Hacia el fin de la Postdictadura: Porque no hay mal /tragedia/desgracia que dure 50, ni menos 100 años para un Pueblo consciente, digno, libre y soberano…
Juan Pablo Cárdenas S.
Escritor, comunicador social, analista internacional/ Semanario Sur andino/ Addhee.Ong
.
Sea o no destituido de su cargo,
Sebastián Piñera será indefectiblemente el último presidente de la Postdictadura.
Aun en la eventualidad de un fracaso de la Convención Constituyente, el país
sabe que la Carta Magna y las secuelas del régimen de Pinochet tienen, por fin,
sus días contados.
Más de treinta años y siete
sucesivas administraciones se demostraron renuentes a cumplir con el mandato
popular que los obligaba a impulsar una nueva Constitución, como a ponerle
término al régimen económico causante de la más escandalosa concentración de la
riqueza y desigualdad social. El llamado capitalismo salvaje finalmente mostró
su completa insolvencia y ya no habrá gobierno alguno que pueda evitar el
advenimiento de la democracia y de la justicia. Así como la recuperación para
todos los chilenos de sus riquezas básicas y recursos naturales estratégicos
cedidos a precio vil a empresas privadas y consorcios extranjeros.
De paso, es posible que la nueva
institucionalidad le ponga término también a la corrupción entronizada en todas
las organizaciones del Estado y que acabe con la impunidad de los empresarios,
políticos y uniformados inescrupulosos, cebados por las prácticas del cohecho,
la malversación de caudales públicos y toda esa serie de vicios que hoy nos
hacen competir en vergüenza con los países o regímenes más desacreditados del
mundo.
Hay que reconocer que toda la falta
de pudor se inició en el comienzo mismo de lo que se llamó jactanciosamente
“Transición a la Democracia” y que resultara, en realidad, solo en la
continuidad de los grandes ejes del régimen autoritario respecto de los sistemáticos
atropellos a la dignidad humana, el neoliberalismo y la genuflexión oficial de
nuestro Estado ante las potencias mundiales, como especialmente los intereses
defendidos por la Casa Blanca.
Incluyendo aquella “justicia en la
medida de lo posible”, negándose a castigar las expoliaciones fomentadas por la
dictadura cívico militar, las nuevas privatizaciones y aquel sinnúmero de
episodios ilícitos vinculados a la concesión de carreteras y otorgamiento de
sobresueldos a funcionarios “de confianza” u operadores. Así como también la
hipócrita resistencia, por años, a cambiar el sistema electoral binominal, la
consolidación del sistema previsional de las AFP, cuanto otros disparates que
se extendieron durante estas tres últimas décadas.
Una situación a la que el pueblo
movilizado le dijo “basta” con la contundente Rebelión Social de octubre del
2019 que, de no haber sido por la irrupción de la pandemia del coronavirus,
habría derribado del poder al actual mandatario. Los escándalos de Sebastián
Piñera no deben nublar la realidad de toda una posdictadura en que se le perdió
el respeto a la política, se desnaturalizaron los partidos y se instó
finalmente a los ciudadanos a preferir mayoritariamente la abstención electoral
como a desapegarse de sus derechos cívicos.
Hasta que una concurrida y
contundente elección manifestara que un ochenta por ciento de los votantes
optaba por constituir un legítimo poder constituyente, aunque resultara
limitado en sus atribuciones por algunas normas abusivas impuestas por una confabulación
legislativa. Por los senadores y diputados que, en colusión con La Moneda y los
poderes fácticos del país, ven a la Convención encargada de redactar una nueva
Carta Magna como una entidad peligrosa para las intenciones de perpetuarse y
medrar en el poder. En una maniobra urdida desde la llamada clase o casta
política, salvo algunas dignas excepciones.
Por su condición de multimillonario
siempre a la sombra del poder político y la lenidad de algunos jueces y
tribunales, Piñera pasará a la historia como el más voraz de todos nuestros
gobernantes y que, en su afán de hacerse más rico abusara de sus dos
administraciones para elevar su peculio personal al precio, además, de reprimir
criminalmente a sus adversarios. Un balance que suma por cientos a las víctimas
de nuestro pueblo mapuche que reclama la recuperación de sus propiedades y
derechos arrebatados por la dictadura cívico militar y también los otros
gobiernos autoritarios anteriores. En un fatal balance que cuenta por decenas a
los jóvenes asesinados y torturados por Carabineros y el desdén hacia cientos
de miles a los trabajadores despojados de sus derechos laborales, sueldos o
pensiones dignas, cuanto acceso a la educación, la salud y la vivienda.
Si se hace justicia algún día, no
vemos cómo Piñera podría escapar al estigma de criminal que hoy recae en
presidentes como Arturo Alessandri Palma y un tirano como Augusto Pinochet,
junto a todas esas divisiones de policías y militares que han ejecutado tan
basto conjunto de masacres en el campo, en las salitreras, en las minas de
carbón y, ahora, del cobre. Sembrando de cadáveres toda nuestra geografía con
hechos tan luctuosos como la Pacificación de la Araucanía, la Caravana de la
Muerte y los diversos campos de exterminio y tortura. Desde nuestros Estadio
Chile, Estadio Nacional, Chacabuco, Pisagua
etc., así como la horrenda aniquilación de algunas de nuestras etnias, a objeto
de instalar en la Araucanía y la Patagonia a colonos de piel blanca y ojos
claros para “purificar nuestra raza”, como se dijera entonces tan
desembozadamente.
Sería conveniente que el juicio del
que salvaron varios de nuestros presidentes esta vez no incluya al gobernante
actual y que, antes o después de su mandato, sea condenado ejemplarmente, al
igual que otros mandatarios o dictadores del mundo. Para que así, Chile pueda
recuperar su plena dignidad, porque los delitos cometidos por Piñera y otros
que lo antecedieron han afectado la honra de nuestro Estado y, por cierto, de
su supuesta democracia.
Lo
subrayado/interpolado es nuestro
No hay comentarios:
Publicar un comentario