Como no funcionan las instituciones en Chile.
Escritor, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:
Las febles democracias constantemente proclaman
que sus instituciones funcionan, a diferencia de los que su solvencia está
larga e históricamente acreditada. En Chile, el actual mandatario y sus
antecesores han llegado hasta a ufanarse del desempeño de diversos poderes del
Estado y de los organismos del Estado, tanto como del sistema electoral que ha
ido consolidándose con reiteradas modificaciones. Recién hemos llegado al
sufragio obligatorio, a exigencias como la paridad y a ponerle límites a la
publicidad política.
Pocos dudan
de que los partidos juegan un papel fundamental en las democracias, siempre y
cuando estos constituyan asociaciones de carácter doctrinario y programático y
no un mero artilugio para alcanzar el poder, repartir trabajo a sus militantes y
hasta imponerse sobre la actividad del propio ejecutivo, el parlamento, los
municipios y otros organismos del Estado. Sin embargo, pocos distinguen hoy en
nuestro país las diferencias reales entre las 21 colectividades autoproclamadas
de derecha, centro o izquierda con representación parlamentaria.
Son
innumerables los parlamentarios, ministros, alcaldes, concejales y otros que
saltan de un partido a otro reiteradamente. Deserciones que, por lo general,
tienen que ver con las apetencias personales de los integrantes de la clase
política que, como tal, opera con espíritu de cuerpo para defenderse de los
cuestionamientos que se le hacen a la falta de probidad y fortaleza ideológica
de sus integrantes. Asimilando, también la idea de que es legítimo defender algo
en la oposición para después desdecirse en el poder. Los malos ejemplos en esto
son abundantes.
La “orden
de partido” es una práctica que puede ser muy perjudicial a la misión que
tienen las autoridades electas por el pueblo. Lo democrático sería que los
legisladores, por ejemplo, votaran siempre en conciencia, más allá de la
posición de las dirigencias partidarias o si son oficialistas u opositores.
Obviamente, lo que corresponde es que éstos representen sobre todo a sus
electores y al interés general del país, como ocurre en otras naciones de mayor
respeto a la voluntad ciudadana. Es corriente comprobar cómo hay parlamentarios
que son denostados cuando se desmarcan de sus partidos, cuando se trata de
quienes no han sido, incluso, tentados con dinero y otros favores de parte de
los gobiernos de turno y de las grandes empresas, como hemos tenido la
oportunidad de comprobarlo.
Es
razonable que en el ejercicio del poder las autoridades manifiesten prudencia y
que, en muchos casos, morigeren las promesas que hicieron como candidatos o en
otros niveles de la administración pública. Pero en esto debiera haber límites
si no se quiere que al final los gobiernos de derecha materialicen más acciones
progresistas y los de izquierda terminen siendo considerados como traidores.
Algo que ha ocurrido varias veces en nuestra convulsionada historia.
Inconcebible
parece que en el ámbito de la Justicia, por ejemplo, se especule abiertamente
sobre la orientación política de los jueces para predecir sus fallos. En el
propio Tribunal Constitucional en estos días se produjo una votación
trascendente sobre la facultad presidencial de decretar indultos, pero tanto
los recurrentes como los abogados defensores de La Moneda nos advirtieron que
el fallo favorecería al oficialismo, puesto que en sus magistrados la mayoría
le era proclive. Lo que se materializó, justamente, en cinco votos por un lado
y tres, por el contrario.
Las mismas
situaciones se repiten en el ámbito de los fiscales, ministros y jueces de todo
el país, respecto de cuya orientación se deducen condenas y absoluciones que
muchas veces son aberrantes. En este sentido, se asume que delinquir no tienen
los mismos efectos si el que comete delito es un civil o un uniformado, si es
rico, pobre o mapuche.
Es
generalizado aceptar, asimismo, que las Fuerzas Armadas y policiales por lo
general son afectas a las posiciones de derecha y reacias a las movilizaciones
sociales. Por algo es que se ha puesto en duda tantas veces su proceder, sus
desmedidas prácticas represivas, como sus violaciones flagrantes de los
Derechos Humanos. Muchas de las intenciones de todos los gobiernos de la
posdictadura se han inhibido en el temor de la reacción castrense, a la
posibilidad que atenten contra el orden establecido y la voluntad soberana del
pueblo.
En este año
se conmemorará la más flagrante rebelión militar de nuestra historia, el
magnicidio del presidente constitucional y largos 17 años de completa
interdicción ciudadana. Y hasta hoy, después de 50 años, hay muchos terroristas
de estado en la impunidad y crímenes todavía no resueltos.
Sabemos que
lo anterior no solo sucede en Chile, que nuestros vecinos padecen de casi los
mismos vicios, pero en ninguna parte la información internacional se hace más
sesgada que aquí y en que la ignorancia, además, de nuestros comentaristas es
tan colosal y postrada a los intereses de las naciones hegemónicas.
Completamente de espaldas a valores como el latinoamericanismo y el
tercermundismo que en el pasado distinguieron a nuestros mejores periodistas.
Cuando nadie dudaba que, con todos nuestros rezagos, el mundo nos reconocía
entre las naciones más democráticas del continente. Y varios de nuestros
mandatarios fueron reconocidos como líderes dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro
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