En el círculo vicioso del mismo modelo
Juan Pablo Cárdenas S.
Escritor, Periodista, analista internacional /Semanario El Sur Andino/ Addhee.Ong
Bastaron solo
dos semanas para que la derecha y el gran empresariado disiparan sus temores
respecto del triunfo presidencial de Gabriel Boric. En pocos días estos
sectores lograron instalar a un economista de su confianza en el Ministerio de
Hacienda y asignarle a las “leyes del mercado” el rol fundamental en la marcha
política y administrativa de la nación. Pese a la molestia inicial del
Presidente del Partido Comunista, todas las agrupaciones que conforman el
abigarrado oficialismo terminaron por asentir con tal nombramiento bajo la
excusa que el nombre de Mario Marcel concita confianza hasta en el extranjero.
Desde hace tiempo se asume que quien lleva esta cartera ministerial tiene más
poder que el conjunto del Gabinete, además de constituir un enorme contrapeso a
la posibilidad de que se emprendan cambios radicales y que amenacen los
intereses de los grandes inversionistas nacionales y foráneos. En realidad,
cuando algún gobierno se atreva a nombrar en este cargo a alguien que
pertenezca al mundo político vanguardista, el país podría confiar en que se le
cumplirán las demandas por tanto tiempo expresadas en la calle, las
movilizaciones sociales y hasta en la propia academia.
No deja de
sorprender, además, el encantamiento que en pocos días La Moneda demuestra
respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se dijo que serían
drásticamente reformadas después de la represión ejercida durante el gobierno
derechista que acaba de culminar su período presidencial. A pesar de que el
Ejecutivo actual decidió retirar a los militares de la caliente zona de la
Araucanía o Walmapu, no se descarta que próximamente esta decisión sea revisada
o se implemente otra que haga frente a la rebelión de la llamada macro zona
sur, cuyas acciones cada día más iracundas no han cesado con los uniformados o
sin ellos en la región. Todo indica que los drásticos cambios que se
prometieron en materia castrense se verán prontamente morigerados o postergados,
aunque no deja de ser esperanzador que al menos el Poder Judicial siga resuelto
a procesar y condenar a los oficiales corruptos, cuyos nombres abundan en los
archivos judiciales y en prensa considerada incómoda para los objetivos de
impunidad que algunos creen necesario para conjurar nuevos “ruidos de sables”.
Una ingenua,
pero loable, actitud de las nóveles autoridades les llevó a pensar que la lucha
mapuche que lleva más de dos siglos de confrontaciones y decepciones podría
atenuarse con nuevos diálogos y promesas de solución. Todo indica, sin embargo,
que nuestros pueblos ancestrales pueden ver hoy una real oportunidad a sus
históricas demandas, pero siempre que el Gobierno implemente, primero, medidas
efectivas que realmente signifiquen el reconocimiento de sus derechos, la
devolución de sus territorios confiscados y una cierta amnistía e indulto en
favor a sus combatientes procesados y condenados. La distante guerra ruso
ucraniana no hay duda que explica en buena medida las serias dificultades que ya
viven los hogares chilenos, especialmente los de los más pobres y de la propia
clase media.
En efecto, la
inflación ha encarecido enormemente el pan, los combustibles y los servicios
domésticos básicos, de tal forma que el reajuste al salario mínimo prometido en
su campaña electoral por el Presidente Boric se convertiría en prácticamente
nada en relación a esta explosiva alza en el costo de la vida. Un incremento
bastante discreto que, para los sectores más renuentes a los cambios, podría
traerle más perjuicios a la economía. Asimismo, como manifiesta una firme
oposición a la propuesta de que el Estado suprima el IVA, por ejemplo, a los
productos más esenciales. Es decir, en plena emergencia quieren ponerle todo
tipo de cortapisas a los subsidios estatales, iniciativa que se implementa sin
mayores problemas en otras naciones capitalistas menos ortodoxas que la nuestra
a fin de paliar los efectos del alza del petróleo, del gas, los transportes y
los llamados comodities. Es muy pronto para evaluar el desempeño de los nuevos
equipos de gobierno, pero algunos nombramientos inquietan a los sectores más
radicales del izquierdismo y los hace temer que el mandato de Boric será del
estilo de los gobiernos concertacionistas que nunca se atrevieron a cumplir con
lo prometido en cuanto a restablecer una institucionalidad democrática más
plena y emprender medidas para recuperar para el Estado los bienes, empresas,
yacimientos y facultades perdidas con la Dictadura cívico militar. Recordemos
que ante la asunción del gobierno de Aylwin el terror del gran empresariado y
de la derecha se hizo tanto o más ostensible que ahora. Temor que desapareciera
muy rápidamente, entonces, a partir de la voluntad del mandatario de “hacer
justicia solo en la medida de lo posible” y guardar para otra oportunidad
tantas promesas socioeconómicas.
Pese a los
buenos deseos y entusiasmo que se expresa en los nuevos gobernantes, inquieta
que de nuevo aflore el descontento social, así como las protestas que conllevan
el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados, como los
flamantes y caros buses de la locomoción colectiva que a diario resultan
incendiados. De esta manera, complica a La Moneda que desde el Congreso
Nacional se insista en aprobar nuevos retiros de los fondos de pensiones para
que los imponentes puedan hacer frente a sus apremiantes necesidades. Una
iniciativa que contara antes con el entusiasta apoyo de quienes hoy están en el
poder, pero que ahora coinciden con la derecha y los gremios empresariales en
cuanto a que estos han sido culpables de la inflación actual.
Ideológicamente
hablando, desgraciadamente toma cuerpo la idea de darle aliento y garantía a
las inversiones privadas y extranjeras. Por la gran prensa patronal se vuelve a
insistir en que solo con el crecimiento y la inversión se puede esperar el
desarrollo y la equidad social. Una falacia que no tiene en cuenta que cuando
tuvimos por años un crecimiento sostenido en nada cambió la profunda
desigualdad entre los chilenos. Y que el bullado y elevado PIB nacional solo
sirve para esconder la inmensa concentración de la riqueza en unos pocos, así
como la perpetuación de las carencias de la inmensa mayoría. Sería muy
conveniente que los que hoy gobiernan tengan en cuenta que, siendo importante
el desarrollo, la justicia social solo puede resultar de una justa distribución
del ingreso. Esto es en la posibilidad de que impida realmente la extrema
riqueza y se implemente una verdadera “revolución” tributaria. Algo difícil de
concebir dentro del modelo económico que todavía nos rige, cuando sabemos que
el principal incentivo de los inversionistas de nuestro país es la posibilidad
de contar con mano de obra barata, es decir, pésimamente remunerada. Porque el
cobre, el litio y otros productos naturales se encuentran en abundancia también
en otros países, solo que más dignos y soberanos que el nuestro. Cuando aquí
incluso una propuesta de royalty minero, en plena emergencia, parece
inapropiado o peligroso para la sacrosanta “estabilidad de los mercados”. De
ceder el Gobierno a los cantos de sirena de las entidades empresariales y de
sus medios de prensa, lo cierto es que se va a abonar una nueva explosión
social, con visos esta vez de mayor convulsión e insurrección.
Lo
subrayado e interpolado es nuestro
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