Demandan al régimen Trump por sanciones contra Francesca Albanese tras denunciar a Israel por genocidio...
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El marido de Albanese y su hijo menor de edad destacaron el
grave impacto que esas sanciones han tenido en la vida y el trabajo de la
familia.
La familia de Francesca Albanese, relatora especial
de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios
Palestinos, presentó una demanda contra la Administración del
presidente Donald Trump por las sanciones impuestas en su contra tras sus
reiteradas denuncias sobre lo que ha calificado como genocidio de Israel en
Gaza.
Desde octubre de 2023 a la fecha, la ocupación
israelí asesinó a 72.082 civiles —en su mayoría mujeres y niños— e hirió a
171.761, a través de una campaña brutal de bombardeos e invasión que
destruyó casi en su totalidad la infraestructura de ese territorio palestino.
La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de
Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el esposo de
Albanese, Massimiliano Cali, economista del Banco Mundial, en representación
propia, de Albanese y de su hija —ciudadana estadounidense—. La
demanda sostiene que las sanciones vulneran derechos constitucionales
protegidos por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas, además de constituir una
incautación indebida de bienes sin el debido proceso.
El escrito judicial argumenta que las declaraciones
públicas y los informes de Albanese sobre el conflicto israelí-palestino y el
trabajo de la Corte Penal Internacional constituyen “actividad central
protegida por la Primera Enmienda”. En ese sentido, la demanda plantea una
cuestión de fondo: si el Ejecutivo puede sancionar a una funcionaria
internacional por el contenido de sus opiniones y conclusiones jurídicas en
el cumplimiento de sus funciones...
Las sanciones, impuestas en julio pasado, incluyeron la congelación
de activos en Estados Unidos y la prohibición de ingreso al país. La
Administración Trump sostuvo entonces que Albanese era “no apta” para
su cargo y la acusó de llevar a cabo actividades “sesgadas y maliciosas” contra
Estados Unidos e Israel.
El litigio subraya el impacto personal y familiar de las
medidas, señalando que Albanese posee bienes en Washington y mantiene vínculos
residenciales en el país. “En el fondo, este caso trata sobre si los demandados
pueden arruinar la vida de una persona y la de sus seres queridos porque no
están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión”,
sostiene la presentación.
Desde octubre de 2023, Albanese ha emitido tres
informes en el marco de su mandato ante el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, calificando la ofensiva israelí en Gaza como genocidio y denunciando la
complicidad de actores estatales y privados en el sostenimiento del
conflicto. En uno de sus reportes más recientes, titulado Gaza
Genocide: A Collective Crime, acusó a decenas de Estados de facilitar
violaciones al derecho internacional.
EE.UU., Alemania e Italia están entre los principales
proveedores de armas a la entidad nazisionista colonialista
isareli...
La controversia se intensificó cuando la Corte Penal
Internacional, tras considerar recomendaciones de expertos —entre ellos
Albanese—, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos
crímenes de guerra en Gaza. Israel y Estados Unidos han rechazado categóricamente
la acusación de genocidio.
En paralelo, la Administración Trump amplió su
política de sanciones contra magistrados y fiscales de la CPI que participaron
en investigaciones relacionadas con Israel y Estados Unidos, lo que ha sido
interpretado por organizaciones de derechos humanos como un intento de disuadir
la acción judicial internacional.
En declaraciones posteriores a la imposición de sanciones,
afirmó haber sufrido “enormes dificultades”, pero reiteró su compromiso con su
labor: “Mi compromiso con la justicia es
más importante que los intereses personales”.
El régimen estadounidense y el Departamento de Estado
no han ofrecido comentarios sustantivos sobre el litigio en curso. El proceso
judicial podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder
sancionatorio del Ejecutivo frente a expresiones y actuaciones vinculadas al derecho
internacional de los derechos humanos.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro.
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