Por Juan Pablo
Cárdenas S., Escritor/ comunicador
social:
Es muy explicable
el impacto mundial causado por el ataque perpetrado por dos jóvenes brasileños
al establecimiento educacional de donde habían egresado, en una masacre que
provocó la muerte de unos diez estudiantes y maestros. Un horror que suele ser
frecuente en los Estados Unidos, pero no tanto en América Latina donde los
grados de violencia son también muy altos e insensatos.
Las pavorosas
imágenes transmitidas por nuestros canales de televisión y por internet han
llevado a algunos comunicadores a sostener que, en relación a otros, Chile
escapa o apenas roza la lacra de la violencia criminal. Sin duda una pretensión
similar a aquella falsa creencia de que tampoco en nuestro país existen los
índices de corrupción que afectan a otros países, pretensión que en poco tiempo
se ha desmoronado con los severos y reiterados ilícitos cometidos por la clase
política y empresarial, además de los fraudes y desfalcos millonarios de
Carabineros y cada una de las ramas de la Fuerzas Armadas: “la reserva moral de la sofofa”...
Sin duda, todavía
salvamos de acciones tan espeluznantes como la ocurrida recién en Sao Paulo,
pero en ningún caso podríamos negarnos a que el fenómeno de la violencia ya
está entronizado en nuestra sociedad, en sucesos registrados cotidianamente por
nuestra prensa y muy especialmente la Televisión. Por sobre lo que sucede en la
política, la economía, la cultura o el mismo deporte, son los portonazos, los
asaltos callejeros, los femicidios y tantos otros delitos los que más destacan
los principales titulares de nuestros medios de comunicación. Al mismo tiempo
que los sondeos de opinión pública constatan la creciente preocupación de los
chilenos respecto de su seguridad, tanto que ya se ha consolidado en un
lucrativo negocio la venta de todo tipo de servicios para registrar e
identificar las acciones delincuenciales en los barrios, calles y viviendas de
todo el país.
Es curioso, pero ya
no existe asalto o despropósito criminal que no sea registrado por las cámaras
instaladas por doquier a lo largo y ancho del país y cuyas imágenes, por
supuesto, sirven de valioso material periodístico para los noticiarios de TV,
así como para alimentar el morbo de los cibernautas. Ninguna estadística nos
señala, sin embargo, que estas medidas y recursos, como los propios drones de
la policía y las municipalidades, nos estén previniendo realmente de tales
delitos. Por el contrario, todo indica que un porcentaje muy alto de la
población ya ni siquiera denuncia muchos de estos atentados, en la desconfianza
que ha crecido respecto de la probidad y eficiencia de las policías, jueces y
fiscales.
Al mismo tiempo que
se agota la capacidad de las cárceles para encerrar a tantos infractores, son
ahora los gendarmes de nuestros numerosos penales los que se quejan de ser
acusados por su presunta complicidad con los internos dispuestos para su
vigilancia y cuidado. Porque también los opinólogos, que tanto abundan en
nuestros medios, han descubierto que es rentable al raiting especular con la
idea de que existe en la administración de justicia una puerta giratoria para
que los delincuentes entren a las cárceles, pero vuelvan prontamente a las
calles prácticamente impunes.
Si la delincuencia
no siguiera creciendo y alarmando cada vez más a los chilenos, el régimen no estaría
impulsando una ley para que las policías puedan hacer “controles de identidad”
a partir de los 14 años de edad, iniciativa de la cual Piñera dice contar con
un masivo apoyo ciudadano, aunque su propuesta está recibiendo el repudio de
las organizaciones de Derechos Humanos y de protección a la niñez.
El combate contra la delincuencia en general e infantil y juvenil en
particular: por el oráculo mercurial y su compinche la fundación Paz Ciudadana
Se sabe que la
violencia que asola a tantos países es directamente proporcional a sus índices
de pobreza, pero sobre todo de desigualdad entre sus habitantes. Además de
comprobarse que no basta con otorgar más recursos a las policías o hacer cada
vez más sofisticado los sistemas de vigilancia callejera para purgar este mal,
cuyas alarmas y “botones de pánico” ahora están en cada vehículo, cuanto, en barrios
y casas, además de bancos, estadios y toda suerte de recintos públicos y
privados.
En el caso chileno,
los gobernantes y parlamentarios son muy diligentes en aprobar leyes y normas
para hacer frente a la violencia, otorgándole mayores fueros a las policías
para enfrentar el descontento social. De forma que otra
vez un carro lanza aguas ha provocado lesiones graves a una estudiante de la
Universidad Católica de Valparaíso que desfilaba como los centenares de miles
de mujeres en su Día Internacional. Pero
lo que no existe son medidas y correctivos para redistribuir el ingreso, elevar
el salario mínimo y las posibilidades de empleo, aumentar el monto de las
pensiones, hacerles frente a las especulaciones de las farmacias y
laboratorios, entre tantas otras lacras que alimentan la decepción y estimulan
la violencia. Así como tampoco se encara eficientemente el creciente
tráfico y consumo de drogas que condena a una enorme cantidad de menores a
abandonar sus estudios y desahuciar una vida digna. Todo esto porque, por mucho
tiempo también se creía que el narcotráfico era un tema ajeno y que Chile era a
lo sumo un pasadizo de la droga, pero sin que ésta llegara a ser consumida por
nuestra población.
Esta pretensión de
sentirnos superior a nuestros países vecinos, o creernos “un país mediterráneo,
pero en un mal barrio” (como llegó a escribirse) nos ha conducido a
enfrentarnos tardíamente a los problemas más acuciantes de nuestra población.
Haciendo gala de una arrogancia que se expresa en darle la espalda al continente
y renunciar, por ejemplo, a la posibilidad de enfrentar más coordinadamente con
nuestros vecinos problemas que nos son comunes y traspasan nuestras
demarcaciones geográficas.
Renuentes a
aceptar, en realidad, que hay naciones de nuestra región en verdadera
posibilidad de hacerse más soberanos, ricos y promisorios en relación a un país
prácticamente mono productor y cuyas reservas naturales están hipotecadas al
extranjero, bajo la férula estricta del colonialismo. Con un sistema
institucional vergonzoso, además, si se considera que es hereditario de la
constitución pinochetista de 1980. Por lo cual mantenemos un severo pendiente
democrático, si se considera la pobrísima participación ciudadana, la
consiguiente falta de legitimidad de las autoridades, el descalabro general de
los partidos políticos y la ausencia de organizaciones sociales.
La criminalización de la lucha del Pueblo Mapuche por sus derechos y su
tierra.
Añadiendo a lo
anterior, el déficit de ser uno de los pocos países de América Latina que
todavía no reconoce su plurinacionalidad y mantiene una larga guerra racista y
de ocupación en territorio mapuche. Un conflicto que suma cada día más víctimas
y luctuosos episodios. Sin descartar ahora el riesgo de que todo remonte y
alimente la posibilidad de otro quiebre institucional, una confrontación como
la encarnizada Revolución de 1891, o nos condene a hechos de violencia tan
inauditos como el bombardeo a La Moneda en 1973 y el magnicidio de los dos últimos
presidentes constitucionales. Episodios que hablan, más bien, de que siempre en
nuestra historia hemos estado a la cabeza de los países más violentos de la
Región, donde los atropellos a la paz social son nuestro pan de cada día.
Aunque, de momento,
escapemos de aquellos hechos terroristas de nuestro pasado no tan remoto, por
lo demás. Probablemente porque siempre han sido instigados y ejecutados por la
ultraderecha, muchos de cuyos activistas hoy son los que nos gobiernan y siguen
al abrigo del poder.
Lo subrayado es nuestro.
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