A 50 años del Golpe: Carlos Margotta Trincado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: “La ultraderecha ve la democracia como algo instrumental”
Benjamín Bravo Yusta/ Periodista/Radio Ruch/ADDHEE.ONG
Fue en 2018 cuando Carlos Margotta Trincado asumió la presidencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Con más de 40 años como activista por la causa, en estos últimos cuatro ha enfrentado una revuelta social, el auge de la ultraderecha personificada en Republicanos y la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Panorama, aseguró en conversación con Doble Espacio, que deja una conclusión evidente: “Estamos ante un grave retroceso en materia de Derechos Humanos”.
Con más de
cuatro décadas en el organismo que hoy lidera, Carlos Margotta Trincado forjó
su talante férrea en los tiempos de la dictadura cívico militar. El otrora
abogado de la Universidad de Chile fue perseguido por la Central Nacional de
Informaciones (CNI), perdió amigos que fueron asesinados y encontró una
búsqueda de la cual no habría de abandonar nunca: justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
En
conversación con este medio, el actual presidente de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos profundizó en lo que ha marcado su paso como máximo representante del
organismo que, además de denunciar al ex presidente Sebastián Piñera ante la
Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad durante la revuelta,
tiene un ininterrumpido historial de defensa a víctimas de la dictadura cívico
militar pinochetista.
“El Estado de Chile está al debe en materia de Derechos Humanos”
¿Cuál es su diagnóstico respecto al avance en la justicia en los casos
de violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura?
Los datos concretos hablan de que la justicia está al debe. En un país que sale de una situación dictatorial el Estado asume cuatro obligaciones. Primero, hacer verdad. Segundo, hacer justicia. Tercero, reparar a las víctimas y a los familiares. Y cuarto, garantías de no repetición, para que nunca más se repita la traumática experiencia vivida. Si nosotros hacemos un repaso del cumplimiento de esas obligaciones respecto del Estado de Chile, nos encontramos que en todas está al debe. Y la justicia es una de ellas.
Solo para
mencionar en materia de verdad. El gran déficit que tiene el Estado de Chile en
esta materia es el esclarecimiento de qué pasó con los miles de detenidos
desaparecidos que ocurrieron en la dictadura. Al día de hoy, existen 1.182
chilenos y chilenas que todavía tienen esa condición. Y por lo tanto, es una
deuda muy grave desde el punto de vista jurídico y normativo, pero además del
punto de vista ético y moral que tiene el Estado de Chile no solamente respecto
de las familias de detenidos desaparecidos, sino que respecto a la sociedad y
frente a la comunidad internacional.
En materia
de justicia tenemos un conjunto de condenados, muchos de ellos que están
cumpliendo penas en Punta Peuco. Pero es un número no significativo. Si uno
toma el dato de que hubo más de 3 mil detenidos desaparecidos, más de 4.500
ejecutados políticos, miles de torturados, misma cantidad de presos políticos,
un número muy mayor de exiliados, de exonerados y relegados, uno se da cuenta
que la cantidad de condenados no se corresponde a la magnitud de las
violaciones a los Derechos Humanos. Entonces hay muchos criminales que no han
pagado debidamente por sus crímenes. Y eso da cuenta de un grave déficit en
materia de justicia. El número de presos en Punta Peuco es muy mínimo. Los
datos oficiales hablan de 95 a 100 personas.
La gravedad
mayor no solamente tiene que ver con que hay mucho criminal que anda suelto por
las calles en completa impunidad, sino que además muchas víctimas
sobrevivientes se encuentran con su torturador. Hay una revictimización
permanente de la persona que ha sufrido estos atropellos. Entonces le están
recordando a la víctima de que su torturador y el delito que ellos sufrieron
está y seguirá estando en la impunidad.
¿Usted considera que la falta de justicia responde a una voluntad
política?
La mayor o
menor justicia que se realiza después de los períodos dictatoriales, obedece a
la forma en cómo se salió de la dictadura. Voy a poner un ejemplo. Argentina
salió de la dictadura cívico militardespués de una guerra que perdió contra
Inglaterra por las Islas Malvinas. Ahí se derrumba la dictadura cívico militarmilitar
que había irrumpido el año `76 con Videla a cargo del Ejército. Esa derrota
militar en una guerra provocó que la sociedad civil recuperara el control y el
poder. Posibilitó que cuatro juntas militares fueran juzgadas y condenadas. En
Chile hubo una salida pactada. Y en esa salida hubo muchas condiciones y
cláusulas no escritas, entre las cuales estuvo la de no tocar a quienes
tuvieran las principales responsabilidades en la política de exterminio. Entre
ellos a Pinochet. Y expresión de eso fue cuando fue detenido en Londres. Vuelve
a Chile con el compromiso de que va a ser juzgado y se le busca una salida
alternativa y se le declara loco mentalmente. Y nunca pasó un día en la cárcel.
Sobre la responsabilidad que tuvieron los civiles en la dictadura,
¿usted considera que la justicia ha obviado su participación?
Por eso se
habla de dictadura cívico militar. Se ha ido acuñando ese término porque los
grandes ejecutores del Golpe y de la política de exterminio fueron integrantes
de las Fuerzas Armadas que conformaron los organismos de seguridad. Pero
quienes alentaron la ocurrencia del Golpe y esa política de exterminio fueron
civiles. Lo dijeron los propios estadounidenses. El Informe Church, que surge
del Senado estadounidense, establece no solamente cuál fue la intervención del
gobierno de los Estados Unidos, sino que además el financiamiento que prestó a
civiles para que el golpe se produjera. Tienen una responsabilidad que no
pueden eludir.
“Las Fuerzas Armadas están decididas a resguardar la impunidad”
¿Qué lectura le da a la reciente condena que recibió el último miembro
de la Junta Militar, Santiago Sinclair?
Él es un
personaje emblemático de la dictadura cívico militar. En primer lugar,
fue procesado por las ejecuciones de 17 campesinos en dos localidades cerca de
Valdivia cuando era Comandante del Regimiento Cazadores. Y hace pocos días
atrás fue condenado por la ejecución de 12 personas en el marco de la Caravana
de la Muerte, que fue impulsada por la cúpula del Ejército. Posteriormente fue
Vicecomandante del Ejército, miembro de la Junta de Gobierno cuando Pinochet
asume la “presidencia de la República” y luego fue Senador designado. Estos
hechos criminales en los cuales participó demuestran que la política de
exterminio no fue producto de excesos de algunos subalternos, sino que respondió
a una política ideada desde las máximas autoridades.
¿El plan Nacional de búsqueda de detenidos
desaparecidos, sin las fuerzas armadas?
Lo voy a
enlazar con otro hecho muy relevante. Hace pocos meses atrás, el Presidente de
la República, Gabriel Boric, anunció un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos
Desaparecidos para buscar a los 1.1182 chilenas y chilenos que permanecen en
esa condición. Pero si uno realiza el plan se da cuenta de que no está
suficientemente perfilado el rol que tienen las Fuerzas Armadas para el
cumplimiento de este plan. Porque quien tiene la información respecto a los
detenidos desaparecidos y su destino final son las Fuerzas Armadas y
particularmente el Ejército.
A Santiago
Sinclair se le imputó la ejecución de 17 campesinos enterrados y se sabe que
después fueron desenterrados para ocultar sus restos. Entonces, ¿quién tiene la
información respecto a lo que ocurrió con ellos? ¿El poder judicial? ¿El
Servicio Médico Legal? ¡No! Quienes tienen la información son los responsables
de haber ocultado los restos de las personas que murieron. Cuando hablamos de
Santiago Sinclair, hablamos de que si no hay un Plan Nacional de Búsqueda de
Detenidos Desaparecidos que se enfoque en destrabar lo que se ha denominado
como el pacto de silencio, es muy difícil que se logren los objetivos. Puede
ocurrir que se generen expectativas en los familiares que llevan 50 años
buscando a sus seres queridos, pero las Fuerzas Armadas, creo yo, no van a
colaborar. Ellos están completamente decididos a resguardar la impunidad.
¿Usted cree que las Fuerzas Armadas siguen siendo las Fuerzas Armadas de
la dictadura cívico militar?
En su
esencia, sí. Volvemos a la respuesta inicial, sobre las cuatro obligaciones que
tiene todo Estado post dictatorial: verdad, justicia, reparación y garantías de
no repetición. Dentro de las garantías está que las primeras medidas que tiene
que tomar un Estado post dictatorial es realizar una profunda reestructuración
de las Fuerzas Armadas y de Orden, en el caso chileno. Porque en ellos ha
estado depositada la política de exterminio. Hay que sancionar a todos los
responsables, tanto intelectuales como materiales. Pero además hay que
desterrar la doctrina de la Seguridad Nacional, que fue la que tuvieron como
argumento para ejercer esa política que aún se enseña en la formación de las
nuevas generación de las Fuerzas Armadas. Desterrar esa doctrina y reemplazarla
por una democrática, donde el respeto a los Derechos Humanos sea su principal
soporte. Esa tarea de reestructuración de las Fuerzas Armadas no ha sido
cumplida. Entonces estamos al debe. Después de 32 años no sólo es éticamente
reprochable, sino que constituye un incumplimiento ante la comunidad
internacional.
“El negacionismo atenta contra los Derechos Humanos”
Si usted considera que hay una deuda para con las víctimas de la
dictadura, ¿qué cree que le espera a las víctimas de la Rebelión social?
La situación
de impunidad es escandalosa en relación a las violaciones de Derechos Humanos
ocurridas en el Rebelion social. Solo 15 agentes estatales han sido condenados.
Y ninguno de ellos con pena efectiva de cárcel. Eso es una vergüenza. Y lo más
serio, a mi juicio, es que permanece invisibilizado en el debate público. Nadie
habla de lo grave que significa para el Estado de Chile este incumplimiento. La
impunidad es abrumadora. Y es no solamente una grave afrenta para las víctimas
y sus familiares, sino que además, repito, es un grave incumplimiento para el
Estado de Chile.
Todavía tenemos
presos de la revuelta, respecto de los que nadie habla. Parecemos como
predicando en el desierto. Pero lo seguiremos haciendo. No solamente por una
obligación ética, sino también por una obligación jurídica, normativa. El
Estado de Chile se encuentra incumpliendo obligaciones que se derivan de las
violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en dictadura cívico militar y
ahora las del Rebelion social social. En consecuencia, nuestro deber es
interpelar al Estado para que cumpla su obligación y que termine con la
impunidad. Y seguiremos insistiendo por ello.
A la fecha, ¿manejan cuántos presos de la revuelta hay?
Hasta hace
dos semanas atrás habían 42 presos de la Rebelión social encarcelados.
¿Todavía hay quienes están encarcelados con prisión preventiva?
No, son
todos condenados. Que debieran, a nuestro entender, ser indultados. Pero está
claro que eso no va a ocurrir, visto lo ocurrido con los indultos que otorgó
Gabriel Boric.
Hace poco se acogió la solicitud de desafuero de María Luisa Cordero por
sus dichos negacionistas sobre el caso de la senadora Campillay. Dicho eso, ¿ve
una amenaza en el negacionismo o relativismo de las violaciones a los Derechos
Humanos?
Los sectores
conservadores que apoyaron decididamente la dictadura cívico militar,
hoy ocupan muchos puestos en el parlamento y gozan de una permanente tribuna en
los grandes medios de comunicación. Siempre han tratado de instalar un
discurso, primero, de relativización sobre las violaciones a los Derechos
Humanos en dictadura. Y luego de relativización de lo ocurrido en el Rebelion social. Es más, durante el Rebelion social
incluso pasaron a una segunda etapa, que es la criminalización de la protesta
social y los manifestantes. Pero ahora han escalado a la tercera etapa: la del
negacionismo.
Hace unas
semanas se presentó un proyecto de ley contra el negacionismo. Nosotros
esperamos que se genere un debate público sobre esta situación. Porque el
negacionismo atenta contra los Derechos Humanos. Es falso que la limitación del
negacionismo sea un atentado a la libertad de expresión. La libertad de
expresión, como derecho humano que hay que defender siempre, también tiene sus
límites. Por eso existen los delitos de injurias y calumnias. Ya existen
limitaciones a la libertad de expresión y otra limitación ha de ser la expresión
de opiniones que pongan en duda o nieguen la existencia de violaciones a los Derechos
Humanos.
Tal como lo
dice el proyecto de ley, negaciones de hechos que fueron reconocidas
oficialmente a través del informe de la Comisión Rettig y luego por las dos Comisiones
Valech. Negar la existencia de aquellos hechos que fueron reconocidos,
constituye negacionismo. Estamos ante una escalada muy compleja de los Derechos
Humanos, donde no solamente la ultraderecha, con claros signos neo fascistas,
está tratando de instalar un discurso conservador, sino que además
revisionistas y negacionistas de la historia. Ellos quieren hacer una revisión
histórica ensalzando al dictador y poniendo en el centro sus, entre comillas,
obras. Condenando al rincón del olvido lo que caracteriza a la dictadura cívico
militar, que fue la política de exterminio que se implementó a partir del 11 de
septiembre de 1973.
“Hay un grave retroceso de lo que son las banderas democráticas”
Avanzando con el tema de la extrema derecha, ¿cómo cree que podría
afectar la llegada al poder de estos sectores?
Estamos
viendo un grave retroceso en materia de Derechos Humanos. Se ha impuesto un
discurso de ultraderecha que ha sido recogido por los medios de comunicación.
Lo que ellos pretenden no solo es ganar en el terreno político, quieren una
victoria cultural. Buscan instalar un nuevo relato respecto a la historia
reciente. Sobre todo que salga al paso del discurso que venimos levantando
organismos de Derechos Humanos y sectores democráticos sobre lo que fue la
dictadura cívico militar. Y sobre todo ahora que se conmemoran 50 años del
Golpe.
La
ultraderecha representa lo más nocivo que ha tenido la historia reciente de
nuestro país. Representan el crimen. Representan el genocidio. Representan algo
que era desconocido para nosotros hasta el año 1973. Hasta el 11 de septiembre de 1973, en Chile no existía la noción de Derechos
Humanos. Nosotros valoramos los Derechos Humanos a partir de las violaciones a
los Derechos Humanos. El 85% de las familias en Chile fueron afectadas por las
violaciones a los derechos durante los 17 años de dictadura. Es decir, la
sociedad chilena en su conjunto conoció esa realidad.
¿Cree que los sectores de ultraderecha sugieren un discurso revisionista
del pasado en miras de objetivos futuros?
Por
supuesto. El auge de la extrema derecha profasvistano es un fenómeno local. Es
global. Ha habido una ofensiva de la ultraderecha en todos los continentes.
Particularmente en Europa y América Latina. Nosotros mirábamos con distancia el
surgimiento de Bolsonaro en Brasil. Pero tenemos nuestro propio Bolsonaro. Es
José Antonio Kast. Y hay preocupación en el mundo de los Derechos Humanos. Hay
un grave retroceso desde el punto de vista de lo que son las banderas
democráticas y los Derechos Humanos. Y la bandera de la paz social, porque se
construye sobre ciertos valores. La paz social no es la paz de los cementerios.
Es la que tiene como fundamento la valoración de los Derechos Humanos, el
término de las desigualdades que tiene nuestra sociedad. Y la ultra derecha lo
que pretende es avanzar sobre su principal bandera: el orden y la seguridad. No
solamente para combatir la delincuencia común, sino también la protesta social.
“La delincuencia es un fenómenos social.
Hay que combatir las causas de ella/ADDHEE.ONG
Pretenden
preservar el statu quo con represión, y eso es un peligro para
la paz social a la que todos aspiramos ¿Qué pasó con las principales
iniciativas legislativas que el gobierno mandó para discusión en el congreso?
Republicanos votó en contra del Salario Mínimo, en contra de la Reforma
Tributaria y en contra de las 40 horas. La ultra derecha, que tiene la
hegemonía tanto en el Consejo Constitucional como en las fuerzas de derecha,
abraza este modelo económico. Ellos van a hacer una férrea defensa de aquello.
Todos los
movimientos sociales tienen avances y retrocesos. Hoy día estamos en la etapa
del retroceso. Pero llegará el momento en el que se recuperen las fuerzas
democráticas. Porque sobre la base de la represión, sobre la base de negarse a
enfrentar decididamente la desigualdad, tenemos un potencial Rebelion social
Según usted, ¿la ultraderecha ve la democracia como algo sobrevalorado?
A nuestro
entender, la democracia la ven como algo instrumental. Si uno revisa la
historia, el fascismo en Chile la principal expresión que tuvieron fue el Golpe
de Estado. Donde dijeron “la democracia ya no nos sirve”. ¿Por qué? Porque el
gobierno de Salvador Allende estaba llevando a cabo un proceso de
transformaciones sociales. Esa gente dijo “no más” y utilizaron la fuerza bruta
a través de un Golpe cívico militar.
En la Rebelión Social Popular de 18/octubre/2019,
¿qué es lo que es? Una expresión multitudinaria de sectores de la población que
salieron a exigir un nuevo orden social. Más justo, más democrático, menos
desigual ¿Y cuál fue la respuesta? La represión ¿Y quién implementó las
políticas represivas? Sebastián Piñera, uno de los principales millonarios de
nuestro país que detentaba el cargo de Presidente de la República. Y por ser el
principal responsable de los crímenes cometidos en el Rebelion social, lo
denunciamos no solamente ante el Ministerio Público, sino también ante la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Quiero decir
con esto que siempre hay una contradicción que es como el aire. No se puede
negar. Hay un conflicto entre unos pocos que detentan el poder y que aplastan a
la mayoría. Cuando estos sectores despiertan y expresan su malestar a través
del legítimo ejercicio y derecho humano de la protesta social, viene la
reacción de fuerza bruta.
¿Cree que si estos sectores llegasen al poder podrían obrar de manera
similar a quienes se lo tomaron hace 50 años?
Lo que se
avizora respecto a los discursos y conductas que la ultraderecha ha tenido, es
que elevan el concepto del orden a un valor supremo. Y ese concepto está
asociado a la defensa del statu quo. Por lo tanto la represión como forma de
preservar ese orden está a la vuelta de la esquina. Y repito, cuando las
fuerzas sociales y democráticas salgan de su abatimiento y nuevamente comiencen
a pelear por sus derechos, ellos van a elegir la bandera del orden. Y no van a
dudar un momento en mandar a las fuerzas policiales, y si es necesario
militares, a reprimir la protesta social.
Lo subrayado interpolado es nuestro.
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