¡Que época y que costumbres está sobreviviendo el
Chile virtual de la sofofa!
Por Juan Pablo Cárdenas S./ escritor, comunicador social/ Barómetro
latinoamericano:
La opinión pública llega a la conclusión que después de los bullados
casos de corrupción de la política serán contados con los dedos de una mano los
que van a recibir alguna sanción penal por los delitos tributarios, el
enriquecimiento ilícito y la recepción indebida de aportes para el
financiamiento de sus campañas electorales. Con ellos, las empresas sofofas
comprometidas en estas ilícitas donaciones han tenido el tiempo para arreglar
sus contabilidades y hacerse defender por los más destacados abogados y
estudios jurídicos. Por esos hábiles y, digamos, eclécticos profesionales que,
sin duda, cuentan con las destrezas y recursos para seducir a los jueces y
recurrir a los abundantes resquicios legales a objeto de que sus clientes
escapen indemnes de sus graves atentados contra el llamado “Estado de derecho”.
En los últimos días acaso solo el ex senador Jaime Orpis pareciera que
mantiene riesgo de sufrir alguna pena aflictiva, aunque todavía lo favorecen
esos largos meses y años que toma la tramitación de estos procesos, donde
muchos delitos se van diluyendo y fabricando hasta conmovedoras atenuantes. En este sentido, el Servicio de Impuestos
Internos (SII), cuyo titular depende de los presidentes de la República, se ha
omitido vergonzosamente de presentar querellas o demandas contra los políticos
inescrupulosos denunciados por medios de comunicación y los propios fiscales.
Curiosamente, en nuestra amañada legislación estos últimos no tienen facultades
para sostener procesos si no cuentan con este “sospechoso pase” que debe
brindarle una institución del Estado que debiera efectivamente velar por el
cumplimiento de las normas tributarias del país.
Ya nadie puede dudar respecto de la colusión que existe entre el
mandamás del SII y la clase política. Al mismo tiempo que se ha demostrado que
el mismo funcionario designado por
Michelle Bachelet como director de este organismo fuera ratificado por Piñera y
su nueva administración, en un país en que los titulares de estos altos cargos
públicos suelen ser renovados con cada cambio de gobierno.
Todo indica que en la
corrupción política y las impunidades puede estar la causa que explique los
millonarios fraudes al fisco cometidos por Carabineros y las distintas ramas de
las FFAA, cuya cuantía y desfachatez no tienen precedentes en nuestra historia. Por supuesto: es posible que los uniformados se hayan animado a
cometer estos despropósitos ante el deliberado silencio de las autoridades
políticas que deben fiscalizarlos. Cuando los uniformados además se enteran por
sus servicios de inteligencia de cada una de las irregularidades cometidas por
los demás poderes fácticos chilenos.
A no ser por algunas filtraciones a la prensa, es muy posible que cada
alto oficial de las FF.AA y de orden – “la reserva moral del Chile virtual
de la sofofa - al salir a retiro se creyera con fuero para convertirse en
millonario gracias a los gastos reservados que se les asignan, además de otras
conocidas prebendas, y cuyo detalle de gastos ni siquiera recibía de la
Contraloría General de la República una mínima inspección. Por lo mismo es que
los últimos comandantes en jefe, sus subordinados de más confianza y familiares
se prodigaran en pasajes aéreos, viajes y viáticos por Chile y el mundo. Más
allá de las comisiones o coimas que habitualmente los proveedores de armas y
pertrechos militares les erogan a quienes están a cargo de la adquisición de
armas y el abastecimiento de los cuarteles. Con seguridad, estos oficiales se
sintieron tentados a delinquir después de observar cómo su líder castrense,
Augusto Pinochet, era favorecido con la impunidad que la política y la
justicia en la medida de lo posible le garantizó a sus crímenes de lesa
humanidad, cuanto a aquellas abultadas sustracciones al erario fiscal cometidos
por él y sus parientes.
No sería tampoco extraño que las últimas acusaciones contra algunos
ministros de corte y fiscales tengan fundamento en la gran salvada de tantos
magistrados cómplices o encubridores respecto de los delitos de la Dictadura,
la mayor parte de ellos ahora ya jubilados y en la completa seguridad que nunca
su abyección y lenidad será sancionada. Es posible, por ejemplo, que los
magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua (hasta aquí tres) se
creyeran facultados para percibir, al igual que
los políticos, sumas de dinero prevenientes de los narcos y delincuentes de
cuello y corbata que, como se ha descubierto, cuentan también con diestros
operadores para repartir dinero o sobresueldos a algunos jueces, aunque en
cantidades, al parecer, más modestas que las que se repartieron entre los
miembros del Poder Legislativo, los municipios y los partidos políticos. Porque
en el escalafón de los poderes del Estado, sin duda los jueces son los más
baratos a la hora de vender su conciencia.
El combate contra la delincuencia infantil y juvenil del mercurio y del régimen de Piñera: Criminalización de la infancia y de la juventud.
En este estado de descomposición general de nuestras autoridades e
instituciones públicas, por qué no suponer, además, que los mismos delincuentes
comunes se sientan tentados a delinquir hasta los niveles alarmantes que hoy se
conocen. Que los portonazos y el lucrativo negocio del narcotráfico, por
ejemplo, se alimenten de las malas prácticas de los poderosos, de los que
mandan y deben velar por el orden público. Cuando hasta los mismos obispos y
sacerdotes vienen perdiendo credibilidad y autoridad moral para reclamarles
buena conducta a los jóvenes que escandalizan y abusan.
A lo que se puede sumar el mal comportamiento de altos personeros de
otras instituciones morales que hoy permanecen en sueño o únicamente al acecho
de cargos y buenos negocios, como algunos de los magistrados imputados y que se
les señala como integrantes de las logias masónicas.
De esta forma es que hasta las policías son interpeladas duramente por
la población, a causa de que no pocos de que sus integrantes se descubren entre
las bandas delictuales, los asaltos y hasta las más graves infracciones del
tránsito. Cuando en los mismos cuarteles policiales se reconoce la pérdida de
armamento disuasivo y de guerra que, no sería extraño, sea la que exhiben los
más desinhibidos mafiosos en los funerales de sus capos.
En imágenes que le sirven a los chilenos y ahora al mundo para constatar
que la democracia chilena no es la que se presume y que, así como vamos,
seguramente nos vamos a ver arrastrados al fango en que viven los países más
corruptos de la Tierra. Si no fuera porque todavía existen ciudadanos o héroes
civiles que se atreven a salir a las calles y demandar esa justicia y libertad
que se nos ofreció antes que los referentes de derecha a izquierda consolidaran
su feliz connivencia bajo el imperio de la Constitución/artilugio de 1980,
de Pinochet y el orden capitalista salvaje globalizado. Cuyo ideario ha
infiltrado las convicciones de los políticos más rebeldes del pasado. Y el de
no pocos jóvenes políticos de hoy.
Lo subrayado es nuestro
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