Indignación
por el fallo judicial de la masacre de Curuguaty
El compañero
Presidente Dr. Salvador Allende Gossens
y la Reforma Agraria: “El latifundio es
el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y de todos los Pueblos Latinoamericanos. Responsable de la situación de
atraso y miseria que caracteriza al campo chileno y latinoamericano. Los
índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de
viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a
los de las ciudades. Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el
Pueblo puede resolver los problemas de la miseria antes citada. El actual
desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre
nuevas perspectivas al movimiento popular no sólo en chile, sino en América
Latina”
Dr. Salvador Allende
Gossens, Presidente de Chile
La
justicia paraguaya en la medida de lo posible dictaminó la prisión de once
campesinos por la muerte de cinco policías en los enfrentamientos de 2012, en
medio de denuncias de “falta de pruebas” y una investigación fiscal “parcial y
politizada”.
“Dantesco enfrentamiento en colonia de
Curuguaty”. Con ese título el periódico paraguayo ABC Color daba cuenta el 15
de junio de 2012 de una cruenta batalla entre campesinos y efectivos del Grupo
Especial de Operaciones (GEO) que culminó con el saldo de 17 muertos entre
ambos bandos.
Los
campesinos protestaban desde hacía un mes por la escasez de tierras para el
cultivo, mientras ocupaban una propiedad del ex senador colorado Blas N.
Riquelme de unas 2.000 hectáreas. Según relató el rotativo, eran cerca de 150
manifestantes y 250 policías. Junto a las fuerzas de seguridad, iban los
fiscales Diosnel Giménez y Ninfa Aguilar que portaban una orden de allanamiento
que había sido firmada por el juez penal de garantías de Curuguaty, José
Benítez.
El
desalojo se tornó violento desde un primer momento y tras aproximadamente media
hora de enfrentamiento los campesinos se replegaron hacia un monte cercano,
donde luego se daba la sentencia de muerte de once campesinos y seis policías.
Apenas
una semana después el mandatario paraguayo, Fernando Lugo, era destituido por
el Senado en un juicio de veinticuatro horas. La masacre fue uno de los
argumentos utilizados por los legisladores para dar por terminado el gobierno
del presidente constitucional. Apenas se supo el fallo de la Cámara, fuerzas
policiales reprimieron una manifestación de apoyo a Lugo. Las reacciones de los
países de la región no se hicieron esperar y Paraguay fue suspendido del
Mercosur y la Unasur.
El
pasado lunes 11 de julio, se dio a conocer el dictamen del juicio por uno de
los enfrentamientos más violentos entre fuerzas policiales y trabajadores
rurales de los últimos años. La justicia paraguaya condenó a los once
campesinos acusados de la muerte de los policías, con penas de prisión que
varían entre los 6 y 30 años, mientras que la investigación por la muerte de
los trabajadores continúa varada y sin imputados.
Los
medios de prensa paraguayos mostraron preocupación por los vericuetos del
proceso judicial que recién comenzó el 15 de diciembre de 2015, en medio de
disturbios y con la intervención de la Corte Suprema de Justicia y con las
denuncias de una investigación “parcial, politizada y muy poco rigurosa”.
En
2013, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, criticó al gobierno
paraguayo por la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y exigió “investigar los hechos y garantizar la imparcialidad del
proceso”.
La
activista Guillermina Kanonnikoff, presa política durante la dictadura
paraguaya (1954-1989), dijo que el fallo ”es una bofetada para el pueblo” ante
la ausencia de pruebas que confirmen que los campesinos imputados mataron a los
policías y agregó que “esto es una dictadura fiscal, nuestro país corre peligro
en su ser democrático porque se nota que lo que hizo el tribunal fue
simplemente seguir todo el libreto que había desarrollado la Fiscalía”.
Dentro
del fallo, llamó la atención de abogados y otros organizaciones como Rubén
Villalba – campesino condenado a treinta años de prisión y cinco de medidas de
seguridad- se le adjudicó los disparos que propiciaron la muerte de Erven
Lovera, jefe del grupo de Operaciones Especiales de la policía paraguaya, sobre
lo que no hay ninguna prueba concreta.
Kanonnikoff
anunció que “tocarán todas las puertas legales e instancias internacionales que
sean necesarias para poner en libertad a los imputados”.
La sentencia
Además
de la condena de Rubén Villalba, también fueron enviados a prisión Luis Olmedo,
que recibió una condena de 20 años de cárcel; Arnaldo Quintana y Néstor Castro
Benítez fueron condenados con 18 años de prisión por la comisión de los hechos
punibles de homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de coautores,
homicidio doloso en calidad de coautores, invasión de inmuebles y asociación
criminal.
Lucía
Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López, a 6 años por ser cómplices de
homicidio, al prestarse a ponerse en primera línea con niños y ancianos, para
aparentar tranquilidad ante los agentes que llegaron para realizar el desalojo
del predio; Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan
Tillería, a 4 cuatro años de cárcel por invasión de inmueble.
Curuguaty: crónica de
una condena anunciada Curuguaty,
13 julio, 2016 LibreRed
Los
campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de
indefensión institucional que hace décadas.
El
lunes 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se abrió en 2012
sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En medio de
numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera y dentro
del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que los 11
procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -homicidio doloso
consumado y en grado de tentativa, según el caso- y establecieron condenas que
van de los 30 a los 4 años de prisión.
La
matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición en el
Parlamento para iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando
Lugo. Ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando alrededor de 300 policías
fuertemente armados -grupos de élite- intentaron desalojar a unos 70 campesinos
unas tierras -en litigio entre el Estado y una empresa- que habían ocupado en
reclamo por su incorporación a los beneficios que el gobierno estaba otorgando
a las organizaciones campesinas. El Presidente Lugo había ordenado tiempo antes
la ejecución de desalojos pacíficos -sin armas- de tierras ocupadas por
campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en
propiedad a los mismos. En el caso de Curuguaty, hoy resuelto, se determinó que
los campesinos se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de
seguridad, que habían iniciado los disparos que dieron lugar a la masacre y que
fueron los responsables de las 17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las
fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).
El
proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos
campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su
inicio, hace ya cuatro años. Entre otros, destacan la toma de testimonios sólo
a policías, que no se hicieron adecuadamente las pericias, incluida la de
balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre, que
se “perdieron” posteriormente evidencias forenses que indicaban el
ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de fuertes indicios de
imparcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes en el caso, que
sesgaron la orientación de la investigación hacia la culpabilidad de los
acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el comienzo, la
inversión del principio de presunción de inocencia -desde su inicio los
acusados están privados de su libertad-.
Que
a escasos dos días de la masacre se presentara un pedido de juicio político
contra Fernando Lugo y que cinco días después se votara mayoritariamente por su
destitución en el Legislativo no deja de ser altamente llamativo; tampoco -por
la misma razón- la constante parcialidad de la corporación judicial en la
manera en que llevó adelante el juicio contra los campesinos. El rojo es la
constante en ambos procesos. Las tierras ocupadas por los campesinos estaban
siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al hoy
fallecido Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado y de fuertes
vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras
mas importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad del
gobierno actual-. Y ya en el plano político, fue a instancias del Partido
Colorado -a través del Diputado Luis Gneiting- que se interpuso el pedido de
juicio político contra Lugo por su supuesta responsabilidad política en los
sucesos de Curuguaty y, de modo más general, por haber instigado las
ocupaciones de tierras para generar el caos social, entre otros cargos
investigados de manera express.
Así,
la culpabilidad de los campesinos era necesaria para terminar de legitimar
transitivamente la culpabilidad de Fernando Lugo, razón esgrimida para el golpe
perpetrado por las élites políticas y económicas del Paraguay. Su tradicional
dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del
Estado fue puesto en cuestión por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo. Éste
quebró seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado, y su
destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido, tras el interregno
del Vicepresidente Federico Franco y la victoria electoral del actual
Presidente, el empresario ganadero y tabacalero Horacio Cartes. La quiebra del
“orden establecido” en los cuatro años que duró su mandato también apuntó a la
propiedad de tierras en un país en el que el 2% de los propietarios rurales
siguen monopolizando el 80% de los predios cultivables. A pesar del pánico
causado entre los terratenientes, las medidas en pro del campesinado no
modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad en tanto, a pesar de
las denuncias de usurpación empresarial de tierras comunales y estatales
presentadas por el Gobierno, el opositor Poder Judicial encargado de dirimirlas
dilató su resolución hasta que cayeron en el olvido.
Los
campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de
indefensión institucional que hace décadas aunque hoy, la justicia que debía
ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley
caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido. Y los campesinos
no son los únicos destinatarios de la advertencia. - Camila Vollenweider
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