La guerra de
la Araucanía contra el Pueblo Mapuche.
Juan Pablo Cárdenas S.
Escritor, periodista, analista internacional/ADDHEE.ONG:
(Con Duncan Livingston en nuestra memoria)
Un
conocido periodista mexicano advirtió que Chile era el país de los eufemismos
porque acostumbramos llamar a las cosas por otro nombre y no le ponemos los
verdaderos adjetivos calificativos a los actos, por ejemplo, de franca
corrupción. De esta forma, a lo que fue la dictadura cívico militar,
hasta hoy hay quieres prefieren llamarla Gobierno Militar, así como al Golpe de
Estado de 1973 se le conoció por años como el “pronunciamiento militar” y el
dictador presidente de Chile.
También a lo que fue la guerra y el genocidio del
Estado en contra de la etnia mapuche (1851- 83) los libros de historia siguen
dándole el nombre de “pacificación de la Araucanía”, cuyo costo en vidas se
calcula en unos 60 o 70 mil indígenas, a quienes se les arrebataron miles de
hectáreas para ser repartidas a colonizadores nacionales y extranjeros. Un
enorme despojo que se extendiera por varias décadas más y en cuyos territorios
se enseñorean todavía empresas forestales y agrícolas privadas.
A los gobiernos de la posdictadura cívico militar
hay que reconocerles algunos esfuerzos por restituirle a la etnia mapuche parte
de los territorios usurpados, pero no hay duda de que éste ha sido un proceso
demasiado lento y que ha agotado la paciencia de los pueblos originarios de la
zona. Nadie o muy pocos desconocen, en
todo caso, que la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales
es de toda justicia, aunque los últimos gobiernos han censurado la radicalidad
que han adquirido sus acciones por recuperar lo que siempre les correspondió.
El gobierno de Gabriel Boric ha decidido prolongar
los estados de excepción en la macro zona sur del país, al tiempo de movilizar
a miles de militares para, eufemísticamente hablando. imponer el “estado de
derecho” en aquellas regiones convulsionadas por la violencia, el sabotaje a
las empresas usurpadoras y la recuperación de sus ancestrales propiedades.
Desde el momento en que se militarizó la zona y se
reconoció que Carabineros sería incapaz de imponer por sí mismo el “orden
público” más bien estamos viviendo una nueva guerra interna. La confrontación
del Estado con los distintos referentes políticos de la que se considera una
nación que aspira a recuperar lo que se le quitó, como a darse formas de
autonomía política y administrativa.
Entre estas organizaciones destaca la Coordinadora
Arauco Malleco, CAM, cuyo líder principal, está encarcelado y enfrenta
acusaciones en virtud de la legislación antiterrorista. No se puede ignorar el
hecho de que muchos de los actuales gobernantes reconocían plena legitimidad en
la CAM y su líder máximo, Héctor Llaitul. Evaluación que ha cambiado desde que
los líderes estudiantiles que marchaban juntos con los mapuches en las
movilizaciones sociales arribaron a La Moneda.
Para las nuevas autoridades, hoy, Llaitul y sus
seguidores son tildados de terroristas por el Ministerio del Interior y tanto
los militares y policías han ganado licencia para matar si lo creen necesario
en defensa de las empresas y propietarios privados amagados por la acción de
los mapuches alzados o insurrectos. Incluso le son imputadas a la CAM acciones
como el robo de maderas y algunos atentados incendiarios, en que hay temores
fundados en cuanto a que éstos, muchas veces, son ejecutados por los mismos
empresarios de la zona.
En este sentido, ya es largo el historial de
víctimas de montajes policiales que han afectado a los comuneros del Wallmapu y
las cárceles se van repletando de detenidos que hoy, mediante huelgas de
hambre, buscan un trato penitenciario digno y un reconocimiento a la
jurisprudencia internacional respecto de las minorías indígenas.
A la brutal represión no se le quiere reconocer
como una acción de guerra contra una etnia que, por supuesto, ha debido armarse
y recurrir también a actos de violencia para ser reconocidos en sus derechos y
persuadir a las empresas a abandonar la zona para que sean sus territorios
devueltos a sus legítimos y ancestrales propietarios. Debe reconocerse, así mismo, que la causa mapuche tiene la adhesión de
muchos chilenos y agrupaciones de norte a sur del país dispuestos a colaborar
con su resistencia y aportar recursos para enfrentar la ocupación militar.
Ello explica que en estos últimos meses los estados
de emergencia y desplazamiento de tropas no hayan tenido el efecto perseguido
por los actuales gobernantes y, por el contrario, hayan forzado a los mapuches
a asumir la lucha armada, el sabotaje y otras acciones que conforman un
verdadero escenario de guerra que no quiere reconocerse, y que debiera
pronunciarse en el futuro. Especialmente
si se tiene en cuenta que durante cinco siglos la lucha mapuche no ha cesado y
sus convicciones nunca han podido doblegarse. Menos ahora que son millones los
habitantes de este país que reconocen identidad con la etnia mapuche, su
idioma, valores y banderas. Cuando ahora, por lo demás, a ambos lados de la
Cordillera de los Andes, todo un pueblo que se reconoce hermano, espera
concertarse y exigir su reconocimiento y derechos.
Lamentablemente, la generación de nuevos políticos
en este tema y en otros no hace más que extender las políticas y malas
prácticas de sus antecesores en el gobierno. Y podemos observar en ello un
discurso más radical, incluso, que el de los gobernantes de la derecha y el
centro.
Si tanto se habla actualmente de que se está en
riesgo de una nueva rebelión Social, sería bueno advertir que esta vez
es en el sur donde podría encenderse la mecha del descontento general.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro.
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