El litio, una oportunidad para Chile
Escritor, comunicador social, analista
internacional/Addhee.Ong
Las aviesas intenciones de la derecha han quedado
de manifiesto con la decisión del Presidente Boric de crear la Empresa Nacional
del Litio, una entidad que se ocupe de la exploración y producción de un
recurso que hoy se estima estratégico y puede producirle al país mayores
ingresos todavía que los ofrecidos por la gran minería del cobre. Un ente
estatal que asegurará el control del Estado de al menos el 51 por ciento de las
actividades que exploten este recurso y, muy importante, se proponga llegar a
exportar este mineral con valor agregado.
Es bueno señalar que todas las reservas de litio
pertenecen al fisco y que éste podría disponer su extracción y comercialización
sin recurrir a inversionistas privados. Sin embargo, el gobierno actual ha
decidido invitar a quienes tengan interés en asociarse con el Estado para
implementar estas faenas, oferta que ha sido bien acogida por las dos entidades
privadas que actualmente explotan este mineral y cuyas concesiones van a
caducar en algunos años más. Por lo que de todas maneras prefieren asociarse
con el fisco antes que abandonar sus obras en entero beneficio de éste o de
todos los chilenos, como suele decirse.
En su archiconocida voracidad, algunos empresarios
nacionales y extranjeros no han mostrado conformidad con la iniciativa de La
Moneda, advirtiendo que sería mucho mejor que Chile le entregara
mayoritariamente a la “iniciativa privada” la explotación de un recurso que
está destinado a arrojar ingentes utilidades, dado que es en nuestro país donde
existen las mayores reservas del mundo y rápidamente podrían ponernos a la
cabeza de la producción mundial. De hecho, el año pasado solo los impuestos que
el Estado recaudó de la explotación de Soquimich y Albemarle superaron los
recursos otorgados por Codelco al erario nacional, lo que es indicativo de la
inmensa demanda mundial y el buen precio de lo que ahora se llama el “oro
blanco”. Y puede indicarnos, también, las inmensas utilidades de estas
dos empresas
Impropiamente algunos sectores gremiales y
políticos han acusado a Gabriel Boric de imitar las decisiones del ex
presidente Allende cuando marcó un hito histórico al nacionalizar la principal
empresa cuprífera del país. Decisión, por lo demás, que fuera acordada el 1971
por la unanimidad del Parlamento, en la que concurrieron también los votos de
la propia derecha de entonces.
Muy por el contrario a lo que señalan estos
referentes opositores, el extinto mandatario seguramente no habría invitado,
como lo ha hecho ahora el presidente Boric, a los inversionistas privados a
sumarse a los esfuerzos del Estado en este negocio. Porque no se trata
realmente de una nacionalización sino, por el contrario, de una dadivosa oferta
al mundo empresarial a participar de la explotación de un recurso que le
pertenece al Estado. Lo que poco o nada debiera satisfacer a la izquierda por
la triste experiencia que existe respecto de las empresas que fueron
privatizadas por la Dictadura y los gobiernos que la sucedieron. Al grado que
actualmente recursos tan fundamentales como el agua y la electricidad dependen
de empresas de muy cuestionada gestión. Como lo son también las administradoras
de pensiones, las de la salud, las concesionarias de carreteras y tantas otras
que lucran groseramente de los servicios fundamentales, redituándole tan poco
al país.
Cuando los gremios empresariales y sus
representantes en el poder Legislativo se oponen tan tenazmente a una reforma
tributaria que obligue a los que tienen tanto a elevar sus exiguos impuestos en
beneficio de los pobres y de la clase media, realmente parecería muy insensato
entregarle al usufructo privado nuevas concesiones mineras, forestales y otras
cuando el Estado podría acometer estas actividades por sí mismo y recaudar
recursos que puedan ir en favor de la superar la pobreza, alcanzar el empleo
pleno y el financiamiento, por ejemplo, de los proyectos educacionales y
habitacionales. Procurando, además, salarios y pensiones dignas.
Ninguna de las empresas privatizadas ha llegado a
contribuir tanto al país cuando se las compara con las que dependieron de la
estatal Corfo, Codelco o las que administraron antiguamente los fondos
previsionales de los trabajadores, cuyas pensiones a los jubilados son
sustantivamente superiores a las entregan hoy las AFPs. En manos, como se sabe,
de un puñado de propietarios extranjeros en el que se acepta como el negocio
más rentable de las últimas décadas. Comparable solo a las utilidades de la
banca privada.
Ya sabemos que la enorme inequidad que existe en el
país procura trastornos como la criminalidad y la violencia que asola a
ciudades y barrios de todo el territorio. Cuando cualquier chileno puede
comprobar la riqueza extrema en que algunos viven, así como percatarse de los
millones de compatriotas que carecen de un salario digno y una dieta
alimenticia adecuada. Lo que tiene como secuela, por ejemplo, que crezca
aceleradamente el número de jóvenes que desertan de la educación, tentados por
el narcotráfico que se enseñorea en las poblaciones de mayor precariedad.
Se repite majaderamente que lo más peligroso es
entregarle a la administración pública la gestión de las empresas estatales y
la explotación de nuestros ricos recursos. Que hacer esto sería fomentar
mayores niveles de corrupción en la política, cuando ya consta que ha sido el
mundo empresarial el que más ha contribuido a sobornar a los altos y medios
funcionarios del Estado, a coludirse para estafar a los consumidores, cuanto a
procurarse la impunidad por todos sus atentados contra el interés nacional.
El crecimiento económico que señalan los poderosos
como aliciente del bienestar social se comprueba totalmente falso si no se
alcanza una justa distribución del ingreso. No se trata de ser estatistas por
capricho, sino asumir la certeza de que los que más se han favorecido de la
explotación de nuestras materias primas son los que se demuestran incapaces de
morigerar su desmedida voracidad.
En este sentido, nuestros gobernantes debieran
insistir en su voluntad de mantener al litio como un recurso de todos los
chilenos, al tiempo de procurar una Constitución y legislación que le
restablezca al Estado autoridad para emprender y velar por un crecimiento
económico que impida la escandalosa concentración de la riqueza.
Ante el fracaso evidente de las políticas neoliberales, lo que se hace propicio ahora es la recuperación del estado soberano respecto de sus recursos y dignidad. Algo en que debieran coincidir los gobiernos progresistas de nuestra Región si es que buscan evitar que en todo el Continente se multipliquen los estallidos sociales y enfrentemos el riesgo de la restauración por la fuerza de las nefastas dictaduras que nos postraron ante los intereses foráneos que continúan digitando nuestras decisiones políticas. En este sentido, es inquietante la hegemonía que recuperan aquellos partidos y movimientos en razón de su poderío económico y comunicacional y, como no decirlo, la debilidad y atomización de las izquierdas.
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