La funesta herencia de la dictadura cívico militar Pinochetista: el Chile
virtual...
Por Juan Pablo Cárdenas S./ Comunicador social,
escritos/ Barómetro Latinoamericano:
De no existir
una asamblea especialmente convocada y elegida democráticamente para definir un
nuevo régimen institucional, es muy difícil que esta tarea pueda ser acometida
por la llamada clase política. A los gobernantes de turno y a los
parlamentarios les cuesta mucho prescindir de sus intereses electorales y
demostrar la grandeza necesaria para definir lo que le convenga realmente al
país. Si se está en el Ejecutivo, la tendencia natural es a preferir los
regímenes presidencialistas; si se es mayoría en el Poder Legislativo, lo
corriente es que es que se abogue por el parlamentarismo.
Asimismo, si se
les consultara a los ciudadanos de regiones, es muy probable que éstos en su
mayoría se inclinen por un régimen federal, más que por el unitario que rige en
buena parte de nuestros países. El autoritarismo presidencial pudo ser muy
razonable en los albores de nuestra república cuando Chile era más un Estado
que una homogénea nación.
Con seguridad,
diversos intelectuales y especialistas, como las propias universidades, podrían
aportar mucho más que los profesionales de la política a la hora de definir un
orden institucional que reemplace al instaurado por el régimen cívico militar.
Muy autoritario y nada democrático, a pesar de los cambios cosméticos
hechos posteriormente en esta dilatada pos dictadura cívico militar de la
libertad, la democracia y la justicia en la medida de lo posible, y una educación
como un bien de consumo, por y para el lucro...
Desde fuera del poder y las
contiendas electorales, la academia podría aportar mucho más a la hora de
definir las atribuciones de los poderes del Estado y procurar su genuina
independencia. En acotar, por ejemplo, las facultades del Tribunal
Constitucional, cuya tarea suele defenderse o cuestionarse según la posición
que adopten sus integrantes en cada tema y resolución. Una corte, como se
reconoce, cuoteada políticamente, más que constituida por mérito y trayectoria.
Afectada por el mismo vicio que se practica a la hora de integrar nuestros
tribunales de justicia y otras instituciones del Estado que debieran ser
autónomas, si no mediara siempre el intenso lobby o tráfico de influencias para
la designación de sus integrantes.
Una nueva constitución soberanamente sancionada por el Pueblo o se sigue con las reformas constitucionales para que nada cambie.
Se afirma
corrientemente que se necesita de verdaderos “estadistas” para ocuparse de una un
nuevo ordenamiento institucional, es decir de personas que tengan al país
como objetivo fundamental en sus propósitos y quehacer. Sin embargo, ya sabemos
qué hace mucho tiempo no asoma un líder o lideresa de este talante en nuestro
país. Menos, todavía, cuando el fenómeno de la corrupción y la impunidad ya
estan tan entronizados en el llamado “servicio público”. Cuando a todos
nos consta cómo se ha legislado en los últimos años a la sombra del cohecho y
otras funestas prácticas que, además, involucran a los grandes empresarios y
otros grupos de presión.
A pesar de que
en un momento pudo prosperar la idea de convocar a una Asamblea Constituyente,
finalmente se ha impuesto la férrea oposición de la derecha sofofa a tal
posibilidad, sumando a su favor a connotados dirigentes de la llamada seudo centro
izquierda que siempre le pusieron zancadillas a una propuesta que alcanzara
gran arraigo popular. Hoy parece consolidado que lo mejor sería que una nueva
Constitución resultara de una tramitación parlamentarias a iniciativa de La
Moneda. Pero ya cumplió un año el régimen de Piñera y no hay asomo de
algún aliento oficial al respecto, así como tampoco ahora las diversas bancadas
parlamentarias parecen preocupadas del tema.
Recordemos que
se gastaron ingentes recursos en los últimos años del gobierno de Michelle
Bachelet para un proceso constituyente ciudadano que no prosperó y solo sirvió
de estratagema proselitista para favorecer a la coalición política gobernante,
la que de todas maneras resultó derrotada y desintegrada en los últimos
comicios presidenciales y parlamentarios.
Senadores y Diputados y la irritación pública: ¡Que se vayan todos!
Antes de
proponerse reformas sustantivas a un régimen político administrativo, en que
todos los días demuestran que sus instituciones NO funcionan adecuadamente, lo
único que se implementó fue el aumento de los curules parlamentarios, llegando
a un número totalmente dislocado en relación al tamaño de nuestra
población. Diputados y senadores que, para
irritación pública, perciben
remuneraciones y otros haberes muy por encima del que obtienen los
parlamentarios de Estados Unidos y de los ricos países europeos. Y, por
supuesto, veinte a cuarenta veces más que el ingreso promedio de los
trabajadores chilenos.
La lacra del binominalismo impuesto por
la dictadura cívico militar sigue vigente en el marco de la Constitución/artilugio
de 1980.
Como ya sabemos, las propuestas de
reforma constitucional siempre prosperan en la víspera de los procesos
eleccionarios. Sin embargo, una vez que se elige a nuestros supuestos
mandatarios, legisladores y autoridades comunales, la clase política suele
apoltronarse rápidamente en el poder y postergar toda posibilidad de cambio y
ejercicio de la soberanía popular. Y es explicable que esto suceda, porque para
alcanzar estos cargos de “representación” es preciso gastar millonarias sumas
de dinero que al final importan mucho más que los sufragios obtenidos. Lo que
puede comprobarse con las exiguas y hasta ridículas votaciones obtenidas por
algunos candidatos del binominalismo instalados en nuestro Congreso, gracias a
la componenda cupular y el desprecio absoluto a que estas instancias
electorales siquiera se validen con la concurrencia a las urnas de más del 50
por ciento del padrón electoral.
Ya se sabe que
la apatía ciudadana ha sido emulada por los propios jóvenes, cuando algunas de
sus federaciones no ha podido renovarse en virtud de antiguos reglamentos que
solo validan los resultados cuando el 40 por ciento de los universitarios
concurra a sufragar. Es sorprendente que el poderoso Movimiento Estudiantil que
tanto hizo por combatir a la dictadura cívico militar Pinochetista y por
promover una reforma universitaria haya terminado tan desganado como las
propias organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores.
Claro: cuando
los últimos comicios de la Central Unitaria de Trabajadores son descalificados
por sus vicios por el tribunal electoral correspondiente, es muy probable que
la apatía prospere y se diluya la confianza que se puso con fervor en la
política después de 17 años de interdicción ciudadana. Conste para comprobar lo
que sucede que, según los sondeos de Barómetro Latinoamericano, ya son más los chilenos y
latinoamericanos que desestiman a la democracia como el régimen que mejor
garantice los derechos políticos y sociales de la población.
¿Nuevas asonadas golpistas?
Cuando son
tantas las demandas frustradas en materia salarial, previsional y cultural;
cuando la violencia se consolida en toda suerte de conflictos sociales, así
como en la desbocada y cotidiana delincuencia, nuestro país próximamente
pudiera encaminarse a una nueva ruptura de su paz social e institucional. No sería extraño que surjan, más temprano
que tarde, nuevas asonadas golpistas y el caudillismo que siempre prospera
cuando la política se desnaturaliza y se pierde el norte del interés nacional,
la equidad social y la probidad de sus autoridades.
Considerada
como ilegitima en su origen y contenido por tantos actores políticos y
sociales, la Constitución pinochetista de 1980 amenaza, curiosamente, con
extender su vigencia tanto o más que sus antecesoras de 1933 y 1925 que
consolidaron nuestra institucionalidad republicana. Aunque es preciso insistir
que ninguna de ellas consideró la participación popular en su gestación, lo que
demuestra que nuestra vocación y solvencia democrática está muy distante de las
de aquellos países que sí han dado asambleas constituyentes para definir sus
normas de convivencia política e institucional. Regímenes que muchas veces son
ninguneados desde nuestra política regida más de 30 años por los decretos
Leyes que la dictadura cívico militar nos impusiera.
Lo subrayado es
nuestro.
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