derechos
humanos, Alfred de Zayas, fustigó el documento que calificó como
"defectuoso y decepcionante".
Indicó, además, que "el informe debería haber condenado claramente
la violencia de los líderes de la oposición de extrema derecha y los
llamamientos a la intervención extranjera en Venezuela (...) está
lamentablemente desequilibrado y no saca conclusiones que puedan ayudar al
pueblo venezolano”.
Por su parte, el nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende, describió las razones por las que considera que
el Informe de Bachelet es parcializado, deshonesto, cobarde y peligroso para
Venezuela.
Radiografía de una impostora
Esta política chilena fue la primera mujer que alcanzó la presidencia de
la República. Después de su primer mandato (2006-2010), presentó de nuevo su
candidatura en los comicios presidenciales de 2013, siendo elegida para un
segundo mandato (2014-2018).
Se decía y actuaba como una socialista convencida, por lo que recorrió
un largo camino de dolor y muerte antes de llegar a la primera magistratura del
país. Su vida estuvo profundamente marcada por la trayectoria de su padre, el
general de brigada aérea Alberto Bachelet, un militar de ideas liberales,
cercano a la masonería, que tras el golpe de estado de Augusto Pinochet (11 de
septiembre de 1973), fue detenido y torturado hasta la muerte.
En 1970, concluida su formación secundaria en Santiago, ingresó en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al tiempo que comenzaba su
presunta militancia en la Juventud Socialista, para “apoyar” la Revolución a la
chilena. Era el tiempo del gobierno de la Unidad Popular (UP), del que formaba
parte su padre como encargado de la Oficina de Distribución de Alimentos, cuya
función era contrarrestar el boicot que sectores de la derecha habían
emprendido contra la gestión de Salvador Allende.
Michelle Bachelet y su madre, Ángela Jeria, el 10 de enero de 1975, fueron
también arrestadas, cuando dos agentes de la DINA -la temida policía política
de Pinochet- las llevaron a Villa Grimaldi, el lugar donde miles de chilenos
fueron torturados durante la dictadura. Una vez recuperada la libertad, madre e
hija viajaron como exiliadas a Australia.
En el campus universitario fue testigo del asalto militar al Palacio de
la Moneda que el 11 de septiembre de 1973, derrocó al gobierno democrático de
Salvador Allende. El mismo día del golpe de estado, el general Alberto Bachelet
fue detenido acusado de traición a la patria. Apresado y torturado, murió seis
meses después en la cárcel.
A partir de 1979, no abandonó convenientemente su activismo político y
trabajó en una ONG de protección a la infancia, que ejercía labores específicas
con los hijos de detenidos y desaparecidos en Santiago y Chillán.
Después de 17 años de férrea dictadura, regresó a Chile en 1998 y su
nueva formación le permitió incorporarse como asesora al Ministerio de Defensa,
en tanto que, demagógicamente, fortalecía su ascensión en las filas del
Partido Socialista. En 1995 fue elegida miembro del Comité Central y entre 1998
y 2000 formó parte de su Comisión Política.
Muy pronto olvidó la odisea mortal de su padre, a manos de los asesinos
de Pinochet e, incluso sus propios sufrimientos y exilio, junto con su madre y
otros familiares cercanos, para asegurarse, después de su último mandato, un
bien remunerado cargo en el organismo mundial, y hacerle el “favor” al imperio
neo fascista depredador de recursos estratégicos de países hermanos, entre
otros, Irak, Libia y Venezuela.
Otros ejemplos más que retratan de cuerpo entero a la impostora:
Fueron continuas las violaciones de los Derechos Humanos y la brutal
represión del pueblo Mapuche mientras fue presidenta de Chile. Por otra parte,
durante la realización en agosto de 2007, de protestas convocadas por
organizaciones sindicales y estudiantiles descontentas con la política
neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y
372 detenidos. Léase al respecto, el bien logrado aporte del
Periodista Sergio Rodríguez Gelfenstein
(https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/07/es-la-hija-del-general-bachelet-nada-mas.html).
Bajo ese disfraz de socialista militante y de progresista convencida,
escaló, en dos períodos, la presidencia de la república de Chile, sin que jamás
favoreciera la noble y justa causa de la Patria hermana de Bolivia, de una
salida a su mar soberano, que siempre tuvo desde la época del Libertador Simón
Bolívar.
Echó al tinaco de la basura las diáfanas palabras solidarias del
Presidente Mártir, Salvador Allende, quien aseguró:
“Ha llegado la hora de la gran reparación de una injusticia, Chile tiene
una centenaria deuda y estamos dispuestos a emprender una solución histórica.
Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. No le pedimos nada al
sufrido pueblo trabajador boliviano, queremos solamente reparar el despojo
cruel del que ha sido víctima. Los escritores y todos los hombres y mujeres de
buena voluntad deben venir a Chile y explicar sus anhelos, discutir, crear las
condiciones objetivas y subjetivas en el pueblo chileno para poder llegar al
feliz entendimiento” - Salvador Allende (Chile).
En el año 2004 el escritor boliviano Néstor Taboada Terán publicó el
ensayo "Salvador Allende. ¡Mar para Bolivia!", como resultado de
varias entrevistas realizadas en Chile durante los años 1969 -1970, sobre el
tema marítimo a Salvador Allende, entonces candidato y después presidente de
Chile.
Pablo Sepúlveda Allende, nieto de expresidente socialista chileno
Salvador Allende, y coordinador internacional de la Red de Intelectuales y
Artistas en Defensa de la Humanidad, también aseguró que a Chile no le costaría
nada darle una salida soberana al mar a Bolivia.
Este tema fundamental nunca contó
con el respaldo de la presunta lidereza socialista, que hoy derrama veneno
sobre la Patria hermana de Venezuela, haciéndole el mandado a su patrón, la
bestia (666) genocida imperialista, a secuaces de la peor calaña, el grupo de
Lima y a apátridas corruptos internos y foráneos, quienes siguen ofendiendo al
Libertador, su ideario inconcluso y atacando ferozmente a sus mejores y fieles
discípulos, el Comandante Invicto, Fidel Castro Ruz, al Comandante Eterno Hugo
Chávez Frías y al compañero Presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Fraternal
saludo y adelante siempre adelante (indoame08).
(*) El autor es miembro fundador v directivo de la Asociación Americana
de Periodistas Bolivarianos, Capítulo de Panamá, de la Red Bolivariana
“Victoriano Lorenzo”, Héroe de la Revolución Libertaria, en Defensa de la
Humanidad, del Comité Panameño “Mar para Bolivia”, del Círculo Literario “León
A. Soto”, Periodista y Escritor, columnista de Opinión, agro ambiental y
turístico, por el Desarrollo Sostenible de Panamá.
Por Marcos Roitman R/ Barómetro Latinoamericano/ADDHEE.ONG:
Max Weber, sociólogo nada proclive a tendencias izquierdistas,
socialistas o marxistas, cuando se encontraba con afirmaciones tan rotundas,
dudaba. A tanta contundencia respondía: si bien todo hecho es una realidad
particularmente evidente, no toda realidad particularmente evidente es
explicación causal de los hechos. Si una persona tiene cáncer, el cáncer no
explica cuáles han sido las causas de su emergencia. Si obviamos sus orígenes
no adelantamos nada.
Todos los hechos sociales tienen una direccionalidad y apuntan una
matriz institucional. Es decir, responden a una construcción política, son
expresión de un campo de fuerza, sujetos y voluntades, relaciones sociales,
nuevamente Weber, de lucha de clases e intereses antagónicos. Hablar de los
derechos humanos al margen de lo político, es un sin sentido.
Es tanto como afirmar que saber leer y escribir son hechos naturales y
respirar una conquista social. Sin embargo, eso parece estar en la base del
argumentario de la alta Comisionada cuando medita sobre el espíritu de su
informe: Un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política,
sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política,
geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los
derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho. (sic) Su papel de
árbitro se difumina. Al decir de Simmel, el mediador, si este fuese el caso,
debe articular propuestas, abrir espacios políticos, apoyar soluciones
negociadas y facilitar consensos. No puede favorecer a una de las partes. Si lo
hace, rompe su papel mediador y actúa con intenciones mezquinas y perversas.
Veamos un ejemplo. El informe señala la realización de 558 entrevistas.
Debemos presuponer que Bachelet pudo reunirse sin ningún tipo de cortapisa con
todas las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes políticos en
su visita al país. De hecho, se fotografió con el autoproclamado presidente
Juan Guaidó y también con el presidente constitucional y legítimo Nicolás
Maduro. Pero vaya fiasco. De las 558 entrevistas a las que alude el informe,
460 se realizaron en el exterior. Los países elegidos: España, Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú.
Es decir, 82 por ciento de los encuestados no vivía en territorio
venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se menciona la
terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación
opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación. Ni una
palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se
menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos,
está en manos de la empresa privada. Se oculta que la prensa escrita privada,
ronda 75 por ciento y que las radios públicas no superan 30 por ciento del
conjunto nacional. Por otro lado, la Alta Comisionada desestimó las
informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de los derechos
humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones públicas. Mintió al
señalar que sólo existe un centro penitenciario de mujeres, cuando en realidad
están funcionando 17 en todo el país.
Resulta inexplicable que la Alta Comisionada redactase un cuestionario
ad hoc para las autoridades venezolanas recabando datos de las denuncias por
violación de los derechos humanos realizadas por los partidos de oposición y
las desestimase como información para elaborar su informe. En él no se
mencionan las guarimbas, pero si la violencia de las fuerzas de seguridad del
Estado. ¡Cómo olvidar que se trata de un informe apolítico, neutral y
equilibrado! Y lo más grave: manipula y distorsiona los hechos al no explicar
sus causas. Nada del sabotaje, las sanciones, el bloqueo económico y los
llamados a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional. Esos datos no
aplican a la violación de los derechos humanos.
Poco creíble un informe donde desaparecen los motivos y no se investigan
las causas de la crisis. No se trata de negar los hechos, sino de explicarlos y
buscar salidas. Lamentablemente, el informe tiene un objetivo, ser un arma en
manos de la oposición y sus aliados internacionales para seguir violando los
derechos humanos eso sí, con el aval de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de la ONU.
Tomado de La Jornada de México.
Por Juan Martorano/ Barómetro Latinoamericano/ADDHEE.ONG:
Recientemente, algunas amistades me preguntaron mi opinión respecto a la
decisión del pretendido presidente autoproclamado, Juan Guaidó, quien ha
señalado que para el día martes 09 de julio de 2019, la Asamblea Nacional (En
desacato e insubordinada) aprobaría el reingreso de Venezuela al denominado
Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR), y después se solicitaría
a la OEA ese reingreso. Todo esto formaría parte de la generación de
condiciones para la legitimación de una invasión militar, de tipo “humanitario”
sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Pero este anuncio del parlamentario no se puede ver fuera de contexto
con la reciente divulgación del informe de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, me refiero a la ex presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, y de la cual, ha habido algunos analistas que se han
pronunciado al respecto.
Tal y como lo señaló la camarada Secretaria de Organización del partido
“Patria Para Todos”, diputada de la AN y diplomática de carrera, Blenia Medina,
Mal puede catalogarse de informe el papel que leyó Bachelet el pasado 4 de
julio de 2019. Y el referido documento, ha sido rechazado por múltiples
personalidades e instancias, una de ellas, la de Alfred De Zayas, investigador
independiente quien realizó un informe muy objetivo sobre la situación de
Venezuela, y uno de los más vehementes críticos del documento de Bachelet.
Lo primero que hay que señalar sin ambages, es que la “Bachelet” no
escribió el referido documento; el cual estaba redactado desde el mes de marzo
del presente año, cuando la avanzada que ella envió (y que es el mismo equipo
de su antecesor, el príncipe jordano Zeid Raad Al Hussein, quien es muy amigo
del dirigente opositor de la Revolución Bolivariana, Diego Arria) en su visita
al país durante ese lapso comprendido. Entre otras cosas, hay algunos eventos
que no se refieren en el documento de 18 páginas, como es el magnicidio en
grado de frustración contra el Presidente Maduro del 4 de agosto de 2018, y el
sabotaje eléctrico sufrido a partir del 07 de marzo de 2019 y durante todo ese
mes. Los que han tenido la oportunidad de leer el precitado documento antes
señalado, entenderán muy bien a lo que me refiero.
Sin embargo, me permitiré referirme a algunos ítems del referido
documento, el cual en lo personal no me sorprendió en lo más mínimo, y que
amerita una respuesta bien fundamentada por parte de diferentes organizaciones
promotoras de Derechos Humanos con visión crítica y contrahegemónica,
organizaciones políticas y sociales que deseen pronunciarse con respecto a ese
documento que no dudo en catalogar de “panfleto”.
Importante es de señalar que, en el mundo entero, ningún Estado cumple
al 100% con los Derechos Humanos, y siempre se registran de alguna u otra
manera violaciones a los mismos. También las nuevas concepciones de Derechos
Humanos señalan que no sólo los Estados son susceptibles de cometer violaciones
a los Derechos Humanos, sino que también personalidades del sector privado
pueden cometer este tipo de infracciones. Esto, evidentemente los que defienden
los Derechos Humanos con visión hegemónica no lo señalan en sus
argumentaciones.
En el ítem II del referido “informe” en el que se refiere a los derechos
económicos y sociales, se sostiene que “la crisis económica y social se agudizó
considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía siga
contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a
raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población
venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus
derechos económicos y sociales”.
Llama poderosamente la atención este análisis simplista y totalmente
descontextualizado de la realidad que afronta el país. Porque evidentemente las
violaciones de los derechos económicos y sociales de la población vienen
producto de una política de exterminio promovida desde las administraciones
Obama-Trump en el contexto de la imposición de medidas coercitivas unilaterales
ilegales contra el Estado- Nación venezolano. Estas medidas, de acuerdo al
estatuto de Roma, puede perfectamente configurar el delito de genocidio contra
la población venezolana, en la cual, el Gobierno y Estado venezolano pueden
perfectamente accionar.
Resulta curioso que en el documento leído por la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para la Defensa de Derechos Humanos, nada señale que en buena
medida, la privación de Derechos Sociales y Económicos se debe a la
manipulación del tipo de cambio tendiente a propiciar la merma del poder
adquisitivo de nuestro signo monetario, el bolívar, y a tratar de imponer una
dolarización de facto de la economía venezolana, elemento este que golpea de
manera considerable a los sectores más vulnerables de la población al negársele
el acceso a alimentos y medicamentos. Y esto proviene de sectores privados de
la economía venezolana en coordinación con operadores políticos y conglomerados
mediáticos vinculados a la administración Trump, y no al Gobierno que encabeza
Nicolás Maduro Moros.
Señala el referido panfleto que “el desvío de recursos, la corrupción y
falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión
han tenido como resultado violaciones al derecho a nivel de vida adecuado,
entre otros, al deterioro de los servicios básicos como el transporte público y
el acceso a electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre de 2018,
miembros del Gobierno comenzaron a hablar de las consecuencias de la crisis
económica y a reconocer ciertos aspectos de la situación humanitaria,
principalmente respecto a la escasez de alimentación y de los medicamentos. El
Gobierno afirmó que destina 75% de su presupuesto a la inversión social”.
Ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien iniciándose el
período constitucional presidencial 2019-2025, en la juramentación de su nuevo
período para el cual fue reelecto, ante el Tribunal Supremo de Justicia el
pasado 10 de enero de 2019, que solicitó ante la Asamblea Nacional
Constituyente la modificación y ajustes a la Ley contra la Corrupción, a los
fines de castigar de forma ejemplarizante delitos cometidos por algunos
funcionarios públicos durante su administración. No en balde, durante la
presente administración de Nicolás Maduro, cerca de 4.000 funcionarios públicos
y funcionarias han sido procesados y detenidos por la comisión de delitos
contra la cosa pública.
Y evidentemente, ante el asedio que se promueve desde el gobierno de
Estados Unidos, si nos consta que el 75% de la inversión social se destine a
las Misiones Bolivarianas y a establecer todo un sistema de protección del
pueblo, sobre todo dirigida a los sectores más vulnerables de la población,
rompiendo con la ortodoxia de las políticas neoliberales referidas a las
políticas de “ajustes estructurales”, donde siempre resultan perjudicados los
más débiles. Esto no es reconocido en el pretendido “informe” de la señora
Bachelet.
En el referido pasquín se ataca al programa Clap promovido por el
Ejecutivo Nacional, al catalogarlo que el mismo “no cubre las necesidades
nutricionales de la población y que el Gobierno no ha demostrado que ha
utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización
progresiva del derecho a la alimentación ni tampoco que hubiere buscado, sin
éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias. En los
últimos meses, el Gobierno ha solicitado y aceptado ayuda, aunque ha sido
insuficiente para cubrir las necesidades de la población”.
Es evidente que la posición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para Derechos Humanos, se alinea con posiciones que hemos leído en portales web
y de conglomerados mediáticos nacionales e internacionales. Cuando se señala
que “según las personas entrevistadas le habrían señalado una falta de acceso a
alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La
disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los
entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que
consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un
impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales encargadas
y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10
horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron
algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por
sexo”, se demuestra una posición sesgada y totalmente parcializada, lo que de hecho
ya descalifica el mencionado documento.
Resulta temerario responsabilizar de manera exclusiva al Estado
venezolano de la actual hiperinflación y contracción de la economía venezolana
y a las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década,
como responsables del debilitamiento de los sistemas de producción y
distribución de alimentos, “aumentando la cantidad de personas que dependen de
programas de asistencia alimentaria”. El Fondo de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se
encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas (financiada por la NED y
la USAID) confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as
y mujeres embarazadas .
Así como se usa a la ONG Cáritas como una de las fuentes de este
informe, el basamento de muchas de sus informaciones de ONG como el
Observatorio Venezolano de Prisiones de Humberto Prado, Espacio Público de
Carlos Correa o Foro Penal Venezolano de Alfredo Romero, con una posición
políticamente claramente alineada con sectores de la oposición venezolana y que
constan en numerosos archivos de haber recibido financiamiento de agencias de
inteligencia de Estados Unidos, son algunas de las razones que nos motivan a
rechazar el pretendido informe.
Se obvia en el mismo que desde la imposición de medidas coercitivas
unilaterales desde el 9 de marzo de 2015, y desde esa fecha hasta el presente
se han dado no menos de 150 rondas de imposición de medidas coercitivas
unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, lo cual no aparece
reflejado en el referido informe.
Se busca destacar en el documento una supuesta persecución,
judicialización y criminalización a la disidencia política de actores políticos
al Gobierno de Nicolás Maduro, así como de la supuesta “represión selectiva”,
pero nada se señala de la muerte de Orlando Figuera, por parte de simpatizantes
de la oposición, sólo porque éste parecía “chavista”; o las muertes de Robert
Serra, Eliécer Otaiza, o los constantes llamados a la violencia y al
derrocamiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas; o al
magnicidio en grado de frustración cometido en contra de la persona del Jefe
del Estado y de altas personalidades de las ramas del Poder Público Nacional el
04 de agosto del año 2018, lo cual tampoco aparece reflejado en el referido
papel de trabajo.
En el panfleto antes mencionado, se ataca la labor de la Guardia
Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de
Acciones Especiales (FAES) al catalogarlas como sustitutas de las denominadas
“Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”, el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM). Importante es de destacar que estos cuerpos de seguridad e
inteligencia han ejercido una labor de contención democrática de las amenazas,
en el marco de guerra híbrida, multidimensional y multiforme que vive la
República Bolivariana de Venezuela, desde la asunción del comandante Hugo
Chávez en la Presidencia de la República, y la cual ha escalado luego de su
desaparición física el 05 de marzo de 2013.
Muy importante señalar que, nuestra política de seguridad ciudadana, y
de seguridad y defensa de la Nación, están sustentadas en lo preceptuado en el
artículo 326 del texto constitucional, concatenado con el artículo 59 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Este
último artículo, nos permitiremos transcribirlo, textualmente:
“El Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un Sistema de
Protección Popular para la paz, en el cual se integren todos los Poderes
Públicos del Estado, en todos los niveles político-territoriales, con el pueblo
organizado y las instancias de gobierno comunal, con el fin de promover y
ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución
de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e
internas a la seguridad de la Nación. El instrumento de creación y los
instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema al que se refiere
este artículo, deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la
protección del pueblo, las autoridades encargadas para su coordinación y los
mecanismos de articulación de los órganos y entes del Poder Público Nacional,
Estadal y Municipal, así como las instancias de gobierno comunal y pueblo
organizado”.
Es decir, las referidas instancias, conjuntamente con el pueblo
organizado y las instancias del Poder Comunal, son las que definen las
políticas de seguridad ciudadana, así como la política de Defensa y Seguridad
de la Nación.
No ha sido política de Estado, ni en el gobierno de Hugo Chávez ni ahora
con el presidente Nicolás Maduro la promoción sistemática y violación de
Derechos Humanos. Y aquellos funcionarios y funcionarias de cuerpos policiales
o de inteligencia implicados en estos delitos, han sido puestos y llevados ante
el sistema de administración de justicia.
De hecho, ha sido el propio Primer Mandatario Nacional quien ha pedido
investigaciones sobre la comisión de estos hechos punibles. Además de los
denodados esfuerzos por establecer una Comisión de Justicia y la Verdad, la
cual no solo es descalificada en el documento, sino minimizada en su labor de
diálogo y paz con todos los sectores del país.
De ahí que sería muy interesante, que la cancillería venezolana le exija
a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no sólo que
exprese la verdad de Venezuela, sino un informe completo sobre la situación de
Derechos Humanos en la frontera sur de EEUU. Cada día mueren migrantes de las
caravanas provenientes de países centroamericanos como Honduras, México,
Guatemala, presos en campos de concentración donde los mantiene hacinados,
sobre todo a niños y adultos, en condiciones infrahumanas. O la situación en
Colombia, donde se han asesinado a más de 300 líderes sociales, ex guerrilleros
de las FARC-EP, por sólo citar dos ejemplos emblemáticos.
A esta trama de desestabilización y de tratar de generar las condiciones
para una intervención directa, en alineación con el panfleto de Bachelet,
Guaidó se activa y ahora pretende que el parlamento apruebe el TIAR para
Venezuela, a fin de activar, lo que sectores de la oposición han realizado, una
interpretación tergiversada del artículo 187 numeral 11 del texto
constitucional, para legitimar la invasión gringa en Venezuela.
“Ya no queda espacio para la duda, quedó muy claro para el mundo que
Venezuela vive una dictadura. Por eso, asumo mi responsabilidad en las acciones
que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos ejerciendo, como parte
de una sola estrategia, para conquistar el cambio”, señaló Guaidó.
Guaidó comunicó que “cumpliendo los pasos requeridos”, la AN aprobará el
TIAR, y una vez que esté aprobado, “tocará construir el respaldo de los demás
países de la región para que este mecanismo cuya aprobación final pasará por la
Organización de Estados Americanos (OEA)”. Es clara la hoja de ruta del títere
imperial.
Por ello, es que Guaidó decidió enviar a su delegación y “sentarse” con
la del Ejecutivo que lidera Nicolás Maduro. Al respecto de este tema, señaló:
“tanto en Oslo, como en el Grupo Internacional de Contacto y todos los espacios
de presión, nuestro objetivo es el mismo: lograr una solución definitiva a la
crisis de nuestro país”. Es decir, Guaidó entiende la jornada de diálogo de
esta semana como el ultimátum que quiere darle a Maduro, antes del despliegue
de la cartilla que le han dado sus amos, los gringos.
Sin embargo, Maduro le picó adelante, y no solo con la ratificación de
Vladimir Padrino López como titular de la cartera de Defensa y Vicepresidente
Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz; A Ceballos Ichaso como jefe
del CEOFANB, y modificaciones parciales en el Alto Mando Militar. Sino que ha
ordenado ejercicios militares a partir del 24 de julio del presente año, a la
par que Caracas se reunirá la izquierda mundial en el Foro de Sao Paulo, hasta
el 28 del corriente mes. Son algunas muestras de la estrategia de Maduro.
Y una carta que se jugaría, para que en caso de que la representación
guaidonistas se levante de la mesa para tratar de generar violencia. Maduro la
tiene como desencadenante histórico muy similar a la convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente que hizo el 1 de mayo de 2017. Pero no me corresponde a
mí anunciarla, ya que es algo así como: “En caso de incendio, rompa el vidrio”.
Ahí se las dejo.
¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
jmartoranoster@gmail.com
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