¡Magistrados y jueces corruptos!, “La impunidad jamás será eterna porque existe la Justicia Plena:

La Justicia Plena consiste en dar a cada cual lo suyo, es decir, lo justo. No es inmanente ni absoluta, está en el devenir incesante en función de la moralidad social.

Prof. Juan Pablo Cárdenas S./ Escritor, académico, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:

Diario red, el Clarín de Colombia, el nortino de Chile, el Clarín de Chile, Jornada de México, Xinhua.net, la Haine, enred sin fronteras, red latina sin fronteras, telesur, publico.es, Amy Goodman/Colombia University, el Sur Andino, Al Jazeera, Tass, Sputnik:

En las imperfectas democracias del mundo existen diversas formas para la administración de la justicia y el nombramiento de magistrados y jueces. Hay regímenes en que la judicatura depende de los otros poderes del Estado, así como otros en que sus integrantes son elegidos por los ciudadanos. En el caso chileno, lo que tenemos es un híbrido en que sus presupuestos y recursos son determinados por el Ejecutivo y el Legislativo y en que sus máximas autoridades se autogeneran, pero en algunos casos son determinadas finalmente por los gobiernos y legisladores de turno.

De esta forma, y como se comprueba fehacientemente, la llamada carrera judicial está altamente intervenida por la política, lo que ha favorecido desde siempre el tráfico de influencias, así como la inhibición de los tribunales para dictar sentencias contra los altos funcionarios públicos que se corrompen en el poder. En la actualidad ha quedado de manifiesto la lenidad de varios integrantes de la propia Corte Suprema cuyas resoluciones han favorecido, incluso, a empresas extranjeras en desmedro del interés nacional. Tal como ocurrió recientemente en una resolución judicial en favor de una empresa bielorrusa en desmedro de nuestra cuprífera estatal.

En efecto, el soborno a algunos magistrados ha develado las siniestras relaciones de estos con los abogados de dichos intereses foráneos, por lo que arriesgan su destitución del Poder Judicial, pero debiendo también ser condenados por traición a la patria. Ello explica las altas sumas de dinero rescatadas de los domicilios de estos, así como la comprobación de la participación de los prevaricadores en cruceros de lujo por Europa junto a los abogados que les favorecieron con sus sentencias.

Aunque la Reforma al Código de Procedimiento Penal impulsó algunas mejoras en la administración de la justicia chilena es poco o insuficiente lo que se avanzó en materia de renovación de nuestros jueces y la celeridad de su trabajo. Es público y notorio lo lentas que son las investigaciones de la justicia y el desmedido tiempo que trascurre entre una denuncia y su eventual dictamen. Lo que ciertamente favorece la impunidad en variadas causas, pero especialmente en aquellas que involucran a la clase política, como a los más poderosos empresarios.

El país se manifiesta pasmado respecto del mal comportamiento de jueces y magistrados, pero muy poco o nada ha merecido el comentario de los candidatos presidenciales que en dos semanas más enfrentarán una segunda ronda electoral. Algo difícil de explicar cuando es un hecho que el Pueblo Chileno desconfía de la Justicia, concluyendo que ésta es clasista y perjudica muy especialmente a los pobres.

Poco se sabe todavía cuánta penetración ha tenido el narcotráfico en nuestros tribunales, aunque la sospecha existe respecto de resoluciones que en poco tiempo dejan libre a sus cabecillas y operadores, mientras que en las cárceles reina el imperio de las mafias de la droga, al tiempo que se descubren con frecuencia candidatos y políticos que reciben sus aportes, especialmente a nivel municipal. De ello hablan, varios procesos que comprometen actualmente a algunos ediles, pero que habitualmente demoran sus resoluciones y hasta logran bochornosos sobreseimientos. Mucho se comenta que nuestras policías, gendarmes e incluso militares, han sido sobrepasados por las bandas delictuales o francamente cooptados por estas. Existiendo decenas de efectivos comprometidos con el tráfico de estupefacientes y en la permeabilidad de aduanas y controles fronterizos para el ingreso y salida de las drogas y contrabando de armas.

Mucho explica este actual Estado de descomposición judicial la misma impunidad que favorecieron los gobiernos de la posdictadura a aquellos magistrados que fueron cómplices de las graves violaciones contra los Derechos Humanos. Al renunciar, por ejemplo, a la posibilidad de destituir a numerosos jueces y magistrados involucrados como cómplices pasivos y hasta activos del horror que significara las ejecuciones, torturas y ese sinnúmero de despropósitos cometidos por Pinochet y sus secuaces. Cuyo régimen hoy merece, increíblemente, la nostalgia de millones de ciudadanos. Es claro que en la cárcel que hoy tiene encerrado a los más tenebrosos criminales de la Dictadura debiera haber sitio, también, para tantos jueces que denigraron su misión.

La responsabilidad penal, se dice, es siempre personal, pero también existe una negligencia política que compromete a los actores que se han sucedido en el poder, al grado que la administración de justicia es otro de los ámbitos en crisis y que hace preciso que las próximas autoridades manifiesten claramente su voluntad de intervenir con leyes que otorguen verdadera autonomía a este poder del Estado. Para impedir que la corrupción siga propagándose, aunque mucho se teme que sea ya demasiado tarde.

Al menos es necesario materializar luego la condena de los integrantes de esa red de abogados, jueces y políticos coludidos para favorecerse mutuamente, como es el bullado “Caso Hermosilla”, cuyas figuras más comprometidas en el cohecho y tráfico de influencias probablemente confíen en la ascensión de un nuevo gobierno para lograr la prescripción de sus causas o conseguir la más tenue de las sanciones. Ojalá que los nuevos moradores de La Moneda y el Parlamento acometan, por fin, las reformas necesarias para que la Judicatura se constituya realmente en un poder del Estado independiente y deje de ser la caja pagadora de los favores otorgados por la política y el crimen organizado. Condición fundamental para la profundización de la democracia y la equidad social.

Lo subrayado/interpolado es nuestro