Haroldo Quinteros
Semanario Sur Andino/ Iquique/ Chile
Lo que no se esperaba, menos aún la derecha, fue que
la derrota de su opción Rechazo, fuera tan categórica. Después de todo, su referente
Chile Vamos y la mayor parte de los partidos
de la ex. Concertación (en otras palabras la clase política profesional
del país) habían recabado un oscuro pacto, el “Acuerdo por la Paz social y la
Nueva Constitución,” suscrito por los más prominentes parlamentarios en
ejercicio de ambas coaliciones.
Los dirigentes de la ex Concertación, por cierto, nunca aquilataron la verdadera esencia y
fuerza de la rebelión popular del 18 de
octubre del año pasado. Acostumbrados a
co-gobernar el país durante tres
décadas; es decir, administrarlo según
los dictados de la constitución de la
dictadura, no entendieron que lo que quiere la mayoría del país es un cambio realmente profundo en su
estructura económica. Más aún, no
advirtieron que sus colegas de la derecha
nacional habían empezado a retroceder, y que la hora de lanzarse a los
cambios de fondo que le hacen falta al país ya había llegado. La verdad es que los dueños de la partidocracia
optaron por defenderse. Era demasiado lo que pedía el pueblo, nada menos que
votar una constitución política enteramente nueva a través del única expediente
serio y democrático existente en el mundo, la Asamblea Constituyente. Ante la
inevitabilidad de enfrentar al pueblo, del modo más astuto que pudieron,
resolvieron seguir arrogándose la soberanía popular y, con ella, el poder
constituyente.
En cuanto los otros socios del acuerdo, la ex
Concertación, la verdad es que fuera del hecho
que muy pocos de sus dirigentes
podían merecer la confianza popular de redactar una nueva constitución, el pueblo de Chile ya
no será engañado otra vez, porque sabe que una nueva constitución, democrática
y limpia, no debe ser redactada por la
clase política profesional que gobierna, sino exclusivamente por
ciudadanos elegidos sólo para ese
propósito, sobre la base de igualdad de género, la participación de los pueblos
originarios y de los chilenos en el exterior. En verdad, hasta ahora el pueblo
de Chile no ha entregado a nadie directa ni indirectamente su representación
para la redacción de la nueva constitución.
El “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución “no posee
una pizca de seriedad. Lo primero: es obvio que un acuerdo por la paz, sólo
corresponde a dos partes que están en
conflicto, y el único conflicto que tenemos
en Chile es el existente entre el
Estado y el Pueblo de Chile, que sigue movilizado desde el 18 de octubre de
2019. En cambio, este “acuerdo”, no fue más que un conciliábulo entre colegas,
al interior de la clase política profesional, pre-existente al gran conflicto
que vivimos. Ante la ciudadanía, el desprestigio de la clase política es literalmente absoluto, más aún ahora que nuestros políticos insisten en prescindir
completamente del pueblo en sus decisiones, de sus organizaciones sociales,
sindicatos,, juntas de vecinos, etc., violando así su soberanía. Su derecho a la
autodeterminación y anulando sus capacidades para deliberar, organizarse y
resolver libremente sobre su destino. Por supuesto, cualquier chileno digno,
que cree en la libertad y que sea honestamente democrático, no podría aceptar
este acuerdo. Para empezar, se elaboró y firmó bajo la amenaza del uso de la
fuerza, luego que se reuniera el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), conformado por un 60% de
militares. Piñera lo convocó muy poco después del estallido social con el
propósito de preparar la represión que vino después. Además sus disposiciones
son realmente abismantes, lo que éticamente lo invalida por completo. Se
impusieron cargas tan pesadas para el pueblo de Chile como el quórum de 2/3 y
la “hoja en blanco”, que significaba nada menos que en caso que, por ejemplo,
una nueva definición de estado alcance el 65% de los votos, se mantendrá el
correspondiente articulado de la constitución vigente. También está el hecho que se votará
por una “Convención Constitucional” y no por una Asamblea Constituyente,
lo que fue una vulgar trampa. Muchos chilenos aún ignoran
que ambos conceptos son muy
diferentes. Una Asamblea Constituyente contempla todos los procesos y acuerdos
emanados desde la base social, mientras que “ convención” implica la sola
elección de los delegados y el regirse por una única constitución que tenemos, la de la dictadura.
Lo más grave es que este acuerdo se produjo
desconociendo que el poder constituyente originario reside exclusivamente en el
pueblo, y éste ya se encuentra deliberando en reuniones, asambleas y cabildos desarrollando
un proceso constituyente autónomo, sin formatos preestablecidos. Este proceso
no puede bloquearse ni interrumpirse por representantes de poderes ya
constituidos anteriormente al proceso
constituyente, como es el Parlamento, institución que nunca tuvo como objetivo
redactar ni inmiscuirse en la redacción
de una constitución. Lo más ridículo y absurdo de todo, es que la bendita clase
política nacional acordó que fuese la constitución actual. Espúrea, ilegal,
ilegítima y anti-democrática, la que rija todo el proceso constituyente en
marcha, lo que lacera todos los principios democráticos universales
desarrollados en el mundo desde la Revolución Francesa y que son la base del
Derecho Internacional en materia de autodeterminación de los pueblos.
Es tan grueso
el calibre vejamen al pueblo que la elección de los delegados
constituyentes se realizaría con el
mismo sistema electoral que se ha usado
hasta la última elección de diputados, sistema creado para beneficiar solamente
a partidos y coaliciones grandes, obviamente con el fin de fortalecer las dos existentes, en detrimento de los
candidatos independientes y partidos nuevos emergentes. Para ser candidato, un independiente, debe
reunir un número de firmas que no siempre puede alcanzar, así que si éste
quiere llegar a la Convención
Constitucional se verá forzado por razones de cálculo electoral, a tratos
obligatorios con partidos o a ingresar a alguno de ellos, los mismos de las viejas y grandes coaliciones. Dicho con toda claridad, los políticos
profesionales firmantes del “acuerdo” escogieron el sistema electoral vigente
porque éste favorece, o sea, se está usando la vieja y espúrea constitución de
Pinochet que queremos eliminar para la configuración de una nueva. Ha llegado
el momento de revisar bien ésta situación, porque según la constitución actual,
para ser. Por ejemplo, diputado, CORE o concejal hay que ser ciudadano con
derecho a sufragio , ser mayor de 21 años, tener residencia en la región, tener
cuarto medio rendido, estar en una lista o cumplir con las firmas necesarias
para ser electo, condiciones que excluyen
a muchos chilenos, especialmente a los jóvenes, en circunstancias que
ellos fueron los iniciadores del estallido social que ha generado la actual
situación política en Chile y el dramático cambio en la correlación de fuerzas
en el país.
Como si todo lo anterior fuera poco, según el acuerdo,
habría una comisión de técnicos designada por los partidos para según nuestros parlamentarios, dar
objetividad a todo el proceso. ¡ Vaya desparpajo! Estos “expertos”
representarán los intereses de los partidos políticos, es decir, del puñado de politiqueros profesionales que
ocupan sus testeras.. Esta comisión técnica definiría todos los aspectos indispensables para el funcionamiento de todo el proceso constituyente, prescindiendo de la
opinión de los ciudadanos, es decir,
olvidando que el poder constituyente originario
radica solo en el pueblo.
Por eso es que
universalmente se define una Asamblea Constituyente como un organismo libre y
soberano. Lo que pasa es que muchos de nuestros políticos suponen a la
ciudadanía como una masa de ignorantes incapaces de definir sobre su futuro, y
que sólo ellos son los iluminados para
hacerlo. Los políticos firmantes del
acuerdo representan a partidos que no
cubren más del 4,8% de la población, con 684.973 inscritos, de los cuales no
militan en ellos ni siquiera el 1%. La
verdad sea dicha, estas 684.973 personas son gobernadas por no más de un par de centenares de
políticos profesionales, muchos de los
cuales están metidos hasta los tuétanos en casos de corrupción, cohecho y
coimas. Lo que ha sucedido en Chile es que este puñado de individuos ha
conseguido igualarse al padrón electoral total de 14.308.151 de inscritos.
El quórum supra-mayoritario de 2/3 en la Convención Constitucional es una
siniestra maniobra que intenta hacer que
la minoría de apenas 1/3 pueda bloquear cualquiera decisión de la mayoría. Así las cosas, la derecha nacional quiere
conseguir que la redacción de la nueva
Carta Fundamental, que se hará a partir de una “hoja en blanco” no toque el
modelo neoliberal, i.e., la derecha política
pretende bloquear todos los acuerdos que no favorezcan sus intereses. En
cambio, podrá imponer esos mismos intereses para acuerdos menores, recurriendo
sólo a la mitad del Parlamento, que seguirá funcionando paralelamente. En suma,
el más perfecto traje hecho a la medida. Como la redacción de una nueva
Constitución ya no tiene por vía la Asamblea Constituyente libre y soberana,
sólo le queda al aporreado pueblo chileno: Primero, NO elegir a la Convención
Constituyente político profesional alguno, del bando o partido que sean; segundo, hacer todo lo
posible por llevar candidatos independientes
conocidos por su seriedad y valía
ética, y tercero. Obviamente
replicar el triunfo categórico de ayer
en la elección de los delegados
que impida que la derecha consiga seguir imponiendo en el país, ahora
por la vía democrática, lo que impuso a sangre y fuego en 1980. Otra opción real
de triunfo no tenemos. Si la derecha,
desesperada, lograra rearmarse y conseguir el tercio que necesita en la Convención Constitucional,
solo queda al pueblo continuar auto-convocándose y no cejar en su lucha por una
nueva, democrática, popular y legítima constitución política.
Lo subrayado es nuestro.
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