Entrevista
Lidia Casas: “El ex Fiscal Nacional tiene una gran responsabilidad sobre el
poco avance de las investigaciones de las vulneraciones a DDHH tras la
Rebelión Social del 18 de octubre del 2019”
Ariel Flores/El
Soberano
La directora del Centro
de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales reflexiona, a tres años de
la Rebelión Social, sobre el exceso de violencia por parte de los agentes
del Estado, el rol de la administración Boric en temas de reparación, el
proceso constituyente, entre otros temas.
Entre el 19 de octubre del 2019
al 30 de junio del 2022, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
presentó 2.499 querellas. De estas denuncias Documenta, un proyecto de LaBot, analizó 1.288 de
ellas. Entre los resultados, destaca que se identificaron un total de
1.538 personas que denunciaron violaciones a sus derechos humanos, 1.159 son
hombres y 379 son mujeres.
A tres años de la Rebelión
Social, poco ha sido el avance en condenas a los diferentes agentes del
Estado que vulneraron los derechos humanos de múltiples chilenos y chilenas,
entre los que hay gente con pérdida ocular y algunos que perdieron la vida.
Lidia Casas, licenciada
en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales y Directora del Centro
de Derechos Humanos de la misma universidad, en conversación con El
Soberano, reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido desde el Estallido social,
haciendo hincapié en las falencias del sistema chileno en temas de reparación
y Derechos Humanos
De manera general,
¿Cuáles son las primeras reflexiones a tres años de la Rebelión
Social
respecto a las violaciones de derechos humanos realizadas por agentes del
Estado?
La Rebelión Social abrió una Caja de
Pandora, en el sentido de que uno sabía más o menos lo que podía ver en esa
caja de Pandora, pero cuando se abrió aparecieron todos los monstruos del
pasado. Unos patrones de conducta que uno podía decir, de Arica a Magallanes,
que quizás no habíamos avanzado, tanto las policías como las fuerzas del
orden, utilizaban la fuerza en contextos de protesta social. Si bien, hubo
distintos momentos en que uno advertía el uso masivo de la fuerza en forma
brutal, pero nunca el uso de violencia había sido así, fue demasiado y a lo
largo del territorio nacional.
Por eso hablo del
monstruo que aparece y ese monstruo tiene distintas implicancias: un número
importante de personas lesionadas con pérdidas oculares y que a los 3 años en
materia de reparación frente a esas víctimas hoy día estamos en una situación
realmente compleja.
Desde el punto de vista
de las víctimas, ¿El Estado está en deuda con ellas?
Yo creo que sí, primero porque
algunas de ellas han tenido que demandar civilmente al Estado, para poder
establecer las responsabilidades que tiene y las indemnizaciones que deben
ser pagadas. El ejemplo prototípico, que las personas les viene a la mente,
es el de la Senadora Fabiola Campillai Rojas, sin embargo, es
una de innumerables víctimas de pérdida ocular. Hoy en día las víctimas están
realizando diversas acciones de carácter individual, algunas más colectivas,
para poder resarcirse por los daños experimentados.
El ministro de Justicia en
diciembre del 2019, en una reunión con varias personas del mundo de los
derechos humanos, ya había adelantado esta idea de una pensión de gracia. Una
pensión de gracia no constituye, en sí misma, ninguna forma de reparación,
por lo tanto el Estado tiene que avanzar en esa línea.
¿A que tiene que
aspirar Chile respecto a la reparación con las víctimas de las violaciones a
sus derechos humanos?
Chile tiene que buscar
una reparación integral y eso lo voy a unir con el concepto mismo de
Justicia. El poder desarrollar un juicio en que pueda determinarse la responsabilidad
de aquellos que participaron en esos actos está extremadamente al debe. De
casi 8.600 acciones en contra de agentes del Estado, solamente hemos avanzado
en 128 causas, eso es nada.
Hemos pasado por un largo
proceso de Justicia transicional con violaciones a los derechos humanos en
época de dictadura y hoy día bajo un contexto distinto de democracia, con
instituciones mucho más fuertes, con muchas más personas comprometidas, hoy
día vemos como la posibilidad de Justicia frente a la violencia desarrollada
por agentes del Estado se esfuma.
Esto no quiere decir que todas
las instituciones participen de una forma ocultando o no haciendo, sino que
bajo las condiciones en que eso se dio, la negligencia, el dejar pasar el
tiempo y la participación directa, puedo decir yo, de los propios altos
mandos, o de las otras fuerzas policiales, en entregar evidencias, hace que
cualquier investigación penal sea muy difícil. Cuando el tiempo transcurre,
ya no va a haber filmación, ya nadie se va a acordar de nada, e incluso
algunas víctimas ya no desean seguir adelante.
La desesperanza
aprendida y la poca fe en el sistema de Justicia
"Nos encontramos en un
contexto donde aparece una desesperanza aprendida, hay poca fe en el sistema
de Justicia y en este contexto mucho más sistémico del funcionamiento hace
que uno diga aquí se produjo la impunidad y eso nos deja muy mal
parados", añade Lidia Casas.
"Sin embargo, hay también
un imaginario social donde si yo pongo una persona que es infractora de ley,
eso de inmediato va a significar condena, cuando no es así. A pesar de eso,
como Estado tengo que establecer la responsabilidad y la culpabilidad
individual de esa persona respecto a este hecho. Pero en una situación, como
es la Rebelión Social, la tan ínfima cantidad personas y agentes
eventualmente condenados lo hace complejo, porque en un marco de una protesta
social de tal envergadura, la sensación que se produce es un descontento
popular a todas luces".
La investigación de LaBot sobre
los casos de vulneraciones a los derechos humanos en el contexto del
estallido social en Chile.
"Finalmente,
cuando un grupo que representa el poder del Estado nuevamente queda impune y
no solamente sufro una injusticia sistémica, por un sistema que me oprime, me
discrimina, me excluye, sino que además cuando me violenta, en la forma más
brutal, tampoco tengo justicia. Eso deja no solamente un sabor amargo, sino
con una sensación de que el Estado es incapaz, desde ese punto de vista
nosotros no estamos siendo un buen ejemplo de cómo seguir adelante",
señala la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Diego Portales.
¿Qué está fallando en
el sistema para que aún no se le entregue una respuesta clara a las víctimas
por parte de la Justicia chilena?
Uno de los problemas importantes
tiene que ver con el rol de las policías por efecto de entregar evidencias.
Esas investigaciones las debes hacer con un ente externo, porque Carabineros
está involucrado en los hechos. Se tienen que hacer con la PDI, pero solo
tienen una unidad de Derechos Humanos para todo Chile, lo que es
insuficiente.
A medida que esto fue avanzando
no tenemos registro fílmico para condenar al carabinero que disparó y dejó
con pérdida ocular a alguien, pero él no actuaba solo. Ante esto, y lo hemos
dicho desde el principio de la Rebelión Social, uno tiene que mirar en
forma estructural y cómo los altos mandos deben responder por aquello que se
hizo y que no se hizo. Ahí hay un rol fundamental respecto de la
responsabilidad: no solamente es del que está bajo, el que ejecuta; sino que
es también de quien ordena. Esa es una línea que tiene que avanzar con mucha
fuerza al interior del Ministerio Público.
Nosotros hemos
sostenido en nuestros informes anuales, del 2020 en adelante de forma
ininterrumpida, que quien tiene una gran responsabilidad por lo que fue
pasando fue el ex fiscal nacional, Jorge Abbott. Sus instructivos y sus
indicaciones de realizar una revisión de protocolos para hacer frente a las
causas de la Rebelión Social llegaron 18 meses
después de ocurridos los hechos.
Tras esas primeras
instrucciones realizadas por la Fiscalía Nacional, todo queda a la discreción
de las fiscalías regionales que van llevando la investigación de estos 8593
casos, la mayoría de los cuales aún están sin hay respuesta.
Hay una responsabilidad
importante del Ministerio Público en entender como una labor principal la
protección de Derechos Humanos. Con eso no quiero decir que fiscales y
personas al interior de la institución no estuvieran comprometidos con los
casos, pero hablo de que exista una política institucional que diga relación
con actuar de forma oportuna. Perdimos mucho tiempo.
¿Hubo violaciones
sistemáticas a los derechos humanos durante la Rebelión Social?
En algún punto nosotros como centro
también estuvimos y dijimos aquí no hay una sistematicidad, como para
entender de que todo el aparato del Estado está organizado y tiene
instrucciones de hacer todo en conjunto, porque eso no fue así. Lo que se
advirtió eran patrones claros de conductas de agentes del Estado, pero no a
partir de una conducción, de que esto es lo que habría que hacer.
Creo que aquí lo que se
produjo, y ese es el monstruo al que yo me refiero, es que esto aparece con
toda la fuerza de lo que pasó en dictadura, donde sí tenías instrucciones
concretas. Aquí es como que el monstruo que llevamos dentro se desata y sale.
No hay instrucción para que desnuden a las mujeres, el desnudamiento se
produce, a mi juicio, por algo que institucional y culturalmente hace que esa
sea una práctica.
El rechazo a la
propuesta de Constitución en un Chile poco dialogante
Si se hubiera aprobado
el proyecto de nueva Constitución, ¿Esto sería diferente?
No, porque la Constitución de
base es completamente distinta, un proyecto de Constitución no puede mirar
los delitos hacia atrás. Aquí hay normas que son muy importantes, desde el
punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. A las
personas se las imputa y se las somete a juicio por las leyes en el minuto en
que éstas fueron ejecutadas.
Distinto es, que también es un
principio del derecho penal, que yo puedo aminorar penas, yo puedo hacer que
una conducta ya no sea punible, ya no sea constitutiva de delito. Es decir,
si estoy preso por X delito y pasado mañana se hizo una ley en la que ya no
será constitutivo de delito, aquellas personas que estuvieran privadas de
libertad o imputadas por esos delitos ya no irán a juicio. Pero si yo cambio
las condiciones en una ley futura, no puedo hacer que las peores condiciones
que yo pongo en esta ley puedan ser luego utilizadas para juzgar a aquellos
que ya habían cometido esos delitos. Eso no iba a pasar.
El gobierno de Gabriel
Boric se ha mostrado cercano a las víctimas de la violencia policial, ¿Se
podrá avanzar en la reparación y defensa a los derechos humanos durante su
gestión?
Yo creo que la actual
administración está completamente comprometida con procesos de reparación a
víctimas de este proceso, a mí eso no me cabe ninguna duda. El gobierno puede
avanzar, desde el punto de vista de lo que yo voy a llamar, administrativo, o
sea, al interior del gobierno. Esto quiere decir cómo gestiona, cómo
organiza, cómo piensa su política de reparación. Sin embargo, una política de
reparación más robusta va a significar que se dicten leyes. Y ahí puede
encontrarse con una derecha dura recalcitrante, que no va a estar dispuesta a
ceder ni un solo voto en materia de reparación.
Hoy presentamos la Agenda
Integral de verdad, justicia y reparación, para las violaciones a los Derechos
Humanos cometidas durante la Rebelión Social.
¿Quieres saber más? Conoce los
principales ejes de la Agenda Integral de #JusticiaYReparación acá pic.twitter.com/zOtVqygecd
— Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (@MinjuDDHH) May 24, 2022
En el pasado vimos, incluso
para violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura, a sectores muy
reticentes frente a todas las políticas y las leyes de reparación. Hoy día es
un momento político mucho más complejo al interior del Congreso, en donde el
gobierno tiene que hacer un trabajo inteligente con múltiples bancadas. Habrá
algunas bancadas que quieran todo y habrá bancadas que quieran nada, por lo
tanto, hay un sector al medio que no es de gobierno, y es el Ejecutivo quien
tiene que hacer un trabajo fino de tratar de mostrar, explicar y persuadir.
Estamos en un modelo en que no
solamente no puedo tener todo, sino que tengo que convencer a aquellos que no
quieren nada y eso significa también advertir las complejidades políticas a
las que se enfrenta Chile hoy en día.
Después del estallido
social el Instituto Nacional de Derechos Humanos se vió muy afectado y entró
en una crisis durante la gestión de Sergio Micco, ¿Cómo está esta institución
a tres años de la Rebelión Social?
La crisis del INDH, simplemente
se acentuó con la Rebelión Social La crisis venía desde antes de que
asumiera Sergio Micco la dirección. Allí convivieron siempre distintas almas,
distintas visiones sobre la protección a los derechos humanos y Micco trató
de jugar un rol, de alguna manera, que pudiera mantener una cierta línea de
conducción. Él fue muy enfático en rechazar las violaciones a los derechos
humanos, él siempre lo dijo, pero no necesariamente como algunos miembros de
sus equipos querrían que él lo hubiera dicho. Si alguien quería decir que
eran sistemáticos, Micco no estaba de acuerdo con eso.
El INDH queda
debilitado, pero no solamente por Micco, sino porque las crisis internas de
la manera en que se conforma esa institución le han hecho ese quiebre. Con
Micco la cosa se rebalsa y toca fondo por múltiples lados. Consuelo Contreras
tiene una gran tarea por delante, eso significa rearmar equipos, significa
rearmar una remozada imagen y proyectar esa imagen y ese trabajo hacia el
resto de la ciudadanía.
A mí me dio mucha pena cuando
manifestantes golpeaban a los equipos del INDH, porque los manifestantes
tampoco entendían el rol que cumplía el INDH. Lo mismo con aquellos que
ocuparon el INDH durante un largo proceso, porque ahí estaban los archivos
históricos, había mucho que cuidar ahí. Esto no es como una cuestión
solamente interna de quién dirige, sino que también una colectividad en su
conjunto, pero tiene que ver con los momentos políticos que Chile vive de
altísima polarización. Yo puedo estar muy en desacuerdo con Sergio Micco,
pero no lo veo como un cómplice de delitos de lesa humanidad como lo están
levantando.
¿Cómo proyectas el
futuro inmediato de nuestro país?
Se ve un momento extremadamente
difícil, porque aquellos que dijeron que siempre estuvieron abiertos para
cambiar si había un rechazo (a la propuesta de nueva Constitución), con el
porcentaje de rechazo que se produjo se retiraron. Ahora dicen, yo nunca
quise decir lo que dije. Entonces, ese 62% les dio un nivel de legitimidad
como para decir “aquí no hay que hacer nada”.
El grupo de estos
"patriotas" que aparecen sí me da mucho miedo. Son de una derecha
estilo Bolsonaro, una derecha de grupos que son muy anti todo. Que viniendo
seguramente de sectores populares muchos de ellos, tienen una mirada
completamente anti-cambio socio político, cultural y económico. Es como una
derecha popular marginal que gana espacio en el proceso que hoy día estamos
viviendo. No veo esa capacidad de diálogo, de conversación más fluida entre
aquellos sectores que pudieran estar, verdaderamente, caminando hacia un
proceso de cambiar la Constitución del 80, de ir por un nuevo proceso.
Cuando dieron los resultados
dije, bueno ya vendrá otra cosa, ya se levantará ese proceso, esto no se
puede parar. Pero la forma en que se han ido dando en esta semana, a casi mes
y medio, lo veo cada vez más difícil y eso me aterra. Un discurso duro y muy
reaccionario y en un ambiente, insisto, polarizado, de violencia y muy poco
dialogante entre todos nosotros.
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