Desde la prisión habla Héctor Llaitul, referente Mapuche
Por Carlos Aznárez y Carolina Guiomar Trejo
Casi 500 kilómetros separan la ciudad de
Concepción, al sur de Chile, de su capital Santiago. En esta localidad se
encuentra la cárcel concesionada, Complejo Penitenciario del Biobío, lugar a
donde nos trasladamos para visitar y coordinar la entrega de un cuestionario a
Héctor Llaitul, vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Preguntas donde se abordan distintos temas de la coyuntura chilena como la
reciente Ley Nain-Retamal y los mega incendios vividos en el territorio mapuche
(Wallmapu), junto con la lucha por autonomía y la salida de las forestales de
la zona.
– Al momento de su detención usted es acusado por
delitos vinculados al robo de madera y atentado contra la autoridad, previsto
en la ley de seguridad del Estado, ¿qué antecedentes existen o se han sumado a
la carpeta investigativa, en su opinión, que den sustento a estas acusaciones?
Quien señala que «este encausamiento procesal de la
justicia chilena responde a la presión empresarial y a motivaciones
estrictamente políticas de persecución y de criminalización de la causa
mapuche, aquella que está por las demandas de territorio y autonomía, y a los
que confrontamos directamente con los intereses de gran capital en el
Wallmapu».
«Respecto a mis dichos expresados en entrevistas,
que son el grueso de la acusación, y por lo cual se me aplica la Ley de
seguridad del Estado, creemos que esto va a generar mucha discusión y debate,
no solo en materia procesal sino por los aspectos políticos involucrados.
Y es una lucha que vamos a dar en los dos frentes reafirmando teorías del
derecho y la justicia que puedan cuestionar y revertir la aplicación de estas
leyes de excepción», agrega el werkén de la CAM.
«Vamos a dar a pelea con las herramientas del
derecho internacional respecto de la libertad de expresión, apelando al derecho
que tienen los pueblos a la rebelión cuando son oprimidos. Nosotros creemos que
podemos obtener un logro en ese sentido y obtener finalmente un sobreseimiento
en la causa».
Respecto a la imputación por usurpación de madera,
¿considera que es la acusación más débil, dado los antecedentes de la causa?
«Cuando se me acusa de estar involucrado en el robo
de madera, existe una clara intención de desvirtuar nuestra lucha y confundir a
la opinión pública, intentando demonizarla. Al respecto puedo afirmar que no
existe absolutamente nada que me involucre, considerando que ya estamos ad
portas de la preparación de juicio, y del juicio propiamente tal, la fiscalía
no ha presentado ningún tipo de prueba o antecedente mínimo que me relacione
con el robo de madera. Razón por lo que creemos que esa parte de la causa se
cae por si sola», afirma Llaitul.
Quien descarta todo vínculo con las llamadas mafias
de la madera, «nosotros no tenemos nada que ver con las mafias involucradas en
el robo de madera, porque ellas pertenecen al circuito comercial de la propia
industria forestal, y nosotros somos un movimiento anticapitalista y autonomista,
por lo que no tenemos nada que ver con formas de reproducción capitalista, ni
con su método y su circuito comercial. Nosotros desarrollamos el control
territorial que es la antítesis del extractivismo de la industria forestal»
«Son ellos, las forestales las que están desde hace
décadas detrás de las mafias del robo de madera, son ellos los que compran esa
madera robada, evaden impuestos, donde se vinculan con los circuitos
comerciales de la madera: contratistas y subcontratistas forestales y algunos
mapuche que fueron cooptados por estas empresas, hacen parte de estas mafias y
no han sido ni serán perseguidos judicialmente. Un tema que no se ha
investigado en profundidad, porque también hay personeros de los organismos del
Estado que también están comprometidos, principalmente por el tema de los
impuestos y facturaciones falsas “.
Al momento de ser detenido se discutía el tema
sobre el robo de madera, incluso investigaciones periodísticas apuntaban a
posibles nexos de miembros de la policía en estas mafias, ¿qué opina sobre
estas aseveraciones?
«Nosotros sostenemos que, si existe un vínculo de
carabineros e inclusive hay comprometidos altos mandos con estas mafias de la
madera, como ustedes también denunciaron días antes que me detuvieran, y un
hecho que lo grafica claramente y que fue silenciado por las autoridades y la
prensa burguesa es el entramado en la muerte y ejecución de Toño Marchant,
situación que no está siendo investigada, porque a nuestro juicio se
descubriría estos nexos».
La
prisión política mapuche
«Es nuestra condición de comuneros, y por la cual
hacemos exigencias muy particulares y diferenciadas respecto a la situación
carcelaria. Y es por esta razón que hicimos una movilización, una huelga de
hambre hace poco, para que se respete el derecho no solamente como perseguidos
políticos, sino también de comuneros, de representantes o de pertenecientes al
pueblo Nación mapuche», añade.
Según detalla el werkén hay dos aspectos centrales
en su definición de presos políticos, «uno, es tener un ideario, adoptar una
práctica política como parte de una estrategia, pertenecer a una organización
que le de contenido y parámetros a la acción policía. Es estar ahí comprometido
con un proyecto de liberación que sobrepasa lo inmediato. Estas son las razones
por las que estamos siendo perseguidos por parte del Estado».
Y, por otro lado, señala Llaitul, es tener una
vinculación estrecha con los procesos comunitarios de resistencia, «tenemos un
arraigo en las comunidades, lo cual es fundamental para articular la lucha
autonomista con legitimidad, y para acumular fuerzas de confrontación con los
intereses del gran capital en Wallmapu. Esta fuerza debe expresarse en un
amplio proceso de reconstrucción, de nuestras formas de organización
históricas, de nuestra economía, de nuevas relaciones sociales en nuestro
territorio, por ejemplo.”
La
cárcel como trinchera
Según explica el vocero, la cárcel también la
asumen con un sentido programático, «somos parte del proceso de lucha general
de nuestro pueblo, ya llevamos más de dos décadas sufriendo la persecución
política por esto. En mi caso yo he sido procesado en varias
oportunidades, estando en la cárcel anteriormente, entonces asumimos la prisión
como una de las tantas condiciones de nuestro proceso de liberación: la cárcel
como una trinchera más de lucha, como una consecuencia de ser militantes de la
causa «.
De hecho, según puntualiza Llaitul, las actividades
de denuncia, las huelgas de hambre, las movilizaciones que realizan «están muy
concatenadas con el movimiento de las comunidades por la recuperación
territorial, donde destacan sus expresiones de resistencia llevadas a cabo por
los distintos ORT. Nunca, ninguna de ellas, dejan de lado la reivindicación de
la libertad de algún weichafe (combatiente) o de algún militante de la causa
mapuche que esté preso».
«Por aquella comprensión de la lucha y la
solidaridad irrestricta, en la cárcel seguimos siendo militantes, y siendo un
aporte en el proceso de conciencia, de politización. Los presos políticos somos
una parte del proceso de liberación, una parte digna y viva de la lucha
mapuche», sostiene Llaitul.
El vocero además aclara que para ellos la
definición de presos políticos no la da el Estado, «porque el Estado, de hecho,
la niega y siempre la a negado. Esto es totalmente contradictorio: porque si
bien en el escenario internacional se presentan como progresistas y
conciliadores, y no quieren aparecer como perseguidores de las organizaciones
mapuche, en la práctica desconocen las consecuencias políticas del conflicto y
la condición de presos políticos. Desconocen, a fin de cuentas, lo que las comunidades
y organizaciones legitiman, esto es, la cárcel como espacio de lucha. La
prisión política la define nuestra gente, nuestras comunidades, con nuestro
pueblo, reivindicando a cada prisionero mapuche en particular y denunciando por
qué se le está persiguiendo».
«Y esto resulta, tal vez, más evidente
en mi caso, porque soy procesado y encarcelado por una ley de
Seguridad Interior del Estado. Esto expresa también la naturaleza colonial más
profunda del Estado; perseguir las ideas y las acciones revolucionarias mapuchistas
que disputan su hegemonía como estructura de dominación», agrega.
Ley
Gatillo Fácil
Consultado acerca de la aprobación y promulgación
de la ley Nain-Retamal, Héctor Llaitul es tajante al señalar que “ésta da más
prerrogativas y facultades a las policías, y se inscribe dentro de un
ordenamiento jurídico político-institucional que se traducirá en mayor
represión en el Wallmapu».
«La legítima defensa privilegiada permite, en
estricto rigor, dar rienda suelta al uso de las armas por parte de la policía bajo
una supuesta acción de defensa. Con esta facultad, en el contexto del conflicto
que mantenemos con el Estado chileno y las empresas capitalistas, se abre un
marco de acción para las policías y los militares que usarán fundamentalmente
contra las expresiones de resistencia como la CAM», opina Llaitul.
«Estamos claros que se vienen tiempos complejos,
difíciles, en donde la represión va a tener grandes alcances. Y más allá de lo
que puedan decir los organismos de derechos humanos o la opinión internacional
que cuestionan estas formas de actuar de los organismos armados, sobre todo en
un contexto de estado excepción o estado de emergencia, y más aún, con lo que
pretende la derecha, de implementar estados de sitio en zona de
conflicto, implica que nos veremos enfrentados a un escenario de crímenes,
de violación a los derechos humanos, en el marco de un conflicto histórico que
no tiene una perspectiva de solución política por parte de la gobernanza
actual«, sostiene Llaitul.
«Porque este gobierno está subsumido, digámoslo,
por el neofascismo y el imperialismo, está prácticamente de rodillas o
subyugado a las tendencias de las políticas represivas, a la política del
garrote como ya hemos dicho. Entonces, para nosotros significa eso, significa
mayor represión, criminalización y persecución con resultados de muerte,
asesinatos políticos, encarcelamiento por nuestra causa «, señala el werkén de
la CAM.
La
política del garrote
Para Héctor Llaitul “La ley Nain-Retamal es una
muestra más de que, la política del garrote se ha fortalecido en el
último tiempo y la política de la zanahoria está prácticamente fracasada, «toda
vez que el movimiento autonomista mapuche cobra fuerza y hay un proceso de
agudización contra el sistema capitalista, contra el Estado, y que las
comunidades han avanzado sustantivamente en lo que respecta el control
territorial, el gobierno de turno aplica la persecución y la cárcel como
métodos punitivos , inclusive, los últimos anuncios de Giorgio Jackson dicen
relación con que no habrá devoluciones de tierras en aquellos conflictos donde
exista signos de violencia».
«La ley del gatillo fácil, se suma también a una
serie de otras iniciativas como la ley de usurpaciones, la ley del robo a
madera, la ley que sanciona el control de armas y municiones, entre otras, las
cuales refuerzan esta nueva estrategia de represión», puntualiza el líder.
Los Incendios forestales
Respecto a los incendios que afectaron el
territorio mapuche ancestral, Héctor Llaitul precisa que se trata «de
territorios que hemos venido reivindicando, se trata de nuestro territorio
ancestral que abarca parte sustantiva de lo que actualmente es Chile y
Argentina. En la actualidad este territorio ha asumido otras formas: de
agricultura, con pueblos, ciudades y otros asentamientos, y que conviven con
nuestra realidad mapuche, con las comunidades».
A partir de lo anterior el vocero señala que, «los
últimos megaincendios, están dados por distintos factores. Si hablamos que las
superficies afectadas en cada período de incendios promedia las 52 mil
hectáreas quemadas, ahora se quintuplicó, superando las 310 mil en las regiones
la Araucanía y el Biobío, transformándolo en uno de los peores de los últimos
tiempos».
Según Llaitul, uno de esos factores indudablemente
es el cambio climático, «que se extrema con la ocupación desmedida de las
empresas forestales y otras expresiones extractivista en nuestro territorio.
Todas las condiciones que este despojo ha ido generando en relación a los
suelos, en relación a las condiciones hidrográficas, al proceso de
desertificación, los cuales han llegado a un extremo».
«Este impacto no solo ha afectado a las comunidades
mapuche, sino a la gente empobrecida de estas zonas, porque ha habido muertos,
destrucción de casas, de sistemas agrícolas y ganaderos. Lo que está de fondo
en esta situación es la configuración de la propiedad de la tierra en estas
zonas, concentradas fundamentalmente en entidades privadas».
Actualmente las plantaciones forestales, según las
cifras oficiales, cubren una superficie alrededor de 4 millones de hectáreas,
equivalentes a poco más de 17% del total de bosques de Chile.
«Es por ello que, para nosotros, queda
absolutamente claro que la presencia de un modelo forestal, en base al
monocultivo de pino y eucalipto, ambos altamente inflamables, es la responsable
en definitiva de los incendios. Y lo seguirá siendo si no cambia ese modelo».
Un
polvorín
Héctor Llaitul señala que «no hay que olvidar que,
en el caso del eucalipto, este cultivo ha generado todo un proceso de erosión,
de desertificación del suelo, porque es una especie que consume mucha agua para
su desarrollo. Pinos y eucaliptus, Especies exógenas del territorio que han
sido manipuladas en laboratorios de las grandes empresas forestales para tener
mayor capacidad producción y crecimiento, y convertirse después en materia
prima exportable, ya sea en celulosa o en derivados de papeles y cartones. Esta
realidad ha generado una situación muy fuerte, muy dura, y año a año sumado a
el cambio climático, generan las condiciones que favorecen la posibilidad
concreta de una mayor propagación de los incendios, y es precisamente lo que
ocurrió».
Por otra parte, explica Llaitul, «queda
absolutamente en evidencia que todo el sistema de propiedad usurpado, que
tienen las forestales en esta parte del Wallmapu, es decir la vasta extensión
territorial que están siendo hoy día devastadas por los monocultivos,
y son propiedades de grandes corporaciones, de grupos económicos. Los
principales son el grupo Matte, el grupo Angellini, que son la Forestal Arauco
y la CMPC, son un verdadero polvorín.
Su
responsabilidad en los incendios
Consultado sobre quienes acusan a los grupos
radicales mapuche en provocar alguno de los incendios, Héctor Llaitul descarta
esas imputaciones, «son acusaciones infundadas, parte de una campaña
anti-mapuche que instaló la derecha fascista y reaccionaria, es parte del
discurso oficial más recalcitrante que existe en esta parte del territorio, que
culpa a las organizaciones mapuche autonomistas de los procesos que ellos
mismos impulsan o no alcanzan a controlar, como los incendios «.
«Nosotros ya hicimos un pronunciamiento, donde
descartamos de forma categórica nuestra participación. Y como lo declaramos es
inconcebible que tengamos responsabilidades en circunstancia que nuestras
comunidades están rodeadas de forestales».
El vocero insiste que la responsabilidad que le
compete a las forestales es absoluta, «porque no hay nada de regulación, no hay
medidas que permitan palear la situación de riesgo o mitigar sus consecuencias
cuando ocurren estos hechos. Menos en el sentido de la planificación, o la
regulación que tanto se habló tras los megaincendios. Porque la ambición
de los grupos económicos es tan desmedida, es tan voraz, que no pusieron ningún
tipo de freno ni limitación al momento de plantar y ocupar territorios con
especies exógenas y altamente destructivas», recalca.
Para la CAM, es la industria forestal la que
también generó condiciones socioeconómicas desiguales en estas zonas, «con una
población empobrecida, porque en su actividad no se pagaron impuestos en los
territorios ocupados, en los lugares específicos donde tienen sus plantaciones,
sino en sus oficinas administrativas y donde vive la elite financiera. Y
obviamente aquí salta a la palestra uno de los grandes factores que propició
que los grupos económicos pudieran acumular la riqueza y sigan acumulando
fortunas, razón por la cual confrontan con todos los oprimidos en general y con
nuestro pueblo mapuche en particular; nos referimos a la subvención de parte
del Estado que han recibido desde los tiempos de la dictadura».
Decreto
701
El dirigente mapuche, recuerda que «solamente el
decreto 701, promulgado en 1974, permitió subvencionar el 75% de la actividad
forestal durante décadas, decreto que se mantuvo activo durante todos los
gobiernos de la Concertación hasta el año 2016, y que aún no se ha derogado».
«El decreto 701 significó una protección directa a
todo el extractivismo forestal de parte de cada gobierno post dictatorial, toda
vez que siempre ha habido reivindicaciones territoriales y políticas, hasta
llegar a la militarización de las zonas de conflicto que se conoce actualmente,
en donde hay una cantidad de recursos de parte del Estado para mantener a pacos
y milicos protegiendo los intereses de las grandes corporaciones, en contra de
nuestro pueblo en lucha», estima Héctor Llaitul.
En su opinión, «resulta increíble la cantidad
recursos que se han gastado para seguir favoreciendo a la industria forestal en
Wallmapu. Por lo tanto, estamos hablando de la responsabilidad no solamente de
la industria forestal, sino que todo el sistema de dominación en su conjunto,
en contra de nuestro pueblo».
«Entonces, cuando nosotros confrontamos contra la
industria forestal, en los hechos también estamos confrontando con políticas de
Estado, por eso nosotros hablamos derechamente de que nuestra lucha confronta
contra el Estado capitalista, de formato colonial, donde se reproduce el gran capital
a costa de la usurpación del territorio ancestral Mapuche», añade.
Regulación
Forestal
Respecto a la discusión que se abrió durante los
incendios sobre regular mejor la actividad forestal, para la CAM, es un
discurso artificioso que se plantea desde la autoridad, «considerando lo que ha
significado la presencia de la industria forestal, y el impacto a nivel
ecológico, a nivel de los bosques, de los suelos, del agua de las forestales en
el territorio durante todo este tiempo».
«Por eso y para aclarar, esta crisis de los
incendios para nosotros, no es una puerta que se abre, no es un espacio para
debatir acerca de una regulación forestal, como forma de resolver un conflicto
histórico con el pueblo mapuche. La única solución, y nosotros lo hemos
dicho muy claramente, desde que se inició el movimiento autonomista mapuche, es
que la forestales tiene que hacer un retiro absoluto y definitivo de los
territorios ancestrales, revindicados ampliamente por nuestro el pueblo nación
mapuche», afirma.
«Siempre hemos manifestado ser parte del movimiento
mapuche revolucionario, y por ello no vamos a ser parte de ningún tipo de
iniciativa o debate respecto de una nueva forma de legislar o de regular el
ámbito forestal en nuestro territorio. Es una posición histórica nuestra, desde
nuestro surgimiento, que no vamos a tener ningún tipo de coexistencia con la
forestales. Nuestra acción es por la reivindicación territorial y política,
desde lo propiamente mapuche, con nuestro rakiduam y kimun ancestral, el cual
se contradice con el sistema de muerte impulsado por las forestales «.
La
autonomía y control territorial
La salida de las forestales, según Llaitul, son
parte de su lucha por la autonomía, «en busca de la reinstalación de nuestras
formas de vida mapuche, en el entendido de que estamos generando las
condiciones materiales e inmateriales para nuestra reproducción como pueblo
nación. Es una lucha por la autonomía política y territorial de manera
integral».
«Si nosotros no tenemos la autonomía, no podemos
desarrollar y seguir existiendo, con un sentido de Wallmapu, de Wallontumapu,
como nosotros lo entendemos. Por eso para nosotros es absolutamente fundamental
reivindicar, en ese terreno estratégico, que la lucha es por la autonomía»,
especifica el dirigente mapuche.
Quien agrega que es «un tipo de autonomía
revolucionaria, ya lo hemos dicho, un tipo de autonomía de facto, en los
hechos, que implica no solamente el desapego de toda esta institucionalidad
opresora, es independencia de todas las institucionalidades del Estado y del
sistema capitalista. Es la reconstrucción o la reinstalación, a su vez, de lo
que nos legó nuestro pueblo, nuestros ancestros, un legado que seguimos en un
sentido revolucionario y transformador».
«Y por eso, toda vez que nosotros reemplazamos el monocultivo
y reinstalamos nuestro habitat con nuestras siembras, nuestras casas, nuestras
formas culturales, nuestras formas idiosincráticas, en clave autonomista.
Y la plataforma, muy concreta para eso, es el control territorial, ahí se
expresa claramente lo que nosotros pretendemos, no solamente en el plano
material o en el plano simbólico político, sino también en el plano cultural y
espiritual, que para nosotros es lo fundamental, es decir estamos
reconstruyendo el ethos mapuche, sostiene Llaitul.
Última
arremetida
Consultado sobre lo que ha significado esta lucha
por la autonomía para sus comunidades, Héctor Llaitul, acusa que han sufrido
una «última arremetida de represión estatal en contra del movimiento
autonomista y que ha significado la prisión política de varios weichafe,
inclusive la nuestra, de la dirigencia, y de militantes destacados de la CAM. Y
esto tiene que ver con la presencia y la continuidad de la industria
extractivista en toda la territorialidad ancestral».
«Hay una arremetida y hay una criminalización,
persecución de los movimientos que estamos en lucha frontal contra procesos de
inversión capitalista de este tipo en el territorio. En ese plano se nos ha
venido acusando de otros delitos o ilícitos y que solo buscan desvirtuar nuestra
lucha de reivindicación ancestral».
«Y los últimos hechos quedan graficados muy
claramente, con este gobierno que se cree progresista, pero que ha tomado la
decisión de perseguir y reprimir incluso las siembras y cosechas. Es decir,
arremeten contra nuestras recuperaciones productivas dejando en claro que no
van a permitir otro tipo de actividad económica que pueda fundar o sustentar la
autonomía material para nuestro proceso de reconstrucción nacional».
Hemos observado operativos de la policía militarizada,
en compañía del ejército chileno, para reprimir actividades productivas al
interior de los predios recuperados, donde se realizan labores como limpiezas,
siembras, cosechas, construcción de rukas, todas en el marco del control
territorial”
«Acciones represivas que rayan, no solamente en el
carácter del fascismo, sino también en acciones muy claras de racismo e
intolerancia al impedir que se reproduzcan los entramados culturales mapuche,
en donde le damos un valor distinto a la tierra, un valor distinto a la forma
de concebir un tipo de economía propia para el sustento, con respeto al
entorno, en donde el equilibrio y la reciprocidad con la naturaleza sea una
realidad práctica, no sólo un discurso».
Arbitraje
de La Haya
Respecto al arbitraje que se está planteando en el
tribunal de La Haya por dos comisiones mapuche, Llaitul señala que, «como
organización, como expresión del movimiento autonomista no participamos en esta
iniciativa. No creemos de hecho que exista un avance sustantivo en la
reivindicación territorial y política, por esa vía. Y nosotros hemos sido muy
claros con nuestro proyecto político estratégico, en base a la resistencia y la
reconstrucción, y que vamos a ir acumulando fuerza en el plano de la autonomía
de facto, como lo hemos explicado».
«Además no estamos de acuerdo que participen
personajes como Baltazar Garzón, que ha sido denunciado por su rol en la lucha
de parte del movimiento autonomista vasco, de los combatientes por la libertad
del pueblo vasco, que han sido reprimidos y perseguidos por parte de este
juez», agrega.
El
plan Buen Vivir
Para Héctor Llaitul y la CAM, resulta importante
detenerse en el llamado Plan Buen vivir, anunciado en mayo del 2022 por el
actual gobierno, el que es considerado por ellos, «una de las maniobras mejor
utilizadas por Gabriel Boric en contra del movimiento mapuche autónomo, y que
ha sido presentar lo viejo como nuevo».
Un plan que contempla una serie de medidas que se
inscriben, según el werkén, «en la lógica neoliberal que profundizó la
Concertación para ‘atender’ la problemática mapuche, fracasando
estrepitosamente».
En términos generales, apunta Llaitul, este plan
contempla dos ejes, aquel que gira en torno al reconocimiento de la demanda
indígena con base en la restitución de tierras y la creación de una especie de
ministerio especial de ‘asuntos’ indígenas. El otro que corresponde al impulso
de “parlamentos” con una ‘agenda indígena’, con la consecutiva inyección de
recursos.
A partir de estos dos ejes, a la CAM cuestiona con
interrogantes, «¿sobre qué tierras aplicará ese plan?, ¿sobre los miles de
hectáreas en manos del latifundio y las forestales o sobre las mismas
reconocidas en los Títulos de Merced y por otros instrumentos como la Reforma
Agraria?, ¿Quienes harán el catastro? En fin, es lo mismo que hace 30 años»,
opina Llaitul.
Quien explica que sus demandas, «como organización
autonomista y revolucionaria, es sobre las tierras antiguas, base de nuestro
territorio ancestral, no sobre las reconocidas por el Estado chileno. Este es
el problema de fondo por el cual nació el movimiento mapuche, y todo indica que
esto no será atendido con dicho plan»
Asimismo, la organización mapuche, se pregunta, si
imponen un ministerio de asuntos indígenas, «¿quién estará a la cabeza? ¿cómo
funcionará? Por que este tipo de medidas corresponden a la típica estrategia de
cooptación que han utilizado los gobiernos consecutivos a lo lago de 30 años.
Intentar politizar y dar tribuna a las demandas de los sectores moderados para
así a su vez arrinconar y reprimir a los sectores autonomistas y
revolucionarios mapuche».
Respecto al segundo eje, el vocero, también
despliega interrogantes, ¿con quiénes se sentarán o se están sentando a hablar
los funcionarios de gobierno? ¿las ‘autoridades’ para ellos tienen el mismo
significado que para los sectores que llevan décadas movilizados por la tierra?
¿Lo que el gobierno entiende por “legitimidad” sólo tiene sentido entre sus
militancias universitarias y acomodadas sin vínculos territoriales?», se
cuestiona Llaitul.
Quien sostiene que «en las comunidades la
legitimidad y la justeza de la causa mapuche se construye en la cotidianidad de
la lucha, con trabajo, con trawün y respeto, a diferencia de lo que
implementaron las políticas públicas que terminaron folklorizando la salida al
conflicto. Es por esto que tales ‘parlamentos’ están destinados a fracasar o a
tener una nula legitimidad territorial, ya que quienes participan o
participarán en ellos fueron escogidos desde arriba, no desde los territorios y
menos con representantes de las expresiones de resistencia “.
Lo mismo ocurre, según el werkén, con la inyección
de recursos, «porque lo importante no es cuántos ceros tenga la cifra, sino de
qué manera se invierta. Una recuperación de tierras vive con muy poco dinero y
así sus integrantes pueden comer, trasladarse, sembrar, luchar. El dinero
importa, pero no es lo sustantivo para enfrentar un conflicto de esta
envergadura».
«La lógica de inversión y desarrollo que reproduce
este gobierno cae en la misma trampa que sus predecesores, y es por estas
razones, que sostenemos que este plan, en el marco del conflicto, que se
agudiza por el reacomodo del capital y la represión en Wallmapu, fracasará»,
concluye.
Finalmente, consultado si existe alguna posibilidad
o instancia para entablar algún dialogo con el gobierno, el vocero mapuche es
categórico «nosotros ya dijimos que no íbamos a ser parte de ningún dialogo que
implique negociación, y menos, mientras exista militarización, persecución y
prisión política. Mientras, no se discuta el problema de fondo que es la
presencia de la industria extractivista en el Wallmapu, y se hable seriamente
de territorio y autonomía».
Además, señala como cierta ironía, «Es por todo lo
anterior que no vamos a participar, por lo demás… como estoy preso y con una ley
de mordaza, sin posibilidad de expresarnos libremente, me resultaría imposible
participar».
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