Rodrigo Huenchullán, werkén de Temucuicui: “El Estado chileno nos roba hasta el alimento”

Por Andrés Figueroa Cornejo/ SurAndino/ADDHEE.ONG:

El 8 de marzo, las comunidades mapuche en resistencia de la provincia de Malleco, región de La Araucanía, resolvieron mediante una asamblea ir en apoyo de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, “que fue víctima de la violencia y el terrorismo de Estado”. Para ello, convinieron realizar todas y cada una de las acciones legales en contra del personal de fuerzas especiales de Carabineros que sustrajo la cosecha de granos de la Comunidad de Temucuicui y agredió a su gente.

Rodrigo Huenchullán es werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Explicó que, “Queremos salirle al paso a las versiones de los medios mediáticos de (in)comunicación que dicen que nosotros entramos a un predio a robar la cosecha a alguien. Eso es completamente falso. Todo el proceso que significa producir el grano, que va desde el control de la maleza, la siembra, la fertilización hasta la cosecha, toma 9 meses. Todo eso lo hicimos nosotros, la comunidad”.

- ¿De qué manera?

“En un comienzo, los vecinos del sitio nos brindaron parte de su grano. Los últimos años, nos comunicaron que ellos no pretendían sembrar más, pero si nosotros queríamos, podíamos hacerlo. Todo fue un compromiso de palabra, como se usa acá. De hecho, por eso tuvimos la confianza y garantía para poder sembrar, práctica que tiene un costo altísimo y cuyos recursos salen de la comunidad.

Así, la siembra y cosecha la realizamos en un predio de Pailahueque (Malleco) por el que ya habíamos interpuesto una demanda para recuperar 12 mil hectáreas demarcadas por la comunidad el 2012. Después fuimos habitando el lugar, levantando rucas en el territorio. Desde hace unos 3 a 4 años sembramos aquí.”

- ¿Y cuáles son las condiciones ‘legales’ de los terrenos?

“Hasta ahora, en esas 12 mil hectáreas existen varios dueños ‘legales’. Gran parte pertenece a las forestales Mininco, Arauco, Maciza y a los particulares. En una porción de ese territorio nosotros realizamos nuestras labores agrícolas”.

Rodrigo Huenchullán indicó que en el último ciclo de faenas agrícolas, “Sembramos tres especies distintas de cultivo: trigo, avena y lupino, en un terreno de aproximadamente 250 hectáreas, de manera colectiva. Somos alrededor de 50 familias mapuche trabajando”, y agregó que, “Este último año, toda la primera semana de febrero estuvimos cosechando. Pero el 10 y 11 de febrero nos arrebataron los granos. Ahora bien, Carabineros no actuó porque sospechaba que había un robo. Ocurrió que antes se judicializó el asunto. Aparecieron personas, terceros, representando a los dueños legales del predio, que presionaron a nuestros vecinos para presentar una denuncia de hurto de grano en nuestra contra. Entonces la Fiscalía ordenó requisar nuestro grano y maquinaria agrícola.

Todo lo anterior se dio en un contexto de estados de excepción, de militarización de lo que llaman macrozona sur, de la construcción mediática contra la lucha mapuche. Entonces armaron esta operación con el propósito de dar una señal al conjunto del mundo mapuche que apunta a que no se puede hacer lo que estábamos efectuando nosotros”.

Huenchullán dijo que, “Allí fue cuando entró la prensa, la Fiscalía, los carabineros y el gobierno chileno a decir que la Comunidad Autónoma Temucuicui estábamos robando la cosecha y que actuamos en ‘flagrancia’, lo que les permitió que nos quitaran nuestro grano y maquinaria. Como no podían acusarnos de ‘usurpación’ de tierras, porque sería como si nos estuviéramos robando a nosotros mismos, cambiaron la figura jurídica”.

- Desde ese momento, los hechos se precipitaron rápidamente…

“Carabineros dejó en su custodia la cosecha que nos quitó, equivalente a 150 hectáreas. Pero no se llevaron toda la siembra. Quedaban 50 hectáreas de trigo por cosechar. El 3 de marzo la comunidad fue a terminar la faena, pero arremetieron de nuevo los policías y nos volvieron a despojar de unas 5 hectáreas de cosecha y de nuevas máquinas que habíamos arrendado. Todo lo que no alcanzamos a cosechar, los agentes de carabineros lo quemaron, escoltados de una caravana de vehículos blindados. Nos dejaron sin alimento.

Pero a diferencia de lo que pasó el 10 y 11 de febrero, que pensamos que se había tratado de un malentendido, el 3 de marzo la gente de la comunidad se resistió a un nuevo robo. Ya nos habían quitado 80 mil kilos de grano.

A eso de las 20.00 horas, Carabineros se replegó del lugar y los comuneros comenzaron a cenar. Y a las 22.00 horas, Carabineros volvió cuando ya estaba oscuro, disparando bombas lacrimógenas y perdigones de acero indiscriminadamente sobre nosotros, mientras los militares cercaron el predio. Nuestra gente comenzó a huir desordenadamente mientras caían heridos en el descampado. Fue herido de gravedad el hijo de Víctor Queipul, Víctor Hugo Queipul, quien permaneció toda la noche en la comunidad. El domingo 4 de marzo ya no aguantaba más, y se decidió trasladarlo al Hospital de Victoria donde fue atendido con un cuadro grave. La mayoría de los heridos fueron cuidados por la propia comunidad”.

- ¿Por qué crees que el ataque concertado fue contra ustedes en particular?

“El objetivo de la operación fue debilitar a la comunidad de Temucuicui. Hay comunidades de Malleco y de otras localidades que también realizan recuperaciones y control del territorio mediante labores agrícolas, lo que nos da más independencia y soberanía alimentaria.

El Estado chileno busca estigmatizarnos porque somos ejemplo histórico de lucha en la recuperación del territorio antiguo. Por eso nos persigue con saña especial, implicándonos en montajes y delitos inexistentes, como la Operación Huracán.

La verdad, nosotros creímos al principio que este gobierno sería diferente a los anteriores, sin embargo, terminó dominado por los poderosos”.

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Frente a la militarización de los territorios y el actuar de Carabineros: respeto a los derechos fundamentales de pueblos indígenas y población migrante

Como Observatorio Ciudadano, organización de la sociedad civil que promueve la defensa de los derechos humanos en el país, queremos expresar nuestra profunda preocupación por las políticas de militarización que se vienen implementando en distintas partes del país; tanto en el sur, vulnerando derechos de integrantes del pueblo mapuche; como en el norte, vulnerando derechos de población migrante proveniente de contextos políticos de alta conflictividad o económicos de suma precariedad.

En el caso del sur del país preocupa la utilización prolongada de los estados de excepción constitucional, y como consecuencia, la presencia militar en la zona, como mecanismo para establecer un control sobre los territorios de comunidades mapuche. Reconociendo la existencia de una situación de alta conflictividad y de creciente violencia en la zona, estamos convencidos de que la única forma de asegurar la paz en esta parte del país es a través de mecanismos de diálogo y no por medio de la presencia militar en dichos territorios.

Nos preocupa igualmente el actuar represivo y uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros en su actuación en comunidades mapuche. Es así como el 23 de febrero en el sector Carimallin, comuna de Río Bueno, agentes policiales de carabineros utilizaron escopetas antidisturbios y perdigones de plomo disparando a integrantes de comunidades, entre ellos mujeres, que se manifestaban frente a la construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos, proyecto que afecta los derechos culturales y espirituales del pueblo mapuche. Como resultado, cinco de los manifestantes se encuentran con heridas de gravedad y uno de ellos con trauma ocular. En tanto, el 2 de marzo, tanquetas y personas del GOPE hostigaron, sin motivo alguno, a la Machi Millaray Huichalaf, al rodear su domicilio particular. Ello mientras se encontraba realizando su trabajo de machi junto a otras mujeres y menores de edad.

Del mismo modo, nos preocupan los hechos acaecidos el 3 de marzo durante una intervención con la incautación de cosecha en Temucuicui por parte de Carabineros, quienes actuaron con fuerza desmedida. Cualquiera sea la circunstancia que dio origen a dicha incautación, lamentamos la violencia utilizada, la que terminó con una veintena de heridos por perdigones y un comunero en la Unidad de Tratamiento Intensivo en el Hospital de Victoria.

Por otro lado, consideramos que la militarización de la frontera norte a través de la promulgación del DFL 1 2023 que responde a políticas de seguridad adoptadas por el gobierno, no se ajustan a los estándares de derechos humanos. Más aún, tal como la evidencia internacional lo indica, la militarización de las fronteras no aminora el flujo de personas migrantes. Al contrario, dicha política lo que produce es un aumento del tránsito irregular y la ampliación de las redes de trata y tráfico de personas. Resulta aún más preocupante el posible uso de armas letales en contra de personas que están siendo desplazadas, víctimas de crisis humanitarias en sus países de origen.

Es menester destacar que durante el cierre de fronteras producto de la pandemia por COVID-19, durante el mandato de Sebastián Piñera, los flujos migratorios irregulares aumentaron a máximos históricos y con ello también, las muertes en la frontera. Vemos con preocupación que continúe la mirada criminalizadora a la migración, y que permanezca y se profundice el enfoque securitista para abordar la movilidad humana.

Ante lo anterior queremos manifestar que:

Denunciamos la militarización en el sur y norte del país, que generan un actuar desproporcionado de las fuerzas policiales y militares, atentando contra la vida y la integridad física y psíquica de las personas y comunidades.

Rechazamos la represión y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales o militares hacia pueblos indígenas, en particular contra el pueblo mapuche, sus mujeres y niñxs, en contextos de protesta.

Exhortamos a que la respuesta estatal frente a temas de alta conflictividad respete los derechos fundamentales de las personas y comunidades y atienda las recomendaciones que los diversos órganos del sistema internacional de derechos humanos han realizado al Estado de Chile, en relación a la no militarización y la adecuación del actuar de carabineros a los estándares de derechos humanos.

Instamos al gobierno a que, tal como prometió en su programa de gobierno, impulse urgentemente políticas basadas en el diálogo para buscar soluciones a las complejidades del contexto mapuche garantizando sus derechos territoriales. Del mismo modo, instamos a que se aborde los desafíos actuales en el ámbito migratorio desde un enfoque de derechos, intercultural y territorial, de acuerdo al compromiso asumido de “avanzar hacia una política migratoria regular, ordenada y segura, alineada con los pactos internacionales, que reconozca los beneficios de la interculturalidad y promueva una real inclusión y reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas en la sociedad” (P. 189-191), y a firmar el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular o Pacto de Marrakech.

No existe excusa ni fundamento que justifique el uso de la represión y la violencia para enfrentar un conflicto, ya sea en temas de seguridad o de movilidad humana, debido a los grandes riesgos que la militarización y el uso de armas conlleva para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Observatorio Ciudadano