La Haya: justicia para débiles, impunidad para poderosos: lo preciso el filosofo Trasimaco, siglo V a. Cristo, “Lo justo es siempre lo que le conviene a los poderosos” …

Prolegómeno:

¡Basta ya de los eufemismos, libertad, democracia, igualdad y justicia, han sido hasta hoy una ficción/espejismo como todas las abstracciones que pueblan la fantasía de los ilusos, enajenados o forman el capital de los mendaces mercachifles plutócratas oligarcas dueños de la celestina universal/ el dólar, con su feudalismo tecnológico de la era digital profundizando la transmutación del individuo en un guarismo orwelliano!…

Estos eufemismos antes señalados constituirán la base de la teoría de  “ los demonios deterministas la izquierda y la derecha ”impuesta” por la asamblea  conservadora nacional francesa: - los leales a la monarquía absolutista sibarita, feudal, clerical , la derecha exigían que el rey conservara el poder y el derecho al veto sobre toda ley para detener cualquier avance del Movimiento Revolucionario Nacional del Pueblo Francés nacido de la lucha  de sus  vanguardias la Clase Trabajadora y la Juventud por la libertad, la igualdad social,  la fraternidad y la realización de la Cuestión social. Esta última concierne a la oportuna regularización del trabajo y de las condiciones   de los trabajadores   sin resolver hasta nuestros días…

- Habiendo ganado la izquierda de los revolucionarios que exigían un cambio radical, es decir, la República, con una votación de 673  frente a los 325  conservadores que  sepultaba la monarquía  y el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta ejecutados  en la guillotina , mientras el Pueblo parisino celebraba su triunfo, la derecha conservadora manipulaba a la minoría burguesa/liberal, al grito: ¡Quieren progreso, libertad, viva el liberalismo, protejan la libre iniciativa, dejar hacer, dejar pasar/Laisser Faire, laisser paisser! …

¡Inaudito!, la burguesía/liberal   testaferra de la clase   financiera/bancaria, agrícola/feudal, sostenedora/sustentadora del régimen monárquico absolutista sibarita fue vencedora transformando la asamblea legislativa   nacional progresista en un ente reaccionario que aplicará el orden económico con un programa individualista y atomístico. Toda sombra de concepción orgánica de la vida social, desaparece. En nombre del individualismo a outrance la asamblea constituyente reaccionaria con fecha 14/6/1791, prohíbe el establecimiento de toda y de cualquiera asociación de trabajadores.... el resto de la historia es muy conocida, la incapacidad de la burguesía/liberal para gobernar obliga a la derecha a recurrir al golpe de Estado con Napoleón Bonaparte…

1945, fin de la maldita segunda guerra mundial, los ganadores por el occidente, -Estados Unidos y la Unión Soviética asumieron la aplicación a raja tabla la teoría de los demonios deterministas de derecha e izquierda para regir sus zonas de la influencia mundial. Preciso, que la teoría de los demonios deterministas tiene como base el sistema filosófico que subordina la voluntad humana a otra política/ideológica, religiosa o militar, negándole su derecho a pensar y su libre albedrío, masificándola, para finalmente transmutarla en un guarismo orwelliano…

En la Unión Soviética se aplicará el sistema estalinista determinista, el partido piensa, el partido decide y la masa acata…

En el sistema capitalista determinista globalizado que impusieron desde el Club Bildenberg los mercachifles plutócratas oligarcas estadounidenses dueños de la celestina universal/el dólar, desde su arcadia de la felicidad, Estados Unidos, se concluye, “que la libertad, la democracia y la justicia deben ser deseables, aunque sólo una minoría obtenga ventajas de ellas …

Espero que se haya entendido y quedado claro en mi conferencia, que en el sistema capitalista determinista globalizado, la riqueza de una minoría de privilegiados, sibaritas, degenerados, dueños de la celestina universal/el dólar, el 1% se impone  en detrimento, explotación y enajenación de la esclavitud del género humano… Al genial maestro de la Clase Trabajadora Dr. Karl Marx nadie le ha escuchado y escucha hasta nuestros días “que bajo el sistema capitalista nos hay destino viable para la humanidad” …

La impunidad de los demonios deterministas del capitalismo determinista globalizado no es eterna porque existe la Justicia Plena…

-   La Justicia Plena consiste en dar a cada cual lo suyo, es decir, lo justo. No es   inmanente ni absoluta, está en el devenir incesante en función de la moralidad social, Por esto es una necesidad social, porque el Derecho- la ciencia-, es la regla de la vida para la asociación política y la decisión de lo justo. Es el equilibrio entre la moral y el Derecho. Los intereses creados obstruyen la justicia. La apersona justa, es una persona honesta que rehúye toda complicidad con el mal…

-       Como colofón, asumo la Democracia en la medida que ella exista en el marco de una Libertad creadora y una Justicia Plena por y para el Pueblo soberano… Con una Paz fundada en la Justicia Social.

“Cuando la ignorancia y la prepotencia de los mercanchifles dueños de la celestina universal /el dólar, la oligarquía empresarial plutócrata farisea capitalista determinista pretende convertirlas en Derecho, la idea, el desafío de cambiar el mundo no es una locura ni una utopía, sino Justicia Plena” …

Todo está dicho, pero cuando nadie hace caso, hay que volver a repetirlo, “Luz, más Luz, sólo merecen la Libertad, la Democracia y la Justicia Plena, quienes cada día las conquistan “…

Prof. Moreno Peralta/ IWA

Secretario ejecutivo Addhee.Ong

Berlín 30/9/2000

Reflexiona Juan Alberto Sánchez Marín/dXmedio, escritor, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:

En La Haya: justicia para débiles es la norma. La impunidad para poderosos, también. Análisis crítico del doble rasero internacional.

A 28 años de la adopción del Estatuto de Roma, el balance de la justicia internacional es controvertido. La Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, aunque con naturalezas jurídicas distintas, comparten un mismo vector de poder: el doble rasero. Mientras los líderes africanos y del Sur Global han sido el blanco habitual de sus investigaciones, Estados Unidos e Inglaterra han blindado su propia impunidad mediante vetos, leyes de excepción y sanciones. Este artículo examina los mecanismos de ese desequilibrio y la creciente rebelión legal desde la periferia…

El doble rasero de La Haya: justicia para débiles, impunidad para poderosos

Cuando se habla de La Haya, la justicia para débiles y la impunidad para poderosos son dos caras de una misma moneda. Dos referentes aparecen con frecuencia: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque comparten sede y cierto prestigio mediático, sus naturalezas jurídicas y funciones son muy distintas.

Lo que ambas tienen en común es que han operado, en los hechos, lejos de los ideales de universalidad e imparcialidad que proclaman. Han operado como engranajes de un sistema internacional asimétrico, en el que las potencias occidentales han utilizado el Derecho Internacional según sus propios intereses, mientras mantienen una impunidad estructural sobre sus acciones.

Tanto la CIJ como la CPI, lejos de ser instrumentos de justicia global, han sido utilizadas como mecanismos de presión y disciplinamiento sobre el Sur Global, perpetuando dinámicas neocoloniales. No obstante, el escenario geopolítico actual, marcado por el ascenso de potencias revisionistas y una «rebelión legal» desde la periferia, está desafiando esta arquitectura, revelando sus contradicciones y abriendo posibilidades para su transformación.

El «lawfare» global y la ilusión de la justicia universal

En 2026 se cumplen 28 años de la adopción del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Las conmemoraciones oficiales suelen exaltar este hito como un avance civilizatorio, pero el balance de las tres décadas es, como mínimo, controvertido.

Desde el fin de la Guerra Fría, las potencias occidentales promueven un «orden basado en reglas» que, en teoría, debe regir las relaciones internacionales. En la cima de ese orden se encuentran la CIJ y la CPI, presentadas por los grandes medios como garantes de la justicia global. 

Pero un examen más detenido revela que dichas reglas no se aplican de manera simétrica: mientras los líderes del Sur Global son procesados con relativa facilidad, los responsables de crímenes de guerra en Estados Unidos, Reino Unido o sus aliados estratégicos rara vez enfrentan consecuencias jurídicas.

En la actualidad, el mundo atraviesa un escenario geopolítico inédito. Países del Sur Global han comenzado a recurrir a los tribunales de La Haya para exigir rendición de cuentas a las potencias occidentales, en especial por su papel en conflictos como Gaza. Sin embargo, este legítimo intento de democratizar la justicia internacional choca con un diseño institucional que, desde su origen, incluyó mecanismos para proteger a los poderosos.

Génesis y diseño de la CPI: entre la universalidad y el control

Para comprender la naturaleza de la CPI, conviene analizar el contexto de su creación. El Estatuto de Roma de 1998 fue producto de un momento histórico concreto: la década posterior a la caída de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos y sus aliados europeos gozaban de una hegemonía sin precedentes.

No es coincidencia que los principales impulsores del tribunal estuvieran vinculados a círculos liberales de la administración Clinton y a élites europeas que veían en la CPI un instrumento para institucionalizar un nuevo orden internacional, bajo el manto de la «intervención humanitaria» y los derechos humanos.

Desde esta perspectiva, la CPI exigía a los Estados firmantes una cesión de soberanía jurisdiccional: transferir a un tribunal supranacional la capacidad de juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. En teoría, la cesión era universal. El diseño del Estatuto de Roma incluyó cláusulas y mecanismos que garantizaban que las potencias occidentales pudieran evadir su jurisdicción o controlar sus decisiones.

El propio Estatuto establece que la CPI solo puede juzgar a nacionales de Estados parte o por crímenes cometidos en territorio de Estados parte, salvo indicación del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Este último punto es clave, ya que permite a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (entre ellos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia) utilizar su poder de veto para bloquear cualquier remisión o decisión que pueda afectarles. Así, la CPI no es un tribunal universal en sentido estricto, sino un organismo de jurisdicción restringida y fuertemente politizado.

A diferencia de la CIJ, que es un órgano estatutario de las Naciones Unidas con un estatus jurídico indiscutible, la CPI sigue siendo una estructura cuasi-institucional. No es un órgano de la ONU, aunque coopera con ella. 

Su estatus en el derecho internacional público sigue siendo objeto de controversia, especialmente frente a Estados no firmantes como Estados Unidos, China, Rusia, India, Israel o Turquía. Esta precariedad no es casual, sino un rasgo de diseño: permite a las potencias occidentales invocar la ‘jurisdicción universal’ de la Corte cuando les conviene, pero desconocerla cuando se vuelve incómoda.

La excepción angloamericana y la institucionalización de la impunidad

Un principio básico del derecho comparado sostiene que la verdadera naturaleza de un sistema de justicia se revela en cómo trata a los poderosos, no a los débiles. En el caso de la CPI, el doble rasero no es un accidente, sino una característica estructural.

El caso británico: La posición del Reino Unido ha sido particularmente reveladora. En 1998, el entonces Secretario de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, declaró públicamente: «Si me permiten decirlo, este no es un tribunal creado para llevar ante la justicia a los primeros ministros del Reino Unido o a los presidentes de Estados Unidos». 

Esta afirmación, lejos de ser un desliz, reflejaba la convicción de que la CPI era un instrumento para juzgar a «otros», no a los miembros del núcleo occidental. El Reino Unido ratificó el Estatuto en 2001, pero lo hizo con legislación de implementación que limita la cooperación con la Corte y garantiza que ningún ciudadano británico pueda ser entregado sin el consentimiento del gobierno.

El caso estadounidense: La postura de Estados Unidos ha sido aún más explícita. La administración Clinton firmó el Estatuto en 2000, pero dos años después, bajo el gobierno de George W. Bush, Washington retiró su firma. La razón era clara: el nuevo siglo estaría marcado por intervenciones militares unilaterales (Afganistán, Irak, y más tarde Libia y Siria), y someter a sus tropas y líderes políticos al escrutinio de La Haya era políticamente inaceptable.

En 2002, el Congreso estadounidense aprobó la American Service-Members’ Protection Act (ASPA), conocida coloquialmente como la «Ley de Invasión de La Haya». La ley prohíbe a cualquier agencia del gobierno estadounidense cooperar con la CPI y autoriza al presidente a utilizar «todos los medios necesarios y apropiados», incluyendo la fuerza militar, para liberar a cualquier ciudadano estadounidense o de países aliados detenido por orden de la Corte. 

La ASPA nunca se ha aplicado, pero su mera existencia constituye una amenaza explícita a la autoridad del tribunal y evidencia la excepcionalidad que Estados Unidos se atribuye en el sistema internacional.

La CIJ: el atrapamiento institucional y el veto. ¡La trampa!

Es indispensable distinguir entre la CPI y la CIJ para descifrar el entramado de la justicia internacional. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Su estatus jurídico deriva directamente de la Carta de la ONU y tiene competencia para dirimir disputas entre Estados y emitir opiniones consultivas. Su legitimidad formal es, por tanto, mayor que la de la CPI.

Sin embargo, su diseño incluye una trampa estructural. Cuando un Estado se niega a cumplir un fallo de la CIJ, la única vía para hacerlo efectivo es recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China (los cinco miembros permanentes) pueden vetar cualquier medida coercitiva. 

Las potencias de la OTAN han hecho un uso de conveniencia del mecanismo. Estos Estados han construido su legitimidad internacional sobre la pretensión de encarnar y hacer cumplir un “orden basado en reglas” universal e imparcial. Es la brecha entre el discurso y la praxis —no el mero hecho de disponer de un veto— donde reside el doble rasero.

El caso más emblemático es el fallo de 1986 en el caso Nicaragua contra Estados Unidos. La CIJ condenó a Washington por violar el derecho internacional al apoyar a los grupos paramilitares Contras y minar los puertos nicaragüenses, ordenando el pago de reparaciones. 

Estados Unidos desconoció la jurisdicción de la Corte, bloqueó la aplicación del fallo en el Consejo de Seguridad y jamás pagó las indemnizaciones. Este precedente demuestra que la CIJ, más allá de su alta legitimidad teórica, opera dentro de los límites que el poder duro de Estados Unidos e Inglaterra le permite.

La CIJ se presenta como un foro de igualdad formal; en la práctica, solo puede arbitrar disputas periféricas y se vuelve inoperante cuando afecta los intereses estratégicos del bloque anglosajón.

Geopolítica, neocolonialismo y el poder del Norte Global

La utilidad geopolítica de estos tribunales radica en su capacidad para extender la influencia política de Washington y Londres, ejerciendo presión coercitiva sobre terceros países.

Durante sus primeras dos décadas, la CPI centró la abrumadora mayoría de sus investigaciones y órdenes de arresto en líderes africanos y de otras naciones del Sur Global. Esta focalización motivó a la Unión Africana a denunciar en 2013 que la Corte se había convertido en una institución de «caza de razas» y un instrumento neo-imperial.

Defensores de la Corte replican que buena parte de esas causas —cuatro de las ocho situaciones investigadas en África— fueron remitidas por los propios gobiernos africanos, no impuestas desde fuera.

El argumento es formalmente correcto, pero no resuelve la asimetría de fondo: explica cómo llegaron esos casos al expediente de la Corte, no por qué, en casi tres décadas, ningún mecanismo —remisión del Consejo de Seguridad, jurisdicción proprio motu o presión diplomática— ha logrado sentar en el banquillo a un responsable occidental.

La autorreferencia africana muestra, en todo caso, que los propios gobiernos del Sur Global han sabido instrumentalizar la CPI contra sus rivales internos; no que el tribunal haya perseguido con el mismo celo a las potencias que diseñaron su andamiaje.

Este patrón, a primera vista, ha comenzado a modificarse. La CPI abrió en 2020 una investigación sobre Afganistán que incluía a personal militar de Estados Unidos y la OTAN, pero la Fiscalía despriorizó esa línea de investigación para concentrarse en los talibanes y el Estado Islámico, una decisión que varias ONG de derechos humanos cuestionaron como una cesión a la presión de Washington.

Más recientemente, en mayo de 2024, el fiscal Karim Khan solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

Pero lejos de indicar un giro estructural, tales acciones han provocado la reacción más feroz del bloque hegemónico. Desde febrero de 2025, Estados Unidos impuso sanciones ejecutivas contra la CPI y su fiscal jefe, ampliadas después a más jueces del tribunal.

Lo que estos episodios revelan no es un cambio de patrón, sino su confirmación: cuando la Corte intenta tocar a los poderosos o a sus aliados, el sistema de poder occidental activa sus mecanismos de disuasión y castigo. La CPI puede actuar, pero solo mientras no traspase las líneas rojas del imperio.

Una objeción recurrente ante esta crítica es que parece coincidir con los ataques que Trump o Netanyahu han dirigido contra la Corte. Pero la diferencia es abismal. Ellos atacan la CPI porque les resulta incómoda; su objetivo es debilitarla o destruirla para preservar su propia impunidad. La crítica que aquí se plantea es exactamente la contraria: no se pide que la CPI deje de actuar, sino que actúe con ecuanimidad.

El problema no es que la CPI juzgue a individuos como Netanyahu; el problema es que nunca ha juzgado a Bush, a Blair o a los responsables de Irak. No se trata de matar al mensajero, sino de exigir que entregue el mensaje a todos por igual.

El orden jurídico internacional sirve a los intereses de los Estados del Norte Global —la minoría de países que concentra la riqueza y el poder mundial— (las élites de Norteamérica y Europa occidental). Su función es legitimar sanciones económicas, bloqueos y guerras híbridas bajo el eufemismo de «legalidad internacional» y «defensa de los derechos humanos», mientras criminaliza a quienes, desde el Sur Global, buscan soberanía sobre sus recursos naturales o políticas de desarrollo autónomas.

El caso de Gaza es paradigmático: mientras Israel es procesado, Washington y Londres —que han armado y respaldado políticamente la ofensiva— permanecen al margen de cualquier responsabilidad jurídica.

La necesidad de descolonizar la justicia global

Un examen riguroso de la CIJ y la CPI desmonta el mito de un derecho internacional neutral. Ambas instituciones, pese a sus diferencias orgánicas, están atravesadas por los mismos vectores de poder hegemónico. 

La CIJ ofrece la fachada de un tribunal igualitario, pero el veto del Consejo de Seguridad asegura que el Norte Global nunca sufra consecuencias materiales; la CPI opera como un tribunal de competencia limitada, con capacidad coercitiva sobre los más débiles, que ha empezado a enfrentar los límites de su propia estructura cuando intenta juzgar a poderosos.

Para las naciones que buscan construir un mundo multipolar, la sumisión a estas cortes representa una abdicación de soberanía que debe ser revisada críticamente. La superación del sistema de dominación impuesto por los círculos de poder no solo requiere emancipación económica y tecnológica, sino también una profunda descolonización de la arquitectura judicial internacional.

Una auténtica justicia global solo será posible cuando los tribunales internacionales dejen de ser los «juzgados privados» de las potencias occidentales y comiencen a sancionar, sin distinciones, a los verdaderos responsables de crímenes de guerra y saqueo neocolonial.

El camino es largo, pero los recientes movimientos desde el Sur Global —y las propias contradicciones del sistema— abren un espacio para esa transformación. Mientras La Haya siga siendo sinónimo de justicia para los débiles, la justicia global será una aspiración incompleta.

Referencias

Associated Press. (30 de mayo de 2013). International court rejects AU ‘race hunt’ claims. En: https://archive.mv/en/articles/pVY0x 

Congreso de los Estados Unidos. (2002). American Service-Members’ Protection Act (ASPA). Título II de la Ley Pública 107-206, 116 Stat. 820, promulgada el 2 de agosto de 2002. Base de datos legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En:  https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-107publ206

Cook, R. (Ex Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido). Declaración atribuida: «If I may say so, this is not a court set up to bring to book Prime Ministers of the United Kingdom or Presidents of the United States». La cita es ampliamente referenciada en la literatura sobre la CPI; véase, por ejemplo, Tufts University (2023) [1†L7-L10].

Corte Internacional de Justicia (CIJ). (27 de junio de 1986). Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América). Fallo de fondo. En: https://www.icj-cij.org/case/70 

Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Capítulo XIV: La Corte Internacional de Justicia (Artículos 92 al 96), y Capítulo V: El Consejo de Seguridad (Artículo 27). En: https://www.un.org/es/about-us/un-charter 

Naciones Unidas. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. En: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 

Lo subrayado/interpolado es nuestro

Prolegómeno: La necesaria explicación del Prof. Juan Pablo Cárdenas Squella, destacado/distinguido académico colaborador nuestro…

Prolegómeno: La necesaria explicación del Prof. Juan Pablo Cárdenas Squella, destacado/distinguido académico colaborador nuestro…

Estimados amigos asociados:

Ustedes son testigos las veces que he expresado mi admiración por este distinguido académico Prof. Cárdenas Squella. La razón de que yo le aprecie y estime tan altamente a él y a su obra, dice relación, a su estilo, su verbo, su anatema, un clamor tan fuerte que ha llegado a crear una doctrina justa para ganar la gran batalla por la recuperación del Pueblo Chileno sumido en la oscuridad educacional/cultural, el consumismo desenfrenado, el narcotráfico, la corrupción, la telebasura, la impunidad y el feudalismo tecnológico de la era digital del sistema capitalista determinista. Sus pensamientos son tajos de luz en la penumbra de la barbarie chilena y latinoamericana.  Su verbo es sentencia para una barbarie herida mortalmente con más de cincuenta años…

Sus palabras no admiten rectificación “porque escapan a la crítica, pues su autor asume la reflexión y filosófica histórica de la profesora Gabriela Mistral “hay derecho a la crítica, cuando se ha hecho lo criticado correctamente” …

Cuando los pueblos se domestican/enajenan y callan los grandes forjadores de ideales como el Prof. Cárdenas Squella levantan su voz. No dejan nunca de luchar, porque no son testigos de la historia que hacen los pueblos dignos que luchan por la libertad y la vida, sino protagonistas. Su noble ideario, su noble ejercicio como comunicador social, su influencia académica y ´personal han sido y seguirán siendo fundamental en la lucha del Pueblo Chileno por su liberación. Así lo asume la juventud chilena y mapuche del Movimiento Social Revolucionario del 18 de octubre, tan maltratada y criminalizada por los regímenes que administran la herencia orwelliana de la dictadura cívico militar fascista.

Con esperanza y memoria, hacemos votos por la pronta recuperación   de nuestro distinguido colaborador Prof. Cárdenas Squella.

Prof. Moreno Peralta/IWA

Secretario Ejecutivo Addhee.Ong

Esta es una necesaria explicación a mis lectores y medios de comunicación que publican mis artículos.

Prof. Juan Pablo Cárdenas Squella/escritor, periodista y analista internacional:

Amigos y amigas:

Es evidente que se ha filtrado por las redes sociales el estado de mi salud, lo que me obliga a comunicarles que, por un período indefinido, debo suspender el envío de mi columna semanal.

Después de un accidente casero, propio mi avanzada edad, sufrí un derrame pulmonar que me llevó a dos intervenciones quirúrgicas con sus respectivas hospitalizaciones. Cirugías muy dolorosas que descubrieron un tumor canceroso en uno de mis pulmones. Para colmo en el izquierdo.

 En pocas semanas mi deterioro físico ha sido notable mientras me he sometido a una cantidad de exámenes de toda índole, los que han concluido que no tengo metástasis y que el mismo tumor no es de los más difíciles de tratar. Por lo que reina en los especialistas bastante optimismo, lo que en ningún caso se comparece con mis padecimientos. Todos me dicen lo mismo: que el cáncer ya no debe provocar los temores de antaño y que ahora son más los que se mejoran de los que se van mejor vida.

En todo caso, les comunico que ahora me tomaré el tiempo necesario para combatir a este nuevo adversario, para no calificarlo de fatídico enemigo.  Cumpliré con la demanda de mi familia, de Patricia, hijos y nietos, porque mi único bisnieto no entiende todavía todo lo que me sucede. Pero también creo cumplir con el deseo de las decenas de amigos y amigas que me han escrito con enorme generosidad, apostando a mi recuperación y al retorno de mi hermoso oficio de periodista.

Como saben, soy de los que cree en Dios, el que en definitiva nos regala la vida, sin negarle mérito a las modernas terapias que ahora me esperan.

47 años de Epopeya Sandinista...

El 19 de julio de 1979, las tropas del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraron en Managua mientras el dictador Anastasio Somoza huía al exterior.

Por Fabrizio Casari/ periodista y analista internacional

Prolegómenos: “Para mí el general Cesar A. Sandino es un héroe”... Profesora Gabriela Mistral, abanderada del ejército Sandinista y premio Nobel de Literatura.

“Para mí el general Sandino, de seres humanos libres, es un héroe. Nicaragua ya dio a Rubén Darío y Sandino. Solo falta que hubiera nacido ahí el general libertador Simón Bolívar Palacios y Blanco. El general Sandino carga sobre su espalda viril de herrero o forjador con la honra de todos nosotros latinoamericanos. Gracias a él, cuando la zancada de la bota de siete leguas que es la yanqui vaya bajando hacia el sur, los del sur se acordaran de los mil sandinos, para asumir su legado revolucionario y libertario”...

Con esperanza y memoria,

Han llegado a 47 los años de sandinismo. Décadas transcurridas bajo el fuego y contra el viento. Pero han sido y siguen siendo 47 años de éxitos innegables, medibles en cuatro etapas históricas diferentes: la guerrilla insurreccional para derrocar la dictadura, el gobierno revolucionario de los años ochenta, la defensa de las conquistas alcanzadas frente a la avalancha reaccionaria y neoliberal de los años noventa y, finalmente, la victoria electoral con el regreso al gobierno en 2006.

Es difícil establecer un orden de importancia entre estas cuatro etapas, pero sin duda esta última representa la materialización plena del proyecto original que, aun incorporando profundas innovaciones coherentes con las transformaciones globales impulsadas por Daniel y Rosario, conserva sus principios fundacionales y los proyecta en el renacimiento de Nicaragua. Un proyecto basado en sacar al país del estancamiento de la pobreza extrema/miseria en el que permanecía hasta 2006, restablecer su equilibrio socio-económico y proyectarlo hacia la condición de potencia regional: Sí, una potencia. Porque cuando la sanidad, la instrucción, la producción de alimentos, la electrificación y la red vial son las mejores de la región; cuando la eficiencia del sistema y la estabilidad política van de la mano con la paz interna, en marcado contraste con el resto de Centroamérica, entonces es legítimo hablar de una potencia regional.

El Sandinismo, como todos los procesos políticos de larga duración, ha suscitado durante estos 47 años adhesiones convencidas tanto dentro como fuera de Nicaragua, así como traiciones y escisiones, individuales y colectivas. La peor fue la que se produjo tras la derrota electoral de 1990, cuando la mayoría del entonces grupo parlamentario decidió dar la espalda al Frente y abrazar a los empresarios, la Iglesia y los partidos de derecha, esperando encontrar una posición más conveniente. No actuaron por iniciativa propia: fueron dirigidos desde el exterior.

Tras la derrota electoral de 1990, Estados Unidos decidió que, aprovechando el desconcierto y la confusión que se habían instalado en el país, había llegado el momento de convertir la derrota electoral en la desaparición política del sandinismo. Identificó en los sandinistas de apellido oligárquico –tradicionalmente poco inclinados a permanecer en la oposición– a quienes podrían encargarse de destruir el FSLN. El objetivo era borrar su identidad política, su memoria histórica y su pasión ideal; archivar su historia rebelde y transformarlo en uno más de tantos partidos burgueses latinoamericanos situados en el centro del camino entre el anexionismo y la independencia, que presentan como realismo político su disposición a arrodillarse ante el altar del Imperio.

Pero habían hecho mal sus cálculos. No habían valorado la tenacidad, la mística y el espíritu de sacrificio de la militancia sandinista, ni comprendido la firmeza de Daniel Ortega, Tomás Borge y otros dirigentes; la credibilidad que habían conquistado con méritos propios ante el Pueblo Sandinista y su absoluta negativa a rendirse. Lo comprobaron en 1994, cuando el FSLN convocó a su militancia y saldó cuentas con los apóstoles de la oligarquía que se convirtieron en profetas de aquel imperialismo del que habían afirmado ser enemigos para siempre.

La defensa de las conquistas de la Revolución Sandinista no fue sencilla ni estuvo exenta de sangre. Los llamados “neoliberales” no lo eran en absoluto: despidos políticos masivos contra la militancia sandinista, una represión desmedida contra estudiantes y trabajadores que protestaban por los drásticos recortes. Sin electricidad durante varias horas al día y con la escasez de agua, poner comida en la mesa se convirtió en un privilegio reservado a una minoría. Para la mayoría quedaron el hambre, el analfabetismo, el regreso de enfermedades endémicas, el desempleo masivo, el estado comatoso de la asistencia sanitaria y la seguridad social, el aumento de la mortalidad infantil y la reducción de la esperanza de vida. Nacer se convirtió en una aventura peligrosa y envejecer pasó a ser un lujo.

Los más vulnerables –mujeres, ancianos y niños– no aparecían en las estadísticas oficiales, pero llenaban las aceras. Las manos ya no saludaban: pedían ayuda. Las cifras de la desesperación se perdían entre los números de los falsos positivos. Fueron dieciséis años de saqueo neoliberal que agotaron al país. El enriquecimiento desmedido de la oligarquía empresarial financiera y de su testaferra, l burguesía parasitaria, vende patria corrupta, tuvo como precio el empobrecimiento de los pobres y de los sectores más vulnerables.

Pero esos dieciséis años de resistencia popular constituyeron la base fundamental para la reconstrucción de un partido que fue acumulando fuerzas, sin las cuales noviembre de 2006 habría sido un mes cualquiera de un año cualquiera. Fue, por el contrario, la fecha de la recuperación. Esa resistencia puede considerarse con justicia la segunda etapa de la Revolución Sandinista. El comandante Daniel Ortega Saavedra había saneado y reconstruido el FSLN y, tras dieciséis años trágicos, marcados por elecciones robadas y coyunturas adversas, el sandinismo volvió a gobernar. La narrativa de Nicaragua cambiò por completo.

Hoy Nicaragua es un país completamente distinto, muy diferente de aquel que Daniel arrebató de las manos de los tecnócratas neoliberales, cleptómanos con másteres y doctorados. Desde hace 19 años, la Nicaragua sandinista ha llevado a la práctica aquello que ya había comenzado a construir tras la liberación del país de la tiranía somocista. Estos últimos 19 años constituyen, por tanto, la tercera etapa de aquella Revolución que triunfó en 1979.

Desde el regreso del sandinismo al frente del país, la geografía política ha cambiado, escribiendo una nueva historia. Está en marcha el mayor proyecto de modernización de un país jamás concebido en toda Centroamérica, diseñado hasta en sus más mínimos detalles por su Comandante  Daniel Ortega Saavedra y por la copresidenta Rosario Murillo Zambrana, un proyecto que revierte el destino que el Norte había reservado para la nación. Ese destino cambió porque cambió por completo el paradigma político y social, así como las prioridades. Entre ellas destaca la reducción de la pobreza, una batalla que se libra mediante la gratuidad de la salud y la educación, la construcción de nuevas estructuras e infraestructuras, la ampliación del acceso al crédito, el fortalecimiento constante del Estado de bienestar y la extensión de los derechos sociales.

Como ocurre siempre cuando las revoluciones transforman la sociedad en profundidad, es decir, cuando alteran de manera decisiva los equilibrios de clase y de poder preexistentes, la reacción de quienes han sido desalojados del poder termina por llegar; desordenada y carente de toda decencia, pero llega. En 2018, quienes habían sido desplazados y que desde 2007 habían dejado de generar pobreza para aumentar su propia riqueza, intentaron recurrir a la violencia para derrocar a un gobierno que había apostado por la paz y la reconciliación. Querían devolver al Estado su papel de servidor de la oligarquía, restableciendo la riqueza para unos pocos y eliminando la idea de una vida digna para todos.

El ludismo oligárquico, empresarial, financiero respaldado por la manipulación mediática dirigida desde el Imperio estadounidense, tenía como programa la difusión del terror, la destrucción del País y el asesinato masivo de militantes sandinistas. Participaron con entusiasmo jerarquías eclesiásticas, latifundistas y militantes de la derecha reaccionaria. Eran agentes de la destrucción, funcionarios de la venganza y recaudadores del odio de clase.

Los golpistas nicaragüenses pertenecen a una derecha fascista y criminal que solo acepta dos posibilidades: ganar las elecciones o, si las pierde, intentar revertir mediante la violencia el resultado. Sin embargo, ese plan tiene un defecto: solo funciona allí donde las respectivas naciones carecen de la fuerza interna necesaria para enfrentarlos primero y derrotarlos después.

Para detenerlos, el sandinismo recurrió a la fuerza, porque no existía otra alternativa posible. Ofreció diálogo, paz, amnistías y perdón, con la condición de que regresaran al ámbito de la política legítima y abandonaran el terrorismo promovido por los sectores patronales, pero no hubo respuesta. Continuaron tejiendo conspiraciones y preparando un nuevo intento de golpe de Estado y, por ello, Daniel y Rosario no tuvieron otra opción que librar al país de semejante grupo. Un viaje gratis de ida hacia el país que siempre habían considerado su verdadera referencia.

El Sandinismo de este nuevo milenio ha sabido unir los sueños y el horizonte histórico con la política cotidiana, haciendo de ambos una sola construcción nacional. Un país que decidió crecer corrigiendo los desequilibrios heredados. Ese es el significado profundo del concepto de “Pueblo Presidente”: formar una ciudadanía activa e invertir la relación tradicional entre gobernantes y gobernados. Se ha llevado Nicaragua a transformar su identidad socioeconómica, preservando su esencia mientras renovaba parte de su estructura. Revolución y evolución.

La apuesta – que resultó vencedora – consistió en mantener una identidad productiva concebida sobre un modelo rural, pero proyectada hacia el desarrollo comercial y turístico mediante un modelo económico basado en las pequeñas empresas familiares, capaz de garantizar una distribución horizontal de la creación de riqueza.

La Revolución Sandinisa lleva ya 47 años porque ha hecho posible una transformación profunda, tanto estructural como superestructural, de Nicaragua. Porque, en circunstancias muy diferentes, el sandinismo ha sabido afrontar tanto los desafíos cotidianos como las situaciones extraordinarias; ha sabido defender el carácter sagrado de la soberanía nacional, de las instituciones y de la paz, y ha derrotado al golpismo, enfermedad endémica y autoinmune del latifundismo. Y continúa porque el Estado no cede su soberanía a las oligarquías internacionales; por el contrario, ejerce con firmeza su función reguladora y organizadora de la sociedad. Conserva el monopolio de la legislación, de la gestión pública y del uso legítimo de la fuerza. Se ha optado por trazar una línea clara entre una democracia popular y una democracia elitista, asentando la primera sobre la paz y el equilibrio social, entendidos como condiciones indispensables para una convivencia duradera.

Dentro del conjunto de las doctrinas políticas de izquierda, el Sandinismo constituye una realidad única: ha sido capaz de imponerse en dos siglos diferentes, atravesando el segundo y el tercer milenio. Nació como un grito de independencia, de soberanía nacional y de libertad frente al invasor yanqui y, desde su regreso al gobierno en enero de 2007, ha asumido una identidad política de alcance global que expresa una concepción precisa de la organización política y social. Incluso en un contexto dominado por el pensamiento único, el sandinismo ha conseguido desarrollar un modelo alternativo, transformándolo todo y transformando a todos. Lo ha hecho con determinación, colocando cada una de las piezas del entramado nacional en el lugar que le corresponde.

Hoy, pese a la fase extremadamente convulsa y peligrosa que atraviesa el mundo, debido a la resistencia obstinada del viejo orden unipolar a aceptar el surgimiento de una dinámica multipolar, Nicaragua vive en tranquilidad, protegida de las quintas columnas del Imperios estadounidense y de las tentaciones desestabilizadoras. No teme al cambio y volverá a cambiar allí donde sea necesario. Porque una verdadera Revolución es, ante todo, la audacia de intentar alcanzar el cielo sin dejar nunca de pisar la tierra. Para eso sirven las revoluciones: para impedir que el miedo termine imponiéndose sobre el valor.

Nicaragua avanza en consulta nacional de reforma constitucional con todos los sectores del país

El Gobierno de Nicaragua inició una consulta nacional sobre la reforma a la Constitución para fortalecer la soberanía, la paz y el sistema electoral.

El proceso, calificado como amplio e incluyente, convoca a instituciones del Estado, sectores productivos, sociales, académicos, comunitarios, empresariales, así como a las fuerzas armadas y pueblos originarios.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua dio inicio este martes 28 de julio a una consulta nacional sobre el proyecto de reforma a la Constitución Política.

El proceso, calificado como amplio e incluyente, convoca a instituciones del Estado, sectores productivos, sociales, académicos, comunitarios, empresariales, así como a las fuerzas armadas y pueblos originarios, con el propósito de fortalecer la institucionalidad democrática, la seguridad y la soberanía del país centroamericano.

La copresidenta de la República, Rosario Murillo Zambrana, destacó la relevancia de este mecanismo participativo para avanzar en el modelo de autodeterminación nacional y la lucha contra las desigualdades. «Ayer iniciamos la consulta; ayer iniciamos realmente la consulta sobre la reforma a la Constitución Política, Pueblo Presidente, Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad», expresó la alta funcionaria.

Asimismo, enfatizó que el principal objetivo de las trasformaciones legales radica en garantizar «la continuidad de la paz, la continuidad de la tranquilidad, de la seguridad, de la estabilidad, que nos permite avanzar».

Murillo sostuvo que el Pueblo Nicaragüense cuenta con el «derecho a elegir esas prácticas democráticas que nos llevan adelante» y subrayó que la búsqueda de la equidad es el pilar central del proyecto social de la nación.

La mandataria expresó también: «¿Y qué quiere decir avanzar? Vencer la pobreza, paso a paso, con el trabajo y el esfuerzo de todos, y hacerlo en condiciones de dignidad, de patria y dignidad, de patria y libertad, y de patria y futuro, porque eso es lo que queremos, crear futuro, futuro con vida digna, desde la paz, la seguridad, la estabilidad y el amor a Nicaragua».

En el marco del inicio de las conversaciones, las autoridades del Gobierno y la Asamblea Nacional sostuvieron un encuentro en el Salón Sandino de la Cancillería con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Managua para exponer los alcances de la reforma.

En la actividad participaron integrantes de la Comisión Especial Constitucional, representantes del Consejo Supremo Electoral y del Gabinete de Gobierno. Durante la exposición a los diplomáticos, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó que las modificaciones contemplan un perfeccionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en los comicios.

El parlamentario señaló que la propuesta abarca «una organización desde el punto de vista electoral, que responde a los intereses del pueblo y que garantiza que las elecciones van a ser del pueblo nicaragüense», ratificando que se celebrarán procesos comiciales «limpios, transparentes, tal y como lo hemos venido haciendo todos estos años».

La reforma plantea además normativas destinadas a frenar el financiamiento foráneo dirigido a desestabilizar las instituciones del Estado.

Al respecto, la copresidenta Murillo Zambrana cuestionó los sectores políticos subordinados a intereses externos y remarcó la vocación patriótica del país: «Los que ya no son nicaragüenses, ni tendrían que hablar, porque perdieron el derecho de ser nicaragüenses a punta, precisamente, de querer instalar injerencias, querer instalar prácticas intervencionistas, querer instalar el interés de otros sobre el interés supremo de la patria y de las familias nicaragüenses. Este es un país y un pueblo patriótico, y este es un país que sabe de luchas y de honor».

El cronograma de trabajo contempla la realización de debates con las fuerzas laborales de la construcción, minería, zonas francas, transporte, medios de comunicación, juventud, estudiantes, así como con los Gobiernos regionales y consejos de las regiones autónomas de la Costa Caribe.

De acuerdo con lo informado por la Copresidencia, una vez culminada la fase de recepción de propuestas de todos los sectores, la propuesta formal de reforma a la Constitución Política será presentada e instalada formalmente durante el inicio del mes de septiembre.

Lo subrayado/interpolado es nuestro

Cuba, legado y Revolución: ¡Patria o muerte, venceremos!... quien tenga patria que la defienda, quien no la tenga que la conquiste...

Por Dannys Díaz Domínguez/escritor, periodista y analista internacional:

La historia de Cuba durante la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por uno de los procesos políticos y sociales más trascendentes de América Latina: la Revolución Cubana. Aunque el triunfo revolucionario ocurrió el 1 de enero de 1959, sus raíces se encuentran en acontecimientos previos que expresaban el descontento de amplios sectores de la sociedad cubana ante la situación política, económica y social existente. Entre esos acontecimientos destaca el asalto al Cuartel Moncada, ocurrido el 26 de julio de 1953, considerado el punto de partida de un movimiento de liberación nacional que, tras varios años de lucha, desembocaría en una revolución de carácter popular.

El asalto al Moncada constituyó mucho más que una acción militar fallida. Representó el surgimiento de una nueva generación política que buscaba transformar las estructuras del país mediante la lucha contra la dictadura instaurada por Fulgencio Batista tras el golpe de Estado de 1952. A partir de ese momento comenzó a configurarse un movimiento que integró diversas corrientes sociales y políticas, unidas por la aspiración de recuperar la soberanía nacional, restaurar el orden constitucional y promover profundas reformas sociales.

El contexto histórico y el surgimiento del Movimiento

Para comprender el significado histórico del asalto al Cuartel Moncada resulta necesario analizar las circunstancias que atravesaba Cuba a comienzos de la década de 1950. El golpe militar encabezado por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 interrumpió el proceso electoral previsto para ese año y puso fin al orden constitucional establecido por la Constitución de 1940. La suspensión de las garantías democráticas generó una creciente oposición entre sectores estudiantiles, obreros, profesionales e intelectuales. Al mismo tiempo, la sociedad cubana enfrentaba profundas desigualdades económicas. Aunque el país mostraba indicadores de desarrollo superiores a los de muchas naciones latinoamericanas, amplios sectores rurales vivían en condiciones de pobreza, con limitadas oportunidades de empleo, educación y acceso a la tierra. La concentración de la propiedad agraria, la dependencia económica respecto al mercado estadounidense y los problemas estructurales vinculados al monocultivo azucarero constituían desafíos permanentes para el desarrollo nacional. En este contexto surgió un grupo de jóvenes que consideró insuficientes las vías tradicionales de oposición política. Entre ellos se encontraba Fidel Castro Ruz, joven abogado que había intentado impugnar jurídicamente el golpe de Estado sin obtener resultados. Convencidos de que era necesario emprender una acción directa contra la dictadura, comenzaron a organizar un movimiento clandestino cuyo objetivo inicial consistía en desencadenar un levantamiento popular que restaurara la legalidad constitucional.

El plan se materializó el 26 de julio de 1953 mediante el ataque al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Aunque la operación fracasó desde el punto de vista militar y muchos de sus participantes fueron asesinados, encarcelados o perseguidos, el acontecimiento tuvo una enorme repercusión política. Lejos de significar el fin del movimiento, el Moncada se convirtió en un símbolo de resistencia frente al régimen y en el punto de partida de una nueva etapa de lucha revolucionaria.

De la derrota militar a la reorganización revolucionaria

Tras el fracaso del asalto al Cuartel Moncada, el gobierno de Batista desplegó una intensa represión contra los participantes de la acción. Numerosos combatientes fueron capturados y ejecutados extrajudicialmente, mientras otros enfrentaron largos procesos judiciales. Sin embargo, la dureza de la respuesta gubernamental contribuyó a despertar simpatías hacia los jóvenes rebeldes en diversos sectores de la población, que comenzaron a percibirlos como representantes de una causa nacional frente a la arbitrariedad del régimen.

“La historia me absorberá”...

Entre los detenidos se encontraba Fidel Castro Ruz, quien asumió su propia defensa durante el juicio celebrado en Santiago de Cuba. Su alegato final, posteriormente conocido como La historia me absolverá, trascendió el marco judicial para convertirse en un programa político. En aquel documento se exponían los principales problemas que afectaban a la sociedad cubana y se proponían medidas dirigidas a transformar la realidad nacional. La reforma agraria, la ampliación del acceso a la educación, la protección de los trabajadores y la recuperación de la soberanía económica aparecían entre los objetivos fundamentales planteados por el movimiento...

Condenado a prisión junto a otros participantes de la acción, Fidel Castro fue trasladado al Presidio Modelo de la Isla de Pinos. Durante su estancia en la cárcel, los integrantes del movimiento aprovecharon el tiempo para fortalecer su preparación política y consolidar los vínculos organizativos que más tarde resultarían esenciales para la continuidad de la lucha. La prisión no significó una interrupción del proyecto revolucionario, sino una etapa de reorganización y maduración estratégica. En 1955, como resultado de una amnistía impulsada por la presión de distintos sectores de la opinión pública, los moncadistas recuperaron la libertad. Poco después, comprendiendo las limitaciones existentes para desarrollar sus actividades en Cuba, varios de sus principales dirigentes partieron hacia México. Desde el exilio comenzaron a reorganizar las fuerzas opositoras y a preparar una nueva fase de la lucha contra la dictadura.

La estancia en México resultó decisiva para el futuro del movimiento. Así la Generación del Centenario del Natalicio del Maestro libertario José Martí Pérez, nombre del grupo de jóvenes que asaltaron el Moncada, se convertiría en el Movimiento 26 de Julio (M-26-7), en memoria de aquella fecha que marcó el comienzo de todo un movimiento de liberación nacional. Allí se incorporaron nuevos combatientes procedentes de diferentes experiencias políticas y sociales. Entre ellos destacó Ernesto Guevara de la Serna, joven médico argentino que compartía la convicción de que los problemas latinoamericanos estaban estrechamente vinculados a las estructuras de dependencia económica y dominación política existentes en la región. Su incorporación contribuyó a enriquecer el carácter internacionalista que posteriormente adquiriría la Revolución Cubana. Durante esos meses se desarrolló un intenso proceso de preparación militar y organizativa. El objetivo consistía en regresar a Cuba para iniciar una lucha armada que permitiera crear las condiciones necesarias para un levantamiento popular más amplio. Esta estrategia se apoyaba en la idea de que la resistencia armada podía convertirse en el núcleo de un movimiento capaz de aglutinar a campesinos, obreros, estudiantes y otros sectores descontentos con el régimen.

“El que tenga Patria que la defienda, quien no la tenga que la conquiste”... desembarco del Granma, 2 diciembre 1956...

La materialización de esos planes ocurrió el 25 de noviembre de 1956, cuando ochenta y dos expedicionarios partieron desde el puerto mexicano de Tuxpan a bordo del yate Granma. A pesar de las dificultades de la travesía y de los reveses sufridos tras el desembarco en las costas orientales de Cuba, la expedición marcó el inicio de una nueva etapa en el proceso revolucionario. La lucha dejaba de ser un proyecto clandestino limitado a pequeños grupos urbanos para transformarse en una guerra de liberación nacional que encontraría en las montañas de la Sierra Maestra su principal escenario de desarrollo.

De esta manera, el período comprendido entre 1953 y 1956 representó la transición entre el impulso inicial del Moncada y la consolidación de un movimiento revolucionario organizado. Lo que comenzó como una acción armada aislada terminó convirtiéndose en una fuerza política con capacidad para desafiar al régimen de Batista y proyectar una alternativa de transformación para la sociedad cubana.

La guerra revolucionaria y el camino hacia el triunfo de 1959

El desembarco del Granma el 2 de diciembre de 1956 estuvo lejos de desarrollarse según lo planificado. Las fuerzas expedicionarias fueron detectadas rápidamente y sufrieron importantes pérdidas durante los primeros enfrentamientos con el ejército. Sin embargo, un pequeño grupo de sobrevivientes logró reagruparse en la Sierra Maestra, región montañosa del oriente cubano que se convertiría en el principal escenario de la lucha revolucionaria durante los años siguientes. Desde sus inicios, la guerrilla enfrentó enormes dificultades materiales y militares. El ejército gubernamental contaba con una superioridad considerable en armamento, efectivos y recursos logísticos. No obstante, los rebeldes encontraron en las zonas rurales un espacio favorable para reorganizarse y establecer vínculos con la población campesina. La relación construida entre la guerrilla y numerosos habitantes de la Sierra Maestra resultó fundamental para la supervivencia y posterior expansión del movimiento.

A medida que avanzaba la lucha, el Movimiento 26 de Julio fue ampliando su influencia más allá de las montañas orientales. En las ciudades, diversos grupos clandestinos desarrollaban actividades de propaganda, sabotaje y organización política destinadas a debilitar al régimen. Estudiantes, trabajadores, profesionales e intelectuales participaron de distintas formas en la oposición a Batista, contribuyendo a convertir la lucha revolucionaria en un fenómeno de alcance nacional. Durante los años 1957 y 1958, la situación política del régimen comenzó a deteriorarse progresivamente. Las denuncias sobre la represión, la corrupción administrativa y las limitaciones de las libertades públicas erosionaron su legitimidad ante amplios sectores de la sociedad. Paralelamente, los éxitos militares de la guerrilla fortalecieron la imagen del movimiento revolucionario y aumentaron su capacidad de convocatoria.

Un momento decisivo ocurrió en el verano de 1958, cuando el ejército lanzó una gran ofensiva contra las posiciones rebeldes en la Sierra Maestra. El objetivo era destruir definitivamente a la guerrilla y poner fin a la insurrección. Sin embargo, la operación no logró alcanzar sus propósitos. Los combatientes revolucionarios resistieron los ataques y, posteriormente, pasaron a la ofensiva. Este cambio en la correlación de fuerzas marcó el inicio de la fase final de la guerra.

En los últimos meses de 1958, las columnas rebeldes extendieron sus operaciones hacia diferentes regiones del país. La lucha dejó de concentrarse exclusivamente en Oriente y adquirió una dimensión nacional. Las victorias obtenidas por las fuerzas revolucionarias, junto con el creciente aislamiento político del gobierno, aceleraron el proceso de descomposición del régimen batistiano. La situación alcanzó su desenlace durante los últimos días de diciembre de 1958. Diversas ciudades fueron ocupadas por las fuerzas rebeldes y el control gubernamental comenzó a derrumbarse. Ante la imposibilidad de revertir el avance revolucionario, Fulgencio Batista abandonó Cuba en la madrugada del 1 de enero de 1959. Con la huida del dictador, llegó a su fin el régimen instaurado tras el golpe de Estado de 1952.

El triunfo revolucionario fue recibido con amplias manifestaciones de apoyo popular. Para numerosos sectores de la sociedad cubana, aquel acontecimiento representaba la posibilidad de construir un país más justo, soberano y democrático. La victoria militar no significó únicamente el reemplazo de un gobierno por otro, sino la apertura de un profundo proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales que modificaría de manera significativa la historia nacional y tendría repercusiones en toda América Latina.

De este modo, el movimiento iniciado con el asalto al Cuartel Moncada en 1953 culminó una primera etapa de su desarrollo con el triunfo revolucionario de 1959. Lo que comenzó como la acción de un reducido grupo de jóvenes opositores terminó convirtiéndose en un amplio movimiento de liberación nacional capaz de movilizar a diversos sectores de la sociedad cubana y transformar el rumbo histórico del país.

La Revolución Cubana

El proceso revolucionario cubano constituye uno de los acontecimientos más relevantes de la historia latinoamericana contemporánea. Su origen puede situarse en el asalto al Cuartel Moncada del 26 de julio de 1953, acción que, aunque militarmente derrotada, logró convertirse en el símbolo fundacional de un movimiento de liberación nacional que canalizó las aspiraciones de cambio de amplios sectores de la sociedad cubana. Desde entonces, la lucha contra la dictadura de Batista evolucionó hacia un proyecto político de transformación profunda que culminó con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.

La Revolución Cubana fue el resultado de un complejo proceso histórico en el que confluyeron factores políticos, económicos y sociales. La oposición al régimen dictatorial, las demandas de justicia social, la búsqueda de una mayor independencia económica y el anhelo de soberanía nacional se combinaron para dar forma a un movimiento capaz de movilizar a campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales y otros sectores de la población. Esta amplia participación popular explica, en gran medida, la capacidad de resistencia y crecimiento que caracterizó al movimiento revolucionario desde sus inicios hasta la victoria final.

Tras el triunfo de 1959, el nuevo gobierno impulsó una serie de transformaciones orientadas a modificar las estructuras heredadas del pasado. Las reformas agrarias, la expansión de la educación, las campañas de alfabetización, el fortalecimiento de los servicios de salud y la ampliación del acceso a diversos derechos sociales formaron parte de un programa de cambios que buscó reducir las desigualdades históricas existentes en el país. Al mismo tiempo, la Revolución redefinió el papel de Cuba en el escenario internacional, proyectando una política exterior basada en la defensa de la soberanía nacional y la solidaridad con otros movimientos de liberación.

El legado histórico de este proceso ha trascendido las fronteras cubanas. Para numerosos movimientos sociales y políticos de América Latina, África y otras regiones del mundo, la experiencia revolucionaria cubana se convirtió en una referencia de lucha contra la dependencia, el colonialismo y las distintas formas de dominación externa. La figura de sus principales dirigentes y los acontecimientos vinculados a la Revolución adquirieron una dimensión internacional que influyó en los debates políticos del siglo XX y continúan siendo objeto de estudio e interpretación en la actualidad.

Su victoria modificó el panorama político de América Latina y convirtió a la isla en un referente para numerosos movimientos de liberación nacional durante la segunda mitad del siglo XX. Como señala Sergio Guerra Vilaboy, la historia latinoamericana ha estado marcada por una permanente búsqueda de integración, soberanía y resistencia frente a las distintas formas de dominación externa, ideales que hunden sus raíces en el pensamiento del general libertador Simón Bolívar Palacios y Blanco, del maestro libertario José Martí Pérez y otros líderes independentistas.

En ese contexto, el triunfo revolucionario de 1959 fue interpretado por amplios sectores del continente como la demostración de que era posible desafiar estructuras políticas consideradas dependientes y promover proyectos nacionales basados en la autodeterminación. Durante las décadas de 1960 y 1970, diversas organizaciones revolucionarias y movimientos de liberación encontraron en la experiencia cubana una fuente de inspiración política e ideológica. Paralelamente, el gobierno cubano brindó apoyo de distinta naturaleza —político, diplomático y, en algunos casos, militar— a procesos revolucionarios y anticoloniales en América Latina y África, convirtiéndose en un actor de relevancia en el escenario internacional de la Guerra Fría.

Desde una perspectiva histórica, la Revolución Cubana fortaleció también la idea de una América Latina unida por una historia común de luchas por la independencia, la justicia social y la soberanía. El concepto de América Latina expresa precisamente esa comunidad histórica de pueblos hermanados por sus luchas anticoloniales, anticapitalistas y antiimperialistas, así como por la aspiración de construir un destino común.

Por ello, el legado de la Revolución Cubana trasciende los cambios ocurridos dentro de la isla. Su influencia se manifestó en los debates políticos, en el desarrollo de movimientos sociales y revolucionarios y en la consolidación de un pensamiento latinoamericanista que continuó reivindicando la integración regional y la defensa de la soberanía de los pueblos. Aunque sus resultados históricos han sido objeto de diversas interpretaciones, su impacto en la historia de América Latina resulta incuestionable y constituye uno de los fenómenos políticos más significativos del siglo XX.

Asimismo, la Revolución Cubana dejó una profunda huella en la identidad nacional. Más allá de las diversas valoraciones que existen sobre sus resultados y evolución histórica, constituye un fenómeno inseparable de la historia contemporánea de Cuba. Su impacto se refleja en la cultura, la educación, la memoria colectiva y en la manera en que varias generaciones han comprendido conceptos como independencia, soberanía y justicia social.

En definitiva, el asalto al Cuartel Moncada marcó el comienzo de un proceso que transformó radicalmente la realidad cubana. Lo que inició como la acción de un grupo de jóvenes comprometidos con la restauración del orden constitucional terminó convirtiéndose en una revolución popular que modificó las estructuras políticas y sociales del país y proyectó su influencia más allá de las fronteras nacionales. Por ello, el Moncada no solo representa el inicio de una lucha revolucionaria, sino también el punto de partida de un acontecimiento histórico cuyo legado continúa ocupando un lugar central en la historia de Cuba y de América Latina.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.