jueves, 12 de marzo de 2026

Demandan al régimen Trump por sanciones contra Francesca Albanese tras denunciar a Israel por genocidio...



Demandan al régimen Trump por sanciones contra Francesca Albanese tras denunciar a Israel por genocidio...

Diario RED, xinhuanet, la jornada de México, Other News, Tektonikos, red latina sin fronteras, en red, el salto diario, el clarín de chile, Al Jazeera  ACHEI, ADDHEE.ONG:

Familia de Albanese presenta querella ante tribunal de EE.UU. y sostiene que las sanciones de la Casa Blanca violan derechos protegidos por la Constitución.

El marido de Albanese y su hijo menor de edad destacaron el grave impacto que esas sanciones han tenido en la vida y el trabajo de la familia.

La familia de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos, presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por las sanciones impuestas en su contra tras sus reiteradas denuncias sobre lo que ha calificado como genocidio de Israel en Gaza.

Desde octubre de 2023 a la fecha, la ocupación israelí asesinó a 72.082 civiles —en su mayoría mujeres y niños— e hirió a 171.761, a través de una campaña brutal de bombardeos e invasión que destruyó casi en su totalidad la infraestructura de ese territorio palestino.

La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, economista del Banco Mundial, en representación propia, de Albanese y de su hija —ciudadana estadounidense—. La demanda sostiene que las sanciones vulneran derechos constitucionales protegidos por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas, además de constituir una incautación indebida de bienes sin el debido proceso.

El escrito judicial argumenta que las declaraciones públicas y los informes de Albanese sobre el conflicto israelí-palestino y el trabajo de la Corte Penal Internacional constituyen “actividad central protegida por la Primera Enmienda”. En ese sentido, la demanda plantea una cuestión de fondo: si el Ejecutivo puede sancionar a una funcionaria internacional por el contenido de sus opiniones y conclusiones jurídicas en el cumplimiento de sus funciones...

Las sanciones, impuestas en julio pasado, incluyeron la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de ingreso al país. La Administración Trump sostuvo entonces que Albanese era “no apta” para su cargo y la acusó de llevar a cabo actividades “sesgadas y maliciosas” contra Estados Unidos e Israel.

El litigio subraya el impacto personal y familiar de las medidas, señalando que Albanese posee bienes en Washington y mantiene vínculos residenciales en el país. “En el fondo, este caso trata sobre si los demandados pueden arruinar la vida de una persona y la de sus seres queridos porque no están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión”, sostiene la presentación.

Desde octubre de 2023, Albanese ha emitido tres informes en el marco de su mandato ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificando la ofensiva israelí en Gaza como genocidio y denunciando la complicidad de actores estatales y privados en el sostenimiento del conflicto. En uno de sus reportes más recientes, titulado Gaza Genocide: A Collective Crime, acusó a decenas de Estados de facilitar violaciones al derecho internacional.

EE.UU., Alemania e Italia están entre los principales proveedores de armas a la entidad nazisionista colonialista isareli...

La controversia se intensificó cuando la Corte Penal Internacional, tras considerar recomendaciones de expertos —entre ellos Albanese—, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Israel y Estados Unidos han rechazado categóricamente la acusación de genocidio.

En paralelo, la Administración Trump amplió su política de sanciones contra magistrados y fiscales de la CPI que participaron en investigaciones relacionadas con Israel y Estados Unidos, lo que ha sido interpretado por organizaciones de derechos humanos como un intento de disuadir la acción judicial internacional.

En declaraciones posteriores a la imposición de sanciones, afirmó haber sufrido “enormes dificultades”, pero reiteró su compromiso con su labor: “Mi compromiso con la justicia es más importante que los intereses personales”.

El régimen estadounidense y el Departamento de Estado no han ofrecido comentarios sustantivos sobre el litigio en curso. El proceso judicial podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder sancionatorio del Ejecutivo frente a expresiones y actuaciones vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

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Ante el peligro de la impunidad...

Ante el peligro de la impunidad...

Mercachifles oligarcas fariseos sofofos/CMPC y su testaferra taifa burguesa politicastra – UDI, RN y republicanos – castrenses corrupta, la impunidad no es eterna, porque existe la Justicia Plena”... ADDHEE.ONG




Por Prof. Juan Pablo Cárdenas S./escritor, académico periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG

Las designaciones de quienes serán los principales colaboradores del gobierno de José Antonio Kast nos auguran el pobre papel que jugarán los partidos de derecha en su gestión presidencial. Es evidente que el nuevo mandatario se ha permitido nombrar a un buen número de independientes o no militantes en su gabinete ministerial, en las subsecretarías y en toda esa amplia gama de cargos de su confianza.

Con muy pocas excepciones, todos estos fueron integrantes o adherentes dilectos de la dictadura cívico militar y no cesan de reconocer el valioso legado de Pinochet especialmente en materia económica. Incluso en esta materia sus opiniones han sido avaladas por las de algunos dirigentes de la Democracia Cristiana, como el economista y ex ministro Alejandro Foxley y algunos como el analista Eugenio Tironi, que militara en el Partido Mapu y que ha llegado a afirmar que la obra del dictador bien podría considerarse como revolucionaria.

En todos estos nombramientos no se aprecia que se trate de personas que siquiera condenen los atentados contra los Derechos Humanos cometidos en esos 17 años de interdicción ciudadana. Por el contrario, algunos de estos, como el propio Kast, hasta se han ufanado de su amistad con algunos de los peores asesinos y torturadores que cumplen penas de más de cien años de presidio en el penal de punta Peuco. Respecto de los cuales no han faltado los partidarios de indultarlos por “razones humanitarias”, aunque ninguno de estos condenados haya reconocido sus tenebrosos delitos y colaborado en esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos. Revisar las imágenes de quienes viajaron y protestaron en Londres por la detención del dictador es encontrarse con muchos de sus fervientes partidarios, a punto de arribar a La Moneda y el Parlamento.

No sería extraño que durante los años de la nueva administración se implementen medidas, al menos, para que estos condenados puedan cumplir sus sentencian en sus hogares sin arrepentimiento alguno por los crímenes realizados bajo el terrorismo de Estado. Es más: entre estos y en varios miembros de nuevo equipo gobernante hay quienes hasta hoy justifican como necesarios o inevitables los “excesos” cometidos por el régimen cívico militar.

En relación a esto es que algunos reos rematados de esta cárcel de máxima seguridad han iniciado una huelga de hambre para reclamar por el deterioro de sus condiciones de la vida dentro de un penal que a todas luces son mucho mejores que las de los 65 mil presos comunes a lo largo del país. Gozando todavía de privilegios que, como militares, les fueran otorgados por los gobiernos de la pos dictadura.

Este será, muy probablemente, uno de los temas que encrispen las relaciones entre el Gobierno y la nueva oposición, ante cuyos despropósitos deben estar vigilantes las organizaciones de Derechos Humanos de Chile y del mundo. Pero mucho se teme, además, que el gobierno venidero rebaje o corte los presupuestos fiscales destinados al Museo de la Memoria y a un conjunto de sitios que conmemoran el horror sufrido en nuestro país por los miles de disidentes y opositores del pinochetismo. Cuando, a la luz de las graves transgresiones del nacismo, países como Alemania mantienen los campos de concentración y exterminio como un recurso fundamental en la reparación de las víctimas, como en el propósito de que “nunca más” vuelvan a repetirse estos trágicos episodios.

Todos sabemos que en Chile no ha habido plena justicia, esclarecimiento de la verdad, ni condenas ejemplares respecto de lo que fue la represión y el magnicidio del presidente Salvador Allende Gossens en 1973. Son muchos los delitos que ni siquiera llegaron a los Tribunales, siguen pendientes de sentencias, así como todavía incumplida la justa reparación. Algo que se favorece mucho con la impunidad propiciada por la derecha, especialmente en sus vertientes más extremas como las representadas por Kast y su Partido Republicano.

Sin embargo, es justo abrigar alguna esperanza en que, una vez en el gobierno de la nación, sus autoridades les den continuidad a los esfuerzos de justicia y reparación que, insistimos, son muy discretos respecto de la magnitud de lo acontecido.
Pero la oposición y las organizaciones sociales que velan por la dignidad de los pueblos deberán activarse para el cumplimiento de sus demandas respecto de los Derechos Humanos, además de representar las reivindicaciones políticas, económicas y sociales. En efecto, también se violan los Derechos Humanos con la crítica ausencia de viviendas, las largas listas de espera de la salud, la inequidad que entrañan las políticas neoliberales y el desvanecimiento de nuestra soberanía nacional ante la hegemonía imperial. Cuando ya se comprueba la actitud servil demostrada ante el gobierno dictatorial de Donald Trump, el más feroz violador de los derechos de los pueblos a su autonomía y libre determinación.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

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jueves, 5 de marzo de 2026

Armando Fernández Larios y el magnicidio del presidente Salvador Allende Gossens..


Armando Fernández Larios y el magnicidio del presidente Salvador Allende Gossens...



Por Prof. Juan Pablo Cárdenas S./  académico, escritor, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:


No es de extrañar el desconcierto que manifestaron algunos periodistas, especialmente de la televisión, ante la noticia de la detención del ex teniente del Ejército chileno Armando Fernández Larios, considerado “lo peor de lo peor” dentro de lista de delincuentes donde hay otros 42 chilenos próximos a ser expulsados de los Estados Unidos.

El golpe de Estado de 1973 y el largo régimen de facto de Augusto de Pinochet se han nublado en la memoria nacional, cuando tenemos ya varias generaciones de chilenos que no habían aún nacido para entonces y muchos millones más que tampoco han recorrido entero el largo tiempo de posdictadura cívico militar. En efecto, han pasado 50 años desde la insurrección militar, pero que siguen conmoviendo, pese al olvido colectivo, a tantos chilenos que vivieron y padecieron los rigores del régimen autoritario totalitario fascista.

Es explicable, entonces, que la prensa haya reaccionado titubeante frente a una resolución estadounidense muy importante puesto que Fernández Larios fue parte de la siniestra DINA y participó en el homicidio terrorista cometido en Washington contra el ex Canciller del presidente Allende, Orlando Letelier del Solar, y su secretaria Ronnie Moffit. Todo acreditado por el juicio que se llevó en Estados Unidos en contra de los perpetradores de un crimen que culminó con una muy discreta condena de cárcel a Fernández Larios, pero quien quedara luego en libertad como “testigo protegido” por este país dada su colaboración a esclarecer los hechos.  Acogiéndose a un beneficio que le permitió vivir sin contratiempos durante largos años en ese país, y escapar de las múltiples solicitudes de extradición de la Justicia chilena por haber participado en este atentado. Un crimen cometido también por Michael Towney, un agente de la CIA al servicio de las operaciones de “inteligencia” del régimen castrense chileno. Requerido Fernández Larios, además, por haber participado en la llamada Caravana de la Muerte que recorrió el país por mandato del Dictador de marras para eliminar a decenas de presos políticos...

No está claro aun cuándo y cómo Estados Unidos repatriará a los numerosos detenidos por el cuestionado ICE, comando militar que Donald Trump ha dispuesto para capturar y hasta asesinar a miles de inmigrantes. La defensa de Fernández Larios está alegando el beneficio otorgado a éste para radicar en los Estados Unidos, lo que podría sacarlo de la lista de los inminentes expulsados de este país si a Trump se le antoja. De allí que sea tan importante que desde nuestro país se reclame su comparecencia ante la Justicia nacional y cumpla condena en una cárcel chilena. Seguramente en la de Punta Peuco donde están recluidos los más horripilantes criminales de la Dictadura cívico militar. 

Es justa la alegría de los centenares de víctimas por la detención de este ex oficial chileno y ojalá que sus solicitudes de extradición sean acogidas lo antes posible, para que se alcance por fin justicia y la edad avanzada de Fernández Larios no consagre finalmente su impunidad, tratándose de haber cometido crímenes de lesa humanidad. 

“El maldito habito negativista olvidar para negar”...

Sin embargo, en Chile estamos próximos a la ascensión de un nuevo gobierno de ultraderecha y cuyo Presidente electo ha incorporado a sus equipos a varios y destacados pinochetistas renuentes a reconocer todavía los crímenes de la dictadura cívico militar y que incluso se desgañitaron por salvar a Pinochet de un juicio internacional. Muchos de los cuales ahora abogan por indultos en favor de los agentes condenados de la DINA y la posterior Central Nacional de Inteligencia (CNI). Sin que alguno de estos, como se sabe, haya reconocido sus crímenes, pedido perdón o colaborado, por ejemplo, para conocer el destino de los detenidos desaparecidos que pasaron por sus manos...

Todo esto hace propicio que, en las postrimerías de su gobierno, Gabriel Boric asuma la urgencia de repatriar a este agente, así como la Corte Suprema acelere los procedimientos al respecto. Aunque permanezcamos en la duda de qué hará el régimen estadounidense con este peculiar “peor de lo peor” cuando descubra su plena identidad y los beneficios que se le habían otorgado. Así como, también, tememos de la actitud que asuma el nuevo gobierno de Kast al respecto. Un mandatario electo por una contundente votación ciudadana con amnesia respecto de lo que sucedió en dictadura, pero muchos como de firmes adherentes de las ideas del pinochetismo. Cuya herencia, sigue tan presente en toda nuestra institucionalidad.

Muy conveniente resultaría que Fernández Larios fuese interrogado y condenado en Chile por la posibilidad que aclare cuál fue su participación como teniente en el asalto armado a La Moneda y la muerte del Presidente Allende el 11 de setiembre de 1973. No olvidamos que, ya instalado en Estados Unidos después de renunciar al Ejercito, fuera interrogado por el fiscal Eugene Propper, mandatado por el Gran Jurado que investigó el atentado a Orlando Letelier y su secretaria. 

En su libro Laberinto este Fiscal rechazo la versión del “suicidio” de Allende señalando que el extinto mandatario fue realmente asesinado por el comando militar, y en particular por el oficial René Riveros, quien “le vació la mitad de su cargador al Presidente” cuando se enfrentó con él en el segundo piso de La Moneda. Señalando que la versión del “suicido” se convirtió por el general Pinochet como secreto de estado reactivo...

Consta también que René Riveros se ufanó posteriormente frente a un grupo de detenidos de haberle disparado al Presidente, mostrándoles como “souvenir” el reloj del Primer Mandatario ahora en su brazo. Uno de estos detenidos, el ingeniero Robinson Guerrero, entregó años después esta versión a Radio Universidad de Chile sin que por este testimonio fuera convocado a declarar ante los Tribunales de Justicia y el ministro sumariante que seguía investigando los sucesos ocurridos en el Palacio Presidencial. Como tampoco la Justicia se hizo cargo del documentado libro La verdad sobre su muerte, de la periodista Maura Brescia.

Entre todas las pertenencias del presidente Allende que se exhibieron después del magnicidio, se pudieron observar, entre varios otros elementos, los anteojos partidos del Presidente. Pero no su reloj.

El curriculum delictivo del general Augusto Pinochet Ugarte, y su herencia orwelliana por más de 50 años...

 



Por Prof. Rómulo Pardo Silva/escritor y analista internacional/ADDHEE.ONG:


En Chile el general Augusto Pinochet Ugarte a partir de agosto de 1973 ejerció sucesivamente durante 29 años los cargos de comandante en jefe del ejército, presidente de la junta cívica militar de gobierno, jefe supremo de la nación, presidente de la república y senador vitalicio.

Situaciones donde participó el general Pinochet Ugarte o hechos en que había alguna relación con él.

El 29 de junio de 1973 el general Pinochet Ugarte como comandante en jefe subrogante del ejército coordina con el general Carlos Prats González, ministro de defensa, y el ministro del interior, José Tohá, las fuerzas que redujeron un intento de golpe de estado de militares.

Los acompaña armado en el centro de Santiago.    

El 22 de agosto de 1973 el general Pinochet Ugarte respalda al comandante en jefe Carlos Prats cuando esposas de generales se manifiestan frente a su casa.

El 23 de agosto de 1973 el general Pinochet Ugarte asume la comandancia en jefe del ejército nombrado por el presidente Salvador Allende por recomendación del general Carlos Prats González.

El domingo 9 de septiembre a mediodía el comandante en jefe Pinochet Ugarte se reúne junto con el general Orlando Urbina con el presidente Allende que les solicita elaborar un plan de emergencia en caso de una asonada golpista.

El general Pinochet Ugarte se compromete a tenerlo para el día siguiente.

El 9 de septiembre en la tarde el general Pinochet Ugarte es informado del complot contra el presidente Allende y que se realizaría dos días después, el día 11.

El general Pinochet Ugarte firma mostrando dudas. General Sergio Nuño

El 11 de septiembre de 1973 el general Pinochet Ugarte se va a Peñalolén (a la Escuela de Telecomunicaciones) donde dispone de un avión y un helicóptero. “Pinochet había tomado precauciones ya que no se instaló en las oficinas del comando en jefe del Ejército en el edificio del Ministerio de Defensa, donde se suponía debería estar”. Había enviado a su esposa “a la unidad de montaña en Río Blanco, cerca de la frontera con Argentina, pensando tal vez que si fracasaba el movimiento podría atravesar la cordillera y quedar a salvo”. General Nuño

Durante la mañana cuando el presiden Allende estaba en la Moneda el general Pinochet Ugarte dijo: “Hay que estar listo para actuar sobre él (Allende) más vale matar la perra y se acaba la leva”.

En la noche el general Pinochet Ugarte se presenta al país como presidente de la junta militar de gobierno.

En 1973 el general Pinochet Ugarte entrega la presidencia de CEMA a su esposa.

Hasta 1990 el estado cedió gratuitamente a esa institución centenares de propiedades. Las ventas de muchas fueron desviadas a cuentas personales de la señora del general Pinochet Ugarte o a fundaciones vinculadas a la familia.

El año 2016 el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra la esposa del general Pinochet Ugarte por malversación y apropiación indebida de bienes públicos.

En junio de 1974 el general Pinochet Ugarte asume el mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada por la Junta Militar.

Su director el coronel Manuel Contreras debía informar y recibir órdenes solo de él.

El 30 de septiembre de 1974 la DINA asesina al general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires.

El 2010 el director de la DINA general Manuel Contreras fue condenado a 17 años de cárcel por el homicidio del general Prats y su esposa.

En 1975 la DINA intentó asesinar a Bernardo Leighton y su esposa en Roma.

En 1995 el general Manuel Contreras director de la DINA fue condenado en ausencia en Italia por el intento de asesinato de Bernardo Leighton y su esposa.

En 1975 fueron detenidos y hechos desaparecer 11 integrantes del comité central del Partido Socialista.

La Corte Suprema condenó a cinco exmiembros de la DINA.

Entre 1975 y 1976 al menos 14 miembros del comité central del Partido Comunista fueron detenidos y hechos desaparecer por la DINA.

En 2025 la Corte Suprema confirmó las condenas a 46 agentes de la DINA por los delitos de secuestro calificado de la cúpula del Partido Comunista y el homicidio de su secretario general.

El 21 de septiembre de 1976 el exministro Orlando Letelier fue asesinado por la DINA en Washington.

La CIA consideró tener evidencia convincente que el general Pinochet Ugarte “ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo el asesinato».

En la DINA fueron condenados Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Michael Townley que confesó haber colocado la bomba,

Armando Fernández Larios que se entregó y confesó.

En 1979 el general Pinochet Ugarte comienza a usar el Banco Riggs en Washington D.C. para depositar fondos secretos que provenían del saqueo de las arcas fiscales y del narcotráfico.

El general Pinochet Ugarte entre 1981 y 2004 utilizó una red de al menos 125 cuentas bancarias con más de 21 millones de dólares en instituciones de Estados Unidos y otros países, Riggs Bank, Citigroup, Banco de Chile United States, Espírito Santo Bank en Miami, además de otros, y empleó al menos diez variantes de su nombre y diversos alias y empresas de fachada. Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos (2004-2005)

En 2025 la justicia chilena ordenó a los herederos del general Pinochet Ugarte restituir al fisco más de USD 16 millones no incautados de una fortuna estimada en USD 17,8 millones ilícitos que provenían de gastos reservados y malversación de caudales públicos y del narcotráfico.

El 11 de septiembre de 1980 se estableció mediante un plebiscito una nueva constitución política elaborada por el régimen que le permitió al dictador de marras regir hasta 1984,

La nueva constitución permitía al general Pinochet Ugarte gobernar otros 9 años si ganaba un plebiscito en 1988.

En 1980 el general Pinochet Ugarte hace nombrar a su yerno Julio Ponce gerente de Empresas de CORFO que comprendía más de 300 empresas.  

Ponce se hizo dueño de Soquimich y de 1.800 hectáreas de tierras de CORFO. General Nuño

En 1987 Augusto Pinochet Hiriart, hijo del general Pinochet Ugarte, compró la empresa Valmoval recientemente declarada en quiebra, dedicada a la administración y manejo de fusiles para el ejército.  

En 1989 el ejército volvió a comprar esa empresa.

El general Pinochet Ugarte entrega a su hijo Augusto Pinochet Hiriart tres cheques del ejército por casi 3 millones de dólares.

En 1988 el general Pinochet Ugarte perdió el plebiscito que le permitía gobernar hasta 1997 si lo ganaba.

En 1989 el general Pinochet Ugarte declara: “No he dejado el poder, lo he compartido”. “Sigo al mando del ejército mientras la patria lo requiera”.  

El 19 de diciembre de 1990 el general Pinochet Ugarte ordena un acuartelamiento en grado uno del ejército.

Una comisión de la cámara de diputados investigaba los tres cheques del ejército a su hijo Augusto Pinochet Hiriart.

El informe de los diputados se envió a la Contraloría sin denunciarlo a la justicia evitando la intervención del Consejo de Defensa del Estado.

En 1991-1992 siendo el general Pinochet Ugarte comandante en jefe del ejército se vendieron armas a Croacia violando embargos internacionales, salieron de FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército).

La justicia chilena estableció responsabilidades penales de altos oficiales.

El 2004 el general Pinochet Ugarte fue procesado como autor del delito de tráfico de armas. Existieron contratos, facturas falsas y pagos, cobrados a Croacia mediante intermediarios.

El 28 de mayo de 1993 el general Pinochet Ugarte ordena que soldados del ejército rodeen el edificio de las fuerzas armadas en tenidas de combate.

El general Ballerino comunicó al gobierno que era urgente solucionar el tema de los cheques que "se estima un ataque al ejército". El 14 de julio el juez Jorge Colvin decretó el cierre del sumario por el caso.

El 16 de octubre de 1998 el general Pinochet Ugarte fue detenido en Londres a petición de España por la muerte y tortura de ciudadanos españoles.

El gobierno chileno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presionó activamente para su liberación y regreso.

En marzo de 2000 el gobierno británico lo liberó por razones humanitarias.

El 2004 la corte suprema chilena levantó la inmunidad del general Pinochet Ugarte para investigar violaciones a los derechos humanos.

Las víctimas totales de la dictadura (supervivientes de tortura, ejecutados, desaparecidos) fueron más de 40 mil. Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)   

El general Pinochet Ugarte en relaciones con otros militares.

El comandante en jefe René Schneider consideraba al general Pinochet Ugarte «un general de poco vuelo intelectual».

El general Carlos Prats definió al general Pinochet Ugarte como un hombre ambicioso.

El 30 de junio de 1973 el general Pinochet Ugarte con generales del ejército, la aviación y almirantes de la marina, participa en reuniones autorizadas por los comandantes en jefe para redactar un documento que debía presentarse al presidente Allende.

Cuando generales pidieron una reunión de mandos de las tres ramas militares para dialogar se generaron “discrepancias internas”, ya que algunos generales lo entendían como “un acto de deliberación (…) para analizar problemas que consideraban de carácter político”.

El resultado fue un documento de 29 puntos que el general Prats entregó al presidente manifestándole que no estaba de acuerdo con su redacción. General Nuño

El 22 de agosto de 1973 unas 300 mujeres de militares, nueve de ellas esposas de generales, se manifestaron frente a la casa del comandante jefe Carlos Prats insultándolo. También se lo hicieron al general Pinochet Ugarte cuando lo visitó. 

El 24 de agosto de 1973 al día siguiente de ser designado comandante en jefe el general Pinochet Ugarte siguiendo la tradición militar exige la presentación de las renuncias de todos los generales. Se negaron los generales Bonilla y Arellano.

El ministro de defensa Orlando Letelier le dijo al general Pinochet Ugarte que era un acto de insubordinación. El general prometió que lo resolvería cuanto antes. No lo hizo. General Nuño

A fines de agosto de 1973, siendo comandante en jefe el general Pinochet Ugarte, “sólo nos faltaba entonces saber quién comandaría el Ejército, ya que los mandos de la Fuerza Aérea (Leigh) y Armada (Merino) ya se habían decidido”. General Nuño

El 9 de septiembre cuando el general Pinochet Ugarte se sumó al golpe estaban en su casa el general de aviación Gustavo Leigh y los contralmirantes Patricio Carvajal y Sergio Huidobro. Al anochecer recibí la visita del general Arellano, me informó que recién terminaba una reunión con el general Pinochet Ugarte y que le garantizó que en el ejército “como comandante en jefe todos lo respetaremos si se plegaba al movimiento”. General Nuño

El 11 de septiembre de 1973 a las cinco de la madrugada el general Nuño partió al ministerio de defensa “sin saber si volvería a ver a su familia”.

“Si el General Prats hubiese continuado al mando del ejército se habría producido un quiebre institucional y con gran probabilidad una guerra civil, ya que, conociendo su cercanía al presidente Allende, jamás habría tomado la actitud que con posterioridad asumió el general Pinochet”. General Nuño

El 11 de septiembre de 1973 es detenido el almirante Raúl Montero jefe de la armada.

El 11 de septiembre el Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas que dirigió el golpe de estado tenía solo tres integrantes: el almirante Carvajal, el general Díaz Estrada, y Nuño. El general Ernesto Baeza mantuvo la comunicación con el general Pinochet Ugarte que estaba en Peñalolén. General Nuño

El día 11 de septiembre aparecieron al mando de la marina y carabineros José Toribio Merino y César Mendoza en lugar de los jefes legales.   

El 11 se septiembre de 1973 inmediatamente de ocurrido el golpe de estado el general de la aviación Sergio Poblete, opuesto al golpe de estado, fue detenido y torturado, posteriormente condenado.

El 11 de septiembre de 1973 fue detenido el general Alberto Bachelet Martínez, fue torturado, siete meses después murió el 12 de marzo de 1974.

En septiembre de 1973 el general Pinochet Ugarte da autoridad como oficial delegado suyo al general Arellano para que recorra ciudades del país.

Durante ese desplazamiento fueron asesinadas al menos 93 personas.

En octubre el general Pinochet Ugarte, después de ser informado personalmente por el general Joaquín Lagos que en Antofagasta el oficial delegado y su gente habían asesinado a 40 personas, por teléfono ordena comunicar al general Arellano “que no haga nada más”.

El día 1° de noviembre de 1973 el general Pinochet Ugarte ordena al general Lagos no mencionarlo ni al general Arellano en el informe de víctimas.

En octubre de 1974 el general Lagos fue llamado a retiro del ejército.

Hacia junio de 1974 leyendo un artículo de prensa que trataba las implicancias geopolíticas de la crisis árabe-israelí el rostro del general Pinochet Ugarte se fue descomponiendo, luego de un par de párrafos lanzó un grito destemplado tiró al aire la publicación y maldijo al general Carlos Prats, que era el autor y lo había firmado con el seudónimo Lautaro.

 En 1974 el general Pinochet Ugarte saca del servicio activo al general Nuño debido a sus críticas a las acciones y castigos que se aplicaron a los detenidos fuera del marco establecido por el “estatuto de guerra” (como las torturas y ejecuciones). General Nuño

Sergio Nuño fue hasta el Consejo de Ministros para exponer su oposición a acciones de “represión innecesaria”, que no se opondría a la ejecución de personas tales como Altamirano, pero que sí lo haría si se trata de ejecutar sumariamente a obreros y dirigentes sindicales en una fábrica. Su postura fue apoyada solo por el general Bonilla, no por los generales Pinochet, Leigh y Arellano. Cable de la CIA del 29 de octubre de 1973

El 28 de noviembre de 1974 muere en el hospital militar el general Augusto Lutz.

La familia sospechó que fue asesinado. El 2018 se exhumaron sus restos en una investigación.

Lutz mantuvo disputas internas con el general Pinochet Ugarte y el coronel Contreras debido a diferencias sobre la política de inteligencia y el alcance de los métodos represivos, especialmente los cometidos por la DINA.

En diciembre de 1974 el general Leigh se opuso a que Pinochet Ugarte asumiera el cargo de presidente de la república.

Frente a esa negativa "a Pinochet le vino un ataque de furia, dio un golpetazo a la mesa, quebró el cristal, se rompió un poco la mano y sangró. Ahí, Merino y Mendoza me dijeron que yo debía firmar porque si no la Junta se iba a dividir. Firmé". General Leigh

El 3 de marzo de 1975 muere en un accidente de helicóptero el general Oscar Bonilla.

En su familia creen que fue asesinado. Su hijo ha sostenido que Bonilla se enfrentó con el coronel Contreras por las torturas en Tejas Verdes.

En el fallo por el homicidio calificado de los ciudadanos estadounidenses Charles Edmund Horman Lazar y Frank Randall Teruggi, detenidos y asesinados tras pasar por el Estadio Nacional en septiembre de 1973, la sentencia establece que Bonilla ordenó a su secretario personal concurrir cuatro veces al Instituto Médico Legal para averiguar el paradero de personas detenidas desaparecidas, entre ellas Horman y Teruggi.

En 1976 con la aprobación del general Pinochet Ugarte sale del ejercito el general Arellano organizador del golpe de estado de 1973.

En 1978 general Arellano escribió al general Nuño que no podía aceptar una “dictadura personalista y de extrema derecha”.

El 24 de julio de 1978 tras fuertes roces con el general Pinochet Ugarte el general Leigh fue expulsado de la Junta de Gobierno y del mando de la aviación.

Días antes el general Leigh en entrevista de Corriere della Sera habló de una “dictadura personalista” y pidió un retorno a la democracia, señalando indirectamente que Pinochet había asumido el poder de manera personalista.

El general Leigh grababa en secreto sus conversaciones con el general Pinochet Ugarte.

Con el general Leigh salieron de la aviación entre 8 y 12 generales por depuración política.

En 1979 el general Leigh declaró que Pinochet Ugarte no fue de los primeros en comprometerse con el golpe y esperó hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.

Documentos de la CIA desclasificados confirman que Pinochet sólo se sumó al golpe en las últimas 48 horas, después de recibir confirmación de que las otras ramas estaban comprometidas. Peter Kornbluh

En 1981 el general Pinochet Ugarte indulta a los sujetos que participaron en el asesinato del edecán naval del presidente Allende, el capitán de fragata Arturo Araya Peeters, ocurrido el 27 de julio de 1973, bajo el argumento de "servicios prestados a la Patria".

El 25 de febrero de 1982 es asesinado Tucapel Jiménez, persona vinculada al general Leigh.

Días antes Jiménez estuvo en una cena con el general Leigh y otros donde discutieron temas políticos. El general Leigh se reunió varias veces con Jiménez.

Funcionarios de la CNI, sucesora de la DINA, ejecutaron el crimen y el general Arturo Álvarez Sgolia fue condenado a 10 años de presidio.

En 1986 el general Pinochet Ugarte después de un atentado para matarlo lo adjudica en el primer momento a un complot de militares.

El 5 de octubre de 1988 en la noche, ya perdido el plebiscito que lo autorizaba a continuar gobernando ocho años más el general Pinochet Ugarte presentó a los miembros de la Junta Militar un decreto con que asumía todo el poder para no reconocer los resultados. "Yo no me voy” (dijo Pinochet Ugarte). Enseguida expresó que estaba dispuesto a sacar las tropas a la calle y 'barrer con los comunistas". “Necesito facultades especiales”, general Fernando Matthei, uno de los integrantes de la Junta Militar.

Los militares de la Junta no se lo dieron.

Documentos estadounidenses muestran que Washington ya había hecho contactos con generales a espaldas del general Pinochet Ugarte para impedirlo.

El año 2005 frente al general Pinochet Ugarte y al juez, el general Manuel Contreras preguntado por el tribunal “si mantiene lo declarado, en el sentido que jamás la DINA realizó actividad alguna que no fuera ordenada o debida y oportunamente informada al general Pinochet ya que dicha organización, por ley, obedecía a una estructura jerárquica y disciplinada. Respondió “Mantengo mis dichos”. El general Pinochet Ugarte respondió: Yo digo que el general Contreras como jefe del servicio es el responsable de lo hecho por la DINA. Él es responsable de lo hecho por la Dina. ¿Cómo voy a ser responsable? Yo solo podría tener una responsabilidad indirecta, porque, por ejemplo, el jefe le pregunta algo al servicio de inteligencia, es la pregunta que hace el jefe, ahora cómo el jefe de servicio va a lograr la información es problema de él”.

Las víctimas de la DINA entre ejecutados políticos y detenidos desaparecidos (1973-1977) fueron 1.097. Informe Rettig

Lo subrayado/interpolado es nuestro.