Dos años de genocidio: ¿Qué hicieron (y que no) los progresismos del patio trasero latinoamericano/yanqui para frenarlo?
Por Leticia Garziglia/ periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:
Los gobiernos de América Latina están incumpliendo con la
ley internacional al no emitir sanciones contra el estado de Israel.
A estas alturas, la discusión sobre si lo que Israel está
haciendo en Gaza es un genocidio, ya quedó vetusta. Por si todavía hay alguien
con dudas, un breve repaso de algunas de las resoluciones y fallos de las
cortes y organismos internacionales nunca está de más.
El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) determinó que Israel estaba cometiendo “de manera plausible” un genocidio
contra el Pueblo Palestino en Gaza y emitió medidas vinculantes para los
Estados, que tienen la obligación de prevenir el genocidio y castigar a quienes
sean responsables y cómplices.
El 29 de julio de ese mismo año, la misma Corte determinó
que la ocupación militar de Israel en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén
Este, es ilegal, constituye apartheid y debe terminar. A la vez, afirmó la
obligación legal de todos los Estados de poner fin a la complicidad con la
ocupación ilegal de Israel y sus graves violaciones de derechos humanos, y de
actuar para garantizar el respeto del Derecho Internacional, que incluye el
derecho del Pueblo Palestino a la autodeterminación y al retorno.
El 18 de septiembre, también de 2024, la Asamblea General de
la ONU aprobó una resolución, con una mayoría abrumadora, que adoptó la Opinión
Consultiva de la CIJ de julio de 2024 y llamó a los Estados a imponer sanciones
a Israel y a poner fin a la ocupación israelí en los doce meses siguientes. El
18 de septiembre de este año, Israel se ratificó, una vez más, como un Estado
totalmente fuera de la ley.
El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional
(CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin
Netanyahu y el entonces ministro de guerra Yoav Gallant, por crímenes de guerra
y crímenes de lesa humanidad. Esto ha reforzado aún más la obligación de los
Estados de actuar conforme a sus responsabilidades.
Finalmente, el 16 de septiembre 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este, e Israel concluyó oficialmente que Israel está cometiendo genocidio contra el Pueblo Palestino y llamó a los Estados a imponer sanciones.
Ahora, ¿qué hicieron los Estados, y más concretamente los
gobiernos progresistas del patio trasero latinoamericano/yanqui para
cumplir con sus obligaciones según el Derecho Internacional? Alerta spoiler: la mayoría de los Estados
están fuera de la ley.
El único gobierno en Latinoamérica que actuó de manera
concreta fue el de Colombia: Gustavo Petro fue de los primeros que condenó lo
que estaba haciendo Israel, con la complicidad del Norte Global. Cortó
relaciones diplomáticas con Israel, prohibió la exportación de armas y nuevos
contratos militares, decretó un embargo energético sin excepciones a Israel, es
decir, dejó de venderle el carbón que abastecía la maquinaria genocida. Además,
la semana pasada anunció la suspensión del Tratado de Libre Comercio con
Israel.
Ya en agosto de 2024 había decretado el fin de este tipo las
exportaciones de carbón pero con algunas excepciones, que fueron utilizadas
especialmente por la empresa estadounidense Drummond para seguir vendiendo.
Ahora la prohibición es total. Antes de esa prohibición parcial, el carbón
colombiano representaba más del 50% de las importaciones de carbón de Israel.
El nuevo decreto confirmó que las medidas anteriores redujeron las exportaciones
solo en un 39%. Colombia siguió siendo su mayor proveedor, con más de un millón
de toneladas. La nueva regulación eliminó esas excepciones y suspendió todas
las exportaciones de carbón térmico hasta que Israel cumpla plenamente con las
medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en
el caso de genocidio presentado por Sudáfrica.
Estos son ejemplos de sanciones legales y específicas
exigidas por el Movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) que los
Estados pueden y deben aplicar, según lo ya dictaminado por la CIJ y para
cumplir con sus obligaciones internacionales provenientes del Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(1965).
Hay otros gobiernos de tinte progresista que se han
expresado y anunciado medidas respondiendo a la presión popular pero que aún no
las han implementado.
El gobierno de Chile anunció que impulsará una ley contra las
importaciones de asentamientos ilegales israelíes que está siendo negociada en
el Parlamento desde hace algunos años. También llamó a consultas a su embajador
en Israel, retiró sus agregados militares de su embajada en Tel Aviv y su
ministra de Defensa anunció que el país no iba firmar ninguna adquisición más
de armas o equipamiento militar a Israel.
“Antisemitismo no es lo mismo antisionismo”...
Con respecto a Brasil, Lula fue uno de los primeros en
hablar de “genocidio”. No nombró un nuevo embajador de Israel en el país y se
retiró de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por
sus siglas en inglés), ante su presión para instrumentalizar el antisemitismo.
La definición de antisemitismo de esta organización (que permite equipararlo
con el antisionismo o cualquier crítica al Estado de Israel) es la que está
siendo usada por los distintos fallos en Argentina para perseguir, procesar y
criminalizar a quienes se han expresado públicamente condenando el genocidio,
como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.
También se supo que este año Brasil no vendió petróleo en
bruto a Israel y redujo considerablemente la exportación de sus derivados, pero
no hay aún una medida jurídica que lo prohíba todavía. Las organizaciones
sociales siguen en campaña para exigir un decreto que prohíba formalmente las
exportaciones directas e indirectas. Además, el canciller de Brasil, Mauro
Vieira, anunció que se estaban analizando medidas para imponer un embargo para
la exportación de material militar, revisar el Tratado de Libre Comercio y
controlar la importación de productos de los asentamientos israelíes ilegales,
aunque estos anuncios aún no se efectivizaron. En este mismo momento hay un barco con acero brasileño destinado a las
Industrias Militares Israelíes que salió desde los puertos de Brasil hace tres
semanas y va a abastecer la producción de municiones.
Por su parte, los gobiernos de México y Uruguay aún no han
tomado ninguna medida contundente que empiece a reducir a las complicidades de
Estados y empresas con el genocidio de Israel.
El ex gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou había aprobado
la apertura de una Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en
Jerusalén, en articulación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, para la cual
transfirió USD 130 mil. La oficina abrió a fines de 2024 en pleno genocidio
televisado en vivo, con creciente oposición de organizaciones sociales y
sectores cercanos al Frente Amplio, que hoy gobierna con Yamandú Orsi. El
actual gobierno informó que el proyecto está en pausa “por la situación que se
está dando en Medio Oriente»; sin embargo, no se ha confirmado el cierre
completo de dicha oficina y tampoco se ha expresado el nuevo gobierno por la
aplicación de sanciones, como podrían ser la revisión del Tratado de Libre
Comercio (Israel-Mercosur) y un embargo militar integral y bilateral.
Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum,
pidió recientemente el cese de la agresión a la población civil, admitió que se
trata de un genocidio y afirmó que México reconoce al Estado palestino, a la
vez que evitó la condena directa al Estado de Israel y no anunció ningún tipo
de sanciones o medidas que tomará para frenar el genocidio.
Durante el último año y 9 meses, algunos países de la región
se sumaron a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la CIJ por
genocidio: Colombia, México, Chile, Bolivia, Cuba, Belice y Brasil.
Y varios países de la región, Bolivia, Cuba, Colombia y
Honduras, han decidido ser parte del Grupo de La Haya, creado en enero de este
año con el fin de lograr la aplicación de medidas legales y diplomáticas
coordinadas en defensa del Derecho Internacional, los fallos de la Corte
Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, para lograr sanciones
y rendición de cuentas.
La manera más efectiva y que tiene consenso en la sociedad
civil palestina para terminar con el régimen de apartheid, ocupación ilegal y
genocidio de Israel contra el Pueblo Palestino, es cortar con la complicidad de
empresas y Estados que abastecen y financian la maquinaria genocida. Y para
eso, los Estados deben cumplir con el Derecho Internacional e imponer sanciones
de manera inmediata.
La realidad está cambiando, estamos en un punto de inflexión
en el que cada acción puede servir como catalizador de una transformación más
grande. Hay que seguir presionando hasta que pare el genocidio, se desmantele
el régimen de apartheid y se cumplan los plenos derechos del Pueblo Palestino,
incluido el derecho al retorno y a recibir reparaciones. La Humanidad se nos va con Gaza.
Colombia
califica de amenaza presencia militar de EE.UU. en el Caribe
La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio,
en Roma, cuestiona el uso de la fuerza militar de Estados Unidos en el Caribe y
defiende una lucha contra las drogas centrada en la vida.
Desde Roma, donde asiste a un foro entre Italia y América
Latina, la jefa de la diplomacia colombiana, Rosa Villavicencio, se refirió a
las acciones de la Marina estadounidense, que recientemente hundió otra lancha
en aguas internacionales cerca de Venezuela, supuestamente vinculadas al
narcotráfico.
La Ministra fue categórica al afirmar que «la presencia militar en aguas del Caribe
amenaza a los países de la región» y desestimó la táctica bélica de
Washington para combatir el narcotráfico. «Siempre se ha incautado y siempre se
ha detenido a estas personas sin necesidad de asesinarlas. Han sido
extraditadas y juzgadas», sostuvo la ministra, al recordar que por lo general
se trata de jóvenes pobres del Caribe y no terroristas quienes tripulan estas
lanchas.
Villavicencio subrayó que estas acciones se enmarcan en una
política exterior que su país no comparte. «Hemos
defendido y defendemos la multilateralidad, cosa que no ha hecho Estados
Unidos, que ha tomado medidas unilaterales y eso ha llevado a que se tensionen
mucho las relaciones», recalcó.
La Canciller colombiana aprovechó la tribuna para reafirmar
la postura de su nación a favor de la multilateralidad y el diálogo, incluso
tendiendo la mano a Estados Unidos pese a los desencuentros recientes. Sin
embargo, criticó que el Gobierno de Donald Trump haya tomado medidas
«unilaterales» que han «tensionado mucho las relaciones». Esta tensión se
manifestó en acciones como la revocatoria de la visa del presidente Petro, a lo
que la Ministra respondió renunciando a su propia visa en «solidaridad».
Otro punto de profundo desencuentro con Washington es la
postura sobre el conflicto en Gaza. La Ministra Villavicencio denunció la
situación en la Franja, sumándose a los llamados para un alto al fuego
inmediato y el cese de la violencia que impide la entrada de ayuda humanitaria,
y aseveró que las negociaciones en curso son positivas para «que pueda acabar
el genocidio» que sufre la población.
Bajo este panorama de fricciones con Washington, la jefa de
Exteriores enfatizó la necesidad de diversificar los lazos comerciales y
políticos, enfocando una especial atención en la Unión Europea y en particular,
Italia. Subrayó que tanto Europa como Colombia están «afectadas por la política
de Estados Unidos» y que las alianzas estratégicas futuras deben darse por
otros caminos, como un acuerdo comercial entre Colombia, Mercosur y el bloque
europeo.
Asimismo, la visión de Colombia sobre la lucha contra las
drogas fue un eje central en su visita a Roma. Medios reconocen el giro de la
administración Petro hacia un enfoque basado en la salud pública y los derechos
humanos. La Ministra destacó la «resignificación» de la planta de coca y su rol
cultural, buscando desestigmatizarla, y confirmó que la cooperación militar se
mantiene solo en términos de asistencia técnica y coordinación, pero no de
sanciones económicas o aranceles a los productos colombianos.
«El mayor veneno no está en el Caribe, sino en el fentanilo,
una droga industrial que se produce y se consume en Estados Unidos», citó la
Canciller, remarcando la necesidad de que los Gobiernos reconozcan la raíz del
problema. El presidente Petro es enfático en su llamado a construir una
relación continental de respeto y cooperación, asegurando: «El patio trasero latinoamericano/Amerika va desde Alaska hasta
la Patagonia. No la dividamos con violencia. Podemos encontrarnos en la vida,
no en la muerte».
Lo
subryado/interpolado es nuestro
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