“Su Excelencia” y los “honorables”: ¡Que se vayan todos!.
Por Juan Pablo Cárdenas S./escritor, comunicador
social, analista internacional/Barómetro Latinoamericano/ADDHEE.ONG:
Si algún día llegamos a tener una nueva Constitución soberanamente sancionada por el pueblo ojalá ésta contemple el mecanismo de
remoción de las autoridades que incumplen con lo prometido durante sus campañas
electorales, incurran en ilícitos o pierdan sensiblemente la adhesión ciudadana.
En las mejores democracias del mundo los jefes de Estado, parlamentarios,
alcaldes y otros funcionarios públicos pueden ser separados de sus cargos para,
con ello, evitar la crisis social que puede derivarse de sus abusos de poder o
ineptitud.
Hay casos en nuestra historia en que los propios cuestionados decidieron
abandonar sus cargos en favor del bien general, pero para ello se requiere de
representantes dignos y capaces de anteponer la conveniencia del país a sus
propios intereses. Una actitud que es bien difícil que surja de una clase
política como la nuestra, en que los que detentan el poder político, creen
que la administración del Estado le pertenece a perpetuidad.
Es increíble que, en Chile, con la insurrección
social que estamos viviendo, Sebastián Piñera Echeñique, el político más
repudiado por el pueblo, no haya resuelto todavía abandonar su cargo junto a
sus ministros, subsecretarios y asesores. Lo que no ha ocurrido, tampoco, con
los diputados y senadores igualmente cuestionados en las multitudinarias
manifestaciones callejeras. No nos olvidemos que una de las primeras demandas
de la población fue la de “que se vayan
todos”, después de tres décadas en que se consolidó la más brutal inequidad
social y se han evidenciado, para colmo, tantas formas de corrupción de parte
de los moradores de La Moneda, del Poder Legislativo, de los grandes
empresarios sofofos y los mandos superiores de las FFAA y Carabineros.
Además de la histórica lenidad y abyección de tantos jueces.
Por ello es que la inmensa mayoría del país de verdad no
quiso reelegir al actual mandatario, si consideramos que en la segunda vuelta
electoral se abstuvo de sufragar más del 52 por ciento del padrón electoral. Lo
mismo ocurrió en las elecciones parlamentarias, con la bajísima concurrencia
ciudadana a las urnas y los consabidos cuoteo y arreglos cupulares, de lo que
resultó que buena parte de los electos apenas consiguiera una pizca de
sufragios y, por lo mismo, una precaria legitimidad.
Lo anterior explica que en todos los sondeos y
encuestas la popularidad de Sebastián Piñera Echeñique se haya
precipitado aún más y hoy no tenga más de un 12 por ciento de aprobación.
Asimismo, ya es un hecho ampliamente conocido que la institución más
desprestigiada del país es la del Congreso Nacional, superando el descrédito
que afecta a la Justicia, los militares y los policías.
Luego de seis semanas de furia y protesta no tenemos
todavía indicios de que el descontento popular vaya a menguar. Por el
contrario, cada día las movilizaciones se asumen más radicales, especialmente
después de la criminal represión. No hay duda que el Ejecutivo y las policías
han sido desbordadas y el llamado “orden público” difícilmente pueda
establecerse sin que antes el país compruebe una voluntad política destinada
realmente a resolver sus demandas salariales, previsionales, como las relativas
a la salud, educación pública, transporte y vivienda.
El jefe de Estado y los parlamentarios han dedicado
semanas a alcanzar un acuerdo destinado a consolidar un proceso constituyente
que contempla la realización de un plebiscito en abril próximo y, enseguida,
elecciones para elegir a los integrantes de una instancia redactora de la nueva
Carta Magna, la cual durante largos meses se ocuparía de proponerle un texto a
la ciudadanía para ser finalmente ratificado o desahuciado por ésta. Por lo que
en no menos de un año recién podríamos contar con el instrumento que defina los
lineamientos de nuestro Estado, sus instituciones, así como los derechos
políticos, económicos y sociales de la población.
Es importante, sin duda, que se alcance este
cometido jurídico institucional, pero es lamentable que las reglas del juego de
este proceso hayan sido definidas a puertas cerradas por los partidos con
representación parlamentaria, aunque algunos de ellos de verdad prefirieron
omitirse de una negociación cupular y sin la participación de nuevos actores
sociales que, a no dudarlo, tienen mucho más ascendiente entre la población que
las colectividades políticas. Es indiscutible que una de las grandes demandas ciudadanas
ha sido también la necesidad de derogar la Constitución/artilugio de 1980,
de la dictadura cívico militar Pinochetista con esas
superficiales enmiendas acordadas bajo el régimen de Ricardo Lagos Escobar,
quien tuvo la pretensión de hacer pasar como obra propia este texto de 1980.
Las grandes aspiraciones de la población reclaman
soluciones concretas antes de abocarse al proceso constituyente. Entidades como
No+AFP, la CUT, No+TAG, el movimiento de pobladores Ukamau, la Coordinadora
Feminista 8M, las federaciones sindicales, indígenas, gremiales, estudiantiles
y tantas otras son las que el pueblo les asigna autoridad y liderazgo en la
actual insurrección. Son éstas las que salen
todos los días a las calles y concitan la masiva adhesión de los chilenos sin
que en todas estas semanas las autoridades le hayan reconocido la legitimidad
que tienen, como el aporte que pueden hacer en las urgentes soluciones. Una
actitud contraria a lo que ha sucedido en otros países de la Región en que los
gobiernos (algo más sensibles que el nuestro) han reconocido a los actores
sociales como interlocutores válidos, convocándolos a concitar acuerdos
directos y no intermediados.
Disminuir el grosero sueldo recibido por ministros
y parlamentarios, congelar las abusivas cuentas de la luz, del agua o del
pasaje en Metro son apenas tenues gestos de las autoridades, sin el propósito
real de intervenir el sistema de las AFP, de isapres, de los monopolios
farmacéuticos o proponerse el término o modificación de esos leoninos contratos
con las concesionarias de carreteras. Todas las cuales registran inauditas
utilidades a expensas de las obligadas cotizaciones de los trabajadores,
pensionados, pequeños y medianos empresarios, como los impuestos descargados a
todos los consumidores. Sin prosperar todavía un tributo efectivo a los que más
ganan, es decir a ese 1 por ciento de chilenos que tiene ingresos que superan
lo que obtiene el 20 por ciento de nuestra población.
Los fondos previsionales AFP e Isapres, según el economista Manuel Riesco, bajo la administración del Estado, es posible y financiable.
El economista
Manuel Riesco, en carta a El Mercurio, señala que si el Estado asumiera la
administración de los fondos previsionales podría doblar el monto de las
actuales pensiones pagadas por las AFP, además de recaudar para el fisco unos
11 mil millones de dólares por año. Recursos que podrían satisfacer un
sinnúmero de otras demandas sociales. ¡Vaya qué justa sería, entonces, una nacionalización
de los agentes que tanto lucran de los ahorros de los trabajadores cotizantes!.
No es cosa de atribuirle a Piñera y a los miembros
del Parlamento tanta insensatez o desidia. Lo que ocurre es que la mayoría de
ellos son parte o están supeditados a los grandes intereses económicos de la
banca, la minería, las forestales, pesqueras o de las empresas administradoras
de los servicios básicos. Como, también, a los llamados “sostenedores” de la
educación privada, los dueños de laboratorios y farmacias, clínicas e
hipermercados.
Basta hacer un cruce entre los apellidos de quienes
nos gobiernan con los de los gerentes o administradores de todas estas
entidades, para demostrar tal confabulación. Por lo cual ha resultado tan fácil
el lobby empresarial ejercido hacia los legisladores, ministros de estado o
alcaldes. Un tráfico de influencias que se ha llegado a constatar en los mismos
pasillos de La Moneda y los hemiciclos parlamentarios. Así como constan los
escandalosos aportes de estas poderosas entidades al financiamiento de los
partidos y las campañas electorales de sus candidatos.
Si el mismo Jefe de Estado es uno de los grandes
acaudalados del mundo es difícil o imposible materializar de parte suya una
reforma estructural de nuestro sistema económico, ni siquiera cumplir con una
agenda social que encare las más urgentes necesidades de la nación. De allí es
que los grandes intereses económicos lo insten a poner mano dura a las demandas
de la población, así sea al extremo de violar gravemente los Derechos Humanos.
Como ya lo han consignado los observadores extranjeros, así como en carne
propia los miles de chilenos agredidos por la represión social.
De esta manera es que también se explica que la
mayoría opositora del Congreso no le haya exigido, todavía, la renuncia del
Jefe de Estado, pese a feble apoyo ciudadano y a su creciente descrédito
popular. Los “honorables” legisladores saben que cuestionar a “Su Excelencia”
es exponerse a cesar también en sus funciones y perder sus múltiples
granjerías. Sabemos que la ciudadanía ya despertó y ha descubierto los
despropósitos de nuestro sistema político, económico, social y cultural.
Se trata de la gran colusión de todas las cúpulas
políticas. Por años administrando en su favor el legado de la dictadura cívico
militar pinochetista, sin ánimo de avanzar hacia una genuina democracia y
servir a la justicia social. Por lo
mismo es que ya han pactado quórum y otros cerrojos que hagan difícil o
imposible una nueva Constitución. Al mismo tiempo que parecen estar
confiando en que la población desista de protestar a causa de los episodios de
violencia que hemos conocido y repudiado. Actuaciones vandálicas que muy
probablemente, como en otras ocasiones, cuentan con el beneplácito y hasta el
aliento de las autoridades políticas y policías a fin de que colaboren
al desprestigio del justo alzamiento popular.
Lo subrayado es
nuestro.
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