De elecciones
y fraudes municipales
Juan Pablo Cárdenas
S. / Escritor, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG
Nuestro prolegómeno:
LOS DERECHOS Y
DEBERES NO SE IMPONEN ¡SE RESPETAN!
Paradojalmente en el Chile virtual de la CMPC/Sofofa
y de la concertación/Nueva
Mayoría, en el contexto de la Constitución/Artilugio de 1980, y de su política
bajuna impuestas por la dictadura cívico militar fascista, no votar por la clase politicastra corrupta se castiga con una multa...
El derecho del sufragio libre y secreto en todo acto de soberanía popular nadie puede
imponer, ni menos arrebatárselo al ciudadano. Igual que el derecho de opinar,
reunirse, proponer, decidir, etc.: si el
ciudadano es libre, no puede estar obligado a una voluntad, que no es la suya.
Esto se denomina determinismo, que
subordina la voluntad humana, a otra voluntad política, religiosa, militar,
etc...
Concluyo, que el voto obligatorio es un atentado a la Dignidad,
el libre albedrío y la conciencia del ser humano...
Cuando la conciencia moral considera que la autoridad es ilegítima, como en el Chile virtual por la imposición de
una constitución/artilugio de 1980, por más de 50 años, impuesta, valga la
redundancia por la dictadura cívico militar fascista, obedecerla es una cobardía y el que la obedece traiciona
a sus sentimientos del deber. ..
El modelo de sociedad
capitalista, determinista, consumista del narcotráfico, del libertinaje,
de la indigencia educacional/cultural, etc., del Chile virtual de la CMPC/Sofofa que tiene como base la mentira generalizada, administrado por la Concertación/Nueva
mayoría, de la libertad, democracia, y
de la justicia en la medida de lo posible”, configura para la mayoría de las
gentes una patética realidad o un espejismo como todas las
abstracciones que pueblan la fantasía de
los ilusos o forman el capital de los mendaces.
La política como
arte de gobernar debe volver a ser, el arte de asegurar protegiendo la
conservación de la Soberanía Popular en la Paz por la grandeza de la Patria.
Más no
la vil manera de amasar fortunas a su expensa saqueando sus riquezas
naturales y sus arcas fiscales.
Con esperanza y memoria, “Luz más Luz, solo merecen la Libertad
y la vida quienes cada día las conquistan”...
Prof. Moreno Peralta/IWA
Secretario ejecutivo Addhee.Ong
A la cantidad de escándalos político judiciales
conocidos en los últimos meses hay que sumar varias investigaciones que llevan
las fiscalías respecto de los ilícitos cometidos en no pocas municipalidades
del país. Ellas hablan de fondos defraudados al Fisco en sumas siderales y
nunca imaginados por los habitantes de los 346 municipios a lo largo de Chile.
El presupuesto de algunos municipios sobrepasa el
de muchas reparticiones públicas. De allí que exista tanto interés en la
política por convertirse en alcalde o concejal. Lo mismo provoca ser gobernador
o delegado presidencial en nuestras múltiples regiones.
De esta forma es que la ex alcaldesa de Maipú, la
derechista Cathy Barriga, se le imputa un fraude de más de 33 mil millones de
pesos, lo que constituye una cifra superior a la suma de todos los fraudes de
Democracia Viva que involucra a tantos operadores oficialistas, un proceso que
recién se ventila en Tribunales. Así como representa más de 900 veces lo
supuestamente malversado por otra alcaldesa como Karen Rojo, quien decidiera
fugarse de Chile.
Sin duda que la reforma electoral que le puso
límites a la reelección de las máximas autoridades es algo que hoy se considera
un gran acierto, por lo que muchos alcaldes y concejales luego de completar dos
períodos, deberán abandonar sus cargos en virtud de los nuevos comicios
municipales. Con lo cual no pocos anuncian, ya, su intención de correr el
próximo año como candidatos a diputados y senadores.
Ello debe dejarnos atentos a los recursos
propagandísticos que utilicen durante sus campañas legislativas, de modo que
sus cajas electorales no hayan sido incrementadas con recursos municipales mal
habidos durante su gestión municipal. Es una realidad comúnmente asumida que
quienes cumplen funciones públicas se crean con el derecho a resolver para
siempre sus necesidades económicas, así como garantizarse continuar en la
política gracias a los buenos excedentes o distracciones de dinero en el
ejercicio de sus cargos.
La inmensa mayoría de los trabajadores chilenos que
pierden sus empleos o se jubilan ya sabemos que disminuyen dramáticamente sus
ingresos y, por lo general, son obligados a conseguir distintas formas de
subsistencia. Lo que no suele ocurrir en
la política, donde prevalece la idea de que “un político pobre es un pobre
político”, como lo asegurara un líder sindical mexicano de la década de los 60.
Si al interior de La Moneda y del Parlamento se han
consumado conductas que faltan a la probidad y entrañan el cohecho practicado
por los más poderosos empresarios y lobistas, es de suponer que en tantas
dependencias municipales es mucho más difícil impedir la malversación de
caudales públicos como la corrupción de sus funcionarios. Sabemos que la
Contraloría General de la República cuenta con medios muy limitados para exigir
la probidad administrativa, por lo que los abusos y escándalos, por lo general,
son destapados por las denuncias de los adversarios políticos del alcalde, alcaldesa
y administradores comunales. Es claro comprobar que, bajo el inmenso poder que
tienen los municipios para autorizar giros comerciales, construcciones, asignar
patentes y otros servicios, es muy fácil defraudar, rendirse al tráfico
de influencias y dejarse sobornar. Por algo se dice que el más suculento botín
es posible descubrirlo en nuestras “ilustres” municipalidades tal como rezan
sus logotipos y papelería.
Es sabido que, en casos cada vez más bullados, la
penetración del narcotráfico en los entes edilicios a objeto de favorecerse del
tráfico y microtráfico de estupefacientes. Cada vez ha sido más evidente la
impunidad que favorece a los grandes capos de la droga, con sus funerales,
cementerios y guaridas que solo con la acción policial logran ser desbaratados.
Así como se hace cada vez más innegable que la actividad delictual recluta a
miles de jóvenes en las poblaciones y barrios más pobres donde, como acaba de
constatarse, impera el ausentismo escolar y el desarrollo del crimen
organizado.
Puede ser razonable y conveniente que alcancen el
Gobierno y el Poder Legislativo dirigentes que hayan iniciado se carrera en el
servicio comunal. Su experiencia, en tal sentido, podría favorecer la dictación
de leyes efectivas y demandadas por la población, a la cual le quedan tan
distantes los tres poderes del Estado. Siempre y cuando quienes accedan a estas
funciones sean candidatos honorables, quienes al subir los peldaños del poder
vengan intachables.
En este sentido, llama la atención la enorme
cantidad de postulantes a alcaldes y concejales de quienes se asumen como
independientes, en la idea de que la militancia partidista está muy
desprestigiada y se presta más fácilmente para servirse del poder comunal, más
que trabajar por el progreso de nuestros pueblos y ciudades.
Solo porque el sufragio es hoy obligatorio vamos a
tener una alta concurrencia ciudadana en los comicios de octubre próximo, pero
está claro que la enorme cantidad de postulantes, la absurda proliferación de
partidos, pactos y siglas, de ninguna manera va a significar la elección de los
mejores. El factor dinero volverá, de nuevo, a ser determinante en los
resultados. Así como el voto “por el mal menor” que ya se ha constituido en una
nociva inercia.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro.
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