Constitución/Artilugio social de 1980, versus justicia social en el Chile virtual.
“El poder político sin virtud es un abuso, y no una facultad legitima” General Libertador Simón Bolívar Palacios y Blanco.
“La constitución/artilugio de 1980, impuesta por la dictadura cívico militar, vigente, es para destacados expertos jurisconsultos en Derecho Constitucional, espuria, fraudulenta, una aberración en materia jurídica, ilegitima en su aprobación y antidemocrática en sus conceptos”. Fundación Cesal e.V, Berlín/Universidad de Humboldt/facultad de filosofía Berlín/DDR 1981.
Por
Juan Pablo Cárdenas S./ escritor , comunicador social, analista
internacional/Barómetro Latinoamericano/ADDHEE.ONG:
Lo que más
le ha reprochado el régimen a la diputada Camila Vallejo, por su
propuesta de reducir la jornada laboral, es que su iniciativa escape a las
normas constitucionales vigentes/ artilugio de 1980. Se le acusa de
haber jurado respetar la Carta Fundamental de la dictadura cívico militar Pinochetista,
como deben hacer todos los parlamentarios que asumen en dichos cargos y, por
supuesto, le advierte que recurrirá al Tribunal “Supremo” Constitucional
en caso de que prospere su idea en el Poder Legislativo.
No se ataca el fondo de la propuesta. No se le entregan al país
informaciones certeras respecto del impacto que podría ocasionar una reducción
a 40 horas de trabajo y no a las 41 que propone el oficialismo, empeñado en que
se le dé cumplimiento a la Constitución que acota a los integrantes del
Congreso Nacional a aprobar o rechazar solo lo que proponga La Moneda en todo
aquello que pueda comprometer el Presupuesto de la Nación.
Debates políticos como los que estamos observando en este tema son
ilustrativos de la forma en que el conjunto de la llamada clase política (salvo
contadas excepciones) ha sacralizado la Carta Fundamental/artilugio de 1980,
con las cosméticas modificaciones que se le hicieron durante la administración
de Ricardo Lagos Escobar. Por
supuesto que nos hubiera gustado en todos estos años de postdictadura que
quienes prometieron una Asamblea Constituyente y una nueva Carta Fundamental se
hubieran abstenido de jurar o prometer el apego en todos sus actos al texto
todavía vigente y que tal parece perpetuarse. Con todo, son muchas la
manifestación de nuestra historia en que los actores políticos, sociales y
uniformados han violado la ley y la Constitución. De otra manera seguiríamos estancados en el siglo XIX o XX. ¡Vaya cómo
saben de esto, por lo demás, los conspiradores y golpistas de derecha que ahora
rasgan vestiduras por la irreverente actitud de la diputada Vallejo!
Lo que hay que afirmar con claridad es que los ideales de justicia
social lo que necesitan, justamente, es derribar los obstáculos que se oponen a
sus objetivos. Es posible que algunas transformaciones puedan materializarse
con apego al ordenamiento constitucional, pero la historia es contundente en
demostrar que, por lo general, los cambios necesitan de una justa rebelión ante
lo establecido. Imponen pasar por alto
las legislaciones construidas por los que quienes mantener sus privilegios
versus las aspiraciones de los pueblos y, en particular, de los más oprimidos/marginados,
sin voz ni justicia.
La equidad
social.
Ya demasiado tiempo ha pasado en Chile sin que se avance en favor de la
equidad social, un salario mínimo digno, una previsión social justa, así como
que el Estado se propongas realmente garantizar derechos tan fundamentales como
el de la educación y salud. Por el contrario, todos sabemos que los regímenes
de los últimos años han venido acrecentando la brecha entre pobres y ricos, así
como favorecido la concentración económica e hipotecado nuestro territorio ante
las transnacionales y los inversionistas extranjeros del capital buitre foráneo.
Los que se han convertido, incluso, en
propietarios de un recurso tan fundamental como el agua. Además de nuestros
yacimientos y empresas de servicios públicos.
El más emblemático de los establecimientos educacionales,
el Instituto Nacional, nos ofrece en estos días el lamentable espectáculo de
que sus estudiantes deban asistir a clase con los techos de su edificio poblado
de carabineros fuertemente armados y bajo la condición de ingresar a sus aulas
después de una insolente revisión de sus mochilas y otros enseres. Mientras la
represión policial se enseñorea también en las calles a lo largo de todo Chile
ante cualquiera que se anime a protestar y demandar justicia. “Hay que velar
por nuestro estado de derecho”, nos dicen las autoridades, bajo el asentimiento
cómplice de aquellos opositores y disidentes de ayer que se sienten cómodos con
las granjerías que ofrece el sistema institucional a los legisladores
cómplices, a los jueces abyectos y a los sindicalistas vendidos. Muy contentos,
ahora, de ser considerados por los canales de televisión y entrevistados por
esa cáfila de periodistas y animadores mediocres y estridentes que ofician en
sus matinales y farándulas. Mientras los periodistas serios son excluidos o
despedidos apenas ejercen la más mínima crítica al orden establecido.
El gobierno de Piñera estira la cuerda porque sabe que en apenas unas
semanas más se va a dar inicio a un nuevo proceso electoral, en que la
demagogia y el populismo colectivo de los contendientes invadirá los medios de
comunicación y la propaganda política para otra vez llenarnos de promesas,
asegurándole al país que, ahora sí, podrán los jubilados aspirar a una pensión
digna, que los hospitales van a atender a todos los enfermos que se mueren por
miles esperando una consulta médica o intervención quirúrgica. Que por fin será
la hora de fortalecer la educación pública, que continúa sufriendo
invariablemente los estragos de un régimen que solo quiere favorecer a la
instrucción pagada y elitista, las clínicas pagadas y a los inversionistas que
nos traen pan para hoy y hambre para nuestro porvenir soberano.
Para que los mismos y unos cuantos más lleguen a los municipios y
después al Parlamento o a La Moneda a jurar su fidelidad a la Constitución y a
las leyes de la República, a fin de que todo siga igual mientras la rebeldía
popular no se organice y movilice. Esto es, sin ambages, enfrentándose a la
legislación que tantos prometieron cambiar y ahora los tiene apoltronados en el
poder. Y nada, finalmente, harán en favor de la justicia, mientras se ufanan
todos los días de nuestras multimillonarias reservas, abultado PIB y, por
supuesto, le otorgan más y más recursos a los celadores del sistema: a los
uniformados que, de fratricidas, han derivado en ladrones. Además de apuntar
ahora a las cabezas de los escolares.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
Lo subrayado es nuestro.
