Chile deudas en derechos
humanos.
A Sebastián Piñera Echeñique y a la Señora Michelle Bachelet Jeria, les reiteramos que “Aquel que ha atropellado, conculcado la dignidad del ser humano y sus derechos, no tiene autoridad moral para hablar en su nombre”. ADDHEE.ONG.
Por Eduardo Contreras Mella /Escritor,
Abogado de los Derechos Humanos, Comunicador Social/Barómetro
Latinoamericano/ADDHEE.ONG:
Las huellas brutales dejadas en Chile por la dictadura cívico militar
impuesta por el régimen de turno de los Estados Unidos en septiembre
de 1973 para derrocar y asesinar al presidente Allende Gossens y
que durara tantos años, no han desaparecido ni se borrarán jamás. Sobre todo,
si, como sucede en la realidad, no acaba de hacerse plena justicia y, a pesar
de los avances, la impunidad todavía mantiene un espacio.
Por eso es que siempre será oportuno revisar y difundir qué sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, así como las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.
Un suceso reciente es que, a propósito del reciente procesamiento del ex alcalde ultraderechista Cristian Labbé por su responsabilidad penal como autor del delito de torturas, se levantaron de inmediato las voces de representantes del pinochetismo que sostuvieron indignados que era simple persecución política venir a juzgar al representante de la UDI – y ex coronel de ejército – tantos años después de ocurridos los hechos.
Lo sucedido es que – sin perjuicio de
otros casos en que se encuentra procesado igualmente por el delito de torturas
y por los que será sin duda condenado – Cristian Labbé recibió sentencia
condenatoria de apenas 3 años de presidio. Se trata del fallo del proceso
criminal el juzgado de Temuco que condena al reo Cristian Labbé Galilea,
coronel de ejército en retiro a la pena de 3 años de presidio por haber sido
autor de la aplicación de tormentos a Harry Cohen Vera. Originalmente el
procesamiento era más amplio e incluía además las torturas inferidas por Labbé
a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y Juan Horacio Rosales, hechos ocurridos en
la ciudad de Pangipulli en el mes de noviembre de 1973.
Interesante la lectura del
expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro pintado para
impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes pasos profiriendo
toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros atados, indefensos.
Así actuaron en esos años nuestros “valientes” militares, “la reserva moral
de la sofofa”. Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno
de los fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora
de torturadores y asesinos.
Los golpistas no se quedaron callados
ante la sentencia. Esto “es solamente venganza” dijo, por ejemplo, el senador
derechista Juan Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y
denunció la excesiva tardanza. El reclamo de la derecha se funda ante todo en
la tardanza en hacer justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la
Justicia ha tardado demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿quién o
quiénes son precisamente los responsables de esta tardanza? ¿Por qué ante
crímenes tan feroces como miles y miles de detenidos desaparecidos, de
ejecutados políticos, de torturados, de prisioneros sin causa cometidos a
partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en
su momento del Poder Judicial?
Recordemos,
brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde luego debe reconocerse que
desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos casos era imposible. Que nadie
olvide que la Corte Suprema de la época, declaró a mediados de 1973 que el
gobierno del presidente Allende era inconstitucional. Aquello fue parte de la
estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras la reunión de Agustín
Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la época. Por supuesto, la
Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas para un pronunciamiento de
tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha. Luego de producido, el dictador
Pinochet promulgó una ley de auto amnistía y contó por muchos años con el
servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con
una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me
tienen curco!”. Así pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió
las cosas. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del
Ejército y su discurso era concreto: “El día que me toquen a alguno de mis
hombres se acabó el Estado de derecho”. Sus hombres no fueron tocados por los regímenes
de la Concertación y así pasaron los años.
Hasta que el 12 de enero de 1998, la
querella presentada en nombre del Partido Comunista de Chile por un grupo de
abogados que tuve el honor de encabezar y acompañados de la dirigente Gladys
Marín, fue aceptada a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la que
designó como juez investigador a Magistrado Juan Guzmán Tapia. Un hecho
histórico que cambió el curso de los acontecimientos ante la sorpresa de todos.
Coincidentemente, meses más tarde Pinochet era arrestado en el Reino Unido por
solicitud del juez español Baltasar Garzón en el proceso iniciado en el
exterior tiempo antes. La historia cambiaba. Comenzaron los procesos y a la
querella de enero del 98 se sumaban cientos y cientos.
Pero no debe olvidarse que la llamada
Concertación de partidos por la Democracia había premiado a Pinochet con el
cargo de Senador Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política, supuestamente
democrática, la que salvó al dictador de su segura prisión en Europa: Un político
“socialista”/ renovado socialdemócrata, José Miguel Insulza, fue el
encargado de viajar al rescate del tirano. La fragilidad de la memoria no debe
borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra de los derechos humanos.
Hasta la querella de enero del 98 un
manto de impunidad había cubierto la historia del país. Olvido para los miles
de víctimas y en cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de fantasía
para los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Llegó a llamarse al general Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre como el del
“Nunca más” Hoy está procesado criminalmente.
Y además fue sólo a partir de fines
del 2009 que los tribunales se abrieron a investigar también los casos de ejecutados
políticos y de torturados; hasta entonces sólo se llevaba los casos de
detenidos desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación
exclusiva en diferentes puntos del país. Son más de Mil quinientos juicios en
desarrollo. Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y
suboficiales de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a
torturar a sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos
a torturas y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles,
llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy nuestro país muestra una situación que en esta
materia registra más avances que en otros países que igualmente sufrieron
dictaduras como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede equiparar a lo
avanzado en Argentina. Pero por una parte lo obrado sigue siendo insuficiente y
por otra aparecen señales peligrosas como por ejemplo que las sentencias
condenatorias que están dictando los jueces especiales en los últimos años son
penas bajísimas, presidios de muy corto plazo. Por otra parte, se hace
exigencias desmedidas a las víctimas para acreditar que sufrieron, como si las
torturas o las balas hubiesen sido juguetes de niños, lo que además alarga por
muchos años los procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento en estas
materias del llamado “tribunal constitucional” que interfiere dudosamente.
En conclusión: el tema del
tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrado por la dictadura cívico
militar de la derecha chilena en 1973 sigue siendo tema pendiente. No
abordarlo decididamente es seguir violando los derechos esenciales de la
persona humana.
Lo subrayado es nuestro.
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