Informe amnistía internacional en Chile: La peor catástrofe de los DD.HH desde la dictadura cívico militar/2019.
Entre otras cifras, la organización señala que el
año pasado hubo 13 mil personas heridas durante los dos primeros meses del
estallido social mientras que la Fiscalía Nacional registra 2.500
denuncias por violaciones a los derechos humanos. También menciona que 31
personas murieron en ese contexto, 4 en manos de agentes del Estado y 2 en
custodia policial. Comparte en
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Este jueves Amnistía Internacional (AI)
publicó un informe titulado “Los derechos humanos en las Américas:
retrospectiva 2019”, en el que aborda el escenario en Chile en torno
esta materia durante el año pasado, con especial énfasis en los hechos
ocurridos después del 18 de octubre.
El texto realiza una sentencia clara: “Chile
cerró el año 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura
cívico militar del general Augusto Pinochet”.
Roberto Morales, vocero de la organización, recordó el trabajo realizado por la
comitiva internacional que viajó al país en noviembre pasado y que concluyó que
existía un” uso excesivo de la fuerza con la intención de dañar y castigar a
la población que se manifestabay la intención de las fuerzas seguridad
de lesionar para desincentivar protesta”.
En este nuevo informe, la organización recoge una
serie de cifras entregadas por instituciones del Estado, entre ellas, el Ministerio
de Salud, que registró más de 13 mil personas heridas durante los dos primeros
meses de protestas, y la Fiscalía Nacional, que registra 2.500
denuncias por violaciones a los derechos humanos.
También menciona que 31 personas perdieron
la vida en el marco de las protestas, 4 en manos de agentes del Estado y 2 en
custodia policial.
"El informe
anual tiene una mirada de todas las Américas y el panorama es desalentador.
Millones de personas echaron a las calles para protestar contra la violencia,
desigualdad, corrupción e impunidad", comenta Roberto Morales, vocero de
Amnistía Internacional.
En el caso de
Chile, a partir del estallido social y el decreto del Estado de emergencia, se
registraron:
13.000 heridos
según el Ministerio de Salud.
2500 denuncias
por violaciones de derechos humanos según Fiscalía.
Más de 1500 son
por tortura y maltrato.
Ana Piquer, directora del organismo en Chile, agregó que no obstante lo
anterior, “no es el único tema en materia de derechos humanos que se ha
venido criticando en la situación en Chile”.
“Es necesario no perder de vista que hay cosas que
siguen pasando y que es necesario seguir abordando. En materia de
impunidad siempre es importante recordar que siguen existiendo deudas
en torno a la verdad, justicia y reparación por las gravísimas violaciones
de derechos humanos en dictadura”, dijo.
“Esa impunidad del pasado no queda en el pasado,
porque de alguna manera es también lo que nos lleva a no hacernos cargo de esa
historia y a ser hoy día víctimas de violaciones de derechos humanos muy
graves. En ese sentido es importante que los delitos que se están
cometiendo hoy no queden impunes“, agregó.
Finalmente, también señaló que entre otros grupos
que también han sido víctimas de estas vulneraciones también se encuentran
los defensores comunidades indígenas y del medioambiente, así como
la falta de soluciones para zonas de sacrificio y la criminalización al pueblo
mapuche.
EN EL CONTINENTE AMERICANO: LOS ESTADOS RESTRINGIERON EL ASILO Y EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN EN 2019.
Mientras millones de personas se echaban a la calle para protestar por la
situación imperante de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se
veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de
las Américas restringieron el año pasado el derecho de manifestación y el
derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones
contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional. Así lo ha
manifestado Amnistía Internacional hoy, al presentar su informe anual sobre la región.
“El
año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de
las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que
recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas
protestar o buscar seguridad en otro país. Pero también vimos que la juventud
se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a
escala masiva. Su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y
muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar”, dijo
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Cuando
el malestar social, la inestabilidad política y la destrucción medioambiental
en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos humanos es más
urgente que nunca. Y que nadie se engañe: los dirigentes políticos que predican
el odio y la división en un intento por demonizar y minar los derechos de otras
personas se encontrarán en el lado equivocado de la historia.”
“El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos
en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más
autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las
personas protestar o buscar seguridad en otro país. Pero también vimos que la
juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más
amplias a escala masiva. Su valentía ante la cruel represión estatal nos da
esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar”, dijo Erika Guevara
Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Violencia desatada y represión estatal contra manifestantes y
personas defensoras de los derechos humanos
Represión a manifestantes
durante las marchas en Chile. Foto: Mateo Lanzuela
El
año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por
jóvenes, para exigir rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en
países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, pero las autoridades
respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más
militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y
abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban.
La
represión en Venezuela fue
especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro
cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos
humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso
excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En Chile, tras el
estallido social han proliferado las protestas en exigencia de una sociedad más
justa y equitativa. Ante esto, las autoridades han respondido- en gran medida-
criminalizando y castigando ferozmente a quienes se movilizan. Si bien, muchas
tácticas violentas de las fuerzas policiales se habían denunciado ya en
diferentes períodos de la historia reciente; el país no conocía una crisis de
derechos humanos de tal envergadura desde el fin de la dictadura de Pinochet.
En consecuencia, el ejército y la policía hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro
personas e hirieron de gravedad a miles más
En
total, al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas
en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho
en Ecuador y seis en Honduras.
Latinoamérica
volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes
defendían los derechos humanos; las personas que se dedicaban a
proteger los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente estuvieron
especialmente expuestas a homicidios selectivos, criminalización, desplazamiento
forzado y acoso. Colombia siguió siendo el país más letal para
los defensores y defensoras de los derechos humanos, con al menos 106
homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el
encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país.
México fue
uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes
violentas en 2019. El país también sufrió una cifra récord de homicidios, pero
continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado: creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó una
alarmante ley sobre el uso de la fuerza.
La
violencia por arma de fuego siguió siendo uno de los principales motivos de
preocupación en Estados
Unidos, donde había demasiadas armas y las leyes eran
insuficientes para seguirles el rastro e impedir que llegaran a manos de
personas que pretendían causar daño. Una nueva norma anunciada por la
administración Trump en enero de 2020 facilitó enormemente la exportación de rifles
de asalto, armas creadas con impresoras 3-D, munición y otras armas para
propagar una extendida violencia por arma de fuego más allá de las fronteras
estadounidenses, especialmente en otros países de las Américas. De igual modo,
en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firmó una serie de decretos y órdenes
ejecutivas que, entre otras preocupantes consecuencias, suavizaban la normativa
sobre la posesión y el porte de armas de fuego.
Los gobiernos adoptaron agresivas posturas respecto a las
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
El
número de hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de la crisis de
derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones
—una cifra sin precedentes en las Américas—, pero Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo
nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a
personas venezolanas necesitadas de protección internacional.
Más
al norte, el gobierno estadounidense hizo un uso indebido del sistema de justicia para acosar a quienes defendían los derechos de las personas
migrantes, detuvo ilegalmente a menores que huían de situaciones
de violencia e implementó nuevas medidas y políticas para atacar y restringir de forma masiva el acceso al asilo, incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho
internacional.
Las
personas seguían buscando en Estados Unidos protección frente a la violencia
persistente y generalizada, pero la administración Trump las devolvía a
situaciones de peligro. El gobierno de Trump ha obligado a decenas de miles de
personas a esperar en peligrosas condiciones en México bajo la engañosamente
denominada política de “Protocolos de Protección a Migrantes”, también conocida
como Plan “Permanecer en México”.
Estados
Unidos está introduciendo a la fuerza a un número cada vez mayor de
solicitantes de asilo en programas secretos de deportación acelerada que les
privan de su derecho a asistencia letrada. También ha presionado a países
vecinos para que violen el derecho a solicitar asilo, y ha obligado a
Guatemala, El Salvador y Honduras a firmar una serie de acuerdos de “tercer país seguro” mal planteados y contrarios a
los hechos comprobados.
Tras
las amenazas de la administración Trump de imponer nuevos aranceles
comerciales, el gobierno mexicano no sólo accedió a recibir y acoger, en virtud
de los Protocolos de Protección a Migrantes, a personas solicitantes de asilo
devueltas a la fuerza, sino que también desplegó tropas para impedir que personas
centroamericanas consiguieran llegar a la frontera de Estados Unidos con
México.
La impunidad, el medioambiente y la violencia de género
siguieron siendo importantes motivos de preocupación
La
impunidad siguió siendo la norma en la región. El
gobierno guatemalteco socavó el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cerrando el año
pasado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), antes
de que el gobierno del vecino Honduras anunciara en enero de 2020 el fin de la
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La
preocupación por el medioambiente siguió aumentando en las Américas, mientras
la administración Trump anunciaba formalmente su intención de retirarse del acuerdo de París y mientras graves crisis
medioambientales en la Amazonía afectaban a pueblos indígenas de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Brasil se vio especialmente
afectado, pues las políticas contra el medioambiente del presidente
Bolsonaro alimentaron devastadores incendios forestales en la Amazonía y dejaron a los pueblos indígenas
desprotegidos frente a la extracción maderera ilegal y la cría de ganado tras confiscaciones de
tierras. En el caso deChile, el gobierno se negó a firmar el
Acuerdo de Escazú en diferentes ocasiones; pese a haber mostrado su liderazgo
en la etapa preparatoria y posteriormente haber presidido la COP25.
Tras tomar posesión de su cargo
a principios de 2019, el presidente Bolsonaro puso rápidamente en práctica
su retórica más general contraria a los derechos humanos mediante una serie de medidas administrativas y legislativas que amenazaban los derechos de todas las personas en el
país. Mientras tanto, el emblemático homicidio, cometido en 2018, de la
defensora de los derechos humanos Marielle Franco seguía sin resolverse.
A
pesar de algunos progresos y del crecimiento de diversos movimientos en defensa
de los derechos de las mujeres en las Américas, la violencia de género seguía
estando muy extendida. En
República Dominicana, la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma
habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura. Apenas se avanzó en lo
relativo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región. Debido a la draconiana prohibición total del aborto en el
país, las autoridades de El Salvador siguieron criminalizando a mujeres y niñas
—especialmente las procedentes de entornos desfavorecidos— que sufrían
emergencias obstétricas, mientras que en Argentina una niña menor de 15 años
daba a luz cada tres horas, la mayoría tras embarazos forzados resultantes de
violencia sexual.
Victorias de derechos humanos y motivos para el optimismo en
2020
El
año pasado también trajo consigo noticias positivas. Al terminar 2019, 22 países habían firmado el Acuerdo de
Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En
febrero de 2020, Ecuador se ha convertido en el octavo país en ratificar el
Acuerdo, lo que significa que sólo hace falta que lo ratifiquen otros tres más
para que entre en vigor.
En Estados Unidos, un tribunal
de Arizona absolvió al voluntario de ayuda humanitaria Scott Warren de “dar refugio” a dos migrantes en noviembre tras
proporcionarles comida, agua y un lugar donde dormir, y un juez federal ha
anulado en febrero de 2020 la declaración de culpabilidad de otros cuatro
voluntarios de ayuda humanitaria por cargos similares.
“La ‘marea verde’ de mujeres y
niñas que reclaman sus derechos sexuales y reproductivos y exigen el fin de la
violencia de género mostraron el imparable impulso en las Américas. Desde
Santiago de Chile hasta Washington, DC, sus impresionantes interpretaciones del
himno feminista ‘Un violador en tu camino’ pusieron la banda sonora a la
solidaridad en 2019 e hicieron renacer el optimismo por lo que podemos lograr
este año”,
dijo Erika Guevara Rosas.
Evelyn
Hernández.
La absolución de Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado
tras sufrir una emergencia obstétrica en El Salvador, constituyó otra victoria
para los derechos humanos, aunque la fiscalía apeló la sentencia. Las mujeres jóvenes y las
niñas también se pusieron en primera línea de los movimientos —encabezados
principalmente por jóvenes— que defendían los derechos humanos, y generaron
optimismo en 2020, como demostraron las poderosas manifestaciones feministas
celebradas en lugares como Argentina, México y Chile.
“La
‘marea verde’ de mujeres y niñas que reclaman sus derechos sexuales y
reproductivos y exigen el fin de la violencia de género mostraron el imparable
impulso en las Américas. Desde Santiago de Chile hasta Washington, DC, sus
impresionantes interpretaciones del himno feminista ‘Un violador en tu camino’
pusieron la banda sonora a la solidaridad en 2019 e hicieron renacer el
optimismo por lo que podemos lograr este año”,
dijo Erika Guevara Rosas.
“Ahora que entramos en una
nueva década, no podemos permitirnos que los gobiernos de las Américas sigan
repitiendo los errores del pasado. En lugar de restringir los derechos por los
que tanto se ha luchado, los gobiernos deben utilizarlos como base y trabajar
para crear una región en la que todas las personas puedan vivir libres y
seguras.”
MIRAFLORES, LIMA, PERU – 2019/12/07: Female
demonstrators covering their eyes performing in a feminist flash mob «A Rapist
in Your Path» (In Spanish «Un violador en tu camino») in protest of violence
against women. The song, written by Chile feminist group Las Tesis is becoming
an international feminist phenomenon. (Photo by Carlos Garcia
Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images)
Más información:
Fotografías de la Conferencia de Prensa del
Informe Anual 2019
Descarga el Informe Anual 2019 aquí.
Informe anual 2019 de Amnistía Internacional, Américas
(investigación, 27 de febrero de 2020) https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/1353/2020/es/
Para más información, ponerse en contacto con Ilsen Jara,
directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile ilsen.jara@amnistia.cl, +56 9 64278411
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Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
INDH constata 3.765 personas heridas por carabineros desde el
estallido del 18-O.
Se ha constatado un total de 3.765 personas heridas en las visitas
del INDH, de las cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos
con diagnóstico de pérdida o estallido ocular.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó un nuevo balance
de la observación directa de sus funcionarios y funcionarias en visitas a
comisarías y hospitales, además de las acciones judiciales presentadas a nivel
nacional, en el contexto de la crisis social que se inició el 18 de octubre de
2019.
En el último reporte se informa que en visitas a comisarías,
observadores/as del INDH verificaron una cantidad de 9.545 personas visitadas
en comisarías, desagregadas en 6.935 hombres, 1.475 mujeres y 1.112 niños,
niñas y adolescentes detenidos tras participar de manifestaciones.
Las y los observadores del INDH han concurrido a 67 centros de
salud y unidades médicas desde el 19 de octubre para constatar el estado de
salud de personas heridas por la acción de agentes del Estado, para conocer los
diagnósticos médicos de estas personas, y para recopilar denuncias si corresponde.
Se ha constatado un total de 3.765 personas heridas en estas visitas, de las
cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos con diagnóstico
de pérdida o estallido ocular.
Esta última cifra no
representa al universo de personas heridas desde la crisis social, sino que es
sólo una muestra de casos observados o confirmados por el INDH.
“Reiteramos y hacemos nuevamente un llamado a que Carabineros de
Chile cumpla irrestrictamente sus protocolos en torno al mantenimiento del
Orden Público, en orden a no generar daños y no producir afectaciones de
derechos humanos respecto a personas que se manifiestan de manera pacífica”,
sostuvo el abogado.
Aguirre informó que el INDH ha interpuesto 1.312 acciones
judiciales y subrayó que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos continuará,
en cumplimiento con su mandato legal, promoviendo el respeto irrestricto de los
derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional”.
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