UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE
Es muy inquietante, cuando observamos a muchos ex prisioneros políticos, entre ellos a sus dirigentes, que se muestran muy interesados y siguiendo la discusión que se está llevando a cabo en la Comisión de DD.HH del Senado, con respecto del proyecto de ley que busca levantar el secreto de 50 años de la Comisión Valech I, para que, “el Poder Judicial pueda investigar delitos cometidos durante la dictadura militar”; sin embargo, no veo que alguien muestre inquietud, por un tema que debería ser central, en relación a la actitud que debe tener el Estado en la búsqueda de justicia, en lo que se refiere a las víctimas sobrevivientes de la prisión y tortura.
Todos los ex prisioneros políticos, y con mayor razón sus dirigentes, deberíamos hacer hincapié, en que el proyecto debe claramente establecer, que no basta, que el objetivo del proyecto sea establecer que los Tribunales de Justicia, puedan acceder a la información del Informe Valech I, como ocurre actualmente con el Informe Rettig y el Informe Valech II, sino que, el Estado debe jugar un rol activo en la búsqueda de la justicia, tal como lo establece el Derecho Internacional Humanitario.
En concordancia con este principio, el Estado debe ser activo en la persecución de los delitos de lesa humanidad, como lo es el secuestro y la tortura; por lo tanto, en relación a los antecedentes entregados a la Comisión Valech, se debe levantar el secreto y ser entregados a la justicia y el Estado debe hacerse parte, como querellante en los juicios en contra de los torturadores. Sólo de esta forma Chile estaría actuando en concordancia con la obligación que adquirió, al haber suscrito estos tratados internacionales.
El Estado de Chile, no consideró a las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura, como víctimas de un delito de lesa humanidad, como lo es la tortura, consignado por el Derecho Internacional Humanitario como el más grave, y que, obliga al Estado a no ser un actor pasivo. Si bien es importante “rescatar el rol que pueden jugar los tribunales de justicia en esta materia”, como lo plantea el Diputado Hugo Gutiérrez, es primordial la acción del Estado, poner en movimiento todos los mecanismos que tiene a su disposición, para que impere la justicia, frente a delitos tan graves y que a raíz de su falta de acción han permanecido impunes por décadas, ignorando y burlando la exigencia de justicia de las víctimas.
Cualquier proyecto que no establezca claramente la obligación del Estado y de los organismos dependientes de él, la acción, de la entrega de todos los antecedentes a la justicia, no tiene valor alguno, dado que se sigue manteniendo la impunidad. Debemos tener muy claro que el poder judicial no puede actuar por propia iniciativa, si no hay denuncia y establecer esa denuncia, es en primer lugar, obligación del Estado no de las víctimas.
Las víctimas mayoritariamente, envejecidas, empobrecidas y enfermas, sin el apoyo jurídico por parte del Estado, no están en condiciones de presentar las querellas criminales, además del hecho concreto de que ya cercano al treinta por ciento, han fallecido.
Por lo tanto, llamo a ser más reflexivos, analíticos y críticos, y a ser más responsables, informándonos y educándonos para poder ser capaces de leer la letra chica de estas iniciativas, que por su redacción y estructura, siguen amparando la impunidad.
Nelly Cárcamo V.
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
Osorno, 24 de agosto de 2017
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