CIDH condenó al Estado por deuda histórica con los profesores: ¿Cuándo se les hará justicia a las victimas de la dictadura cívico militar por las violaciones de los Derechos Humanos que aún esperan una reparación digna? ADDHEE.ONG/ Codeh Codes Chile/Berlín.

La entidad señaló que Chile es responsable por no cumplir las sentencias que reconocían el pago de asignación especial a 846 docentes.

Por Sebastián Dote.

Un quinto de los docentes que llegaron a la justicia por la deuda ya falleció.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por su responsabilidad en la llamada deuda histórica de los profesores, la que se generó luego del traspaso de los establecimientos públicos a los municipios durante la dictadura cívico militar.

En un comunicado, el organismo con sede en San José de Costa Rica entregó una sentencia del caso “Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile”, donde declaró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes“.

“En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores”, complementó el tribunal.

La deuda de los profesores analizada por la CIDH se originó en las reformas educacionales establecidas durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), donde la enseñanza escolar pública fue sacada del nivel central para ser administrada por los municipios. Aquello implicó que el personal docente quedara sometido al Código del Trabajo y regido por las normas aplicables al sector privado.

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El artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551 creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, algunos profesores que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades, no recibieron esta asignación.

A partir de 1990 los maestros que no recibieron el monto llegaron a la justicia. En el marco de trece procesos entablados contra las municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, se dictaron sentencias en firme que reconocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas en este caso.

En su resolución, la CIDH consideró que los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en firme en favor de los 846 profesores que condenaban a las municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces.

Además, la corte consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores, tomando en cuenta que todos los demandantes son mayores de 60 años y que un quinto de ellos ya falleció.

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