Conferencia internacional: Intervención en Foro
Internacional - DERECHOS HUMANOS EN CHILE, del destacado jurista,
defensor de los Derechos Humanos, Eduardo Contreras Mella.
Los derechos
esenciales del ser humano no tienen más límite que la Ley y el ejercicio de los
mismos derechos por los demás seres humanos que forman parte de esa sociedad,
de ese Estado.
El Estado no es sino la organización política de la sociedad y por tanto
su ley principal, que es la Constitución Política, debe establecer como
cuestión de fondo el listado de los derechos fundamentales que corresponde a
las personas y los mecanismos que garanticen el cumplimiento eficaz del
ejercicio de tales facultades.
Pero además debe establecerse los procedimientos necesarios para que si
se viola o desconoce el ejercicio de los derechos esenciales de la persona
humana, existan los caminos reparatorios y de sanción a quienes violan tales
derechos. Y en nuestro tiempo ese es el inmenso valor de la Jurisdicción
Universal.
En relación a lo cual, el juez Baltasar Garzón, con la autoridad que
tiene en la materia, en su más reciente libro titulado “No a la Impunidad”
incluye el subtítulo de “Jurisdicción Universal, la última esperanza de las
víctimas” y en la página 670 reafirma que “la
jurisdicción universal representa el triunfo de las víctimas frente a la
impunidad. Es el reconocimiento de que existe un mecanismo judicial de defensa
de los derechos cercenados a las víctimas frente a los sistemas de protección
establecidos a favor de los perpetradores, válido tanto en el ámbito de la
Justicia ordinaria o retributiva como en el de la Justicia transicional o
restaurativa”
Dicho esto, nos referiremos a lo que ha sido la larga historia de
atropellos a los derechos humanos del Pueblo Chileno. Que no han sido sólo los
causados por la dictadura cívico militar pinochetista ni las violaciones
cometidas en nuestros días a partir de las movilizaciones sociales en curso.
Son parte de nuestra agitada historia.
Porque ¿Estábamos dormidos realmente como para afirmar que “Chile
despertó”?
¿O será simplemente que las iniciadas en octubre del 2019 no son sino
una más de aquellas movilizaciones sociales contra las injusticias de un modelo
de sociedad que a lo largo de los años caracterizan precisamente lo que hemos
sido como nación?
Porque hay quienes afirman falsamente que nuestro país ha tenido un
ejemplar “desarrollo republicano” a sabiendas que eso es absolutamente falso.
Nuestra historia real ha sido una sucesión de hechos de extrema violencia
signada por asesinatos y masacres perpetradas por la clase oligarca
empresarial sofofa dominante en contra del pueblo trabajador. Ciclos de
luchas, represión, luchas. Toda otra versión de la Historia “oficial” de
Chile no tiene nada que ver con la realidad.
Ya a fines de 1880, se inició el genocidio en contra de nuestros pueblos
originarios, mapuches y luego contra los habitantes de Tierra del Fuego. Y el
siglo XX, está signado de comienzo a fin por decenas de masacres en contra de
los trabajadores, tanto portuarios como obreros salitreros o del Cobre, o de
Frigoríficos, o de campesinos o de estudiantes. Los crímenes masivos de
Antofagasta, Valparaíso, Iquique, Puerto Natales, San Gregorio, La Coruña,
Ranquil, Lonquimay, el Seguro Obrero, la plaza Bulnes, la población José María
Caro, el Salvador, Pampa Irigoin, a lo que deben sumarse los crímenes de las
dictaduras de Ibáñez y de González Videla confirman lo dicho. Y vendría más
tarde, el infausto 11 de septiembre de 1973, el golpe militar contra el
gobierno legítimo y democrático del presidente Salvador Allende Gossens
y la instauración de la dictadura cívico militar.
Esta y no otra es la verdad. No somos un pueblo de paz, sino un pueblo
que ha debido vivir luchando por sus derechos. Un pueblo que además ha sido
varias veces engañado por quienes aparentaban ser demócratas. Es nuestra
realidad y ha sido en general la de América Latina.
Sin duda las más graves violaciones tuvieron lugar cuando la dictadura cívico
militar pinochetista. Un tiempo oscuro en que miles y miles de chilenas y
chilenos, jóvenes, niños, ancianos, mujeres embarazadas, fueron hechos
desaparecer o ejecutados o torturados. Son los crímenes de lesa humanidad cuyos
centenares de procesos judiciales siguen hasta el día de hoy pendientes. Son ya
300 los sentenciados por sus crímenes y cerca de un centenar los que
efectivamente están cumpliendo sus condenas. Ha sido exclusivamente el fruto de
la lucha de familiares y abogados desde la primera querella que junto a Gladys
Marín presentáramos el 12 de enero de 1998 y sin duda también fruto del proceso
abierto en España por el juez Garzón Real que permitió la larga
detención del dictador de marras en Londres y que debió terminar con su
prisión en España. Pero fue un episodio frustrado por la acción vergonzosa de
políticos cobardes del régimen chileno que llegaron a acuerdos con el
dictador de marras y con el régimen inglés.
A propósito de lo cual llamamos la atención sobre lo que sucede hoy en
Bolivia. La violenta represión dispuesta por la usurpadora Jeannine Añez llega
a límites de violencia extrema. Lo personificamos hoy en la situación de los
prisioneros de distintas nacionalidades que sufren torturas en diversos campos
de concentración. Uno de ellos, el periodista Facundo Morales, se encuentra en
gravísimo estado de salud, prisionero en el campo de concentración de
Chonchocoro en La Paz. Su padre, juez de paz de
Argentina asiste a este Foro.
En el caso de Chile, la represión desatada por el régimen de
Piñera Echeñique ha sido condenada por diversas instituciones oficiales
de DDHH, tanto nacionales e internacionales y de la más inobjetable
imparcialidad, incluida la ONU. Esos informes dan cuenta de decenas de muertos,
centenares de heridos, miles de detenidos y torturados, 405 víctimas de daños
oculares, 800 víctimas de violencia sexual y más de Mil procesos judiciales en
curso. A propósito de lo cual correspondería que, si estos procesos judiciales
no avanzan, vayamos a la jurisdicción universal.
Lo que el pueblo exige hoy es la solución a las demandas sociales
principalmente en materia de salarios, educación, salud, vivienda, previsión
social, trabajo y la exigencia de una Nueva Constitución para Chile soberanamente
sancionada por el Pueblo.
Ahora bien, lo que
nuestro pueblo debe asumir es que lo social ya Nueva Constitución no son
exigencias diferentes. En el fondo de lo que se trata es de recuperar el papel
del Estado en la vida del país y para eso se requiere precisamente una Nueva
Constitución que ponga fin al actual modelo impuesto por la dictadura cívico
militar, por el capital buitre foráneo y el gran empresariado
nacional sofofo. Un modelo que entregó los recursos nacionales a
los empresarios privados, a los grandes empresarios internacionales
y despojó de recursos al Estado. ¿Cómo se podría satisfacer la demanda social con el
actual Estado sin recursos y la actual Constitución que no contempla esos
derechos? Imposible. Por eso es que se necesita recuperar lo que nos
quitaron y levantar un Estado con los recursos suficientes para atender las
necesidades del pueblo. Y para eso es que se requiere una Nueva Constitución
Política soberanamente sancionada por el pueblo. Sólo así se podrá
resguardar efectivamente los DDHH en nuestro país.
Recuperar nuestras riquezas naturales, estatizar los
medios de producción, como proponía el joven abogado Ricardo Lagos en 1961. El
litio, el Cobre, deben ser de todos los chilenos, del Estado. Hoy sólo el 5%
del total del agua de Chile es de uso público y en cambio sólo los derechos de
agua privados del actual ministro de agricultura permitirían abastecer a 17
millones de personas. ¿Hasta cuándo soportaremos estas aberraciones? El camino
es uno solo: una Constitución nueva que cambie el modelo actual. Todo lo demás
es engañar al pueblo.
Ha de ser una Constitución que además garantice los
derechos de la mujer, de los pueblos originarios, de los y las personas de
distinta identidad sexual, de los migrantes. Normas jurídica que impidan el
desarrollo de un neofascismo disfrazado del capitalista salvaje, como el
impuesto por los Chicago Boys,
que suele asomarse.
Nuestro tiempo no es idílico. Un presidente ausente, que probablemente
sea lo mejor. Una mayoría parlamentaria que aprueba leyes represivas de las
manifestaciones, un poder judicial que eterniza por décadas la tramitación de
los juicios por delitos de lesa humanidad y que ascendió a la jueza Rosa Egnem,
que ocultó los antecedentes de la brutal masacre de El Laja, San Rosendo.
Finalmente, consignemos un asunto de fondo como es el Poder real en la
Política y en la vida de nuestro país. Hablamos del poder de la Información y
del poder de la Fuerza material. Los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas.
En cuanto a la Información, lo que los ciudadanos en Chile escuchamos,
vemos y leemos día a día es sólo lo que quieren trasmitirnos los propietarios
de los medios de comunicación. La inmensa mayoría vinculados directamente a los
grandes grupos empresariales fariseos sofofos. Trasmiten lo que
garantice su poder y ocultan lo que pueda afectarlo. Así confunden a grandes
sectores sociales. Por ejemplo, a propósito de las manifestaciones iniciadas en
octubre se denunció la supuesta presencia de fuerzas extranjeras en el manejo
de las protestas. Falsa denuncia que también difundió Luis Almagro, el
tristemente célebre secretario de la desprestigiada OEA.
En cuanto a la fuerza material en la política, como
dolorosamente aprendimos en 1973, sigue aquí la presencia de unas Fuerzas
Armadas y una policía uniformada que responden a los intereses de la oligarquía
empresarial sofofa. Negociados, especulaciones, y desprecio por ese pueblo
que con infinita inconciencia cada septiembre les aplaude en su desfile
militar. En menos de un año son más de 50 altos oficiales de Carabineros y más
de 20 altos oficiales de Ejército que han sido llamados a retiro por delitos
económicos. Hoy el Ministerio Publico chileno está pidiendo años de prisión
para varios oficiales comprometidos en la llamada “Operación Huracán”. La
formación de oficiales de estas instituciones en Estados Unidos – escuela de
las Américas en Panamá y el Pentágono/USA - los convenios existentes, así
como el suministro de armamento y equipos han creado vínculos de identidad y
dependencia con la política de las grandes potencias. Una expresión clara de
aquello es la violencia de la represión y la mantención de leyes y decretos
antidemocráticos y abusivos, como el Decreto 1086.
Termino mi conferencia, acentuando, como colofón, que estos son los asuntos de fondo que no
pueden soslayarse si de veras aspiramos a conformar una nueva sociedad y un
nuevo Estado, con democracia, pluralismo y pleno respeto a todos y cada uno de
los derechos fundamentales del ser humano.
Abogado, académico, periodista, ex Diputado, ex Embajador
Lo subrayado es nuestro.
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