Matar, expulsar y ocupar, el proyecto para Gaza que Ben Gvir ya defiende desde el régimen sionista colonialista israelí
Por Clara Montealba /escritora,
comunicadora social, analista internacional/Diario Sabemos/Other
News/ADDHEE.ONG:
Cuando el
ministro nazisionista israelí Gvir reclama matar – entiéndase “el
matar” por asesinar, semánticamente - cada noche a decenas de palestinos,
expulsar población y reconstruir asentamientos en Gaza, una retórica de
deshumanización pronunciada desde el interior del Ejecutivo de Netanyahu.
Hay palabras que en
política internacional no pueden despacharse como una provocación verbal, una
extravagancia personal o el exceso calculado de un dirigente radical. Cuando el
ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, propone asesinar
de forma selectiva a entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza, la gravedad no
reside únicamente en la brutalidad de la frase. Reside también en el lugar
desde el que se pronuncia.
Ben Gvir forma parte del
Gobierno de Benjamin Netanyahu. Supervisa la Policía y el sistema penitenciario
israelí y representa una de las expresiones más radicales de una extrema
derecha que ha dejado de ocupar los márgenes de la política del país para instalarse
en su Consejo de Ministros. Sus últimas declaraciones permiten comprobar hasta
qué punto determinadas ideas que hace años habrían resultado difícilmente
asumibles en el discurso institucional israelí han adquirido carta de
naturaleza dentro del poder.
El ministro defendió en
una conversación con Rom Braslavski, antiguo rehén en Gaza, que Israel debería
efectuar ataques selectivos cada noche y acabar con entre 30 y 40 personas. Fue
todavía más lejos al sostener que no se refería exclusivamente a quienes
representasen una amenaza inmediata y al negar, en términos deshumanizadores,
el derecho a la vida de otras personas en la Franja.
La deshumanización no
constituye aquí un detalle retórico. Es el presupuesto necesario para convertir
la muerte de seres humanos en una cifra administrativa. Treinta hoy, cuarenta
mañana. Una cantidad expresada con la frialdad de quien establece un objetivo
de producción.
La propuesta adquiere una
dimensión todavía más grave cuando se acompaña del resto del proyecto defendido
por Ben Gvir. El dirigente nazisionista ultraderechista reclama la
reconstrucción de asentamientos israelíes en Gaza, desmantelados en 2005, y
vuelve a plantear la salida masiva de palestinos del territorio. En la misma
intervención sostuvo que considera Gaza territorio israelí y defendió fomentar
la emigración de su población.
Las tres ideas forman una
secuencia política que conviene observar conjuntamente. Asesinar,
expulsar y ocupar. Reducidas a su significado material, las palabras del
ministro dibujan un proyecto para Gaza en el que una población pierde primero
su condición humana, después su derecho a permanecer en su tierra y finalmente
la propia tierra.
Ben Gvir no dirige el
Ejército israelí y, por tanto, sus palabras no constituyen una orden militar.
Esa precisión resulta indispensable. También lo es recordar que sus
planteamientos han chocado en esta ocasión con la reducción de las operaciones
militares impulsada por Netanyahu ante la presión internacional para avanzar en
el plan estadounidense sobre Gaza. El ministro reprocha precisamente al primer
ministro haber rebajado la intensidad de los ataques.
Pero limitar el análisis a
las competencias formales de Ben Gvir sería perder una parte fundamental del
problema. Quien habla no es un activista situado fuera del sistema, sino un
ministro de uno de los regímenes más ultraderechistas de la
historia de Israel.
Su trayectoria tampoco
comenzó con la guerra. Ben Gvir fue condenado en 2007 por incitación al racismo
y apoyo a una organización terrorista. Durante años estuvo situado en los
márgenes de la política israelí por su vinculación ideológica con el kahanismo,
hasta que el desplazamiento del sistema político hacia la derecha radical
terminó convirtiéndolo en una pieza necesaria para las mayorías de Netanyahu.
Ese recorrido explica
mejor que cualquier discurso la transformación experimentada por Israel. El
problema ya no consiste únicamente en la existencia de una extrema derecha
radical, fenómeno presente en numerosas democracias. La cuestión es qué sucede
cuando esa extrema derecha deja de presionar al Gobierno desde fuera y obtiene
capacidad institucional para condicionarlo desde dentro. Gaza ofrece la
respuesta más dolorosa.
Las autoridades sanitarias
de la Franja sitúan ya por encima de 73.000 el número de palestinos muertos
desde el comienzo de la ofensiva israelí posterior a los ataques de Hamás del 7
de octubre de 2023. Las Naciones Unidas recogían ya el 10 de junio 72.991
fallecidos comunicados por el Ministerio de Salud de Gaza y más de 173.000
heridos, precisando que las cifras más recientes todavía no habían sido
verificadas individualmente por la organización.
Los crímenes cometidos por
Hamás aquel 7 de octubre, con alrededor de 1.200 muertos y 251 personas tomadas
como rehenes, forman parte indispensable del origen de esta guerra y no admiten
relativización alguna. Pero ningún crimen concede a un Estado un derecho
ilimitado sobre la población civil del territorio desde el que fue atacado, ni
convierte en aceptable la idea de establecer cuotas de personas que deberían
morir cada noche. Ahí reside una frontera moral y jurídica que la comunidad
internacional lleva demasiado tiempo viendo erosionarse.
Las declaraciones de Ben
Gvir resultan especialmente relevantes porque la retórica de dirigentes
israelíes ya ha aparecido en el debate jurídico internacional sobre Gaza.
Associated Press recuerda que anteriores expresiones del ministro han sido
utilizadas ante la Corte Internacional de Justicia como elementos relacionados
con las acusaciones de intención genocida, unas acusaciones que Israel rechaza.
Por eso sería un error
tratar estas palabras como otra salida de tono destinada al consumo de una base
electoral ultranacionalista. Israel celebrará elecciones legislativas en
octubre y la derecha radical compite también por definir qué debe significar la
victoria después de años de guerra. Ben Gvir ofrece una respuesta
extraordinariamente explícita. Su Gaza futura tendría menos palestinos y más
asentamientos israelíes.
La responsabilidad última,
sin embargo, no termina en Ben Gvir. Netanyahu lleva años dependiendo
políticamente de fuerzas que han convertido la anexión territorial, el
desplazamiento de palestinos y el rechazo de un Estado palestino en elementos
centrales de su proyecto. Presentar después a esos dirigentes como cuerpos
extraños al Gobierno permite eludir la cuestión esencial de quién les ha
proporcionado poder.
La comunidad internacional
tampoco puede fingir sorpresa cada vez que uno de ellos formula con crudeza
aquello que lleva tiempo defendiendo. Los gobiernos democráticos poseen
instrumentos diplomáticos, comerciales y políticos para señalar los límites que
consideran incompatibles con el derecho internacional. La relación con Israel
no puede consistir en expresar preocupación ante cada nueva declaración y
recuperar después la normalidad hasta la siguiente.
Porque algo se deteriora
profundamente cuando un ministro puede hablar de asesinar seres humanos
por decenas, negarles su condición de personas y reclamar después la tierra en
la que viven. El lenguaje no sustituye a las bombas, pero puede preparar el
terreno moral para que resulten más fáciles de lanzar.
Cisjordania y el colonialismo de asentamiento
acelerado
Por profesora Gianna
Rosciolesi/ escritora, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:
Prolegómeno: Desastroso aumento de los huérfanos en Gaza
Las horrendas cifras,
demuestran que la política de exterminio del régimen sionista colonialista israelí,
pasa por el sistemático infanticidio, que no se refiere solo a la muerte de
niños, sino que también a la degradación de la vida de quienes sobreviven, ya
sea con el desproporcionado aumento de la orfandad, como en la destrucción del
sistema educativo y, especialmente, de la infraestructura de enseñanza. Se
trata de aniquilar el futuro de una nación ante los ojos de todo el mundo, con regímenes
que prefieren refugiarse en cálculos y conveniencias, evitando comprometerse
con una solución humanitaria.
Mientras la atención
internacional permanece centrada en Gaza, Cisjordania atraviesa una aceleración
de la expansión de los asentamientos, las operaciones militares y el
desplazamiento de comunidades palestinas.
El viernes 24 de julio un
grupo de colonos ingresó a la aldea de Til, una zona restringida de la ocupación
israelí, con la intención de atacar el pueblo administrado por la Autoridad
Palestina (AP).
Luego de que un grupo de
residentes autóctonos saliera en defensa ante la ofensiva sionista, un tiroteo
terminó con la vida de cuatro palestinos y dos israelíes.
A la siguiente noche, un
nuevo grupo de colonos extremistas atacó otras aldeas palestinas vecinas
llegando a incendiar dos mezquitas, quemar vehículos y destruir campos de
cultivo.
En respuesta, el régimen
de Benjamin Netanyahu desplegó una operación militar masiva con redadas en
Nablus y Til, confiscando viviendas, destruyendo los históricos árboles de
Olivo e instalando puestos de control en la zona, que legalmente corresponde a
la administración de seguridad palestina.
Varios políticos israelíes
movilizaron a la opinión pública en torno a la narrativa de que los colonos
fueron asesinados en un “ataque terrorista” palestino contra “excursionistas”
israelíes: de esta forma, el Estado de ocupación esconde una acción militar que
tiene como fin la ocupación total de la zona de Cisjordania.
Esta redada reavivó el
debate de la formalización de la colonización sionista sobre el territorio Este
Palestino, al mismo tiempo que mantiene activa su ofensiva en el Oeste (en
Gaza) y delimita nuevas líneas fronterizas, las cuales desestiman la presencia
de una gobernación palestina en el territorio histórico.
Colonialismo de
asentamiento
La narrativa dominante ha
incitado a construir un argumento de separación de las acciones de los colonos
israelíes en Cisjordania de las del régimen israelí. Sin embargo, ambos
procesos son parte de un mismo plan sistemático de ocupación que tiene como
objetivo trasladar la población palestina.
Desde el plan Alón de
1967, el Estado sionista construyó una serie de directrices que comandaron la
estrategia de expulsión de los palestinos cisjordanos, que hasta el día de hoy
se mantienen vigentes.
El Plan Alón, impulsado
luego de la Guerra de los Seis Días, fue una política de asentamiento propuesta
por el primer ministro israelí de ese momento, Yigal Alón. Con el objetivo de
estructurar las acciones militares del ejército y la anexión de zonas estratégicas
clave, se llevó adelante un plan de repartición de Cisjordania que evitaba la
conglomeración de población palestina en la zona demográfica que se anexaría el
gobierno israelí.
El Plan proponía:
– La anexión israelí del
Valle de Jordán, Jerusalén Este y el Bloque E tzion (asentamiento de Ma’ale
Adumim).
– Ceder al control del
Reino jordano el resto de Cisjordania, reorganizándolo como un territorio
palestino controlado por Amán.
– La devolución de la
Península del Sinaí a Egipto, que se encontraba en manos de Israel luego de la
guerra de los Seis Días en 1967
– La creación de un estado
autónomo druso en los Altos del Golán, que también había ocupado Israel
en la reciente contienda.
Sin embargo, Jordania
rechazó la administración de Cisjordania (y luego renunció a su reclamo
territorial) y el plan quedó obsoleto, aunque sirvió de base para una nueva
construcción territorial de la región.
Para la década del 80,
época en la que estalló la Primera Intifada Palestina, la estructura estatal de
Cisjordania estaba articulada bajo la organización de partidos políticos,
comités locales, sindicatos de agricultores, asociaciones de mujeres y organizaciones
de asistencia jurídica, que funcionaban como sustitutos de los organismos
administrativos de la ocupación que gobernaban a los cisjordanos.
Estos grupos informales,
que funcionaban en su mayoría bajo el respaldo de la OLP con el liderazgo de
Yasser Arafat, permitieron disminuir el control israelí sobre la vida de la
población.
Para 1993 y bajo el
auspicio de los Acuerdos de Oslo, se implementó finalmente la figura de la
Autoridad Palestina. El organismo accedió a construir un autogobierno limitado
en Cisjordania dividido en tres zonas:
– La Zona A, que comprende
aproximadamente el 18% de Cisjordania y alberga los principales centros
urbanos, bajo la AP.
– La Zona B, el 22% rural
donde se ubican la mayoría de los pueblos y ciudades. Se estructuró bajo el
control civil palestino, pero con el control militar israelí.
– La Zona C, el 60%
restante, quedó bajo el total control civil y militar israelí.
En ese sentido, la
distribución desigual del territorio dio por un lado el reconocimiento del
Estado israelí a la administración palestina, mientras que por el otro el
gobierno árabe desintegró la construcción de fuerza ciudadana que le había
permitido deslegitimar a la autoridad israelí en el territorio.
Para 2002, en medio del
proceso de la Segunda Intifada Palestina, el gobierno de Ariel Sharon construyó
un muro de separación que penetró dentro de Cisjordania. Más del 80% de su
recorrido no siguió la Línea Verde del plan de partición de 1947, sino que separó
las comunidades palestinas de sus tierras agrícolas y de Jerusalén Este.
El proyecto decisivo de
ocupación se expropió a la voz pública en 2015, cuando el legislador de extrema
derecha Bezalel Smotrich, propuso un plan de anexión total de Cisjordania.
El plan preveía la consolidación de la expansión de los asentamientos israelíes
en Cisjordania mediante la reducción del espacio habitable palestino a enclaves
urbanos aislados, especialmente en la Zona A, al tiempo que impulsaba el
desplazamiento gradual de la población de las zonas B y C a través del
agravamiento deliberado de sus condiciones de vida, construyendo una narrativa
de expulsión presentada como “voluntaria“.
En agosto de 2025,
Smotrich llevó adelante la legislación a través de la Knesset del Proyecto E1.
Este plan consiste en la construcción de más de 3.400 viviendas al este de
Jerusalén, con el objetivo de unir el asentamiento de Ma’ale Adumim con
Jerusalén Este (que pertenece a la AP).
La habilitación de esta
infraestructura dividiría a Cisjordania en dos partes, fragmentando aún más el
territorio para los palestinos.
El movimiento de colonos
se consolidó como uno de los principales instrumentos para la ejecución de este
proyecto. Desde al menos 2020, la expansión de nuevos asentamientos en
Cisjordania ha contado con financiamiento, respaldo político y facilidades administrativas
por parte del régimen israelí. En ese contexto, la violencia ejercida
por los colonos se intensificó provocando, especialmente desde octubre de 2023,
el desplazamiento forzado y la desaparición de comunidades rurales palestinas
enteras.
El movimiento de
colonos como política de Estado
La construcción de
mensajes determinantes y violentos de la autoridad máxima de un Estado,
repercute en la ciudadanía como un estímulo de proyección de pensamientos
alineados con ese mensaje. La figura del régimen sionista, aserverando
la necesidad de expulsar a los palestinos de Cisjordania bajo cualquier
estrategia, se volvió una doctrina de Estado, pero también una tradición casi
folklórica de los colonos.
El 26 de febrero de 2023
un residente cisjordano de Huwara respondió a la violencia acumulada, a las
restricciones a su libertad y la persecución militar, asesinando a dos hermanos
israelíes que ocupaban un asentamiento israelí en Cisjordania.
En respuesta, más de 400
colonos israelíes asaltaron la localidad palestina armados con cuchillos y
armas de fuego destruyendo propiedades, campos, martirizando a un palestino y
dejando heridos a otros 300. La escena de las viviendas y los vehículos incendiados
enmarcó la magnitud de lo que ataques de un grupo de ciudadanos podría
provocar.
Antes de octubre de 2023,
la mayor parte de la violencia de los colonos se limitaba a la Zona C (la que
posee control administrativo y militar israelí). Actualmente se han vuelto casi
diarios los ataques contra la Zona B, mientras que Tel Aviv estableció el mes
pasado una base militar dentro de la Zona A por primera vez en dos décadas.
Luego de los hechos de
octubre de 2023 en Gaza, el primer ministro Netanyahu ha llamado a los colonos
del este palestino ocupado a realizar campañas de “venganza” y castigo
colectivo contra las comunidades palestinas, provocando el desplazamiento
forzoso de alrededor de 1.000 residentes a tan solo un mes de los hechos del 7
de octubre.
Desde entonces, el
ejército israelí asaltó también los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y
Nur Shams, desplazando a más de 40.000 palestinos.
Estas incitaciones
continuaron escalando, llegando a los sucesos de la aldea de Til, al sur de
Nablus.
En ese contexto, Smotrich
—quien actualmente dirige la Administración Civil que gobierna la vida
palestina en Cisjordania— afirmó que los palestinos de las aldeas cercanas a
Nablus deberían correr la misma suerte que los de Jenin y Tulkarem. De esta
manera se proyecta el plan de desalojo de esos campos por parte de Israel como
un modelo para despoblar las zonas rurales de Cisjordania.
La situación de los
palestinos
Mientras tanto, la
Autoridad Palestina ha perdido su influencia a lo largo de los años,
especialmente luego del asesinato del histórico líder Arafat en 2004, y con las
pérdida de la gobernanza en Gaza bajo la administración de Hamas —que ganó las
elecciones en 2006 y la AP no reconoció.
La AP, bajo el liderazgo
de Mahmoud Abbas, mantiene una estrategia basada en las negociaciones y la
coordinación en materia de seguridad con Tel Aviv, al tiempo que Hamas
construyó su propia historia de Resistencia en la Franja.
La comunidad palestina de
Cisjordania enfrenta una ofensiva integral que combina el estrangulamiento
económico, la persecución de las estructuras de organización comunitaria, la
fragmentación del liderazgo político y la profundización de las operaciones militares
israelíes junto con el recrudecimiento de la violencia ejercida por los
colonos.
Tras 1967, Israel impulsó
una serie de políticas orientadas a subordinar la economía palestina a sus
propias necesidades, un proceso que los Acuerdos de Oslo de 1993 terminaron por
institucionalizar mediante un esquema económico que consolidó la dependencia
financiera, comercial y laboral de los territorios palestinos.
La destrucción progresiva
de la base productiva palestina desde la Segunda Intifada, limitó las
posibilidades de un desarrollo económico autónomo.
Esta estructura de
dependencia se profundizó con la fuerte inserción de la mano de obra palestina
en el mercado laboral israelí y con la creciente dependencia de la Autoridad
Palestina respecto de la financiación internacional y de los ingresos fiscales recaudados
por Israel en virtud de los protocolos económicos establecidos durante la etapa
de Oslo.
Tras el 7 de octubre de
2023, Israel revocó los permisos laborales de cientos de miles de trabajadores
palestinos, dejando a cerca de 200.000 personas sin empleo de forma inmediata.
Paralelamente, la retención de los ingresos aduaneros —que representan más del
60 % del presupuesto de la Autoridad Palestina— profundizó una crisis fiscal
que afecta directamente el funcionamiento de los servicios públicos,
particularmente los sistemas de educación y salud.
A esto se suman las
restricciones a la circulación, la proliferación de puestos de control, las
incursiones militares y los obstáculos al comercio que han alterado el
funcionamiento de los mercados internos, dificultando tanto el traslado de
trabajadores como la circulación de mercancías.
Según estimaciones del
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) y de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo en Cisjordania se duplicó durante
el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un 29 % desde el inicio de la ofensiva
israelí sobre Gaza. La pérdida del empleo en Israel, sumada a las restricciones
de movilidad dentro del propio territorio palestino, incrementó la competencia
por los puestos de trabajo disponibles y favoreció una caída de los salarios
diarios, configurando un mercado laboral marcado por la precarización y la
explotación. Las pérdidas de ingresos para los trabajadores de Cisjordania
ascienden a 12,8 millones de dólares diarios, situación que ha impulsado un
aumento sostenido de la pobreza y la desigualdad.
Por otra parte, las
cárceles israelíes funcionan en el marco de sistema de colonización y
eliminación de los palestino. Según cifras recientes, el número de cisjordanos
detenidos por las fuerzas de ocupación desde 2023 ha alcanzado un número de
6.500. A esto hay que sumar las decenas de personas detenidas en los
territorios desde 1948.
Los confinados, sobreviven
a situaciones de tortura y condiciones extremedamente deshumanizantes. Las
medidas intencionales del Servicios Penitenciario Israelí incluyen someterlos a
espacios restringidos, cortarles el acceso al agua y el alimento, obstaculizarles
la atención médica y el derecho a recibir visitas. Además de prácticas de abuso
y violencia dentro de las cárceles, que luego se ven reflejadas en la
represiones que realiza el ejército en los espacios “libres” de
Palestina.
Los acontecimientos de Til
condensan una dinámica que atraviesa el plan de anexión de Cisjordania, a
partir de la combinación entre violencia ejercida por colonos, el respaldo
institucional, ofensivas militares y transformación territorial. Estos elementos
responden a una estrategia que busca consolidar el control israelí sobre el
territorio mediante la fragmentación de la sociedad palestina y la expansión
permanente de los asentamientos.
Cada nuevo asentamiento,
cada comunidad desplazada y cada kilómetro de territorio anexado a la
administración sionista alteran de manera definitiva la geografía política de
Palestina.
Son los ciudadanos quienes
sufren las consecuencias con la destrucción de sus aldeas, de sus campos que
funcionan como casi único medio de abastecimiento y el constante hostigamiento
a su vida diaria.
El mundo mira hacia Gaza,
pero la ofensiva sionista sobre Palestina se despliega en dos escenarios con
lógicas distintas. Mientras en la Franja predomina la destrucción militar
directa, en Cisjordania la ocupación se profundiza mediante la colonización del
territorio, la violencia de los colonos y la reorganización progresiva del mapa
palestino.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro
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