Asociación por la Dignidad, los Derechos del Ser Humano y de su entorno ecológico: Ministro Presidente Corte Suprema. carta respuesta sobre Proceso Constituyente.

Valparaíso, Diciembre 2015.

Certificada/Prioritaria

Personal.

Señor

Magistrado Sergio Muñoz Gajardo

Ministro Presidente Corte Suprema/Pleno

Santiago

Ref.: Carta Respuesta a la Señora Presidenta Dra. Michelle Bachelet Jeria, Proceso Constituyente.

Estimado Señor Ministro Presidente Muñoz Gajardo:

En el Chile virtual, ante la crisis moral social y la esquizofrenia reinante en el marco de la infausta “Constitución de 1980”, impuesta por la dictadura de marras, a la que no ha escapado el Poder Judicial/Corte Suprema, por la incapacidad de la “justicia en la medida de lo posible” de impartir justicia para todos. Esto se debe, a que no existen “justos en la medida de lo posible”. En los países democráticos, donde se respeta el Estado de Derecho, el Derecho –la ciencia-, es una creación humana derivada de las necesidades sociales, un pacto tendiente a que no nos lesionamos recíprocamente.

La justicia –la suma de todas las virtudes-, es una necesidad social, y el Derecho, es la regla de la vida para la asociación política y la decisión de lo justo, en el marco de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En síntesis, derecho a ser iguales en dignidad.

En misterio y secreto de cómo se ha impartido la justicia en Chile, una liturgia en la que el Pueblo, en el mejor de los casos es un destinatario pasivo y atemorizado. Los jueces y magistrados son sacerdotes, emisarios de un orden injusto, inhumano e invisible, pero omnipresente. Árbitros de una cofradía injusta/inicua, se hacen la ilusión de participar del Poder del que emanan. Prisioneros de él, silenciosos, aislados de la comunidad, se sienten independientes, neutrales, apolíticos, cuando más desgajados del Pueblo. Usan un lenguaje misterioso y hermético, concebido no para ser entendido, sino para ser acatado. Según estos señores, no reciben órdenes de nadie, aunque, la más de las veces, se anticipan a ellas. Viven encerrados en una abstracción: El Derecho. Este es su ghetto.

Las cosas empiezan a cambiar en la vulgata capitalista salvaje globalizada de Latinoamérica, los jueces con dificultados, vacilaciones, prueban nuevas prácticas, que impongan un cambio que les parece inevitable, y que ayer les parecían imposibles: Un proceso constituyente, en Chile, para acabar con la “Infausta Constitución de 1980”, y sus amarres. Desde dentro han derribado las puertas del ghetto. Han permitido que entre un poco de aire fresco y se han dejado oír, y comienzan a ser comprendidos. Este acontecimiento se produce, en Chile, en los momentos en que el país es sacudido por escándalos de corrupción entre la odiosa plutocracia farisea sofofa, y sus testaferros, la clase politicastra. Salen a la luz pública, los escándalos del Holding Penta, Soquimich, Compañía de Acero del Pacífico, Caval, Corpesca, BancoEstado, etc. Agréguese a esta tenebrosa lista, las privatizaciones de empresas del Estado por parte de la Dictadura de marras”: Endesa, Iansa, LanChile, CTC, Entel, Laboratorios Chile, el Instituto de Seguros del Estado/ISE, etc. Pero sin lugar a dudas, el más grande escándalo de corrupción, es el que golpea a las Fuerzas Armadas, “la reserva moral de la Sofofa”, con la Ley del Cobre. Por un corto tiempo, los medios mediáticos mercuriales de (in)comunicación capitalistas globalizados, informaron a su enajenada audiencia, sobre algunos de estos escándalos de corrupción, entre la oligarquía farisea sofofa, el poder castrense y la clase politicastra. Pero de repente, silencio. La mordaza sofofa, los calló…

Proceso Constituyente por una nueva Constitución, sancionada soberanamente por el Pueblo Chileno.

Es la única alternativa para extinguir los resabios de la “Constitución de 1980”, espuria, fraudulenta, una aberración en materia jurídica, ilegítima en su aprobación y antidemocrática en sus conceptos. Por primera vez el Pueblo Chileno se dará una Constitución soberanamente sancionada por éste.

Algunos jueces y magistrados, recelosos, timoratos por el cambio de Constitución, insisten, en su proclamada voluntad de mantenerse “independientes” de toda opción política concreta, de partido. Los móviles de su acción, según ellos, son éticos. Sucede que, en una sociedad en crisis, usurpada por la corrupción, cualquier actitud ética, asume una valoración política.

A estos jueces con mala memoria, les recordamos, que la “Constitución de 1980”, portadora de los valores eternos, dios, patria y familia, fue creada para proteger el legado de la dictadura de marras, que asesinó al Presidente de Chile, Dr. Salvador Allende Gossens, y a miles de ciudadanos, a otros tantos, los desapareció, torturó, y a miles los mandó al exilio. A esto, agréguese, la infausta amnistía, decreto ley 2191, y la media prescripción que protegían y protegen a los asesinos y torturadores de la dictadura militar fascista.

Como colofón, acentuamos a estos jueces y magistrados miedosos, que la defensa de los valores de libertad y democracia, no constituyen una opción política partidista, sino un supuesto indispensable a la realización de la Justicia Plena, patrimonio de toda sociedad civilizada.

La independencia del Poder Judicial.

Señores jueces y magistrados, no basta con declarar, difundir, la independencia de los tribunales, sino concurren determinados supuestos previos. Es falsa, mitificadora y alienante, toda apelación a la independencia del Poder Judicial chileno, cuando por ejemplo, los jueces para ser nombrados miembros de la Corte Suprema, deben ser elegidos por el Poder Ejecutivo, y ratificados por el Senado, para garantizar que no llegue al Tribunal Supremo, un magistrado no fiable para los intereses del poder económico sofofo.

Revisión de los principios: Justicia y libertad.

No es la libertad, una suma de posibilidades, de libertades. Nadie es libre por el hecho, de que se “pueda” asociar, reunirse con otras personas, viajar, expresarse, sino, porque se expresa, se asocia, trabaja, se divierte, opina, según sus deseos. La persona aislada en medio de la naturaleza, sin otras contribuciones que la que ésta le impone, no posee el concepto de libertad: “Es” libre. No necesita que le reconozcan derechos, consigue los objetivos a que los derechos apuntan.

Cuando, como ha sucedido en nuestro país, durante largo tiempo, las libertades políticas han sido conculcadas, su conquista se nos presenta como un objetivo prioritario, y así, debe ser, porque las llamadas por algunos, despectivamente, “libertades formales”, forman parte substancial de la democracia, han sido históricamente, el resultado de una larga lucha de la Clase Trabajadora y de la juventud.

Justicia e igualdad.

Si el principio de la libertad favorece el predominio de quienes están en condiciones económicas de hacer prevalecer su voluntad, el principio de igualdad no corrige este desfase, sino que lo acentúa, cuando se traduce en un trato igualitario ante los tribunales, de quiénes comparecen en condiciones reales de inferioridad, respecto a las consecuencias de una aplicación indiscriminada de la norma…

La justicia en nombre del Pueblo.

Durante mucho tiempo, la Justicia ha sido administrada “En nombre de dios”, o “En nombre del Rey”. Para el pueblo, la cosa era sencilla, podía estar con la justicia, o contra la justicia, podía desentenderse de ella, puesto que no era cosa suya. Pero un día, en alguna parte del mundo, y no de modo definitivo, se decidió, o al menos se proclamó que la justicia había de administrarse “en nombre del Pueblo Soberano”. Cuando un sistema político, se supone basado en la soberanía del pueblo, expresa esta creencia en todas las acepciones de la soberanía. El Pueblo, directamente o a través de sus representantes legítimos, será la ley.

La justicia represiva: “El combate mercurial contra la delincuencia”. No es la existencia del delincuente la que delinque, sino su actitud y esta es producto de una realidad social…

Cuando se afirma que la sociedad necesita de policías y jueces que la defiendan, deberíamos entender, que no se trata de una protección frente a los delincuentes, sino que comprenden a éstos, porque esta protección consiste en el uso adecuado del Derecho, como instrumento corrector de desarmonías sociales.

Hablar del combate contra la delincuencia, sin reconocer que ella es producto de las marginaciones de grandes sectores de la población, es una hipocresía. Mujeres y hombres sin trabajos, sin educación, sin una casa digna, son impelidos, a recurrir al delito para sobrevivir. La delincuencia es un fenómeno social que se combate con trabajo digno, educación de calidad, etc.

Como colofón, queremos reiterar la importancia que tiene en la formulación de la nueva Constitución, la participación de jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Nos preocupa la actitud de sectores pragmáticos contemporizadores, renovados, social demócratas, que hasta ahora han defendido “la Constitución de 1980”, la amnistía del decreto ley 2191/1978, y la media prescripción, en aras de la paz y del progreso económico: Una posición ambigua y oportunista. Quieren cambio de forma y no de fondo. La mayoría de estos individuos, traicionaron al Presidente Allende Gossens y después del infausto golpe militar fascista, aparecieron administrando el legado de la dictadura de marras.

Para que las nuevas generaciones puedan construir el futuro sin miedo, con memoria y sin impunidad, es condición sine qua non, se dé ya, una nueva Constitución sancionada soberanamente por el Pueblo Chileno...