Los políticos siguen “dando la hora”, y de verdad que uno ratifica la idea de que cuando uno de ellos acepta un puesto en el Estado, sin tener las competencias ni la vocación real de servicio público (no solo la que declaran tener), este acto se constituye en el primer eslabón de una larga cadena de corrupción. Y ello porque toman decisiones sin contar con los elementos que permitan establecer juicios claros.
De muestra un botón: hablando de vocación de servicio público y compromiso con sus electores, el papelón mayor lo da el presidente de la Democracia Cristiana que se fue a ver el Mundial de Rugby a Inglaterra, mientras que sus electores están con la mierda hasta el cuello producto del terremoto y el tsunami que afectó particularmente a la Cuarta Región.
Las consecuencias de este desastre natural también afectaron nuestra región. Los problemas producidos no fueron menores; varios de ellos corregibles con poco dinero e ingenio. Principalmente, las dificultades se focalizaron en la evacuación de varias edificaciones de uso público con alta concentración humana. Me refiero a los centros comerciales y los malls.
En Viña del Mar, el gran “aporte” de los malls a la emergencia fue avisar que había alerta de tsunami y que había que evacuar, lo que naturalmente generó caos que se vio potenciado por el terror que provocaban las incesantes alertas de los teléfonos móviles que sonaban cada cinco minutos. Se suma a lo anterior el hecho que los estacionamiento de estos centros comerciales en promedio evacuaron en más de 60 minutos y que al salir a la vías de escape viales, los automovilistas se encontraron con que los semáforos no funcionaban y las calles no soportaban el alto flujo vehicular. Para resumir, si la inundación que afectó a la Región de Coquimbo hubiese sido en la Región de Valparaíso, las victimas serian miles.
Lo que no queda claro a la luz de los acontecimientos es cómo los Consejeros Regionales (CORES), el cuerpo colegiado que tiene a cargo la modificación de los planos reguladores intercomunales y comunales -en particular el de la Región de Valparaíso- se eliminó el artículo 53 del PIV que disponía que en el Área Intercomunal de Valparaíso, los interesados deberán presentar Informe de Riesgos al solicitar permiso cuando las construcciones se emplacen adyacentes a ríos, esteros, embalses y/o en el borde del litoral, permitiendo así la construcción de obras de carga mayor y de usos público, precisamente después del desastroso 27 de febrero de 2010.
¿Cuántos CORES sabrán que existe un plano de áreas de riesgo de tsunami para la Región de Valparaíso hecho por el SHOA y reiteradamente discutido en tribunales a propósito de los proyectos Punta Piqueros y Mall Barón? Lo mismo la ONEMI, particularmente en lo relacionado a las vías de evacuación de la comuna de Valparaíso que determinó la mayoría de las vías de escape precisamente por encima de los cauces, considerando que éstos serán los primeros en recibir la carga de agua del océano y que, por lo tanto, excederán su capacidad provocando que las esclusas revienten y el agua se devuelva hacia el mar, como lo explican las crónicas del maremoto de 1730.
Los funcionarios públicos que aprobaron y también aquellos que aceptaron la modificación son potenciales asesinos – por ignorancia- al igual que los jueces que no han tomado en cuenta que estos eventos (maremotos o tsunami) se desarrollan cada 300 años y que estamos justo en la fecha en que podrían generarse, como ya ha estado sucediendo.
No quiero ser mal pensado, voy a pensar que es por ignorancia. Quiero sinceramente creer que la mediocridad podría justificar tan irresponsable acto, pero me resisto y mi íntima certeza es que a estos funcionarios pagados por todos los chilenos les interesa un carajo tanto la vida de la gente que los elige como la sostenibilidad y el crecimiento armónico de la ciudad y de la región.
Al final, son iguales al Senador Jorge Pizarro. ¿Será característica común de la clase política? ¿O rasgo distintivo de algunos elegidos? El tiempo dirá.
Jorge Bustos B.
Presidente ADDHEE.ONG/CONGEMAR
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