En la era de la izquierda
pragmática y del saqueo de las riquezas del Pueblo Chileno: El cobre y el
litio.
En
esta nueva sociedad las entidades serían dueñas del 50 por ciento cada una
hasta el año 2060, correspondiéndole a la minera fiscal administrar la empresa
en su primer período, esto es hasta 2030, después de lo cual la gestión le
correspondería a SQM.
Se
trata del convenio más significativo en la historia empresarial chilena, el que
de lograr las proyecciones y prosperar la buena relación entre ambos socios, le
dejaría al erario nacional ingentes recursos para el desarrollo de la economía
nacional.
De
los beneficios que este acuerdo pudiera reportarle al país nadie duda, como
tampoco del hecho que la nueva empresa se pondría prácticamente a la cabeza en
el mundo en esta actividad y le aseguraría a Chile mayor confianza entre los
potenciales inversionistas privados y extranjeros que buscan tierra fértil para
sus negocios.
A
Boric se le ha celebrado su pragmatismo en la consolidación de este acuerdo.
Ello se debe a que nadie habría imaginado que la cuestionada empresa de Julio
Ponce Lerou, el yerno del Dictador de marras, terminara asociándose con
el Estado después de que durante largas décadas desde la política y, en
particular desde la centro izquierda, lo que se propiciaba era la recuperación
de una empresa mal habida durante la Dictadura cívico militar, como
muchas otras fuentes productivas fiscales que Pinochet vendió a precio vil a
sus amigos y parientes.
Durante
los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, lo cierto es que nada
se hizo por recuperar las empresas expoliadas. El propio Patricio Aylwin
prometió “justicia en la medida de lo posible”, por lo que en materia
empresarial también todo quedó como lo dejara dispuesto la Dictadura cívico militar
pinochetista.
Para
mayor abundamiento del bochorno que a muchos provoca esta noticia, Soquimich se
contó hasta hace pocos años entre las entidades empresariales que colaboraron
al financiamiento ilegal de la política, otorgando grandes recursos destinados
a favorecer a candidatos y legisladores en ejercicio. Lo que se tradujo en
severas y documentadas denuncias periodísticas y sendas investigaciones
judiciales pero que culminaron en condenar a los infractores con penas muy
discretas y escandalosas, así como la impunidad completa para Ponce Lerou y
otros empresarios que ejercieron un millonario cohecho. Un delito de “cuello y
corbata”, como se sindicó.
Es
perfectamente posible sospechar, entonces, que estos recursos destinados a
corromper a políticos y jueces hoy estén cobrando un dividendo tan suculento
como el que le permitirá a Soquimich convertirse en el socio principal del Estado
chileno y con ello conjurar la posibilidad de que el Fisco pudiera algún día
recuperar lo otorgado ilícitamente a la llamada iniciativa privada.
Son
tan gigantescos los recursos de esta empresa que sus sobornos pueden haber
favorecido, también, a los ejecutivos de Codelco que se ven tan entusiasmados
con este acuerdo. Así como a medios de comunicación y periodistas que no dejan
de celebrar la noticia anunciada por el propio Jefe del Estado. Algo insólito
si se recuerda lo que Boric declaraba en el pasado contra Ponce Lerou, como la
posición asumida por las agrupaciones de izquierda antes de arribar al
gobierno.
Lo
cierto es que todo esto ha significado un gélido baño de realismo de parte de
la cuestionada política chilena. Podríamos decir que ni la derecha o el mundo
empresarial habrían imaginado tanta audacia. Con lo que se ratifica, una vez
más, que sean los gobernantes de izquierda los que muchas veces cumplen con las
más sentidas ideas de la derecha, como se trata de este acuerdo empresarial, y
el reciente hecho de que los más importantes detractores de la Constitución de
1980 hayan propiciado y ganado un plebiscito para darle continuidad a la Carta
Fundamental de la dictadura cívico militar pinochetista...
Seguramente
para aliviar su mala conciencia y demostrar cierto pudor, los negociadores de
este magno acuerdo empresarial han concordado que en los directorios de la
nueva entidad minera se abstenga de participar el propietario mayoritario de
Soquimich, Julio Ponce Lerou, o algún pariente suyo “hasta el segundo grado de
consanguinidad”. Una cínica obligación que se impondría hasta el 2030.
Es
así como un experimentado senador izquierdista, hace poco fallecido, se atrevió
a declarar que el gobierno socialista de Ricardo Lagos Escobar había
sido la mejor gestión de derecha de toda la pos-dictadura cívico militar.
Así como otros no podían dar crédito a que un Presidente de derecha como el de
Sebastián Piñera se haya prodigado en tantos bonos en favor de la clase media y
de los más pobres: Al tiempo de haber logrado con generosos recursos fiscales
hacerle frente con éxito a la pandemia del Coronavirus. “Nadie sabe para quién
trabaja” se llama ese antiguo juego.
Lo subrayado interpolado es nuestro
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