La
mentira es hija también de la impunidad
Juan Pablo Cárdenas S., escritor. Comunicador social y analista internacional. Semanario el SurAndino, Addhee.Ong
El engaño
perpetrado por un constituyente, que para resultar elegido hizo creer al
electorado que tenía un cáncer terminal, y hasta anduvo disfrazado de paciente
grave, es, sin duda, uno de los más severos bochornos de nuestra política.
Rodrigo Rojas Vade, además de mentir, cometió una serie de otros delitos que,
esperamos, la justicia investigue concienzudamente. Pero no sabemos si algún día
este impostor será sancionado por los Tribunales porque, como nos consta, las
causas judiciales que afectan a las autoridades corrientemente quedan impunes o
reciben sanciones muy discretas. Paralelo a este escándalo, un candidato de la
derecha pretende ahora llegar al Senado de la República después de haber sido
condenado, incluso, por fraude al fisco. Y lo más increíble es que ninguno de
los dos, descubiertas sus incompetencias y faltas de idoneidad, han renunciado
o “dado un paso al costado”, como se dice ahora. Lo que hoy observamos ha sido
continuo en toda la posdictadura. Pinochet mismo jamás debió haberse constituido
como senador y con él un alto número de parlamentarios involucrados en los más
deleznables episodios de la Dictadura cívico militar, lo que incluye a
ministros y subsecretarios del Régimen Militar, altos funcionarios públicos y
empresarios que se enriquecieron ilícitamente durante el período en que los
chilenos estuvimos interdictos respecto de nuestros derechos cívicos.
Mucho antes de
los despropósitos de este constituyente y militante de la llamada Lista del
Pueblo hubo muchos que asumieron el disfraz de demócratas especialmente promovidos
por los partidos de derecha, pero con el asentimiento cómplice de las
organizaciones políticas que formaron parte de los regímenes de la Concertación
y de la Nueva Mayoría. Ya en el mundo causó mucha extrañeza que el primer
presidente de la República después del dictador de marras haya sido uno de los
principales promotores del Golpe de Estado de 1973 y, por largo tiempo, un
férreo defensor de la legitimidad del cruento golpe de Estado.
A la Moneda y a
los distintos poderes del Estado han llegado muchos personajes corruptos o al
menos cómplices de las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos, además
de ejecutores de una política económica criminal que dio origen a la más
pavorosa concentración de la riqueza, la desnacionalización de nuestros
recursos naturales y, como corolario, la más aguda inequidad social de toda
nuestra historia republicana. Todo esto dio existencia, por lo demás, a la
clase política, casta integrada por dirigentes y partidos de todo el espectro
ideológico representado en el actual Poder Legislativo. Es decir, desde la
extrema derecha hasta la izquierda más radical. Aunque en estos últimos meses
estén destacando figuras que están más allá del perímetro que abarca a todos
los gobernantes.
Muchos de los
cuales también quisieran integrarse a esta clase o casta y ¡vaya que hacen
méritos para ser aceptados por esta al comprobar que pueden ser tan corruptos e
impostores como aquellos! Si consideramos el episodio de Rojas Vade y la forma
en los numerosos militantes de la Lista del Pueblo en menos de dos meses se
desafilian de esta entidad e intentan formar o integrarse a otros referentes.
Lo mismo ha
ocurrido en la derecha con las postulaciones al nuevo Parlamento de varias
figuras que antes se situaron en Renovación Nacional y la UDI y que ahora
buscan acomodo en otras expresiones que hoy les puedan aportar más votos que
los alicaídos partidos digitados todavía por Sebastián Piñera Echeñique. Deserciones que también han sido habituales en
la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia y
dentro de la montonera cantidad de referentes de la Izquierda Unida, primero,
y, después, Frente Amplio y Apruebo Dignidad.
El Servicio
Electoral desgraciadamente solo tiene atribuciones para dejar fuera de las
cartillas de postulantes a quienes incurran en errores u omisiones de procedimiento,
dejando en evidencia, de paso, la falta de rigurosidad y pulcritud de los
partidos para encarar las mínimas exigencias electorales bajo las leyes que estos
mismos han aprobado.
Desgraciadamente
no tenemos en nuestra institucionalidad algo así como un Tribunal de Honor que
tenga facultades para impugnar a los que por su trayectoria política debieran
quedar de por vida ausentes de las prácticas y contiendas democráticas, sobre
todo si no han cumplido sentencia alguna de parte de los jueces, muchos de los
cuales también destacan por su falta de probidad.
Se supone que
los partidos políticos tienen tribunales de disciplina y de honor para evaluar
la solvencia ideológica y ética de sus militantes y candidatos. Sin embargo,
estas instancias están desahuciadas de hecho donde reina el caciquismo y se
imponen los parentescos y el dinero que sean capaces de aportar de su propio peculio,
de los favores que le hacen al gran empresariado chileno, como de su fluida
relación con gobiernos y partidos extranjeros.
Todos los vicios
que se descubren a diario dan cuenta de la complicidad mutua que existe dentro
de la clase política para tolerarlos, lo cual implica la pérdida del perfil
ideológico, doctrinario y programático de los partidos. Y, de allí, el
encantamiento tan amplio con las políticas neoliberales, como el rápido y
solapado acuerdo parlamentario para imponer trampas a la Convención
Constituyente, las cuales ya empiezan a exteriorizarse.
Muchas dudas nos
quedan respecto de las posibilidades que tengan los constituyentes para arribar
a una nueva Constitución y que esta llegue a ser refrendada por el pueblo. Ya
sabemos que el pinochetismo seguirá velando para que se renueven los preceptos
de la Constitución de 1980, buscando alianzas con otros sectores del centrismo
político. Pero lo que sí hay que reconocer es que los tropiezos de la
Convención, hasta aquí, han sido provocados fundamentalmente por el desorden,
falta de unidad y solvencia ética de los sectores de la izquierda y de los
movimientos sociales que fueron encomendados para proponernos una nueva Carta
Magna.
Lo subrayado/
interpolado es nuestro
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