“El trabajo te hará libre”. Consigna en los campos de concentración
del Nazismo Alemán.
Por Juan Pablo
Cárdenas S./ escritor, comunicador social, analista nacional e
internacional/Barómetro latinoamericano/ADDHEE.ONG:
La clase
política chilena discurrió discutir ahora sobre una eventual disminución de la
jornada de trabajo. Lo que se persigue es que las personas y las familias
puedan contar con más tiempo para su convivencia, cuando se asume que es
demasiado el que dedican los trabajadores a sus ocupaciones y a movilizarse
hacia y desde sus fuentes laborales. Hay quienes sostienen que rebajar la
jornada de 45 horas semanales a 40 o 41 podría, incluso, incrementar la
productividad, la que en Chile manifiesta cifras precarias en relación a la de
otros países.
Sin mayores
estudios que avalen el impacto de una reforma en tal sentido, tanto el régimen
como la oposición se muestran favorables a esta idea y el Congreso Nacional se
dispone a legislar al respecto, ya sea acogiendo la iniciativa de La Moneda o
apoyando la posición de algunos parlamentarios comunistas que también tienen su
propia propuesta. Como ocurre a menudo en nuestro país, se discute sin
consultar todavía el parecer de los trabajadores, de sus sindicatos y
referentes gremiales. Pero ya en la víspera de nuevos procesos eleccionarios,
el oficialismo y sus detractores buscan cosechar dividendos electorales con una
propuesta que seguramente puede alcanzar gran arraigo popular. Aunque sea bien
poco probable que pueda concretarse en ley próximamente, cuando ya se insinúan
los reparos que pondrá el gran empresariado de la sofofa, siempre
renuente a elevar las contrataciones o los sueldos de sus empleados.
A la luz de cualquier observación mínimamente rigurosa se
puede concluir que los trabajadores que pudiesen acortar su jornada de trabajo
no son más que los que pertenecen a la administración pública y en aquellas
empresas reguladas que están al día con sus obligaciones salariales y
previsionales. Que se hará muy difícil que una ley pueda ser acogida por los
cientos de miles de trabajadores independientes e informales que tanto abundan
en nuestro mercado laboral, así como aquellos que se desempeñan en el agro, la
minería y otras actividades en que es prácticamente imposible imponer una
rígida jornada de trabajo.
Al respecto, es
pavorosa y sobrecogedora la reacción que se produce cuando los medios de
comunicación, especialmente las radios, deciden consultar la voz de la
población, para constatar que hay millones de trabajadores que exceden con
creces sus 45 horas de trabajo semanal, forzados a trabajar
hasta 16 o 17 horas al día para poder recaudar ingresos mínima o medianamente decentes,
como ocurre con tantos transportistas, comerciantes y esos miles de
dependientes de las grandes, medianas y pequeñas tiendas. Incluso con los
llamados “coleros”, por ejemplo, constituidos por esos numerosos vendedores
ambulantes que se suman a las ferias libres para vender ropa usada y todo tipo
de enseres de segunda mano, a fin de lograr un salario muy variable pero
corrientemente muy por debajo del mínimo establecido por la Ley.
Sin desconocer los
buenos propósitos de una nueva legislación laboral, llama atención que esta
idea se plantee cuando estamos en medio de un nuevo incremento del desempleo,
cuando se sabe también del aumento explosivo de los trabajadores sin seguridad
social alguna. Y cuando nada o muy poco han logrado las acciones contra la
delincuencia común que justamente se intensifica cuando la población no abriga
expectativas laborales justamente remuneradas. Sobre todo, en un país sindicado
como uno de los más desiguales del planeta, pese a su enorme producto interno
bruto que, por sobre todo, favorece a la extrema riqueza, a los sectores más
pudientes/la sofofa.
Una discusión es
estimulada por los medios de comunicación abyectos al sistema económico, que
poco dan cuenta, por ejemplo, de las decenas de periodistas y funcionarios que
son despedidos cotidianamente, especialmente de los faranduleros canales de
televisión. O cuando se reconoce que muchos de los inmigrantes llegados al país
son explotados inicuamente en labores pésimamente remuneradas, con jornadas de trabajos
agobiantes y riesgosos que igualmente exceden las horas de la jornada legal
actual. Cuando se cuentan ya por decenas de miles los haitianos, colombianos,
ecuatorianos y otros condenados a un trabajo prácticamente esclavo que es bien
aprovechado por algunos inescrupulosos contratistas agrícolas, de la
construcción y de los servicios, que pagan salarios a sus dependientes que
apenas les cubren los arriendos de sus viviendas hacinadas como su precaria
alimentación. Realidad que cualquiera puede observar en las ciudades y pueblos
de norte a sur del país.
Son francamente
absurdas o cínicas las referencias que se hacen a la realidad laboral de
Alemania, los países escandinavos y otras naciones europeas en que los derechos
de los trabajadores están resguardados debidamente y la población activa cuenta
con instrumentos sindicales y políticos que defienden realmente sus intereses.
Cuando también existe en ellas una clase patronal mucho más justa y democrática
que la nuestra tan acostumbrada aquí no solo a vulnerar la legislación y los
tratados internacionales, sino experta en coludirse incesantemente para violar
las leyes de la libre competencia y los derechos de los consumidores. Como ha
ocurrido con los propietarios y empleadores de los laboratorios médicos, las
farmacias, las grandes tiendas y de los servicios públicos en Chile
completamente privatizados y extranjerizados.
Suscribiendo
totalmente la necesidad de que los chilenos puedan dedicar más horas del día a
sus hogares, a la cultura y el esparcimiento, el régimen y los
parlamentarios chilenos debieran, primero, procurarnos leyes y ejercer
supervisión a fin de que se remunere decentemente a los trabajadores, se les
paguen sus horas extraordinarias, se cumpla con sus cotizaciones previsionales
y puedan desempeñarse en condiciones de trabajo decentes. Mucho más urgente que
rebajar las horas de trabajo o flexibilizarlas (término muy críptico y ambiguo)
sería corregir los sistemas de seguridad en el trabajo y acceso a la salud y
otros derechos humanos. En un país en que anualmente, como se reconoce, mueren
entre seis y siete mil personas en las listas de espera hospitalarias en la
esperanza de recibir cirugías y tratamientos médicos. Cuando, además,
centenares de niños pierden sus vidas anualmente en las calles al estar
obligados a trabajar o delinquir para su subsistencia.
No vaya a ocurrir
que al final los únicos favorecidos con una rebaja en las horas de trabajo sean
los propios legisladores y altos funcionarios de la administración pública. Y
decimos “altos” porque también se sabe que en la propia administración del
Estado existe un elevado número de empleados a honorarios y contrata, sin
estabilidad laboral y, por supuesto, con sueldos muy inferiores a los de sus
jefes, especialmente si éstos son de la confianza de los regímenes de
turno. Es decir, de los que administran el botín fiscal.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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