Chile y su escalada de corrupción

Por Juan Pablo Cárdenas S. /escritor, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG

Con el golpe militar de 1973 los chilenos ya tenían convicción de que en los tribunales de la república radicaban los mayores índices de corrupción. Prueba de ello es que fueron los altos magistrados del Poder Judicial los primeros en reconocer la legitimidad del régimen militar. Haciéndose cómplices, además, de las graves violaciones que se sucedieron contra los Derechos Humanos.

Enseguida serían los propios uniformados los que se corrompieron en el poder, al grado de que todavía se ventilan judicialmente las malversaciones y el enriquecimiento ilícito de las más altas jerarquías castrenses. El régimen cesarista de Pinochet, además, fue el responsable del asalto a las empresas del Estado que traspasó, a precio vil, a diversos empresarios y parientes. Como es el caso del multimillonario Julio Ponce Lerou, su yerno.

Luego vendría el tiempo de los políticos, lo sucedido bajo los regímenes de la Concertación y Nueva Mayoría, cada cual con uno o dos casos emblemáticos de corrupción, caracterizados de tráfico de influencias, soborno empresariales a legisladores, sobresueldos en la administración pública y financiamiento ilegal de las contiendas electorales. Entre medio de estos, también, los dos gobiernos de Sebastián Piñera, quien llegara a La Moneda con un extenso prontuario de ilícitos y prescripciones judiciales que lo habían convertido en uno de los más grandes millonarios de América Latina. Por lo que le fue fácil hacerse nominar como candidato y seguir lucrando bajo sus dos mandatos presidenciales.

A la fecha hay abiertos varios procesos que comprometen a diputados, senadores y alcaldes que siguen un curso muy lento en la Justicia y amenazan con caer en el olvido y la impunidad. Ya es vox populi que es en los municipios donde se ejercen los más graves delitos de corrupción, en el común denominador del desfalco al Fisco, malversación, nepotismo y otras malas prácticas. Pero las denuncias de corrupción tocan a 780 reparticiones públicas, como el propio Servicio de Impuestos Internos, las tres ramas de las FFAA, Carabineros, decenas de colegios, un sinnúmero de corporaciones municipales y hasta los propios tribunales de justicia.

En la lucha contra la delincuencia organizada, las autoridades han debido reconocer la consolidación a nivel nacional de las mafias de narcotraficantes, cuya influencia compromete a todos los ámbitos de la política, incluidos policías civiles y uniformados, como Gendarmería. En este sentido, se sabe de las mafias al interior de los penales, donde es corriente descubrir los privilegios que alcanzan los narcos detenidos. En un país en que, de acuerdo al tamaño de nuestra población, las cárceles están sobre pobladas y se han hecho insuficientes.

El país ha sido testigo en estos últimos meses de las ingentes sumas de dinero fiscal entregado a algunas fundaciones muy vinculadas a la política para atender las necesidades de los más pobres. Sin embargo, ya se sabe de las altas sumas de dinero sin rendir o simplemente perdidas de manos de operadores políticos, varios de los cuales ya sufren la cárcel o la reclusión domiciliaria. A ello hay que agregar que los fondos perdidos se asumen, y hasta se confiesan, haber sido aportados al financiamiento de partidos y elecciones, al grado que el propio Presidente de la República se ve envuelto actualmente en una operación, Procultura, que compromete a uno de sus amigos más cercanos, al partido que pertenece y además al propio Gobernador de Santiago. Nada más que en este solo episodio, de varios otros que se investigan en todo Chile, se precisa que serían unos mil millones de pesos el monto que se ha distraído. En general, en relación con los desfalcos y malversaciones del caso Fundaciones, se estima de que se trata del ilícito más grave atribuido a la política, bajo un gobierno centroizquierdista que se ufanó de su superioridad moral al momento de asumir.

La opinión pública se ha conmovido con algunas irregularidades de menor cuantía, como el intento frustrado de adquirir irregularmente de parte del Estado la casa del ex presidente Salvador Allende por un monto mayor a su tasación de mercado, a fin de dedicarla a un Museo dedicado al gobernante. El que posteriormente sería administrado por sus propios descendientes, después de recibir unos 900 millones por la compra. Una operación que terminara con la remoción de la hija del Mandatario del Senado y la renuncia al cargo de ministra de defensa de una de sus nietas.

El mal ejemplo de las autoridades, la impunidad en muchos de los delitos cometidos por la clase política tendría que explicarse que ahora es la propia población nacional la que acrecienta sus niveles de corrupción. En días recientes, la Contraloría Nacional de la República ha denunciado que existen más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al exterior durante la licencia médica que habían conseguido de unos mil o más facultativos que han organizado un sistema para defraudar al Fisco que finalmente financia estas ausencias laborales. Y que, a vuelo de pájaro, han significado una merma a los caudales públicos de otros 12 mil millones de pesos.

Los burócratas viajeros son estos 25 mil pero se supone que otra cifra todavía mayor sería la de los favorecidos con licencias sin salir del país. Ingentes recursos que escandalizan en medio de los déficits presupuestarios que afligen a los hospitales y a ese más de un millón de chilenos que están en listas de espera para tratar sus enfermedades y cirugías. Aunque el gobierno ha anunciado que se realizarán los pertinentes sumarios a estos miles de funcionarios, el sentido común indica que ello será muy difícil, si no imposible. Aunque por lo menos se podría sancionar a los médicos que burlaron la ética y la ley.

Vivir en Chile y seguir sus medios de comunicación es constatar los delitos que a diario cometen miles que han consolidado una fuente de ingreso mediante asaltos a la propiedad privada, robo de vehículos y portonazos incluso a edificios públicos. Cotidianamente nos enteramos que nuestra población es víctima de una violencia cada vez más extrema, representada por esos estudiantes que agreden a sus profesores, taxistas y choferes de autobuses asaltados por sus usuarios, femicidios y agresiones sexuales que, incluso, comprometen a las autoridades encargadas de nuestra seguridad. Agreguemos las reyertas entre los comerciantes establecidos y ambulantes, las consabidas riñas entre las colegialas y las muertes, con o sin justificación, ocasionadas por policías a quienes estiman delincuentes, así como las brutales agresiones de los dueños de departamentos a sus conserjes.

Un clima violentista en que todos los días sumamos muertos y donde las autoridades deben restringir al máximo los aforos de los espectáculos artísticos y deportivos.

Digamos que esta corrupción generalizada ha comprometido, en su hora, también a los propios sacerdotes como a bomberos pirómanos. En que el propio papa Francisco fuera engañado por obispos y cardenales que después se obligarían a renunciar.

Escándalos varios, también, con la evasión del pago del Metro, con la compra de licencias de conducir que favoreció a un numerosos grupo de futbolistas profesionales que, sin duda, son los primeros en observar los manejos fraudulentos de los dueños de sus clubes. Delitos graves en otros países del mundo, pero que en Chile pasan a ser simples argucias para saltarse aquellos tediosos procedimientos burocráticos.

Ni qué hablar de los narco funerales y el micro tráfico que asola a las poblaciones más pobres, entre ellas a los campamentos irregulares donde sobreviven 120 mil familias, así como de la justicia por mano propia que cobran aquellos propietarios que colindan con playas públicas que no debieran estar en uso y usufructo de sus mercedes.²

Ya no se trata solo de evasiones y elusiones de impuestos que perfectamente podrían representar más de dos puntos del PIB. Mientras las más poderosas y desvergonzadas patronales reúnen apoyo político para que se les rebaje el gravamen a las utilidades de sus empresas.

Y, antes que se nos escape, la colusión de políticos y sindicalistas para convenir un mísero reajuste de los salarios enfrente de las sobre abultadas dietas y granjerías que favorecen a ministros y parlamentarios. Una de las cuales es el estipendio, de por vida, de unos 10 millones de pesos mensuales para quienes hayan ejercido bien, mal o pésimo la “primera magistratura de la nación”. Aunque sea solo por cuatro años.

Y ya se sabe lo que pasó con la prometida disolución de las administradoras de fondos de pensiones y la isapres de la salud y de su colosal robo a los jubilados y asociados. Con lo que las inmensa mayoría de las pensiones continúa siendo misérrima.

Y todavía hay quienes aseguran que no somos un país corrupto.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.