Narcotráfico, corrupción
y las Fuerzas Armadas y de orden
la reserva moral de la sofofa.
Por Juan Pablo Cárdenas S./ escritor, comunicador social/ Barómetro
Internacional/ADDHEE.ONG:
En Chile hasta hace poco el narcotráfico y el consumo de estupefacientes
no eran temas de mucha preocupación política. Nuestro país, se decía, a lo sumo
sería solo un pasadizo de las drogas, pero hoy debemos reconocer que aquí se
producen alucinógenos, se exportan al extranjero y los niveles de consumo,
especialmente entre los más jóvenes, han llegado a superar el de muchos países
de nuestra Región. Las lacras vinculadas al narcotráfico muestran
dramáticamente sus efectos en los establecimientos escolares, los tribunales de
justicia y las cárceles. Además de involucrar severamente a las poblaciones más
pobres de las grandes urbes, aunque los recursos de este fenómeno sirvan para
mitigar, muchas veces, nuestra arraigada y vergonzosa desigualdad social.
Solo esta realidad puede explicar que millones de chilenos condenados al
salario mínimo puedan incrementar sus ingresos, subsistir y acceder a los
servicios más básicos, aunque muchos de ellos sigan privados en sus derechos a
la salud, educación y vivienda digna. Cualquier cálculo que se haga, indica que
el sueldo promedio de nuestros trabajadores hace imposible solventar su adecuada
alimentación, vestuario o trasporte cotidiano. Mucho menos, todavía, el de sus
familias o el más mínimo acceso a las expresiones de la cultura, el deporte y
la sana recreación. De esta forma es que los niños y adolescentes pobres
descubren en el microtráfico la posibilidad resolver sus carencias. Más todavía
cuando en nuestro país se reprime con tanta dureza el comercio ambulante, esto
la posibilidad que tienen cientos de miles de familias de escapar de la miseria
e, incluso, de ser enrolados por la droga.
El régimen de Piñera ha dado el paso de incorporara a nuestras Fuerzas
Armadas al combate del narcotráfico, especialmente en los numerosos puestos
fronterizos del país. Una medida audaz que ciertamente puede tener su pro y
contra, como ha quedado demostrado en México, Colombia, Argentina, Brasil y
otros países como Estados Unidos. Se trata todavía de una propuesta por
implementar que ya suma partidarios y detractores, cuando hasta aquí esta tarea
ha sido acometida por las policías.
Lo que se teme es que los militares, como también ha sucedido en otras
naciones, puedan ser corrompidos por los enormes y seductores poderes del
narcotráfico y que este fenómeno termine desmoronando la pretendida probidad de
nuestros institutos armados. Por diversas razones, hay chilenos mantienen
confianza en la idoneidad de mundo militar, cuando es cosa de comprobar la
cantidad de oficiales que están siendo procesados por corrupción en las
distintas ramas de nuestra Defensa y seguridad. Como si no fuera también una
expresión de su falta de probidad haber conspirado tantas veces contra nuestra
institucionalidad y haber usado su poder y armas para matar a sus propios
compatriotas, derribar gobiernos, organizar campos de exterminio y tortura.
Junto con facilitarse toda suerte de leyes y condiciones de vida, ciertamente
muy por encima de las que tiene la población civil. Sin que ello les haya
exigido, como se sabe, más trabajo, estudios o méritos, aunque sean propiamente
castrenses, cuando hace más de un siglo en que no tenemos conflictos bélicos
con nuestros vecinos.
Como reza el dicho popular, podemos temer que incorporar a estos
uniformados a la lucha contra el narcotráfico sería como “amarrar con
longanizas a los perros más rabiosos”. Facilitar la acción de los carteles de
la droga y masificar hasta en los propios regimientos el consumo de
estupefacientes. Quizás sea más razonable partir desde cero con la organización
de una policía antidrogas ad hoc, independiente de las labores militares y
policiales, la cual pudiera reclutar conscriptos y jóvenes que escapen del
mando militar y policial actual tan desprestigiado por sus acciones. Y por los
horrores cometidos en el presente y el pasado.
Sin embargo, lo más importante de todo es cuidar de nuestras
instituciones republicanas y la honorabilidad de sus integrantes. Las clases
políticas aquí y en otros países han sido prácticamente las primeras en dejarse
seducir por los poderes fácticos dispuestos a financiar sus partidos y
competencias electorales. Como es el caso de tantos gobernadores y
parlamentarios que han consolidado verdaderos narco estados en el continente; o
como también ha sucedido con tantos jueces y tribunales cooptados por las redes
delictuales.
Chile puede quedar mucho más expuesto todavía al poder del narcotráfico
si sus autoridades e instituciones republicanas no recuperan la fortaleza e
independencia que tuvieron en el pasado. Para hacer frente, por ejemplo, a la
abusiva inversión extranjera en la que muchas veces se solapa la penetración de
los narcotraficantes, como ya sucedió con las concesiones de carreteras y la
instalación en Chile de un Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos. Por
cierto, con la complicidad de algunos políticos, jueces y policías. Asimismo,
el sometimiento de nuestro país a tantos tratados de libre comercio, amén de
debilitar nuestra soberanía y ceder nuestras riquezas básicas, puede ser un
severo inconveniente en la posibilidad de evitar la inversión de capitales
indeseables.
Ni pensar siquiera lo que podría suceder si el propio Ejecutivo, los
legisladores y los tribunales siguen al arbitrio de un Tribunal Constitucional
constituido como un supra poder por la Constitución/artilugio de 1980, de la
dictadura fascista cívico miliar Pinochetista. Entidad que se mantiene
vigente en lo esencial y que, de verdad, muy pocos políticos quieren acotar en
sus atribuciones, ante la posibilidad que, a su turno, sus referentes ganen el
control del organismo. Dado que la integración de sus magistrados se cuotea
políticamente, salvo las muy honrosas excepciones de algunos de sus
integrantes.
El abultamiento de nuestro gasto militar, los ingentes presupuestos que
se destinan a las Fuerzas Armadas, además del mismo sentido común, indican que
el camino debe ser la disminución de su personal y la supresión de sus
privilegios. Que se termine con el absurdo de que los uniformados cuenten con
hospitales propios, un sistema de previsión escandaloso en relación al de los
trabajadores del país y la eliminación de la llamada Justicia Militar, que lo
que hace en la práctica es favorecer la impunidad de los delitos cometidos de
los denominados “hombres de armas”. Qué más podrían querer los narcotraficantes
que contar con “burreros” uniformados que pudieran, a lo sumo, ser llevados a
las fiscalías militares y, eventualmente, a sus cárceles de lujo, como sucede
actualmente en otros ámbitos del delito.
Siempre es conveniente revisar la experiencia de otros países al
respecto, donde se comprueba que la represión militar a los traficantes de
drogas, además de infiltrar a sus agentes, ha llevado a los carteles a dotarse
expeditamente de las armas para hacer frente a la represión y sumar a los
estragos del consumo de drogas los de la violencia, el narcoterrorismo y los
crímenes más espeluznantes.
Es cierto que habría muchos militares o ex uniformados capaces de
ejercer un notable servicio al combate de las drogas, pero ciertamente
podríamos arriesgarnos a lamentar, mañana, una dócil sumisión de los militares
al poder de los narco productores y traficantes. Por todo lo cual parece
oportuno recordar que la mejor forma de combatir ésta y otras lacras es la
justicia social, favorecer el empleo justamente remunerado, prohibir la extrema
riqueza, ejercer una real soberanía sobre nuestro territorio y fronteras. No
para cerrarles el paso a los inmigrantes que llegan con la ilusión de encontrar
un trabajo digno, sino a tantos especuladores y delincuentes “de cuello y
corbata” que vienen a empoderarse en nuestra geografía. Y que hoy, como tanto
nos consta, tienen en jaque nuestros suministros más esenciales, como la luz y
el agua potable.
Lo subrayado es nuestro.
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