Colombia satrapía del imperio estadounidense: Entre el cinismo y la servidumbre…
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El terremoto
en Colombia una tragedia social anunciada.
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El expresidente
Gustavo Petro rectifica que permanecerá en Colombia…
Por Profesora María Consuelo Ahumada Beltrán
/escritora, periodista y analista internacional:
Desde antes
de su posesión, el nuevo régimen de Colombia que encabeza Abelardo de
la Espriella en doble nacionalidad colombiana y estadounidense le imprime
un giro drástico a su política exterior frente al Medio Oriente…
El lunes pasado en la mañana, en medio de la incertidumbre y conmoción
resultantes del terremoto más grave del país en las últimas décadas, la
Cancillería dio a conocer un pronunciamiento oficial bastante insólito y
perjudicial, contrario a la tradición de las relaciones internacionales del
país, incluso bajo gobiernos oligárquicos.
Se informaba allí que, ante la persistente inestabilidad del Medio
Oriente, el nuevo gobierno reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del
Golán, por ser de importancia estratégica para su seguridad. Reivindicaba su
derecho a “protegerse frente a amenazas externas”.
No era una broma ni una equivocación, en momentos tan difíciles para las
personas más golpeadas por el evento telúrico, cuya magnitud apenas empezaba a
conocerse.
Pero démosle algo de contexto al asunto que se analiza. En 1967, durante
la llamada Guerra de los Seis Días, Israel ocupó ese territorio estratégico del
Medio Oriente, que pertenecía históricamente a Siria. Desde entonces, no
prosperó ninguna negociación al respecto en la región.
Pero el 17 de diciembre de 1981, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas adoptó por unanimidad la Resolución 497, en la que señaló que la ley
israelí de los Altos del Golán, con la cual incorporó dicho territorio, era
nula y carecía de efectos internacionales legales. Por ello, le exigió a Israel
retractarse de dicha decisión.
Sin embargo, como en el caso de tantísimas resoluciones frente a la
ocupación de Israel en Palestina y otros territorios, la orden no se cumplió.
Así, Colombia tiene ahora el dudoso honor de ser el segundo país del
mundo en adoptar tan absurda decisión, contraria al derecho internacional. El
primero en hacerlo fue EEUU en marzo de 2019, durante el primer mandato de
Trump. En esa ocasión el Consejo de Seguridad volvió a insistir en que se
trataba de un territorio ocupado ilegalmente por Israel. Pero nada pasó.
Por supuesto que el pronunciamiento reciente de la Cancillería marca un
giro radical en la política exterior colombiana frente a Israel, con respecto a
la que siguió su predecesor. Durante su cuatrienio, Gustavo Petro desarrolló un
liderazgo internacional valiente, que le representó el reconocimiento y apoyo,
no solo del Pueblo Palestino sino también del mundo árabe y de las fuerzas
democráticas y progresistas del orbe.
Fue el primer mandatario en denunciar con todas sus letras e
implicaciones el genocidio de Gaza. Junto con Sudáfrica y una veintena de
países, conformó el Grupo de La Haya, cuyo objetivo es la denuncia permanente
de los atropellos y atrocidades de Netanyahu contra el pueblo palestino y la
adopción de medidas concretas contra el genocidio.
En mayo del 2024 Petro rompió relaciones diplomáticas, políticas y
comerciales con Israel y ordenó suspenderle la venta de carbón, cuando el país
era su principal proveedor de este producto, fundamental en la fabricación de
armas, utilizadas en la ocupación.
La política de Abelardo de la Espriella con doble nacionalidad
colombiana y estadounidense, abogado del narcotráfico y de los grupos paramilitares
es congruente con sus anuncios de campaña y con sus compromisos con Estados
Unidos. Antes de su posesión, ratificó su decisión de reanudar las
relaciones con Israel. Anunció también que trasladaría la sede de la embajada
de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad en disputa, que la ONU no reconoce como
capital de Israel.
El agradecimiento del canciller israelí, Gideon Saar, no se hizo
esperar. Calificó la decisión del
presidente colombiano como “histórica” y aclaró que dicha medida se había
producido después de una reunión de los dos cancilleres en Barranquilla, anterior
a su posesión.
Por su parte, el gobierno de Siria, con el cual Colombia no había tenido
contradicción alguna, rechazó enérgicamente la decisión, señalando su
incompatibilidad con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones
Unidas. Reafirmó que el Golán es parte inseparable del territorio sirio.
Al mismo tiempo, agradeció el creciente apoyo internacional a su
legítimo derecho de recuperar su territorio ocupado y el rechazo a la
consolidación de la ocupación. Recordó que 123 países respaldaron su postura en
la ONU en el 2025.
En momentos en que se da este giro radical de nuestra política exterior,
la agresión de Israel contra el territorio palestino continúa. Netanyahu
rechazó los 15 puntos del plan de Trump para Gaza y señaló que mientras él sea
primer ministro, no se creará ningún Estado Palestino, ni en Cisjordania ni en
Gaza.
Según información oficial reciente, el número de víctimas mortales en
Gaza asciende a 73.384. El 84% de ellas son civiles, y la cifra incluye al
menos a 20.179 niños y niñas y 10.000 mujeres. A ellos se suman más de 14.400
personas desaparecidas.
Solo desde que se suscribió el alto al fuego en octubre pasado, los
ataques de Israel han ocasionado la muerte de 1.254 personas Síntesis semanal
de noticias sobre Palestina 3 al 9 de agosto de 2026 - Plataforma Común por
Palestina
Al mismo tiempo, en la
Cisjordania ocupada se incrementan los asentamientos de colonos extremistas
judíos y los ataques a los palestinos. “Mientras yo sea primer ministro, no se
creará ningún Estado palestino”, afirmó el genocida el pasado domingo. Y ahora
cuenta con el respaldo irrestricto del gobierno colombiano.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro
Queridos amigos y amigas de la ADDHEE.ONG
El pasado 10 de agosto, Colombia sufrió un terremoto que provocó
numerosas pérdidas humanas y un gran número de heridos. El nuevo régimen
de Abelardo de la Espriella ha sido incapaz de responder a las consecuencias
del seísmo y ha sido la población la que ha suplido la acción
gubernamental.
Os adjuntamos la declaración del partido Unidad de Izquierda
Revolucionaria, sección de la UIT-CI en Colombia en el que describe la
situación y propone las urgentes medidas para ayudar a las víctimas y
reconstruir las zonas afectadas.
Esperamos que sea de vuestro interés y que pueda ser publicado en
vuestro medio de comunicación en la sección de opinión.
Recibid nuestros saludos más cordiales.
Andreu Pagès
Lucha Internacionalista
Terremoto en Colombia.
Una tragedia social anunciada que exige una reconstrucción al servicio de las
víctimas, las comunidades y la clase trabajadora
I- Un terremoto
devastador que desnuda las desigualdades sociales del país
El terremoto del
10 de agosto de 2026 constituye una de las mayores catástrofes naturales
vividas por Colombia en las últimas décadas. El sismo, de magnitud 7,4 y con
epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó 15 departamentos y 471
municipios. Al 20 de agosto, el balance oficial registraba 262.154 personas
afectadas, 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas, además de graves
daños en escuelas, hospitales, vías, puentes, acueductos y aeropuertos.. Sin
duda, estas cifras no reportan la totalidad de afectaciones, si se tiene en
cuenta que muchos municipios sufrieron afectaciones graves cercanas al 90%,
como sucedió en El Cairo al norte del Valle del Cauca.
Pero estas cifras no
alcanzan a expresar la dimensión humana de la tragedia. El terremoto demuestra,
además, que los desastres naturales no afectan a todos por igual. La magnitud
de sus consecuencias está determinada por condiciones históricas como la pobreza,
la precariedad habitacional, la desigualdad territorial, la informalidad
laboral, la insuficiencia de infraestructura pública y el abandono de numerosas
comunidades rurales y populares.
Los primeros resultados
del Censo Único de Emergencia adelantado por las cámaras empresariales y
comerciales muestran que el 85,8 % de las empresas encuestadas reportó algún
tipo de afectación y, entre las empresas afectadas, el 48,4 % no puede operar
actualmente: prácticamente una de cada dos se encuentra paralizada. El 49,6 %
presenta daños graves o críticos y el 91,9 % de las empresas afectadas son
microempresas. A su vez, el 87 % corresponde a empresas de comercio y
servicios.
El impacto también
amenaza directamente el empleo: el 70,1 % de las empresas con puestos de
trabajo en riesgo reporta entre uno y cinco empleos afectados. Aunque el 72,9 %
registra pérdidas inferiores a $20 millones, estas cifras pueden resultar
devastadoras para pequeños negocios con escaso capital de respaldo y
dependientes de los ingresos diarios para sostener a sus propietarios, familias
y trabajadores.
Estos datos permiten
advertir un segundo nivel de emergencia: después de la destrucción física viene
el deterioro económico. Una empresa que no puede abrir despide personal, deja
de vender, pero continúa enfrentando arriendos, créditos, servicios, obligaciones
tributarias. Si la interrupción se prolonga, una afectación inicialmente
temporal puede convertirse en cierre definitivo con pérdida total de empleos.
Por eso, la tragedia no
puede presentarse exclusivamente como una fatalidad natural. La vulnerabilidad
social también es una construcción política, económica y de clase, derivada del
modelo capitalista. La reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente
las edificaciones destruidas: debe reducir radicalmente las condiciones
sociales que hicieron vulnerables a millones de personas.
II- La solidaridad
popular frente a la tragedia: una respuesta que desbordó u supero al Estado y
al gobierno
Miles de trabajadores,
jóvenes, organizaciones sociales, comunidades barriales y campesinas,
indígenas, afrodescendientes, sindicatos, bomberos, organismos de socorro y
voluntarios protagonizaron una extraordinaria movilización solidaria.
En numerosos
territorios, esta respuesta superó la capacidad estatal. Fueron habitantes,
jóvenes, trabajadores y organizaciones populares quienes removieron escombros,
buscaron sobrevivientes, organizaron centros de acopio y transportaron
alimentos, agua, medicamentos y herramientas.
En el Valle del Cauca,
Buenaventura se convirtió en un ejemplo emblemático: ante más de 72 horas de
incomunicación terrestre, las barras del América y Deportivo Cali organizaron
la recolección de ayudas y consiguieron transportarlas hasta el principal puerto
colombiano sobre el Pacífico.
Las caravanas solidarias
llegaron directamente a barrios, veredas y comunidades rurales, llevando ayuda
y acompañando a las familias damnificadas. Esta solidaridad expresa una enorme
reserva de organización y capacidad colectiva del pueblo colombiano.
Pero también evidencia
la profunda desconfianza de amplios sectores hacia el aparato estatal, producto
de años de corrupción, burocracia, clientelismo e ineficiencia institucional.
La solidaridad popular
debe ser reivindicada y organizada, pero no puede ser utilizada por el Estado
para sustituir sus obligaciones. El pueblo puede y debe ser solidario; el
Estado tiene la obligación de garantizar vivienda, salud, educación, alimentación,
empleo, infraestructura y protección social.
Las organizaciones
populares que están en el territorio deben ser reconocidas como protagonistas
de la reconstrucción y no como auxiliares gratuitos de una institucionalidad
desbordada.
III. La respuesta del
Gobierno Nacional: medidas insuficientes y sin control social
El régimen de
Abelardo De la Espriella activó mecanismos de emergencia y anunció algunas
ayudas, pero estas resultan insuficientes. Los subsidios temporales de
arrendamiento y los alivios en servicios públicos no resuelven la recuperación
de las viviendas, los emprendimientos, la pequeña y mediana industria ni las
fuentes de empleo destruidas.
La utilización de
facultades extraordinarias no puede convertirse en un cheque en blanco para el régimen,
los grandes contratistas, bancos, aseguradoras y empresarios. Toda
contratación, asignación presupuestal, crédito, subsidio y obra pública
relacionada con la emergencia debe estar sometida a control ciudadano,
sindical, territorial y comunitario. Ni un peso de la reconstrucción puede
terminar en manos de la corrupción, la especulación inmobiliaria o el
enriquecimiento de contratistas y grandes empresarios.
VI- El endeudamiento
externo no puede convertirse en la salida automática
Frente a una catástrofe
de esta magnitud se requieren recursos extraordinarios. Lo que debe
cuestionarse es que la respuesta vuelva a descansar sobre el endeudamiento
público, trasladando a las próximas generaciones el costo financiero de una
emergencia que debería ser asumida mediante una redistribución extraordinaria
de la riqueza nacional.
Una reconstrucción
financiada principalmente con endeudamiento externo puede convertir una
tragedia natural en una nueva tragedia económica y social.
V- La tragedia no ha
detenido el proyecto político antipopular y proimperialista estadounidense del
nuevo régimen
La emergencia también ha
permitido observar que la catástrofe no ha significado una suspensión del
proyecto político del régimen de Abelardo De la Espriella. Por el
contrario, en medio de la emergencia acelera la implementación de sus políticas
antipopulares y proimperialistas.
a. Persecución política.
Mientras el país enfrenta miles de damnificados y graves daños, el Gobierno
mantiene su ofensiva contra la administración anterior mediante el denominado
“Libro de la verdad” a la vez que se propone destomontar pequeñas conquistas
populares alcanzadas bajo el gobierno anterior. Rechazamos tanto la impunidad
frente a la corrupción como la utilización de las instituciones estatales para
desarrollar una persecución política. Las investigaciones deben sustentarse en
pruebas, respetar el debido proceso y ser independientes de cualquier cálculo
partidista; y lo que es más importante, deben respetarse aquellos logros que en
materia económica, laboral, educación, o de restitución de tierras se
alcanzaron.
b. La política exterior:
subordinación a Estados Unidos e Israel. El régimen ha mantenido un
marcado viraje hacia una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Desde
una perspectiva internacionalista y antiimperialista, cuestionamos esta
orientación. Colombia debe desarrollar relaciones internacionales
independientes. La cooperación internacional es bienvenida cuando contribuye a
salvar vidas y atender a las víctimas, pero cooperación no significa
subordinación política, militar o económica, mucho menos para lavarle la cara a
los asesinos responsables del genocidio del pueblo palestino.
c. Desmonte de la
política de paz del gobierno de Petro. El
traslado de 117 personas privadas de la libertad vinculadas a los procesos de
negociación del anterior Gobierno constituye una expresión de la política de
“mano dura” anunciada durante la campaña electoral. Representa el anuncio
práctico del desmonte de la política de Paz Total y la sustitución del diálogo
por la fuerza y la negociación por la persecución.
Rechazamos tanto la
impunidad de las organizaciones criminales como la utilización demagógica de la
política de seguridad para fortalecer un régimen de excepción permanente,
ampliar el poder represivo del Estado y criminalizar la protesta social. La
clase trabajadora y las comunidades populares tienen derecho a vivir sin el
terror de las organizaciones armadas y del narcotráfico, pero también a no ser
víctimas de la violencia estatal, la militarización de sus territorios ni la
criminalización de sus luchas sociales.
VI- Una reconstrucción
al servicio de las víctimas y no de los grandes negocios
Desde una perspectiva de
clase trabajadora y retomando los principios de independencia de clase,
movilización y organización, la reconstrucción debe partir de una definición
fundamental: Las víctimas deben ser protagonistas y no receptoras pasivas de
las decisiones tomadas por el régimen, los bancos, los contratistas y
las grandes empresas.
No queremos una
reconstrucción concebida como un gigantesco negocio privado. Queremos una
reconstrucción pública, democrática, participativa y controlada por las
comunidades.
Propuestas
1- Recursos para la
reconstrucción, no para la deuda.
Suspensión inmediata del
pago de la deuda externa durante la emergencia y el proceso inicial de
reconstrucción; auditoría pública de la deuda y rechazo a nuevos empréstitos
para financiar la reconstrucción. Los recursos liberados deben destinarse a un
Fondo Nacional de Reconstrucción y Solidaridad Obrero-Popular.
2- Que paguen quienes
concentran la riqueza.
Impuesto extraordinario
a las grandes fortunas, bancos, monopolios, empresas minero-energéticas y
grandes capitales. Suspensión o exención del impuesto predial para los
inmuebles afectados, exención del impuesto de renta para las familias
damnificadas y IVA cero para los materiales, equipos e insumos destinados
directamente a la reconstrucción.
3- Los bienes de la SAE
al servicio de las víctimas.
Los bienes administrados
por la Sociedad de Activos Especiales deben ser destinados prioritariamente a
familias urbanas y campesinas damnificadas, para vivienda, tierras productivas
y reconstrucción comunitaria.
4- Reconstrucción
pública, vivienda, salud, educación y trabajo digno.
Las obras fundamentales
deben ejecutarse prioritariamente mediante entidades públicas, cooperativas de
trabajadores y empresas estatales. Construcción masiva de vivienda pública
segura; reconstrucción prioritaria de hospitales y escuelas; atención especial
a comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes; y un programa
extraordinario de empleo público con salario digno, estabilidad, seguridad
social y derechos laborales.
5-Protección del empleo
y de los ingresos.
Ninguna empresa debe
utilizar el terremoto como excusa para despedir trabajadores. Deben
garantizarse mecanismos de estabilidad laboral temporal, compensación a quienes
pierdan sus ingresos y protección para las economías familiares, campesinas y
comunitarias. Aseguradoras y bancos deben cumplir sus obligaciones y ofrecer
períodos de gracia y refinanciación sin intereses adicionales.
6- Control popular y
participación de los damnificados.
Crear comités
territoriales de reconstrucción elegidos democráticamente. Toda contratación
debe ser pública, transparente y accesible. Los recursos deben estar bajo
vigilancia permanente de damnificados, sindicatos, organizaciones campesinas,
juntas comunales y organizaciones sociales. La ayuda estatal no puede
condicionarse a ninguna afiliación política, religiosa, partidista o electoral.
7- Reconocimiento y
fortalecimiento de la solidaridad popular.
Las caravanas,
colectivos juveniles, sindicatos, juntas comunales, organizaciones campesinas y
demás expresiones solidarias deben ser reconocidas como actores legítimos de la
reconstrucción, con posibilidad de administrar directamente recursos destinados
a las comunidades mediante mecanismos de rendición pública de cuentas y control
colectivo.
8- Unidad de los
trabajadores y sectores populares.
Sindicatos,
organizaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes,
organizaciones barriales, estudiantes, trabajadores de la salud, docentes,
organizaciones de mujeres y jóvenes deben impulsar una coordinación nacional
por la reconstrucción y un Frente Único por la Reconstrucción al servicio de
las víctimas, mediante asambleas territoriales, comités de damnificados,
brigadas solidarias, veedurías populares y movilizaciones.
La independencia
política frente al régimen no significa indiferencia frente a la
tragedia. Significa defender con mayor firmeza los derechos de las víctimas. La
clase trabajadora necesita construir su propia alternativa.
VII. Una salida obrera y
popular frente a la reconstrucción
El terremoto plantea una
pregunta que trasciende la emergencia inmediata: ¿para quién se reconstruirá
Colombia? Puede reconstruirse para los bancos, grandes contratistas,
constructoras, monopolios e inversionistas. O puede reconstruirse para quienes
perdieron sus viviendas, sus empleos, sus escuelas, sus hospitales y sus
condiciones de vida.
La tragedia del 10 de
agosto no debe utilizarse para profundizar la desigualdad, aumentar la deuda
pública, fortalecer los negocios privados ni consolidar la subordinación
internacional del país. Debe convertirse, por el contrario, en una oportunidad
para que trabajadores, comunidades populares, campesinos, jóvenes y
organizaciones sociales levanten una alternativa propia frente a las políticas
del Gobierno.
Reconstruir no significa
simplemente volver a levantar lo que se cayó. Reconstruir significa transformar
las condiciones sociales que hicieron que millones de colombianos fueran tan
vulnerables frente a la tragedia. Y esa reconstrucción solo podrá estar verdaderamente
al servicio de las mayorías si son los propios trabajadores y las comunidades
quienes participan, deciden y controlan su desarrollo.
El expresidente Gustavo Petro rectifica su permanencia en Colombia…
«No he desaparecido, he estado en el país y no me
iré sino intermitentemente», expresó.
El exmandatario Gustavo Petro se pronunció sobre la situación política y
la cooperación internacional en medio de la emergencia por el sismo en
Colombia.
El exmandatario de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que permanecerá en el
país frente a las recientes amenazas y desmintió los rumores sobre una supuesta
captura o extradición en su contra. A través de sus redes sociales, el líder
del Pacto Histórico hizo un llamado a construir una «gran Alianza del pueblo y
del mundo por la vida», rechazando las campañas de desinformación que, según
denunció, buscan aislarlo y destruir el progresismo mediante el miedo y la
mentira.
«No he desaparecido, he estado en el país y no me iré sino
intermitentemente», expresó Petro, quien advirtió sobre las amenazas dirigidas
a sus seres queridos, incluida su hija Antonella, y a figuras importantes del
gobierno saliente.
El exgobernante aseguró que «no habrá ninguna extradicción ni juicio
contra mí, porque no he cometido ningún delito» y enfatizó que el miedo es
utilizado como base para el fascismo, con el objetivo de paralizar al país y
saquear sus recursos naturales. «Solo necesito el amor de la gente y la belleza
de mi país», añadió.
En otro orden de ideas, Petro cuestionó la decisión del actual
presidente, Abelardo De la Espriella, de permitir el ingreso de un contingente
militar e ingenieros procedentes de Israel para participar en las labores de
rescate tras el sismo de magnitud 7.4 que afectó a la nación.
El exmandatario puso en duda el carácter puramente humanitario de la
delegación y advirtió que la presencia de personal militar armado sin la
autorización del Senado podría constituir una ocupación irregular del
territorio colombiano.
Asimismo, se hizo eco de denuncias sobre la supuesta inacción de los
rescatistas israelíes en puntos críticos del desastre, como el edificio Vanessa
en Cali, insistiendo en que Colombia requiere prioritariamente personal médico,
enfermeros y especialistas en salvamento en lugar de tropas extranjeras.
Este episodio se enmarca en el reciente viraje de la política exterior
bajo el mandato de la Espriella, quien restableció los vínculos diplomáticos
con Tel Aviv, proyecta el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del
Golán el traslado de la embajada a Jerusalén y el incremento de la
cooperación en seguridad con Estados Unidos.
Lo subrayado/interpolado es nuestro
«Hemos visto esta película antes», dijo el
canciller Araghchi recordando que Irán superó en los últimos años sanciones,
ataques y exigencias de rendición incondicional desde Estados Unidos.
