Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista, analista Internacional. Del Semanario Sur andino y el Soberano.
Algunas de las figuras más destacadas de la entidad
“Independientes no neutrales” (en adelante INN), que levanta precandidatos para
el proceso constituyente en curso, tienen claros vínculos empresariales y
promotores del extractivismo en Chile.
Los INN comenzaron en agosto de 2020 a prepararse para
incidir en la elaboración de una nueva Constitución y posicionarse en los
medios. En el último período han estado paralelamente buscando replicar esa
influencia en regiones, exhibiendo un programa que recoge muchas de las
demandas del estallido del 18 de octubre y de los movimientos sociales. También
han hecho lobby en el Congreso buscando garantías para la postulación de listas
independientes como constituyentes. A diciembre, tienen un total de aportes
financieros de personas, de $20.480.000 según su web.
Baranda y el extractivismo
Benito Baranda, precandidato de la lista INN del Distrito
12, es parte del Hogar de Cristo y de una entidad denominada América Solidaria,
en cuyo financiamiento de origen estuvo la empresa minera Barrick, impulsora
del destructivo proyecto Pascua Lama detenido por graves infracciones a las
condiciones de su aprobación, gracias a la lucha de las comunidades del Valle del
Huasco y organizaciones socioambientales de la región y el país.
Baranda participa del “Compromiso de Atacama” en el cual
junto a la transnacional minera figuran CORFO, FOSIS, Un Techo para Chile,
América Solidaria, y el Pacto Global de Naciones Unidas que reúne a empresarios
que levantan la llamada “responsabilidad social empresarial” RSE, una
iniciativa que en Chile ha significado la división de comunidades frente a
proyectos extractivistas de hidroeléctricas y mineras, entre otras. Baranda
viajaba a Haití y República Dominicana a dar charlas en defensa de Barrick
cuando esta empresa desarrollaba allí el proyecto Pueblo Viejo. En 2012, la
Fundación Ena Craig de Luksic se unió a América Solidaria. Esta Fundación
organiza y recluta jóvenes latinoamericanos como voluntarios para su
intervención en Haití y otros países como República Dominicana, mientras en
Chile, sus voluntarios actuaron en Alto del Carmen, en pleno conflicto por
Pascua Lama. Los viajes de los voluntarios se financiaron con fondos de la Agencia
de Cooperación de Chile.
El Estado de Chile, a través de la citada Agencia aportó
también con fondos para proyectos de América Solidaria en Haití, al tiempo que
Chile se hacía parte de la intervención militar de Naciones Unidas con la
denominada “Misión de Paz” (Minustah) en Haití. Un estudio realizado en 2019
por investigadoras canadienses denunció violaciones de miembros de esa Misión a
cambio de comida, revelando que 21 bebés son de militares chilenos acusados de
violación en Haití y luego repatriados. A estos y otros niños nacidos en
iguales circunstancias se les denomina “Petit Minustah “bebés de la paz” o
“bebés cascos azules”.
El ingreso de América Solidaría y Techo para Chile, obras
sociales de la orden jesuita, a la Región de Atacama fue en abierto desafío a
la instrucción del entonces Obispo de Atacama, monseñor Gaspar Quintana. El
obispo había dispuesto que todas las instituciones de la Iglesia Católica
pertenecientes a su jurisdicción, se atuvieran a la prohibición de recibir
recursos de la Minera Barrick.
Antes del ingreso de las organizaciones citadas, ligadas a
Benito Baranda, Felipe Berríos, director del Hogar de Cristo, había intentado
hacer lo mismo. Pero en esa oportunidad el Obispo habló con el superior de los
Jesuitas quien detuvo la iniciativa.
Rodrigo Jordán, coordinador de INN, es
ingeniero industrial, y saltó a la fama por su hazaña de llegar a la cumbre del
monte Everest en 1992. El año 2004 organizó una expedición liderada por
Andrónico Luksic quien también hizo cima allí, y se cuenta que al final Jordán
debió llevarlo en brazos para que lo lograra. Jordán, fue director ejecutivo de
Canal 13 de TV, canal de propiedad del grupo de Luksic, entre los años 1998 y
2000. Es ejecutivo de América Solidaria Internacional.
Moreno y Avina
Como responsable de graves daños en la salud de les
trabajadores debido a contaminación por asbesto (también llamado amianto) a
través del conglomerado Eternit, del que participó hasta 1989, tuvo una condena
judicial en Italia que no se hizo efectiva por aplicación de la prescripción.
El exitoso lavado de imagen de Schmidheiny, instalado como
cabeza del empresariado sustentable, comenzó en 1992, en la Cumbre de Río. Se
refugió en Costa Rica volcándose posteriormente a la filantropía, y dedicando
las utilidades de sus empresas a financiar Avina con el fondo VivaTrust, a
cargo de su hijo Alex Max Sch. Por este fideicomiso, Schmidheiny hijo figura en
los “Panama Papers” descubiertos en 2006, sobre evasión del pago de impuestos
de grandes consorcios internacionales.
La propia fundación AVINA tiene una empresa offshore según
esa fuente. Christian Verling, tesorero del Grupo Nueva (de Schmidheiny) y
director financiero de AVINA, figura también en los “Panama Papers”.
Lucio Cuenca, destacado activista ambiental y Director del
Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), entrevistado por la autora de esta
nota, da cuenta de los nefastos resultados de las intervenciones de los
personeros de América Solidaria y de Avina en en cuanto a los conflictos
socioambientales y los megaproyectos de inversión mineros y energéticos.
El ambientalista es candidato en el D12 (el mismo por el
que está Baranda), y lo hace en la lista de los independientes, levantada por
los sectores populares organizados en la Asamblea de Organizaciones Sociales y
Territoriales del Distrito 12 (La Florida, San José de Maipo y otros). Lucio
Cuenca se hace parte del alerta sobre los peligros de Independientes No
Neutrales. Relata que inicialmente INN participó con algunos precandidatos en
la Asamblea Distrital, instancia que desarrolló un amplio proceso de discusión
para definir candidaturas a la constituyente. Pero los candidatos de INN
eludieron someterse al escrutinio popular y se retiraron de las asambleas; no
registraron sus candidaturas en el proceso interno y no participaron de los
foros, ni de la presentación de los mismos y posterior elección de candidates.
Avina tiene alianzas con el BID y con empresas como Coca
Cola y Pepsi Cola para impulsar sus políticas en Chile y la región. Las
donaciones generales que obtuvieron en América Latina de diversas fuentes
alcanzaron en 2018 a$ 16. US$ 16.953.364, según su informe anual de ese año.
Temas ausentes en INN
Ninguna de las 8 mujeres presentes en el comité ejecutivo
de INN –que no es paritario, ya que hay 11 varones en el comité – está vinculada
a temas relacionados con los derechos de las mujeres, ni de los pueblos
originarios. Andrea Repetto, miembro de ese Consejo Ejecutivo, es economista
por la Universidad Católica de Chile, académica de la U Adolfo Ibáñez; preside
la Fundación Superación de la Pobreza y es miembro del Consejo Asesor para la
Reforma Previsional, entre otros cargos ligados al gobierno de Sebastián
Piñera.
Ella es directora en Espacio Público junto a la
precandidata Andrea Sanhueza, entre otros. Este centro de estudios busca
incidir en políticas públicas, entre las cuales estuvo la reforma al Sistema de
Evaluación Ambiental, ampliamente criticada por las organizaciones
socioambientales debido a su sesgo empresarial. Espacio Público realiza también
consultorías a empresas tales como la minera BHP Billington para optimizar los
resultados de la llamada “inversión social” de esa empresa.
Según su informe 2018, entre los principales financistas de
Espacio Público, estuvo el International Development Research Centre (IDRC),
National Endowment for Democracy (NED), que aportó más de $100 millones, en
tanto que la Embajada de Canadá y la Fundación Konrad Adenauer figuran entre
quienes aportaron alrededor de $10.000.000.
Como se ve, la cúpula fundadora de INN representa (y
depende de) los intereses y fondos del extractivismo destructor de los
territorios, cuyas prácticas la revuelta popular ha puesto en tela de juicio.
Su apuesta por llegar a la Convención Constituyente es la apuesta del
empresariado y de quienes seguirán defendiendo en la Asamblea Constituyente el
modelo neoliberal capitalista y patriarcal, los tratados de libre comercio y
las garantías para los inversionistas de las corporaciones transnacionales.
Lucía Sepúlveda Ruiz es integrante del Movimiento por el
Agua y los Territorios MAT, y de Chile Mejor sin TPP
www.periodismosanador.blogspot.com
Lo subrayado e interpolado, es
nuestro
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