La Gran traición al Pueblo Saharaui.

Sáhara Occidental: una solución política que no llega.

Víctor Arrogante López. Escritor/analista internacional. Semanario Sur Andino/ Addhee.Ong

“Abandonado por España, ocupado por Marruecos y añorado por los saharauis”, el Sáhara Occidental es el último territorio en África pendiente de descolonización.

Fue un 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte del dictador, cuando en Madrid se firmaron los Acuerdos Tripartitos, por los que el Reino de la España profunda, monárquica franquista entregaba unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por España, Marruecos y Mauritania. Se consumaba la traición al pueblo saharaui y se abría una de las páginas más negra de la política exterior española.

Los múltiples intentos de las Naciones Unidas para acercar posturas y realizar un referéndum han sido en vano y, mientras que Marruecos ofrece autonomía y la República Árabe Saharaui Democrática exige independencia, dos generaciones nacidas en campos de refugiados continúan esperando una solución que parece no llegar. España tenía obligaciones como metrópolis que según el derecho internacional no cumplió. La actitud de España supuso una traición para el pueblo del Sáhara que hoy sigue sufriendo con la ocupación y el exilio.

En el Sáhara Occidental, se produce una explotación económica, de la que España es partícipe a través de sus multinacionales, una explotación de la que el Pueblo Saharaui no se beneficia. Es un expolio constante y la política exterior española no solo puede servir a las grandes empresas multinacionales/depredadoras, sino que tiene que tener en cuenta la dignidad, los derechos humanos que se ven pisoteados.

Documentos desclasificados de la CIA, arrojan luz sobre algunos de los episodios más significativos de la historia reciente de España. Las revelaciones apuntan al papel que el sibarita y corrupto rey Juan Carlos de Borbón jugó en la Marcha Verde, movimiento en el que España perdió el territorio del Sáhara, que quedó repartido entre Marruecos y Mauritania. (El Español). El rey Hassan II de Marruecos había diseñado una invasión, con la pretensión de anexionarse el territorio, a la que bautizó con el nombre de la Marcha Verde. «Se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor», afirmó el príncipe Juan Carlos entonces en una visita sorpresa a El Aaiún; mintió: “mentir, mentir, porque siempre algo queda”…

Los papeles de la CIA detallan que el papel del emérito hoy, no se limitó a mediar para resolver un conflicto que terminó con la retirada del Sáhara del Ejército español: “Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes sólo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español” y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas. El informe de la Agencia de Inteligencia también detalla los pactos secretos para celebrar la Marcha Verde: “la delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrán permitido entrar en la capital territorial de El Aaiún”.

Y ¿cómo están las cosas ahora? A tres meses del inicio de la guerra en el Sáhara Occidental siguen llegando muestras de solidaridad de distintos grupos. Más de un centenar de periodistas de distintos puntos de España han lazando el manifiesto Informar sobre el Sahara Occidental. Somos Conscientes, que recuerda la responsabilidad de España en la descolonización de su excolonia. El manifiesto hace un recorrido por la historia del conflicto y denuncia que los Acuerdos Tripartidos de Madrid de 1975 son completamente ilegales según el Derecho Internacional, por lo que España sigue siendo potencia administradora del territorio y como tal debe actuar, asumiendo su compromiso histórico y jurídico para que el pueblo saharaui alcance su independencia definitiva.

Sáhara Occidental: una solución política que no llega.

En Madrid, el 14 de noviembre de 1975 reunidas las delegaciones que legítimamente representaban a los Gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, suscribieron los Acuerdos Tripartitos (Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara). España ratificaba la resolución “de descolonizar el territorio del Sahara Occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora”. España se comprometía a instituir una Administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y “a la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes”. Se pactaba que la terminación de la presencia española en el territorio se llevaría a efecto, antes del 28 de febrero de 1976.

El objetivo de los Acuerdos de Madrid fue legalizar la ocupación marroquí del Sáhara, una ocupación que ya estaba hecha. La Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó de forma determinante los hechos y presentó una resolución en la que se exigía el respeto a la legalidad internacional y que reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Hasta la fecha nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Marruecos ni cumple con la legislación internacional ni reconoce las resoluciones de la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a aprobar en diciembre de 2019, una nueva resolución que reafirma sus responsabilidades hacia el pueblo saharaui y su derecho “inalienable” a la autodeterminación. El voto unánime, de la Asamblea General, demuestra la adhesión de la comunidad internacional a la legitimidad de la cuestión del Sáhara Occidental como tema de descolonización.

El Frente Polisario apostó desde el año 1991 por la paz y la negociación como forma de resolver los conflictos, Marruecos continúa presumiendo de la imposición, la violencia y la sinrazón frente al derecho internacional, apostando por el conflicto directo como forma de resolver un problema que tiene su origen en la incapacidad de España para concluir el proceso de descolonización del Sahara Occidental, incapacidad que han presentado todos los gobiernos que se han sucedido en la Moncloa desde el año 1975. Llama la atención que el actual Gobierno de coalición no haya retomado ya este tema y con una propuesta que solucione el conflicto que no supo o no quiso resolver en 1976. El Sahara Occidental sigue siendo la última colonia del continente africano. Los gobernantes españoles han demostrado su incapacidad y cobardía en el ámbito internacional, que no son capaces de cerrar el proceso de descolonización de este pueblo. La colonización fue considerada, desde la fundación de Naciones Unidas en 1948, una lacra histórica de la humanidad, que sólo produjo sufrimiento y retroceso en el progreso de la convivencia humana.

Para la descolonización y la independencia del Sáhara, es preciso que se emprendan nuevas acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera y que siguen afectando negativamente a su desarrollo económico y social.

La ruptura del alto al fuego ha agravado aún más la situación, agudizándose la represión marroquí sobre los defensores de Derechos Humanos y sobre quienes ejercen el periodismo en la zona y sobre el tema. Son varios los informes que reportan el asedio en los domicilios de periodistas pertenecientes a colectivos como Equipe Media o Fundación Nashata, denuncia el Manifiesto. El retorno de la guerra el pasado noviembre supone un fracaso de la comunidad internacional y del Estado español, que no han sido capaces de garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

El Manifiesto referido denuncia las duras condiciones del exilio y la ocupación que ha sufrido el pueblo saharaui durante cuarenta y cinco años. Las zonas ocupadas por Marruecos son “una cárcel a cielo abierto” para la población saharaui. Se han violado sistemáticamente sus derechos más elementales: reunión, expresión, identidad, culturales, sociales, económicos, a la integridad física, a la propia vida. Desapariciones, encarcelamientos arbitrarios o juicios sin garantías procesales.

El Gobierno español debe tomar la iniciativa hacia una resolución del conflicto en el marco del derecho internacional, en el marco de una política responsable, con lazos que «también tienen que ver con la memoria histórica y democrática».

Me sumo al Manifiesto de periodistas y gente de la cultura: “Somos conscientes de los lazos históricos y de los lazos presentes. Somos conscientes de la responsabilidad con la memoria y con el futuro. Y porque somos conscientes, lo hemos de reflejar a la hora de informar y narrar lo que acontece”.

Si no se actúa hoy, el conflicto del Sáhara Occidental seguirá siendo un bochorno, una hipoteca para la dignidad de España

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

“El feminismo y la violencia irracional del sistema capitalista hacia las mujeres”.

Por Homar Garcés: escritor/analista internacional/ Barómetro Latinoamericano/ Addhee.Ong

Todas y todos somos, en alguna mayor o menor medida, víctimas del rol estereotipado creado desde hace siglos respecto a lo que debe ser cada mujer y cada hombre en la sociedad. Esto, a su vez, sirve de base para apuntalar un sistema de dominación que se expresa en el lenguaje, la educación, la religión, la economía y la política, sin apartar otros ámbitos donde prevalece una visión machista, patriarcal y misógina de lo que sería la relación normal entre mujeres y hombres. Adentrándonos en pleno siglo, esta visión pareciera amplificarse, a pesar de los muchos avances logrados por las mujeres en general, alrededor del mundo, en materia de reconocimiento de derechos individuales y colectivos; lo que suscita reacciones encontradas sobre la serie de asesinatos de mujeres cometidos en varias naciones de nuestra América, exigiéndose medidas que los minimicen y castiguen.

Al respecto, puede afirmarse que el incremento de las tasas de feminicidios observado en este continente tiene su causa, mayormente, en el grado de incapacidad y, hasta, de complicidad de los organismos -asistenciales, policiales, judiciales- para prevenir adecuadamente los abusos cometidos contra las mujeres, indistintamente de su edad, grupo étnico y condición social o económica. La deshumanización de la mujer al considerársele mera propiedad del hombre ha contribuido enormemente con este incremento de violencia y femicidios, lo cual -aunque parezca algo contradictorio- tiene una validación social que lo naturaliza y lo encubre, permitiéndose la impunidad de quienes perpetran tales atrocidades.

No se debe ver, en consecuencia, la violencia masculina contra la mujer como un asunto restringido al ámbito privado donde nadie más pueda involucrarse. Hay que catalogarla como parte de los diversos complejos procesos sociohistóricos sobre los que descansa el actual modelo civilizatorio. Mediante el patriarcado las mujeres sufren la apropiación y el control de su capacidad reproductiva; gracias al modo de producción capitalista su trabajo doméstico no es remunerado, facilitando la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo y, en el caso de trabajar en empresas, son explotadas -igual que los hombres- pero con salarios de miseria, lo que contribuye a sustentar la vigencia del capitalismo. Todo lo anterior ha servido para reforzar la posición de inferioridad social y sexual que se les adjudica a las mujeres. No es, por tanto, algo esporádico, aislado o circunstancial que sólo requiere de la aplicación de ciertas leyes y, así, sancionarse oportuna y adecuadamente a los victimarios.

Recordando a Rosa de Luxemburgo, la lucha femenina implica luchar «por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».

Sin discriminación y por referirnos al ámbito geográfico más cercano, en la actualidad las mujeres conforman actualmente una de las fuerzas sociales más importantes de nuestra América. Es un hecho comprobado. Sus acciones se han expresado contra la violencia machista, la legalización del aborto y la transformación social; dándole a las mujeres un nivel de participación y protagonismo como nunca antes en la historia. Sin embargo, aún confrontan los patrones de conducta y las prácticas culturales (donde se incluye a la religión, sea cual sea su denominación) que las hacen ver culpables de su propio martirio diario y, hasta, de sus propios asesinatos, reclamándoles -de un modo tácito o sobreentendido- el papel de subordinadas que debieran seguir. A esto habrá que agregarle la situación de desigualdad y de pobreza en que se halla un considerable porcentaje de mujeres, lo cual hace más difícil la lucha que éstas pudieran llevar a cabo por su emancipación integral, máxime cuando, a solas, son quienes sostienen sus respectivos hogares, con poco o nulo amparo del Estado.

En el caso específico de nuestra América, la lucha feminista la sostiene una gran gama de movimientos de mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y trabajadoras sexuales, entre otras, ya no únicamente centradas en lograr mayores derechos civiles y una igualdad formal ante la sociedad y el Estado sino que abarca también lo que se ha dado a conocer como perspectiva decolonial y de comunidad que entiende el cuerpo de las mujeres como un territorio en disputa, con criterios de autodeterminación. Simultáneamente, han tenido que lidiar con las maniobras por parte de gobiernos y entidades sociales que buscan cooptarlas y así lograr la despolitización y la desradicalización de sus principales objetivos emancipatorios.

La larga cadena de violencias machistas (incluyendo el acoso callejero y la presión por la que muchas mujeres se ven obligadas a seguir un patrón estético, a fin de encajar en la sociedad o lograr un empleo) debe comprenderse y confrontarse como una cuestión estructural. Ello exige una perspectiva de género.

Los objetivos de lucha de un feminismo realmente revolucionario no podrán separarse de la lucha que encabezarían las mujeres trabajadoras y pobres, sin dejar de mencionarse la lucha por su dignidad y emancipación de las mujeres indígenas y afrodescendientes; para transformarse cada una de ellas en sujetos de su propia historia.

El entramado de explotación y opresión capitalista que caracteriza al modelo civilizatorio actual no podrá combatirse ni erradicarse con un simple manifiesto de buenas intenciones o con medidas coercitivas coyunturales. La defensa o resistencia conjunta de las mujeres tendría que reflejarse entonces en evitar, primeramente, que su integridad sea amenazada por la destrucción y la desigualdad derivadas de un sistema capitalista, disciplinario, racista y xenófobo que, de una u otra manera, nos afecta a todos y todas; y, simultáneamente, contribuir de forma protagónica en la construcción de un mejor mundo posible. -

mandingarebelde@gmail.com