sábado, 21 de noviembre de 2026

Chile: 23 años de cárcel para frenar un proyecto político que desafía al gran capital en Wallmapu


Chile: 23 años de cárcel para frenar un proyecto político que desafía al gran capital en Wallmapu

Por Werkén/Clarines Colombia, Other News, ADDHEE.ONG: 

Héctor Llaitul Carrillanca, histórico werken de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), fue condenado a 23 años de cárcel.

De ellos, 15 corresponden a delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, relacionados con sus declaraciones públicas.

Pero ¿qué existe detrás de esta condena? ¿Se trata únicamente de justicia o también puede interpretarse como un intento de frenar un proyecto político que desafía los intereses económicos del gran capital forestal en Wallmapu?

Desde una lectura crítica, la condena contra Llaitul puede entenderse como algo más que una sanción penal: como parte de una estrategia para debilitar un proyecto político que cuestiona la concentración de la tierra y los intereses económicos instalados en territorio ancestral mapuche…

Como vocero de la CAM, Llaitul levantó una posición autonomista que reivindica la reconstrucción nacional mapuche, la recuperación territorial y la confrontación, principalmente, con las grandes empresas forestales. Un proyecto que su organización ha buscado materializar mediante la recuperación de territorios históricamente reclamados por comunidades mapuche y acciones de resistencia y confrontación, algunas de ellas sancionadas penalmente.

Aquí surge una cuestión de fondo: reconocer las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche también implica cuestionar enormes intereses económicos construidos sobre tierras cuya propiedad y legitimidad histórica siguen siendo objeto de controversia.

𝗧𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼

En el juicio contra Llaitul también se utilizaron testimonios de personas cuya identidad se mantuvo bajo reserva. Su defensa cuestionó esta medida, sosteniendo que afectó el derecho a defensa y las garantías del debido proceso, al dificultar el examen de esos testimonios. La Corte Suprema rechazó posteriormente el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmó la condena.

Este punto merece atención. ¿Cómo se garantiza plenamente el derecho a defensa cuando parte de la prueba proviene de testigos cuya identidad no se conoce? Es una pregunta especialmente relevante para el Pueblo Mapuche, considerando la larga historia de cuestionamientos al uso de este tipo de testimonios en procesos contra integrantes de comunidades y organizaciones.

𝗟𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼𝘀

Existe también una responsabilidad política que no puede quedar fuera de este análisis. La persecución judicial contra el werken se inició durante el gobierno de Sebastián Piñera y continuó bajo la administración de Gabriel Boric, que amplió en 2022 la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado…

El régimen de Boric, respaldado por partidos de izquierda, defendió públicamente el proceso que desembocó en la condena de Llaitul. Entre sus autoridades, la entonces vocera Camila Vallejo manifestó la posición del Ejecutivo frente a las resoluciones judiciales. Para quienes vemos en este caso una expresión de persecución política, resulta difícil dejar de cuestionar que una dirigenta comunista respaldara la actuación de un tribunal cuya justicia es profundamente cuestionada por el Pueblo Mapuche.

Profundizar “la pacificación de la Araucanía” por las fuerzas armadas del régimen de turno…

Con la llegada de José Antonio Kast, esta política de seguridad no comenzó desde cero: encontró un camino previamente establecido. La continuidad del despliegue militar y las prórrogas del estado de excepción en Wallmapu muestran que, más allá de las diferencias entre gobiernos, existen elementos de continuidad en la forma en que el Estado enfrenta las reivindicaciones territoriales mapuche.

𝗙𝗶𝗿𝗺𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮́𝗿𝗰𝗲𝗹

Pese al encarcelamiento, Héctor Llaitul se mantiene firme en sus convicciones y en la defensa del proyecto político que ha representado. Su situación también ha estado marcada por cuestionamientos al trato y a las decisiones de Gendarmería, que se remontan al período Boric donde fue ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo.

Mientras los gobiernos cambian y sus discursos se diferencian, las políticas de seguridad frente al movimiento autonomista mapuche mantienen importantes elementos de continuidad.

Los tribunales establecen responsabilidades por delitos concretos. Pero eso no impide preguntarse por la dimensión política de una condena de 23 años contra quien representa uno de los proyectos autonomistas más confrontacionales de las últimas décadas, en un contexto en que las injusticias contra el Pueblo Mapuche persisten.

Porque, si el encarcelamiento de Llaitul también busca debilitar ese proyecto, la pregunta sigue abierta: ¿cuánto de esta condena responde a los delitos juzgados y cuánto al temor que genera cuestionar el poder económico y territorial del gran capital forestal en Wallmapu?

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

Las fuertes lluvias inundan miles de precarias tiendas de campaña en Gaza y agravan la crisis humanitaria


Las fuertes lluvias inundan miles de precarias tiendas de campaña en Gaza y agravan la crisis humanitaria

Por Antonio Pita/escritor, periodista y analista internacional

Cinco palestinos, tres de ellos menores, mueren por un derrumbe de tierra. Israel lleva más de un año de alto el fuego bloqueando la reconstrucción de la Franja.

Las fuertes lluvias están causando estragos por cuarto año consecutivo en una Gaza donde cientos de miles de personas siguen viviendo en tiendas de campaña, porque Israel impide la reconstrucción que prometía el alto el fuego firmado en octubre de 2025. Desde la madrugada del viernes al sábado viene cayendo agua con intensidad en la zona, provocando inundaciones que han anegado hasta 70.000 tiendas de campaña y derribado edificios fragilizados por los bombardeos israelíes, según los datos proporcionados por el Gobierno de Hamás. La consecuencia más trágica ha sido la muerte este domingo de tres menores y dos mujeres, al caer un gran montón de tierra y arena sobre varias tiendas de campaña en Deir al Balah, ha informado la Defensa Civil, encargada de la atención y los rescates. Este organismo asegura haber recibido al menos 1.500 llamadas de emergencia. No ha podido atender todas.

En las imágenes de los periodistas palestinos (Israel impide a la prensa desde 2023 la entrada libre a Gaza), pueden verse tiendas con el suelo cubierto de agua y barro, así como familias tratando desesperadamente de vaciarlas con lo que sea. También colchones, prendas de ropa completamente mojadas y grandes charcos entre las tiendas.

Una anciana sin identificar contaba a la cadena Al Jazeera con el agua hasta los tobillos cómo el agua se ha llevado todo lo que tenían y humedecido la harina que guardaban en un gran saco para hacer pan. “Ropa, productos médicos… Es nuestra casa y no queda nada”, lamentaba.

La inundación ha sido cuestión de horas, en particular desde el sábado, en una muestra de la precariedad de la situación de los gazatíes. Unos 400.000 desplazados por la invasión israelí malviven en lugares considerados “altamente vulnerables” a las inundaciones. La Defensa Civil cifra en más de 2.000 los edificios en riesgo de derrumbe y en al menos 300.000 las tiendas de campaña necesarias para que los desplazados puedan afrontar estas condiciones meteorológicas.

Las familias cuyos refugios han quedado inundados llevan además 48 horas sin recibir ayuda alimentaria, según Al Jazeera. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, en sus siglas en inglés) ha emitido un mensaje en el que asegura estar “distribuyendo suministros de emergencia y brindando otro tipo de apoyo a las familias afectadas”, pero aclarando que “las existencias disponibles son insuficientes”. “Meses de déficit de financiación y restricciones han limitado gravemente los preparativos”, añade.

Jonathan Veitch, el representante en Gaza de Unicef, la agencia de la ONU dedicada a la infancia, ha difundido un vídeo desde el interior de la Franja en el que explica que los ríos de agua de la lluvia se mezclan al caer con aguas residuales, con el consiguiente peligro para la salud en un territorio donde proliferan las infecciones, los insectos y hasta los roedores por las condiciones de vida a las que se encuentra sometido. El Gobierno de Hamás en Gaza estima que la tormenta ha causado daños por valor de tres millones de dólares (casi 2,7 millones de euros).

Si el término catástrofe natural ya es blanco de críticas de los expertos, aplica aún menos en este caso. Hace más de un año que Israel y Hamás firmaron un alto el fuego, impulsado por el presidente Donald Trump, por el que el movimiento islamista entregó a sus últimos rehenes (vivos y muertos) y marcaba como “inmediato” el fin de la guerra y el inicio de la reconstrucción.

Israel, sin embargo, ha asesinado en esos 13 meses a más de 1.600 palestinos y viene impidiendo la reconstrucción, con la connivencia de la Junta de Trump, que supervisa el alto el fuego. Está prohibiendo la entrada de refugios móviles, viviendas prefabricadas y contenedores. También restringe el acceso de tiendas de campaña.

El motivo es que el régimen de Benjamín Netanyahu y la Junta condicionan los avances y retiradas de tropas al previo desarme completo y verificado de Hamás. La reconstrucción en la parte que controla (donde vive virtualmente toda la población, más de dos millones de personas) está así paralizada. Y cientos de miles siguen en tiendas de campaña.

Hamás ha emitido este sábado un comunicado en el que responsabiliza de la situación tanto a Israel como a la Junta de Paz y a su director, Nickolay Mladenov, por permitir “la obstrucción de la implementación” del protocolo humanitario del alto el fuego”. “La Junta debe asumir sus responsabilidades humanitarias y morales y trabajar para detener el deterioro de las condiciones en Gaza”, ha agregado.

Lo subrayado/interpolado es nuestro

Las presiones hegemónicas y la falta de equidad asfixian a la CPI


Las presiones hegemónicas y la falta de equidad asfixian a la CPI


Por Rodrigo Bernardo Ortega/escritor, periodista y analista internacional/Other News/ADDHEE.ONG:

La Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto a los titulares, no por dictar esperadas condenas —que siguen sin llegar—, sino por enfrentar una amenaza existencial. Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha anunciado severas sanciones para asfixiar las operaciones financieras del tribunal bajo la premisa de «defender su soberanía». Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la medida busca impedir a toda costa el procesamiento de ciudadanos estadounidenses, prohibiendo a las empresas de su país proveer bienes o servicios a la institución. Paradójicamente, este anuncio se hizo público apenas horas después de que la exjueza de la CPI, Navi Pillay, fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026.

Expertos jurídicos advierten que esta hostilidad representa la crisis más grave en los 24 años de historia del tribunal. Al dejar a la CPI sin oxígeno económico, la institución podría verse incapacitada para llevar a cabo sus juicios, un escenario que eventualmente obligaría, por imperativo legal, a liberar a los detenidos de alto perfil que aguardan sus procesos en La Haya.

Este embate cobra especial relevancia a la luz de recientes decisiones diplomáticas en América Latina y África, las cuales obligan a evaluar la pertinencia de este tribunal en la política exterior contemporánea. Aunque en el pasado hemos abogado por una reforma que dote a la Corte de verdadera vocación universal, hoy resulta imperativo analizar otras vías, pues existe un importante consenso de múltiples organizaciones y analistas, quienes advertimos que la CPI es incapaz de garantizar plenamente los estándares del debido proceso…

Uno de sus fallos más críticos es la vulneración del principio de «igualdad de armas», el cual exige que ninguna de las partes enfrente una desventaja sustancial. En La Haya, este pilar se resquebraja ante la profunda asimetría de recursos operativos, logísticos y de investigación entre la Fiscalía —respaldada por presupuestos estatales y redes de cooperación— y los equipos de defensa. Aunque la normativa interna, la International Criminal Court Bar Association (ICCBA) y la Oficina del Defensor Público para la Defensa (ODPD) intentan mitigar estas brechas, la disparidad material sigue siendo un obstáculo mayúsculo para la equidad procesal…

A esto se suma la fragilidad del sistema de asistencia legal. La viabilidad de una defensa técnica robusta para acusados sin recursos depende de fondos de la Corte que resultan insuficientes. Muchas organizaciones civiles han advertido que los subsidios complementarios —vitales para facilitar visitas familiares debido a la lejanía geográfica de los centros de detención europeos— dependen de las fluctuantes contribuciones voluntarias de los Estados Partes, poniendo en riesgo las garantías procesales de los individuos más vulnerables. Paralelamente, la complejidad de las investigaciones macrocriminales y la dependencia de la cooperación estatal, generan dilaciones crónicas que afectan tanto el derecho del acusado a un juicio sin retrasos indebidos, como el de las víctimas a obtener una respuesta oportuna.

Más allá de lo operativo, la CPI enfrenta una severa crisis de legitimidad impulsada por su opacidad metodológica. La Oficina del Fiscal posee discrecionalidad para decidir qué situaciones investigar, pero la formulación de estos criterios carece de claridad pública. Esta falta de predictibilidad alimenta la sospecha de que las decisiones procesales responden a presiones diplomáticas, intereses de potencias hegemónicas o coyunturas políticas globales, restándole credibilidad a su independencia técnica y absoluta neutralidad jurídica.

Este fenómeno consolida la crítica más recurrente desde el Sur Global: el «doble rasero». Sectores académicos, gobiernos y organizaciones como Amnistía Internacional denuncian un claro sesgo geográfico, señalando que la CPI ha concentrado sus esfuerzos de forma desproporcionada en África y en países en desarrollo, mientras exhibe una impunidad estructural frente a los actores hegemónicos y sus aliados. Esta disparidad, sustentada en el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU o en la no ratificación de los tratados constitutivos, crea un marcado contraste institucional: ciertas crisis movilizan recursos occidentales inmediatos, mientras otras permanecen años estancadas en exámenes preliminares.

Al subvertir el principio universal de igualdad ante la ley, el tribunal se percibe como un instrumento de selectividad política.

Estas fricciones teóricas se han traducido en decisiones de Estado tangibles. Un ejemplo claro fue el giro del Gobierno colombiano al retirar, de forma sorpresiva, la candidatura de la jurista Carolina Olarte Bácares a una magistratura de la CPI. Aunque lamentado por diversos sectores como la pérdida de una oportunidad histórica para el liderazgo jurídico del país, el movimiento evidenció un replanteamiento de los compromisos de Colombia con La Haya. Esta acción no es un caso aislado, sino que hace eco de una tendencia global donde naciones como Burundi, Filipinas o los Estados de la Alianza del Sahel han optado por la revisión o retirada formal del Estatuto de Roma para priorizar su autonomía soberana frente a la percepción de injerencias supranacionales.

Ante esta crisis de confianza, cobra fuerza la estructuración de sistemas judiciales alternativos e independientes de las directrices occidentales. La Unión Africana, por ejemplo, ha impulsado el Protocolo de Malabo para dotar a la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos de competencia penal internacional. Su objetivo es aplicar «soluciones africanas para problemas africanos», juzgando no solo crímenes atroces, sino también flagelos de alto impacto regional como el terrorismo, el tráfico ilícito, la corrupción transnacional y los cambios inconstitucionales de gobierno. A la par, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) promueve un equilibrio en la gobernanza global fundado en la no injerencia y el respeto mutuo. Para los defensores de estos mecanismos, la justicia requiere de una proximidad cultural y comprensión contextual de los conflictos locales, elementos que terminan diluidos en los estrados burocráticos de Europa.

Esta selectividad procesal —tanto vertical como horizontal— contradice de manera directa el postulado fundamental de que la ley debe aplicarse idénticamente a todos los individuos, sin importar su estatus. Cuando un tribunal internacional se percibe como un mecanismo sujeto a cálculos geopolíticos y falto de neutralidad real, su credibilidad se debilita profundamente, desencadenando crisis de confianza y motivando reacciones de distanciamiento soberano por parte de diversos Estados.

El distanciamiento crítico de foros judiciales que adolecen de politización y sesgo se perfila hoy como una directriz ineludible.

Cuestionar la participación pasiva o incondicional en instancias judiciales controvertidas, permite a las naciones diversificar sus vínculos diplomáticos y proteger sus marcos jurídicos internos frente a presiones supranacionales.

Por ello, los ministerios de Relaciones Exteriores tienen el deber institucional de integrar esta discusión dentro de sus agendas públicas, evaluando bajo un enfoque estrictamente pragmático la conveniencia de la arquitectura judicial global.

Lejos de implicar la abolición de la justicia universal, el camino más viable parece apuntar hacia su descentralización mediante la consolidación de tribunales regionales independientes, culturalmente informados y resilientes a las amenazas de las grandes potencias, pues una política exterior madura exige conciliar la cooperación internacional con la defensa firme de la soberanía, asegurando que las obligaciones multilaterales no vulneren la estabilidad ni los objetivos estratégicos del país.

Lo subrayado/interpolado es nuestro

Fuentes y Enlaces de Referencia

Amnistía Internacional: 20 años de Corte Penal Internacional: En la justicia internacional no hay lugar para dobles raseros.

Conferencia Internacional, el Derecho, la Justicia y la Corte Penal internacional; Patrocinan Fundación Heinrich Böll, ADDHEE.ONG, AAJ/Asociación Americana de Juristas con asiento consultivo ante ONU

Coalición por la Corte Penal Internacional: Juicios justos y garantías procesales

Almacén de Derecho: 20 años de la Corte Penal Internacional. Una evaluación crítica

RTVE: Mali, Burkina Faso y Níger se retiran de la Corte Penal Internacional

El Colombiano: Colombia se baja de histórica candidatura a la Corte Penal Internacional

Infobae: Gobierno retiró la candidatura de Carolina Olarte-Bácares a la Corte Penal Internacional y reacciones políticas

Coalición por la Corte Penal Internacional: Juicios justos y garantías procesales en la CPI

International Bar Association (IBA): Informes sobre la práctica de pruebas, equidad procesal y estándares en juicios de la CPI

Revista Derecho Penal y Criminología (Universidad Externado de Colombia): Análisis conceptual del principio de igualdad de armas en la justicia penal

SciELO / Universidad Católica de Colombia: Estudios sobre investigación macrocriminal y transparencia en los criterios de selección de casos

Human Rights Watch: Evaluación histórica sobre los primeros años, el sistema de asistencia legal y los desafíos de equidad en la CPI

Amnistía Internacional: 20 años de Corte Penal Internacional: En la justicia internacional no hay lugar para dobles raseros

Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP) / Wolfgang Kaleck: Double Standards in International Criminal Justice: A Long Road Ahead Towards Universal Justice

ResearchGate / Publicaciones académicas sobre Derecho Penal Internacional: Double standards in international criminal law after the ‘Ukraine Moment’


El Papa León XIV en la tierra prometida de la IA inhumana del feudalismo tecnológico de la era digital…

El Papa León XIV en la tierra prometida de la IA inhumana del feudalismo tecnológico de la era digital…

Por: Gustavo Ng/Escritor, periodista y analista internacional/tektonikos/Other news/ADDDHEE.ONG:

Prolegómeno: Reconozco dos inteligencias,

- Una humana racional y otra animal, irracional. La segunda supera a menudo a la primera del perverso sistema capitalista determinista globalizado por la brutalidad, barbaridad y terrorismo con que los desquiciados mercachifles plutócratas oligarcas, dueños de la celestina universal/el dólar y la IAG-  “inteligencia” artificial  genocida -, pretenden controlar los destinos del género humano/la humanidad.

El principal objetivo de la IAG es anular la Dignidad del Ser Humano transmutándolo en un guarismo orwelliano…

Con esperanza y memoria, pienso luego existo - Cogito ergo Sum - : ¡Sapere aude, atrévete a pensar¡  “Solo merecen la Libertad  y la vida quienes cada día las conquistan “

Prof. Moreno Peralta /IWA

Secretario ejecutivo ADDHEE.ONG


¡Ultima hora!
El gobierno de Chile por intermedio de su Ministra de ciencias, firmo un convenio OpenIA para instalar un centro de datos de enormes decisiones. Cada acto de gobierno se encuadra, obligatoriamente, en la realidad del medio ambiente, social, tecnológica, educacional y de pensamiento. Esto ha sido así, se enmarca en las decisiones de los gobernantes, con el nuevo centro con la “inteligencia artificial” que actúa más allá de todo limite, los agentes IA se comunican entre ellos automáticamente sin control humano…

Esta decisión trajo el rechazo de la comunidad científica y de la viceministra de las ciencias, que renuncio… “Dejar hacer, dejar pasar, somos libres, el fin justifica los medios”…  ADDHEE.ONG.

Reflexiona Gustavo Ng editor de la Revista Deang Dai, República Popular China…

El papa León XIV en la Argentina de Milei: dos visiones opuestas sobre la IA y la dignidad.

Estamos viviendo la época del Nuevo Orden Mundial/hegemónico y su feudalismo tecnológico de la era digital, con la que Estados Unidos busca adueñarse de las relaciones comerciales, las inversiones, las decisiones estratégicas y las alianzas internacionales de los países de América Latina y el Caribe.

Argentina, entregada como laboratorio humano de las grandes tecnológicas

Este momento de humillación/resignación cipaya/paniaguada es el tiempo de la ofensiva de las grandes empresas tecnológicas para ampliar su presencia en Argentina, el tercer país más poblado de América Latina. Entre los protagonistas de esta expansión figura Peter Thiel, multimillonario estadounidense, cofundador de PayPal y de Palantir Technologies, empresa especializada en integrar y analizar grandes volúmenes de información y proveedora de tecnologías utilizadas por organismos gubernamentales, militares y de inteligencia de los gobiernos de EE.UU. e Israel. Thiel se reunió con Milei en la Casa Rosada en abril de 2026, visita que adquirió especial relevancia cuando, semanas después, el Ministerio de Capital Humano anunció un proyecto de inteligencia artificial destinado a construir un modelo predictivo de la sociedad argentina. La Fundación Vía Libre y otros especialistas reclamaron que se aclarara si existían contactos o acuerdos con Palantir. Entre las compañías con intereses tecnológicos documentados en el país sobresale también OpenAI, que junto con Sur Energy anunció una iniciativa para estudiar la instalación de infraestructura de cómputo de gran escala.

La importancia de estas iniciativas no reside solamente en la llegada de capital extranjero, sino en la posibilidad de que Argentina sea utilizada como un espacio de experimentación con formas de organización económica, procesamiento de información y administración pública que suscitan fuertes controversias internacionales. El proyecto denominado “Gemelo Digital Social”, anunciado en mayo de 2026 por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, proponía integrar información demográfica, laboral, educativa, económica y social para construir simulaciones de la población y anticipar los efectos de las políticas públicas. Su promesa era transformar un Estado que reacciona ante los problemas en un “Estado predictivo”, una herramienta que necesita contar con información privada de cada ciudadano, a la que accederían las grandes compañías tecnológicas. Sus algoritmos, por otra parte, estarían definidos no precisamente por la sociedad argentina, en tanto las decisiones sobre la vida de los argentinos estarían tomadas por máquinas.

La controversia llegó al Congreso y a la Justicia. En julio, después de haber anunciado la iniciativa, Capital Humano respondió a pedidos de información que el Gemelo Digital Social no estaba en curso ni siquiera en etapa de diseño. La contradicción dejó sin resolver numerosos interrogantes, pero impide afirmar que el sistema haya sido efectivamente implementado.

La orientación del régimen argentino adquiere un significado político adicional por el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump. Más allá de una afinidad ideológica, hay una identificación explícita con la agenda internacional estadounidense, una estrecha relación con sectores de la derecha estadounidense y una política exterior que privilegia a Estados Unidos incluso cuando ello puede cerrar las puertas de negociación de Argentina con otros países. Como vasallo de Trump, Milei lleva a la Argentina a renunciar voluntaria a una política exterior suficientemente autónoma para defender intereses nacionales.

Prostitución digital

Es en esa condición que Milei formuló una invitación internacional extraordinaria. El 4 de junio de 2026 publicó en el diario británico Financial Times una columna titulada “Argentina invites AI to free itself”, en la que presentó a Argentina como un territorio especialmente favorable para el desarrollo de inteligencia artificial con mínima intervención regulatoria. Su propuesta descansaba en tres pilares: mantener la IA sin una regulación que consideraba prematura, crear una categoría de sociedades operadas por agentes artificiales o robots y ofrecer condiciones fiscales competitivas. Además de anunciar una orientación general, explicó que su gobierno había enviado al Congreso una reforma societaria y concluyó que se trataba de una invitación a las empresas del mundo.

Esa propuesta contempla las sociedades automatizadas, capaces de delegar funciones de administración y decisiones empresariales en sistemas de inteligencia artificial, así como el reconocimiento de organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), que combinan automatización, imposibilidad de identificar a los responsables de las decisiones, concentración del poder económico y controles jurídicos insuficientes — el proyecto restringe la posibilidad de que los organismos de control inspeccionen determinadas partes del código informático protegidas por propiedad intelectual. Así, entidades con un alto grado de autonomía tecnológica podrán operar bajo un régimen de responsabilidad limitada. ¿Quién responde si una empresa administrada por algoritmos discrimina a trabajadores, perjudica consumidores, realiza operaciones fraudulentas o produce daños ambientales? ¿Los accionistas, los programadores, los proveedores de los modelos o la propia sociedad? El Gobierno sostiene que las normas generales de responsabilidad continuarían vigentes, pero esas normas serían insuficientes cuando no existe una conducción humana claramente identificable…

El ultraje del territorio

Milei también invita a las grandes compañías tecnológicas a utilizar el territorio argentino para instalar centros de datos de enormes dimensiones. En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy anunciaron una carta de intención para explorar la construcción de Stargate Argentina, un complejo de infraestructura de IA con una capacidad proyectada de hasta 500 megavatios y una inversión potencial de hasta 25.000 millones de dólares, que podría acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La expansión mundial de los centros de datos ya provoca una resistencia creciente por sus consecuencias ambientales, energéticas y territoriales. En julio de 2026 se organizaron 142 protestas en 42 estados de Estados Unidos contra la construcción acelerada de estas instalaciones. En septiembre, una investigación difundida por el diario Los Angeles Times señaló que la oposición comunitaria había contribuido a bloquear o demorar proyectos por unos 68.000 millones de dólares durante el segundo trimestre del año. En Nuevo México, el 27 de octubre, estudiantes y organizaciones ambientalistas reclamaron una moratoria y cuestionaron el proyecto Jupiter por sus posibles consecuencias sobre el agua, la energía y las comunidades locales. En Sudáfrica, organizaciones sociales de Ciudad del Cabo solicitaron detener la expansión de centros de datos vinculados con empresas estadounidenses, denunciando la competencia por tierra, agua y electricidad. En Irlanda, las restricciones de capacidad eléctrica y las exigencias climáticas también han condicionado autorizaciones de nuevas instalaciones.

La Fundación Vía Libre y otros especialistas han advertido que una economía de enclave digital podría ser una nueva modalidad de dependencia en la que los países periféricos aportan recursos materiales para una industria cuyo conocimiento estratégico y cuyo valor económico principal se concentran en las grandes corporaciones globales.

El régimen inhumano…

El régimen que pretende abrir Argentina a la experimentación con sistemas capaces de sustituir o condicionar decisiones humanas se caracteriza por su crueldad e inhumanidad. Organizaciones de personas con discapacidad cuestionan la suspensión de pensiones, los procedimientos de reevaluación y las dificultades para acceder a prestaciones. Profesionales de la salud y referentes sociales denuncian las consecuencias de las restricciones presupuestarias sobre el Hospital Garrahan y la atención pediátrica. Organizaciones barriales reclaman por la interrupción del suministro de alimentos a comedores populares. El Centro de Estudios Legales y Sociales y especialistas en migraciones cuestionan las reformas que restringieron derechos y endurecieron los mecanismos de control sobre la población migrante.

Una IA orientada a mejorar la distribución de alimentos, detectar enfermedades o prevenir el abandono escolar podría fortalecer los derechos sociales, pero una IA orientada a reducir gastos, seleccionar beneficiarios o automatizar exclusiones profundizaría las desigualdades existentes. Pero la Argentina de Milei del Escudo de las Americas, un feliz “patio trasero”, se ofrece como una puerta de entrada para modalidades de desarrollo y aplicación de IA sin control social.

Las consecuencias podrían trascender ampliamente sus fronteras. Los sistemas de IA se comercializan internacionalmente, los modelos y agentes pueden operar a través de jurisdicciones distintas y las estructuras societarias creadas en un país pueden utilizarse para desarrollar actividades en otros. Si una jurisdicción ofrece ventajas especiales a cambio de exigir menos obligaciones, puede incentivar una competencia internacional por disminuir estándares de protección. El problema es global porque una tecnología capaz de operar a escala mundial puede aprovechar la falta de regulación de un Estado para producir consecuencias en muchos otros.

Una inteligencia artificial al servicio de una sociedad justa

Mientras Argentina ensaya esta apertura, en numerosos países y organismos internacionales crece la conciencia de que la inteligencia artificial necesita reglas, supervisión humana y mecanismos de responsabilidad. La Unión Europea adoptó su Reglamento de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, que establece obligaciones diferenciadas según el riesgo de cada aplicación. China, una de las principales potencias mundiales en inteligencia artificial, también sostiene que su desarrollo requiere gobernanza —el Gobierno chino combina la promoción intensiva de la innovación con exigencias de seguridad, supervisión estatal y control de determinados usos tecnológicos…

Uno de los grandes centros de autoridad moral del mundo que ha elevado su voz sobre esta cuestión es la Iglesia católica. El papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humanitas. Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, publicada el 15 de mayo de 2026, sitúa la revolución tecnológica dentro de la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia.

El papa León XIV en Argentina

El papa León XIV propone examinar las transformaciones de la inteligencia artificial desde la dignidad de las personas, el bien común, la justicia social, la solidaridad, el destino universal de los bienes y el cuidado de la Casa común. La encíclica reconoce las posibilidades extraordinarias para la ciencia, la medicina, la educación, el trabajo y el bienestar de la IA, pero advierte que el aumento del poder tecnológico no constituye necesariamente un progreso humano y que una sociedad puede disponer de instrumentos cada vez más sofisticados mientras deteriora sus vínculos de solidaridad y sus responsabilidades hacia los más vulnerables.

La distinción fundamental de Magnifica Humanitas es que la inteligencia artificial no es una persona humana: no posee la experiencia corporal, afectiva, relacional y moral que constituye la vida humana. No experimenta el sufrimiento, no conoce el amor y no puede asumir una responsabilidad moral por las consecuencias de sus actos. Por eso, León XIV advierte contra la delegación de decisiones humanas fundamentales en sistemas algorítmicos. Reclama marcos jurídicos adecuados, supervisión independiente, transparencia y responsabilidad identificable…

También cuestiona la concentración de datos e infraestructura tecnológica en un pequeño número de corporaciones y recuerda que los beneficios de la innovación deben alcanzar a todos los pueblos, no solamente a quienes poseen el capital y los recursos necesarios para desarrollarla…

Y es precisamente ese Papa, que ha convertido la defensa de la dignidad humana frente a los riesgos de la inteligencia artificial en uno de los ejes de su pontificado, quien vino a Argentina…

Llegó a un país cuyo presidente promueve una política tecnológica que, en sus principios declarados, se opone a las exigencias de supervisión, responsabilidad y bien común desarrolladas en Magnifica Humanitas.

El contraste resulta todavía más significativo porque Milei es el mismo dirigente que, antes de asumir la Presidencia, llamó al papa Francisco “el representante del Maligno en la Tierra”, precisamente en el contexto de sus ataques contra la justicia social defendida por el pontífice argentino.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.

jueves, 12 de noviembre de 2026

Las venas, reabiertas, de América Latina: esta vez el algoritmo del feudalismo tecnológico de la era digital …

 

Las venas, reabiertas, de América Latina: esta vez el algoritmo del feudalismo tecnológico de la era digital …

Por Jean Wyllys/escritor, periodista y analista internacional/Voces del Mundo/Other News/ADDHEE.ONG:



Eduardo Galeano escribió en 1971: «La división del trabajo entre las naciones consiste en que unas se especializan en ganar y otras en perder. Nuestra parte del mundo, conocida hoy como América Latina, fue precoz: se ha especializado en perder desde aquellos tiempos remotos en que los europeos del Renacimiento se aventuraron al otro lado del océano e hincaron los dientes en las gargantas de las civilizaciones indígenas». Cincuenta y cinco años después, el botín del imperio ha adoptado formas menos tangibles y aún más peligrosas, porque la batalla económica se libra por el control de la mente —interfaces neuronales distorsionadoras, condicionamiento del comportamiento de votantes y consumidores y modelado cognitivo— o, en otras palabras, se trata de información: los datos de América Latina, su atención, sus pagos y su infraestructura digital. Aquí es donde los intereses de las grandes empresas tecnológicas coinciden con la política exterior de Donald Trump.

El 18 de agosto de 2026, cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Buenos Aires, Fernando Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en relación con un atentado contra la abogada y analista política boliviana Nadia Beller. Aunque recibió tres disparos de unos hombres que se hacían pasar por repartidores, ella consiguió sobrevivir. Cerimedo niega cualquier implicación, pero los tribunales ordenaron su prisión preventiva durante 180 días. El 8 de septiembre fue trasladado a La Paz y a Chonchocoro, la única prisión de máxima seguridad de Bolivia, para ser interrogado en el marco de una investigación sobre un supuesto enriquecimiento ilícito.

Lo que me interesa aquí no es tanto la cuestión de la culpabilidad o la inocencia en una investigación judicial en curso, sino analizar quién es este hombre, qué representa y el poder que ejerce.

Cerimedo, consultor político y estratega digital argentino, saltó a la fama entre la derecha y la extrema derecha latinoamericanas, colaborando con la organización de Bolsonaro, con el presidente argentino Javier Milei, como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y, según se dice, como «el hombre de MAGA en Latinoamérica». También es fundador del periódico digital La Derecha Diario, una plataforma muy influyente de la extrema derecha en Argentina y en Latinoamérica en general. Y no es un mero portavoz propagandístico. Está especializado en campañas de desprestigio, segmentación de audiencias, el lado oscuro de las redes sociales y, según él mismo afirma, redes de trolls.

El 4 de noviembre de 2022, apenas unos días después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro frente a Lula, Cerimedo realizó una retransmisión en directo en La Derecha Diario en la que presentó «Brasil fue robado», un «informe» basado en material elaborado previamente por asesores de Bolsonaro y oficiales del ejército, que afirmaba falsamente demostrar un comportamiento estadísticamente anómalo en ciertos modelos de máquinas de voto electrónico y, por lo tanto, arrojaba sospechas sobre los resultados electorales. Posteriormente, Cerimedo fue imputado por la policía federal en el marco de sus investigaciones sobre el intento de golpe de Estado de Bolsonaro y la difusión de información falsa sobre el sistema electoral, pero la fiscalía se negó a presentar cargos contra él.

Este episodio es solo la punta del iceberg de la internacionalización de las técnicas digitales por parte de la nueva extrema derecha en América Latina, que cuenta con sus propios operadores, plataformas, influencers, discurso, trolls y modelos que circulan principalmente entre Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Este mes, septiembre de 2026, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de Cerimedo y las posibles operaciones con bots y manipulación digital que afectan a la política chilena.

Este sistema de distorsión de la política puede resumirse en la producción de narrativas falsas o engañosas, su amplificación artificial y coordinada, y su transformación en realidad política. Es lo que denomino «falsolatría», el culto en el que la mentira no solo se exalta como contenido, sino que se constituye como toda una economía política de la mendacidad en la que la falsedad se produce, se segmenta, se amplifica y se monetiza.

James Williams describe muy bien este sistema en Clics contra la humanidad (Gatopardo Ensayo, 2021). Williams, un antiguo estratega de Google que posteriormente estudió la ética de la tecnología persuasiva en la Universidad de Oxford, muestra cómo, en la era de la sobrecarga de información, la atención se ha convertido en un recurso escaso, lo que también supone un problema político debido a la cuestión de quién logra captarla y controlarla.

La desinformación es más que un problema epistemológico o democrático, ya que forma parte integrante de una economía de la atención altamente concentrada en la que captar y comercializar la atención de miles de millones de personas constituye hoy en día una enorme fuente de acumulación privada, tal y como demuestra la empresa de las «Big Tech» Meta (director ejecutivo, Mark Zuckerberg). En 2025, los ingresos de Meta ascendieron a 200.970 millones de dólares, con un beneficio neto de 60.460 millones de dólares. Nada menos que 196.180 millones de dólares, es decir, el 97,6% de sus ingresos, procedían de la publicidad.

Las falsedades no tienen por qué monetizarse directamente. Son económicamente útiles para una plataforma si el contenido falso, la indignación, el conflicto y la polarización captan y logran mayores niveles de atención, ya que el tiempo de permanencia y la interacción alimentan entonces la economía publicitaria. Esto no significa que las plataformas produzcan y coordinen todas las mentiras, sino más bien que su modelo económico se beneficia de propagarlas para captar la atención a través de redes masivas.

Se trata, además, de una economía extremadamente concentrada. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que la cuota combinada de las ventas del sector correspondiente a las cinco mayores multinacionales digitales aumentó del 21% en 2017 al 48% en 2025. El Informe Mundial sobre la Desigualdad de 2026 calcula que el 10% más rico recibe el 53% de los ingresos mundiales y posee el 75% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre recibe el 8% de los ingresos y posee apenas el 2% de la riqueza. Los datos, las infraestructuras, la propiedad intelectual, el capital y el poder de mercado se concentran cada vez más en manos de los mismos, y escasos, actores, lo que significa que también acumulan el poder de gestionar los flujos de información.

Este es el contexto en el que debe analizarse la política exterior y comercial de Trump hacia América Latina, ya que va mucho más allá de la ideología y la diplomacia. En su afán por hacerse con el control del valor de la economía digital —sus datos, pagos, publicidad, inteligencia artificial, infraestructuras y mercados—, también busca manipular a enormes poblaciones mediante un «menticidio» generalizado, un negocio sumamente lucrativo.

Pix, el sistema brasileño de pagos electrónicos instantáneos creado y gestionado por el Banco Central de Brasil, es un buen ejemplo de ello. En 2026, tras una investigación comercial de la administración Trump, se decidió que las políticas brasileñas relativas a los servicios de pago electrónico, entre ellas Pix, constituían posibles barreras al comercio estadounidense y a la competitividad de sus empresas. El debate no versaba específicamente sobre Pix, pero puso de manifiesto una lógica más amplia: el régimen estadounidense quería asegurarse de que la cuota de mercado de las empresas estadounidenses no se viera obstaculizada por ninguna infraestructura digital nacional.

Latinoamérica es a la vez un mercado de consumo, una fuente de datos, una zona de expansión para la infraestructura digital y un campo de batalla geopolítico en la rivalidad de EE. UU. con China, ya que estos dos países dominan la creación y la captura de valor en la economía digital, en un ámbito en el que la posición de Latinoamérica es tremendamente vulnerable.

Las venas siguen abiertas y ahora se dirigen a las mentes …

Galeano escribió sobre el saqueo del oro, plata, petróleo, hierro, cobre, carne, fruta y café. Ahora hay que añadir datos, atención, pagos e información. Las venas siguen abiertas. Pero los flujos han cambiado y ahora se dirigen a las mentes….

Quizá uno de los aspectos más inquietantes de nuestra época sea que la misma infraestructura privada que se ha apoderado y ha concentrado un poder económico tan enorme también se ha apoderado y ha concentrado el poder para regular la circulación de la información. Es su información la que se está difundiendo, y eso da que pensar cuando (hace tan solo diez años) un estudio de 2016 de la Universidad de Bond revelaba que alrededor del 21% de los directores generales de empresas presentan rasgos psicopáticos clínicamente significativos, lo que coincide con la prevalencia de la psicopatía observada en la población reclusa. El poder económico, el poder tecnológico y el poder de la información se fusionan en un círculo cada vez más reducido, «las personificaciones de las categorías económicas, los portadores de determinadas relaciones e intereses de clase», como dijo Marx en El capital, volumen I. Y más del 50% de los multimillonarios de Silicon Valley, estos portadores de los nuevos intereses de clase, cuentan con un «seguro contra el apocalipsis», lo que demuestra que son conscientes de lo letales que son sus intereses. Cerimedo no es más que un actor de este sistema y ya es bastante malo de por sí. Pero el problema que ha ayudado a sacar a la luz va mucho más allá de su persona.

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