Con el pueblo o con el Parlamento
Por Juan Pablo Cárdenas Squella.
Escritor, periodista
y analista internacional/Addhee. Ong
Con bombos y platillos el gobierno y el
parlamento aprobaron una ley de reajuste del salario mínimo. En un proceso que
será gradual, se acordó que este ascendería a los 500 mil pesos a mediados del
próximo año, a pesar de que el país enfrenta una inflación que podría afectar
el poder adquisitivo de la cifra convenida.
Quienes concurrieron con su apoyo son todas
autoridades que obtienen mensualmente cifras por encima de los 9 millones de
pesos, unas 16 veces el salario mínimo que hoy reciben al menos 800 mil
trabajadores chilenos. Muy expresivo de esta desigualdad es el hecho, además,
de que el quintil más pobre de la población solo recibe el 5.38 por ciento del
ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento más rico recibe 17 veces más en
promedio. Debe considerarse en este análisis un estudio realizado por CIPER
Chile que determinó que los ingresos de los legisladores chilenos son más altos
en relación a los países que conforman la OCDE, es decir Estados Unidos,
Italia, Japón, Bélgica, Finlandia, Noruega, Suecia y el Reino Unidos entre
otros.
Curiosamente, esta noticia del reajuste fue
aplaudida por la Central de Trabajadores de Chile, una entidad sindical
controlada por los partidos oficialistas y que a esta altura le quedan muy
pocos afiliados en todo el país. Al mismo tiempo que también estuvieron
contestes con la Ley las principales entidades patronales y, desde luego, la
gran prensa que financian.
La promesa de un nuevo salario coincide con
las severas denuncias de corrupción que comprometen a las Fuerzas Armadas, a
las policías, a varios alcaldes y a los legisladores acusados de recibir
sobornos de parte el mundo empresarial, tanto como cuantiosos aportes a su
actividad electoral. Denuncias que, en realidad, comprometen a casi todo el
espectro partidista. En la escala de los grandes desfalcos se ubican el
“milicogate” y el “pacogate”, coloquiales expresiones con que el pueblo señala
a los uniformados. La defraudación fiscal de los carabineros o “pacos” se
considera el robo más alto de nuestra historia y favoreció a unos 130
funcionarios y miembros del alto mando policial, los que se habrían repartido
unos 35 mil millones de pesos. Así como ahora último se descubre un nuevo
episodio de estafa piramidal que tendría comprometidos a más de 4 mil policías
uniformados, sin que se sepa todavía a cuánto asciende el robo organizado desde
las cúpulas uniformadas.
El “milicogate”, en tanto, es un caso de
corrupción dentro del Ejército que por años desvió a los bolsillos de sus
oficiales los fondos que le otorgaba a las FFAA la Ley Reservada del Cobre y
que ha dado lugar a una investigación ejemplar llevada a cabo por la jueza Romy
Rhuterford que ya tiene procesados a los más altos comandantes de la
Institución, asumiéndose que los recursos robados puedan superar todos los
demás episodios de malversación de caudales públicos.
Todo esto en un país que hasta hace poco se
ufanaba de su probidad. Hasta que estallaron episodios como el del Caso
Chispas, Inverlink, Penta, Cabal y el Mopgate que comprometieron al cercano
entorno de amigos y parientes de los expresidentes Ricardo Lagos, Michele
Bachetet y Sebastián Piñera. Millones de recursos robados al abrigo de La
Moneda, por supuesto, así como ahora se sustraen recursos desde los municipios,
donde ya hay más de una decena de ediles enfrentando cárcel y se suceden
bullados escándalos que indignan a la opinión pública.
Para colmo, recién ahora empiezan a
evidenciarse las irregularidades que comprometieron las privatizaciones de
Endesa y la sanitaria EMOS durante el gobierno del mismo Lagos quien
discurriera, además, el Crédito bancario con Aval del Estado para financiar la
educación superior de los estudiantes más pobres, los que han acumulado una
millonaria deuda que ha prometido condonar el actual Presidente Boric. Aunque
todavía no sepa cómo podría lograrlo si es que no consigue aprobar su Reforma
Tributaria en un Congreso Nacional que le es muy adverso políticamente. Cuando
la mayoría de los legisladores se opone a aprobar siquiera un Impuesto
Patrimonial que apenas sugiere elevarles los impuestos al dos por ciento de los
multimillonarios del país. Entre ellos, por ejemplo, a Iris Fontbona, cuya
fortuna se calcula por sobre los 24 mil millones de dólares, y a otros
poderosos empresarios como el ex presidente Sebastián Piñera que en menos de
tres décadas ha sumado una riqueza por sobre los 3.5 mil millones de dólares.
Es obvio que el gobierno de Boric busca
recaudar recursos para encarar los severos déficits educacionales y de salud,
entre muchas otras demandas sociales. Todo esto en medio de otro escándalo que
sindica a las administradoras privadas de salud, las isapres, en el cobro
ilegal y por años de unos 800 mil millones de pesos a sus usuarios. Cifra que
la Corte Suprema exige, ahora, restituir a las víctimas.
Paradojalmente, extraña que ante este nuevo
defraude sea el propio Gobierno y, desde luego la oposición de derecha, quienes
se demuestren dispuestos a facilitarles a las isapres formas de devolución de
los cobros ilegales, cuando lo deseable sería que con su insolvencia
enfrentaran la quiebra y el país tenga la posibilidad de sacudirse de un
sistema oprobioso y que ha lucrado con la salud de tantos chilenos. Un
oligopolio que junto a las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) era
considerado uno de los más fructíferos negocios del país, como una oportunidad
sabrosa para los inversionistas extranjeros. Más, todavía, que la de invertir
en la minería y otras actividades productivas.
En su último mensaje presidencial, Boric le
atribuye a su proyecto de reforma tributaria la posibilidad de atender las
demandas sociales, con lo que ha dejado ahora en ascuas la posibilidad de
cumplir sus promesas electorales, toda vez que la derecha tiene, como dicen, el
sartén por el mango en el Congreso Nacional.
No recuerda nuestra historia que estos
sectores sean propicios a elevar los impuestos a los más ricos y generar una
más justa distribución del ingreso. Como en otras ocasiones, los partidos
retardatarios le ofrecen al gobierno un pacto social que lleve a elevar el
crecimiento económico para que el Estado pueda recaudar más en favor de los
sectores pobres y desvalidos. Aunque todos sabemos que en los largos años en
que nuestra economía creció, ello nunca logro traducirse en mayor equidad y ni
siquiera en la posibilidad de erradicar la extrema pobreza.
En una realidad ahora afectada severamente
por el crimen organizado y el narcotráfico, se desvanecen también aquellas
promesas como la reforma de las policías. Después de los despropósitos que el
país conoció respecto de sus conductas represivas y severas violaciones de los
Derechos Humanos, de la noche a la mañana La Moneda es la primera aliada de
Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Cuyos efectivos reparte de norte a sur
para hacer frente al crimen, pero también a las demandas de las etnias mapuches
y de los estudiantes y profesores frustrados nuevamente por las promesas
políticas incumplidas. Como el pago que se prometió de la deuda histórica con
los profesores, cuyos montos ascienden a volúmenes imposibles de reunir y
disponer. Si no se cuenta, al menos con la posibilidad de que los ricos
tributen más.
Parece llegado el momento de cuestionarse
la legitimidad de un Parlamento que obstruye tan descaradamente la justicia
social. Cuando todos sabemos, además, que muchos de los que están allí se
agenciaron sus cargos gracias a un sistema electoral de muy baja
representatividad y solvencia democrática. Más bien lo que debe hacer un
gobierno que se dice de izquierda es buscar un pacto social con los
trabajadores y el pueblo. Reafirmar sus propósitos convocando y apoyándose en
la masiva movilización popular, más que andar buscando aliados entre los que
siempre han sido refractarios a los cambios.
Lamentablemente, en un país de
tan pobre diversidad informativa, bajo estándar educacional y precaria madurez
cívica, lo que está ganando terreno es el populismo y el caudillismo. Que el
pueblo sienta que sus peores e históricos enemigos pueden ser ahora sus
salvadores. Lo que tan bien se demuestra en quienes integran ahora la nueva
instancia constituyente.
Por
Juan Pablo Cárdenas Squella.
Escritor, periodista y analista internacional/Addhee. Ong
Estimados amigos
asociados:
Adjunto el excelente artículo, una genial síntesis de la tragedia que
sobrevive nuestro Pueblo de nuestro distinguido colaborador Juan Pablo Cárdenas
Squella : “ Aún tenemos Patria ciudadanos”, me lleva a parafrasear la
proclama de Quirino Lemáchez del prócer, símbolo de la
gesta emancipadora del Pueblo Chileno,
el padre del periodismo nacional Camilo Henríquez González, ¡vigente¡. La mayoría del Pueblo Chileno por
más de cincuenta años avasallado, humillado, encadenado a una Constitución/
artilugio 1980, impuesta por la dictadura cívico militar pinochetista que se
pretende perpetuar por otros 50 años más, en el contexto del maldito Acuerdo
por Chile, impuesto por el Poder Legislativo, con el territorio ocupado por la oligarquía empresarial,
financiera-bancaria/agiotista agrícola monopolista y su testaferra la clase
politicastra castrense /corrupta, vende patria. Las seudas: democracia,
libertad, justicia “en la medida de lo posible” con las que machacan los medios
mediáticos enajenantes mercuriales,
especialmente la telebasura/internet, constituyen un espejismo como todas las
abstracciones que pueblan la fantasía de los ilusos o forman el capital de los mendaces. La mayoría del Pueblo por más de 50 años ha
estado ausente. En este Chile virtual de
la CTC y la Sofofa no existe la libertad de prensa, porque las opiniones al alcance del Pueblo están
controladas hasta la uniformidad y la verdad ajustada al punto de vista de la
clase oligarca empresarial ocupante, es decir, no existe democracia. La Dignidad Humana brilla por su flagrante ausencia.
Basta ya de eufemismos, con el Pueblo
o con el Parlamento, la denuncia y acusación con talento y patriotismo nos las
plantea nuestro colaborador Juan Pablo
Cárdenas Squella:
- Hay que acabar ya, con el infausto
acuerdo por Chile de la tiranía capitalista a perpetuar de la CTC/Sofofa, ¡aún tenemos Patria
ciudadanos¡. Exijamos una nueva Constitución elaborada y sancionada
soberanamente por el Pueblo en el marco de una Asamblea Legislativa Constituyente.
- Hay que terminar con la depredación y saqueo de las riquezas naturales y
de las arcas fiscales.
“El que tenga Patria, que la honre, que la defienda”. La Patria está
implícita en la solidaridad ciudadana de un pueblo digno que lucha y no en la
confabulación de una taifa de mercachifles y
de sus testaferros la taifa politicastra/castrense corrupta, vende
patria que medran, saquean, depredan, latrocinan a su sombra por más de 50
años...
“Chilenos, ustedes, la mayoría no son esclavos. Nadie
puede mandarles contra su voluntad.
Está escrito en los libros de los
eternos destinos que fuisteis libres
y dignos por influencia de una Constitución vigorosa y un código de leyes
sabias que tuvieron un tiempo, como lo
tienen todas las naciones de esplendor y de grandeza que ocupan un lugar en la
historia del mundo”...
Con esperanza y memoria, es la hora
de los Pueblos Chileno y Mapuche, porque “la historia es nuestra y la hacen los
pueblos “. ¡Levántate Chile!
Prof. Moreno Peralta/IWA
Secretario Ejecutivo Addhee. Ong
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