“Con hambre , sed de
justicia y desesperanza…”
Todo esto no sería tan absurdo si se considera que
uno de los grandes problemas nacionales radica en el miserable monto de la
jubilaciones que pagan las usureras administradoras de fondos previsionales
(AFPs) y que con estas sustracciones podrían deteriorarse aun más. “La
necesidad tiene cara de hereje” dice el refrán y explica en este caso la
negativa del Gobierno de Piñera de otorgar más subsidios a los dos millones de
trabajadores que continúan sin empleo e imposibilitados de cubrir siquiera sus
necesidades más elementales. Un reciente informe del Banco Mundial estima que
después de la Pandemia al menos 800 mil personas van a dejar de pertenecer a la
clase media, reincorporándose a la ya enorme cantidad de pobres e indigentes.
Muchos de los cuales, como anotan algunos expertos, padecen actualmente hambre,
pierden sus bienes y se sumen en la desesperanza. Con todo lo cual, la
población naturalmente se muestra iracunda y más violenta que antes.
No es que la clase política esté verdaderamente
conmovida por el dolor y la impotencia que sufren tantos habitantes. Lo que
pasa es que tiene miedo a que retorne el Estallido Social y que, en los
próximos comicios parlamentarios, municipales y para elegir gobernadores los
resultados puedan resultarles transversalmente muy adversos. Ya el reciente
plebiscito, que aprobó por casi un 80 por ciento la necesidad de una nueva
Constitución, tuvo como resultado agregado que todavía más electores rechazara
la idea de que la futura Convención Constituyente tenga representantes del
Poder Legislativo. Una manifestación muy explícita del repudio que hoy existe
hacia nuestros gobernantes cuanto del deseo que la nueva Carta Fundamental sea redactada
únicamente por representantes del pueblo y elegidos ad hoc por la ciudadanía.
No deja de llamar la atención que los mismos
parlamentarios que pospusieran por treinta años la promesa de una nueva
Constitución, dilataran por tanto tiempo la demandada reforma del sistema de
pensiones, siguieran privatizando empresas públicas y estratégicas, como
otorgándole a los capitales foráneos la explotación de los yacimientos,
reservas acuícolas y forestales, hoy consientan en reformas que hasta pudieran
parecer revolucionarias bajo un gobierno de derecha y de corte empresarial.
Cuando los antecesores de Sebastián Piñera presumían de socialistas o social
cristianos y se mantuvieran complacidos por el país exitista que se aparentaba.
“La derecha y la izquierda unidas nunca serán
vencidas” decía sarcásticamente el poeta Nicanor Parra, y
no es que se haya producido un sincretismo ideológico y moral, sino solo el
terror que le produce a todos el levantamiento popular que, como se sabe, no
reconoce líderes en partido político alguno y muestra en la Araucanía y,
especialmente en las concentraciones capitalinas, una ira inédita en nuestra
historia republicana, donde lo que siempre se impuso es la brutal represión
policial y militar. Si hasta los altos mandos castrenses le han hecho ver a las
autoridades que el Chile de hoy ya no es el de 1973 y dificultan mucho que
todos sus efectivos puedan hacer frente a la rebelión que avanza. Mientras se acongojan por las “turbas” que
ostentan cada vez más armas de guerra y recursos del narcotráfico, el nuevo
referente que hace gala hoy en las poblaciones marginales.
Por cierto, que en el Parlamento también hay muchos
que lo que más les preocupa es perder sus cargos, estipendios e influencias, en
una especie de confianza ciega en que siempre los efectivos de la FFAA y de las
policías serían capaces de salvarlos, poner orden y proteger sus intereses.
Muchos, por supuesto, le están poniendo fichas al proceso constituyente que se
abrió con el último plebiscito, sin considerar que, además del deseo de un
nuevo orden institucional, lo que la inmensa mayoría exige es pan, trabajo,
pensiones justas, salud, educación y libertad. Recuperación, también, de
nuestras riquezas básicas y efectiva soberanía sobre los generosos recursos de
nuestro territorio y mar. Más todavía cuando ya quedan en evidencia las trampas
que el Ejecutivo y los parlamentarios les dejaron puestas a la libre elección
de constituyentes, como los quórums establecidos para aprobar la nueva Carta
Magna. De todas las zancadillas que se les están poniendo, por ejemplo, a la
postulación de candidatos no militantes y del mundo social, a fin de mantener
el monopolio de los partidos.
De allí que muchos quieren aprovechar este tiempo a
adviento electoral para propiciar leyes que favorezcan la equidad social,
terminen con los privilegios empresariales y la impunidad en los procesos de
corrupción política y empresarial. Entre las múltiples demandas que exigen
terminar, además, con las abusivas exenciones tributarias, el abultado gasto militar,
el fin de las millonarias utilidades de la salud privada, las AFPs y hasta las
elevadas tarifas de las carreteras concesionadas y del agua potable, gas,
electricidad y otros servicios en manos foráneas. Ya se habla de aprovechar
esta curiosa convergencia política cupular para imponer un impuesto patrimonial
que grabe a los más ricos no solo para obtener recursos destinados a las
víctimas de la pandemia, sino para empezar a acortar las siderales brechas
existentes entre ricos y pobres.
También es curioso comprobar cómo los propios ex
ministros de Hacienda y Economía de los gobiernos de la Concertación y la Nueva
Mayoría descubren las groseras evasiones y elusiones tributarias que le han
hecho perder al Fisco enormes recursos para enfrentar las catástrofes naturales
y fomentar, entre otras inversiones la construcción de carreteras, hospitales y
establecimientos educacionales. Ahora descubren ellos mismos los
multimillonarios recursos en que se funda el peculio de un puñado de chilenos
que forman parte de la extrema riqueza nacional. Una actitud desvergonzada si
consideramos todo el tiempo de connivencia con empresarios tan abominables como
un Julio Ponce Lerou y aquellos protagonistas de las colusiones para elevar los
productos farmacéuticos, alimenticios y hasta del papel higiénico. Los mismos
que les evitaron a los inversionistas extranjeros, además, pagar debidos
royalties por la explotación de nuestros recursos no renovables.
Lo razonable es entender que las convocatorias
electorales no debieran suspender o aminorar la presión social, la presencia
del pueblo en las calles de todo el país. En ningún caso dejarse ilusionar por
la disposición pasajera de la política, ni por la prácticamente imposible
convergencia de los sectores llamados vanguardistas, de cuyo canibalismo
electoral para nada se han zafado.
La unidad debe ser, por, sobre todo, social y
moral.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
¿Una hoja en blanco?
Por Juan Pablo Cárdenas S.: escritor,
comunicador social, analista internacional, Addhee.Ong
A veces nos parece que el absurdo se ha posesionado
de los debates de la clase política chilena, como que hay quienes piensan que
la nueva Constitución debe escribirse en una “hoja en blanco” y se discute
majadera y destructivamente sin asumir que desde la Creación del Universo nada
ha partido de cero. Que todo es evolución y los hechos históricos están
completamente concatenados entre sí, sus causas y efectos.
Desde luego, vemos poco probable que haya quienes
vayan a postular un régimen monárquico o la idea de que es mejor o tener
andamiaje institucional alguno. Sería impensable y absurdo definir cualquier
cosa sin tener en cuenta al menos las tres últimas constituciones de nuestra
República. O pasando por alto aquellos valores e intenciones claramente
manifestados en el reciente plebiscito, donde casi un ochenta por ciento de la
población optó en favor de una nueva Carta Magna. Tampoco sería viable que
Chile se acotara a su propia trayectoria histórica, se ensimismara y dejara de
mirar al mundo para ilustrarse sobre los diversos regímenes institucionales en
vigencia.
Existen no pocos acuerdos compartidos. Una amplia
mayoría quiere que sigamos siendo república, que edifiquemos una mejor
democracia e impongamos soberanía nacional sobre nuestro territorio, recursos
naturales y bienes de la más distinta índole. Casi todos, asimismo, creemos que
deben prevalecer los tres poderes del Estado, aunque muchos podríamos postular
la necesidad de que sean más independientes, como el establecimiento de otra
instancia que consagre más explícitamente el poder de pueblo y de sus
organizaciones sociales. Para que tengan igual o mayor injerencia en las
decisiones del país, igual o mayor autoridad que los partidos políticos.
En los tiempos que vivimos, parece ya consensuado
que se establezca la paridad de género como razón de estado, que se reconozca
efectivamente la igualdad ante la Ley y el respeto a los Derechos Humanos y el
entorno ecológico establecidos internacionalmente.
“Los Derechos Humanos y los Derechos de la Madre Naturaleza son dos conceptos y una misma dignidad.” Maestro Eduardo Galeano, de la Patria Continente América Latina y el Caribe
Pocos van a atreverse a postular la eliminación de
las Fuerzas Armadas, pero seguramente se hará clamor que el Estado rebaje
sustantivamente los presupuestos militares y, en especial, renuncie a la
carrera armamentista. Además, sería peregrina la posibilidad de acabar con las
policías, aunque lo más loable sería, como ocurre en otros países, que se sumen
otras instituciones a las tareas de seguridad, atendiendo a la especificidad
que exige hoy la protección de las personas, las calles y los bienes públicos y
privados. Con lo cual podría restringirse el abuso policial y la corrupción de
sus altos mandos.
El Estado de Derecho
De todas maneras, nuestro futuro Estado debiera
perpetuar ciertos logros como la existencia de entidades autónomas como la
Contraloría General de la República y las superintendencias. Así como vemos muy
difícil que una Asamblea o Convención Constituyente vaya a borrar de un plumazo
la educación particular o las clínicas y administradoras de salud privada, más
allá de prohibir en serio el afán de lucro por administrar esto servicios
públicos. Pero es muy poco probable que, conforme a lo que ha sido nuestra
experiencia, vayan a continuar prosperando privatizaciones en áreas tan
sentibles como el uso de las autopistas y la explotación de recursos naturales
estratégicos como el agua, el cobre y el litio.
Ojalá que nuestra constitución redefina claramente
las áreas de nuestra economía, regule las concesiones y los términos de la
inversión extranjera, de tal manera de evitar lo que ya es un secreto a voces:
la extranjerización de lo que queda de nuestras empresas de electricidad y gas,
que nos están dejando a merced de algunas superpotencias, las cuales serán
prácticamente imposibles de recuperar si el interés nacional lo exigiera algún
día. En la posibilidad, por ejemplo, de que las empresas sanitarias vayan a ser
adquiridas por China, ¿no se haría prácticamente imposible nacionalizarlas si
se considera que esta potencia asiática es nuestro principal destino para el
cobre y otros productos?
Y, claro, podríamos continuar latamente exponiendo
nuestras coincidencias y diferencias entre lo que quiere la inmensa mayoría de
nuestra población versus una ínfima minoría que nunca ha tenido convicciones
democráticas y siempre ha hecho todo en política para beneficiarse y servir a
los intereses foráneos y de las más inescrupulosas empresas y entidades
financieras, como las AFP y las isapres. Políticos y gerentes que le han dado
reiterados manotazos a nuestra institucionalidad, que jamás han dejado de conspirar
contra el orden establecido, como lo sucedido contra los presidentes Balmaceda
y Allende. Instigando posteriormente la represión y el terrorismo de
Estado.
Se trata de los mismos personajes que lograron hace
algunos meses, con la complicidad de casi todo el arcoíris político cupular,
del Ejecutivo y el Parlamento, dejar maniatada la voluntad de quienes integren
próximamente la Convención Constituyente, estableciendo un quórum de dos
tercios para aprobar cualquier artículo o inciso de nuestra nueva Carta Magna.
Con lo cual se proponen, descaradamente, abortar todo el proceso constituyente
y encender nuevamente la ira del país a objeto de alentar un nuevo Golpe de
Estado. Confiados en el apoyo, como siempre, de los militares, policías y los
onerosos recursos acumulados por ese uno o dos por ciento de multimillonarios,
tan representados en la actualidad en la patética figura de Sebastián Piñera.
De esta forma, es que estamos de nuevo frente a una
situación extremadamente crítica, donde lo peor sería avanzar en el llamado
proceso constituyente sin que, antes, se deroguen esos leoninos quórums que le
impedirán al pueblo quedar bien representado en lo que debiera ser una
auténtica Constituyente que defina un texto respaldado nada más que por la
mayoría absoluta de sus integrantes. Para
conjurar aquel solapado Congreso Nacional Paralelo que se propone hacer muy
difícil o imposible la elección de constituyentes independientes o sin partido,
así como de representantes del mundo social y las diferentes etnias.
Para desbaratar estos espurios intentos, no tenemos
duda que requerimos de movilización social constante, ejercer presión hacia los
poderes del Estado y mantenerse el país activo en las calles y regiones del
país. Exigiendo, en realidad, una ruta nítida para que la Constituyente resulte
realmente ciudadana y soberana.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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